Norma 153. Responsabilidad de los mandos superiores por no prevenir, reprimir o denunciar crímenes de guerra 

Norma 153. Los jefes y otros mandos superiores son penalmente responsables de los crímenes de guerra cometidos por sus subordinados si sabían, o deberían haber sabido, que éstos iban a cometer o estaban cometiendo tales crímenes y no tomaron todas las medidas razonables y necesarias a su alcance para evitar que se cometieran o, si ya se habían cometido, para castigar a los responsables.
Volumen II, capítulo 43, sección C.
La práctica de los Estados establece esta regla como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales.
La responsabilidad penal de los jefes por los crímenes de guerra cometidos por sus subordinados, si los jefes no tomaron medidas para evitar que se cometieran o para castigar a los responsables es una antigua norma de derecho internacional consuetudinario. Es precisamente en base a ella que varios jefes militares fueron condenados por los crímenes de guerra cometidos por sus subordinados en varios juicios posteriores a la II Guerra Mundial.[1]
Esta norma figura en el Protocolo adicional I, así como en los estatutos de la Corte Penal Internacional y del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia.[2] Se ha confirmado, asimismo, en varios asuntos sometidos al Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia.[3]
Los manuales y las instrucciones militares, así como la legislación de varios países, incluidos algunos que no son Partes, o no lo eran a la sazón, en el Protocolo adicional I, indican que los jefes militares son responsables de los crímenes cometidos por sus subordinados.[4]
Esta norma se recordó en resoluciones sobre la antigua Yugoslavia aprobadas por la Asamblea General y la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.[5]
La práctica por lo que respecta a los conflictos armados no internacionales es menos amplia y más reciente. Sin embargo, muestra indiscutiblemente que la norma se aplica también a los crímenes de guerra cometidos en conflictos armados no internacionales. En particular, los estatutos de la Corte Penal Internacional, de los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia y Rwanda y del Tribunal Especial para Sierra Leona, así como el Reglamento n°. 2000/15 de la UNTAET para Timor Oriental, incluyen explícitamente esta norma en el contexto de los conflictos armados no internacionales.[6] La idea de que esta norma se aplicaría también a los crímenes cometidos en los conflictos armados no internacionales no suscitó controversias en la negociación del Estatuto de la Corte Penal Internacional.
En el asunto Hadzihasanovic y otros, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia sostuvo que la doctrina de la responsabilidad de los superiores jerárquicos, como principio de derecho internacional consuetudinario, se aplica también con respecto a los conflictos armados no internacionales.[7] Esta norma se ha confirmado, asimismo, en varios casos sometidos al Tribunal Penal Internacional para Rwanda.[8]
Existe jurisprudencia nacional que aplica esta norma a situaciones distintas de los conflictos armados internacionales. Un tribunal federal estadounidense de Florida la aplicó en el asunto Ford contra García en 2000, relativo a una demanda relacionada con ejecuciones extrajudiciales y actos de tortura cometidos en El Salvador.[9] El Tribunal Especial de Derechos Humanos de Timor Oriental la aplicó en el asunto Abilio Soares en 2002, en el que el Tribunal consideró que el conflicto en Timor Oriental era internacional en el sentido del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra.[10] En el asunto Boland, en 1995, el Tribunal de Apelación del Tribunal Militar de Canadá declaró culpable a un superior por haber actuado negligentemente y no haber evitado la muerte de un prisionero pese a tener motivos para temer que su subordinado pondría en peligro la vida del prisionero.[11] En el juicio a las juntas militares, la Cámara Federal de Apelaciones de Argentina basó su sentencia en el hecho de que los jefes no habían castigado a los autores de torturas y ejecuciones extrajudiciales.[12]
Otra práctica a este efecto comprende el informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador de 1993, en el que se afirma que las instancias judiciales no tomaron las medidas necesarias para determinar la responsabilidad penal de los superiores de los culpables de ejecuciones arbitrarias.[13]
Esta norma se ha interpretado en jurisprudencia posterior a la II Guerra Mundial y de los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia y Rwanda. Incluye, entre otros, los siguientes elementos:
