Norma 152. Responsabilidad de los mandos superiores por los crímenes de guerra cometidos en cumplimiento de sus órdenes 

Norma 152. Los jefes y otros mandos superiores son penalmente responsables de los crímenes de guerra cometidos en cumplimiento de sus órdenes.
Volumen II, capítulo 43, sección B.
La práctica de los Estados establece esta regla como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales.
La norma que establece que las personas son responsables de los crímenes de guerra cometidos en cumplimiento de órdenes figura en los Convenios de Ginebra, la Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales y su Segundo Protocolo, que exige a los Estados que juzguen no sólo a las personas que cometan infracciones o violaciones graves, sino también a las personas que las ordenen.[1] Los estatutos de la Corte Penal Internacional, de los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia y Rwanda y del Tribunal Especial para Sierra Leona, así como el Reglamento n°. 2000/15 de la UNTAET para Timor Oriental, todos los cuales se aplican tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales, contienen asimismo esta norma.[2]
En muchos manuales militares se establece que los jefes y otros superiores son responsables por los crímenes de guerra cometidos en cumplimiento de sus órdenes.[3] Esta norma se expresa también en la legislación de muchos países.[4] Existe jurisprudencia nacional desde la I Guerra Mundial hasta el presente que confirma la norma de que los mandos militares son responsables de los crímenes de guerra cometidos en cumplimiento de sus órdenes.[5] Hay más práctica plasmada en declaraciones oficiales.[6]
El Consejo de Seguridad, la Asamblea General y el Secretario General de las Naciones Unidas, así como las comisiones de expertos establecidas en virtud de las resoluciones 780 (1992) y 935 (1994) del Consejo de Seguridad han recordado esta norma.[7]
Esta norma se ha reafirmado en diversos asuntos sometidos a los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia y Rwanda.[8]
Si bien en algunos ejemplos de la práctica se hace específicamente referencia a las órdenes impartidas por los jefes[9] o los superiores,[10] en otros se mencionan también, de manera más general, las órdenes dadas por cualquier persona.[11] Sin embargo, la jurisprudencia internacional ha sostenido que, aunque no se exige una relación oficial de superior-subordinado, “dictar órdenes” implica, al menos, la existencia de facto de una relación jerárquica.[12]
Por lo que respecta a las medidas adoptadas por los subordinados siguiendo una orden para cometer crímenes de guerra, cabe distinguir tres situaciones. En primer lugar, en el caso de que realmente se cometan los crímenes de guerra, la práctica de los Estados deja claro que la responsabilidad recae en los superiores jerárquicos, como se indica en el enunciado de esta norma. En segundo lugar, cuando los crímenes de guerra no se llegan a cometer, sino que quedan en una tentativa, la práctica de los Estados tiende a indicar que la responsabilidad también recae en los superiores. En el Estatuto de la Corte Penal Internacional y el Reglamento n°. 2000/15 de la UNTAET para Timor Oriental se especifica que los superiores incurren en responsabilidad al haber ordenado que se cometa un crimen de guerra cuando realmente se comete o se intenta cometer el crimen.[13] En algunas legislaciones nacionales se puntualiza que el comandante que da la orden de cometer un crimen es culpable, aunque la acción del subordinado sólo quede en una tentativa.[14] En tercer lugar, en el caso de que no se cometan o intenten cometer los crímenes de guerra, varios Estados atribuyen responsabilidad penal al mando por el mero hecho de ordenar la comisión de un crimen de guerra.[15] Pero la mayor parte de la práctica indica que el mando no incurre en responsabilidad en esos casos. No obstante, está claro que si una norma consiste en la prohibición de dar una orden, por ejemplo, la prohibición de ordenar que no se dé cuartel (véase la norma 46), entonces el jefe que imparta la orden será culpable, aunque su orden no se ejecute.
[1]I Convenio de Ginebra (1949), art. 49 (ibíd., párr. 457); II Convenio de Ginebra (1949), art. 50 (ibíd., párr. 457); III Convenio de Ginebra (1949), art. 129 (ibíd., párr. 457); IV Convenio de Ginebra (1949), art. 146 (ibíd., párr. 457); Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales (1954), art. 28 (ibíd., párr. 458); Segundo Protocolo de la Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales (1999), art. 15 (ibíd., párr. 461).
[2]Estatuto de la CPI (1998), art. 25, párr. 3 (ibíd., párr. 460); Estatuto del TPIY (1993), art. 7, párr. 1 (ibíd., párr. 467); Estatuto del TPIR (1994), art. 6, párr. 1 (ibíd., párr. 468); Estatuto del Tribunal Especial para Sierra Leona (2002), art. 6 (ibíd., párr. 463); Reglamento n.° 2000/15 de la UNTAET, sección 14, párr. 3 (ibíd., párr. 472).
[3]V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 482), Argentina (ibíd., párr. 473), Australia (ibíd., párr. 474), Bélgica (ibíd., párr. 475), Camerún (ibíd., párr. 476), Canadá (ibíd., párrs. 477 y