a) Autoridad civil. Sobre la base de la responsabilidad de los superiores jerárquicos, la responsabilidad de los crímenes de guerra puede recaer no solo en el personal militar, sino también en el civil. El Tribunal Penal Internacional para Rwanda, en los asuntos Akayesu, en 1998, y Kayishema y Ruzindana, en 1999, y el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, en el asunto Delalic en 1998, han adoptado esta interpretación,[14] que figura, asimismo, en el Estatuto de la Corte Penal Internacional.[15] Los estatutos de los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia y Rwanda y del Tribunal Especial para Sierra Leona hacen referencia, en términos generales, al “superior”[16], del mismo modo que muchos manuales militares y legislaciones militares.[17]
b) Relación entre el superior y el subordinado. La relación entre el superior y el subordinado no ha de ser necesariamente directa de jure. La responsabilidad del superior de facto basta para suscitar su responsabilidad. Este principio se reconoce en varias sentencias de los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia y Rwanda.[18] Los tribunales han considerado que el criterio fundamental es el control efectivo de los actos de los subordinados, en el sentido de la capacidad material de evitar que se cometan crímenes y castigar a los responsables.[19] En el artículo 25 del Estatuto de la Corte Penal Internacional se expresa la misma noción.[20]
c) Los jefes o mandos superiores sabían o deberían haber sabido. La práctica confirma que la responsabilidad no se limita a situaciones en las que el jefe o superior jerárquico tiene un conocimiento real de los crímenes cometidos o que iban a cometer sus subordinados, sino que basta un conocimiento inferido. Esta noción se expresa en varias fuentes con formulaciones ligeramente diferentes: el jefe o superior “tenía razones para saber”,[21] “[los superiores] sabían o poseían información que les permitiera concluir, en las circunstancias del momento”,[22] “en razón de las circunstancias del momento, hubiere debido saber”,[23] “es responsable de no haber estado al corrien- te”[24] y era “culpable de negligencia penal por no haber sabido”.[25] Estas formulaciones cubren, básicamente, el concepto de conocimiento inferido.
Por lo que concierne a los superiores que no sean jefes militares, el Estatuto de la Corte Penal Internacional emplea el siguiente lenguaje: “deliberadamente hubiere hecho caso omiso de información que indicase claramente”.[26] Esta pauta fue utilizada por el Tribunal Penal Internacional para Rwanda en el asunto Kayishema y Ruzindana en 1999 para delimitar el significado de “tenía razones para saber” con respecto a jefes no militares.[27]
d) Investigación y denuncia. El hecho de que no se castigue a los subordinados que cometen crímenes de guerra puede deberse a que los presuntos crímenes de guerra no se investigan o no se denuncian a las autoridades superiores, como se establece en el Protocolo adicional I y en el Estatuto de la Corte Penal Internacional.[28] Esa obligación también se expresa en muchos manuales militares, legislaciones y jurisprudencias nacionales y otros tipos de práctica.[29] En su informe final sobre las infracciones graves de los Convenios de Ginebra y otras violaciones del derecho internacional humanitario cometidas en la antigua Yugoslavia, la Comisión de Expertos de las Naciones Unidas establecida en virtud de la Resolución 780 del Consejo de Seguridad (1992) recordó este elemento esencial de la responsabilidad del mando.[30]
Sin embargo, en su sentencia en el asunto Blaskic en 2000, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia puntualizó que un jefe debe dar prioridad, cuando sepa o tenga razones para saber que sus subordinados van a cometer un crimen, a evitar que lo cometan y que “no puede subsanar su omisión de actuar castigando después a los subordinados”.[31]
e) Medidas necesarias y razonables. En el asunto Delalic en 1998, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia interpretó que la expresión “medidas necesarias y razonables” se limitaba a las medidas que una persona está facultada para tomar, ya que no puede exigirse a nadie que haga algo imposible.[32] Por lo que respecta a las medidas necesarias y razonables para garantizar que los presuntos criminales de guerra sean castigados, el Tribunal sostuvo, en el asunto Kvocka en 2001, que el superior no debe determinar necesariamente el castigo él mismo, sino que “debe de-sempeñar un papel importante en el proceso disciplinario”.[33] En su sentencia en el asunto Blaskic en 2000, el Tribunal sostuvo que “en algunas circunstancias, un jefe puede cumplir su obligación de evitar o castigar un delito comunicando el asunto a las autoridades competentes”. [34]
[1]V., v.g., Estados Unidos, Tribunal Militar de Nuremberg, Von Leeb (The High Command Trial) case (ibíd., párr. 657) y List (Hostages Trial) case (ibíd. , párr. 658); Estados Unidos, Corte Suprema, Yamashita case (ibíd., párr. 659); Reino Unido, Tribunal Militar de Wuppertal, Rauer case (ibíd., párr. 656); Tribunal Militar Internacional de Tokyo, Case of the Major War Criminals (ibíd., párrs. 693 a 700) y Toyoda case (ibíd., párr. 701).
[2]Protocolo adicional I (1977), art. 86, párr. 2 (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 569); Estatuto de la CPI (1998), art. 28 (ibíd., párr. 574); Estatuto del TPIY (1993), art. 7, párr. 3 (ibíd., párr. 581).
[3]V., v.g., TPIY, Martic case, examen del auto de procesamiento (ibíd., párr. 705), Karadzic and Mladic case, examen del auto de procesamiento (ibíd., párr. 706), Delalic case, fallo (ibíd., párr. 707), Aleksovski case, fallo (ibíd., párr. 708), Blaskic case, fallo (ibíd., párr. 709), Kunarac case, fallo (ibíd., párr. 711), Kordic and Cerkez case, fallo (ibíd., párr. 712), Krstic case, fallo (ibíd., párr. 713) y Kvocka case, fallo (ibíd., párr. 714).
[4] V., v.g., los manuales militares de Estados Unidos (ibíd., párrs. 614 a 618) y el Reino Unido (ibíd., párr. 613); v. también la práctica de Italia ( ibíd. , párr. 669) y la legislación de Azerbaiyán ( ibíd. , párr. 623), Bangladesh (ibíd., párr. 625), España (ibíd., párr. 643), Filipinas (ibíd., párrs. 604 a 606), Francia (ibíd., párr. 633), Italia (ibíd., párr. 635), Luxemburgo (ibíd., párr. 638), Países Bajos (ibíd., párr. 640) y Suecia (ibíd., párr. 645).
[5] V., v.g., Asamblea General de las Naciones Unidas, Res. 48/143, 50/192 y 51/115 (ibíd., párr. 680) y Res. 49/205 (ibíd., párr. 681); Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Res. 1994/77 (ibíd., párr. 683).
[6] Estatuto de la CPI (1998), art. 28 (ibíd., párr. 574); Estatuto del TPIY (1993), art. 7, párr. 3 (ibíd., párr. 581); Estatuto del TPIR (1994), art. 6, párr. 3 (ibíd., párr. 582); Estatuto del Tribunal Especial para Sierra Leona (2002), art. 6, párr. 3 (ibíd., párr. 577); Reglamento de la UNTAET n.° 2000/15, sección 16 (ibíd., párr. 585).
[7] TPIY, Hadzihasanovic and Others case, decisión sobre el auto conjunto de incompetencia (ibíd., párr. 716). A este respecto, el recurso interlocutorio presentado por el acusado fue desestimado por unanimidad por la Cámara de Apelaciones; véase TPIY, Hadzihasanovic and Others case, decisión sobre el recurso interlocutorio de incompetencia en relación con la responsabilidad de los superiores jerárquicos, 16 de julio de 2003, asunto n.° IT-01-47-AR72, párr. 57 (disposición relativa a la primera causa de apelación).
[8] V. TPIR, Akayesu case, fallo (citado en vol. II, cap. 43, párr. 702) y Kayishema and Ruzindana case, fallo (ibíd., párr. 703).
[9] Estados Unidos, Tribunal Federal de Florida, Ford v. García case (ibíd., párr. 661).
[10] Indonesia, Tribunal Especial de Derechos Humanos de Timor Oriental, Abilio Soares case (ibíd., párr. 654).
[11]Canadá, Tribunal de Apelación del Tribunal Militar, Boland case (ibíd., párr. 650).
[12]Argentina, Cámara Federal de Apelaciones, Juicio a las juntas militares (ibíd., párr. 649).
[13]Naciones Unidas, Informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador (ibíd., párr. 690).
[14]TPIR, Akayesu case, fallo (ibíd., párr. 702) y Kayishema and Ruzindana case, fallo (ibíd., párr. 703); TPIY, Delalic case, fallo (ibíd., párr. 707).
[15]Estatuto de la CPI (1998), art. 28 (ibíd., párr. 574).
[16]Estatuto del TPIY (1993), art. 7, párr. 3 (ibíd., párr. 581); Estatuto del TPIR (1994), art. 6, párr. 3 (ibíd., párr. 582); Estatuto del Tribunal Especial para Sierra Leona (2002), art. 6, párr. 3 (ibíd., párr. 577).
[17]V., v.g., los manuales militares de Bélgica (ibíd., párr. 588), Países Bajos (ibíd., párr. 599), Suecia (ibíd., párr. 610), Uruguay (ibíd., párr. 619) y Yugoslavia (ibíd., párr. 620) y la legislación de Alemania (ibíd., párr. 634), Belarús (ibíd., párr. 626), Camboya (ibíd., párr. 628), Canadá (ibíd., párr. 629), Estados Unidos (ibíd., párr. 647), Estonia (ibíd., párr. 622), Francia (ibíd., párr. 633), Países Bajos (ibíd., párr. 641) y Rwanda (ibíd., párr. 642); v. también los proyectos de ley de Argentina (ibíd., párr. 621), El Salvador (ibíd., párr. 631) y Líbano (ibíd., párr. 637).
[18] V., v.g., TPIR, Kayishema and Ruzindana case, fallo (ibíd., párr. 703); TPIY, Delalic case, fallo (ibíd., párr. 707), Aleksovski case, fallo (ibíd., párr. 708), Blaskic case, fallo (ibíd., párr. 709), Kunarac case, fallo (ibíd., párr. 711) y Kvocka case, fallo (ibíd., párr. 714).
[19] V., v.g., TPIY, Delalic case, fallo (ibíd., párr. 707), Aleksovski case, fallo (ibíd., párr. 708) y Kvocka case, fallo (ibíd., párr. 714).
[20] Estatuto de la CPI (1998), art. 28 (ibíd., párr. 574).
[21] V., v.g., Estatuto del TPIY (1993), art. 7, párr. 3 (ibíd., párr. 581); Estatuto del TPIR (1994), art. 6, párr. 3 (ibíd., párr. 582) y jurisprudencia afín (ibíd., párrs. 702 a 716); Estatuto del Tribunal Especial para Sierra Leona (2002), art. 6, párr. 3 (ibíd., párr. 577); Reglamento de la UNTAET n.° 2000/15, sección 16 (ibíd., párr. 585); Canadá, LOAC Manual (ibíd., párr. 591); Camboya, Law on the Khmer Rouge Trial (ibíd., párr. 628); Secretario General de las Naciones Unidas, Informe sobre el proyecto de Estatuto del TPIY (ibíd., párr. 685).
[22] V., v.g., Protocolo adicional I (1977), art. 86, párr. 2 (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 569); los manuales militares de Canadá (ibíd., párr. 591), Estados Unidos (ibíd., párrs. 614, 615, 617 y 618), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 601), Países Bajos (ibíd., párr. 599), Reino Unido (ibíd., párr. 613) y Suecia (ibíd., párr. 610); Indonesia, Tribunal Especial de Derechos Humanos para Timor Oriental, Abilio Soares case, auto de procesamiento y fallo (ibíd., párr. 654).
[23] V., v.g., Estatuto de la CPI (1998), art. 28 (ibíd., párr. 574); los manuales militares de Australia (ibíd., párr. 587), Bélgica (ibíd., párr. 588), Canadá (ibíd., párr. 591) y Nueva Zelandia (ibíd., párr. 601); Estados Unidos, Tribunal Federal de Florida, Ford v. García case, fallo (ibíd., párr. 661); la práctica de Estados Unidos (ibíd., párrs. 676 y 677).
[24] V., v.g., Tribunal Militar Internacional de Tokyo, Case of the Major War Criminals (ibíd., párr. 693).
[25] V., v.g., Canadá, Crimes against Humanity and War Crimes Act (ibíd., párr. 629).
[26] Estatuto de la CPI (1998), art. 28, párr. 2 (ibíd., párr. 574).
[27] TPIR, Kayishema and Ruzindana case, fallo (ibíd., párr. 703).
[28]Protocolo adicional I (1977), art. 87, párr. 1 (ibíd., párr. 570); Estatuto de la CPI (1998), art. 28, apdo. a), inciso ii) y apdo. b), inciso iii) (ibíd., párr. 574).
[29]V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 733), Argentina (ibíd., párr. 724), Australia (ibíd., párrs. 725 y 726), Benin (ibíd., párr. 727), Canadá (ibíd., párrs. 728 y 729), Colombia (ibíd., párr. 730), El Salvador (ibíd., párr. 732), Estados Unidos (ibíd., párrs. 743 y 744), Filipinas (ibíd., párr. 738), Nigeria (ibíd., párr. 736), Países Bajos (ibíd., párrs. 734 y 735), Perú (ibíd., párr. 737), República Dominicana (ibíd., párr. 731), Suecia (ibíd., párrs. 610 y 741), Sudáfrica (ibíd., párrs. 739 y 740) y Togo (ibíd., párr. 742), la legislación de Alemania (ibíd., párr. 745), Argentina (ibíd., párr. 621), Canadá (ibíd., 729), Egipto (ibíd., párr. 630), Estados Unidos (ibíd., párr. 647), India (ibíd., párr. 746) y Ucrania (ibíd., párr. 646), así como la práctica de Estados Unidos (ibíd., párrs. 750 a 752) y Yugoslavia (ibíd., párr. 753).
[30]Comisión de Expertos de las Naciones Unidas establecida en virtud de la Resolución 780 del Consejo de Seguridad (1992), Informe final (ibíd., párrs. 689 y 754).
[31]TPIY, Blaskic case, fallo (ibíd., párr. 709).
[32]TPIY, Delalic case, fallo (ibíd., párr. 707).
[33]TPIY, Kvocka case, fallo (ibíd., párr. 714).
[34]TPIY, Blaskic case, fallo (ibíd., párrs. 709 y 757).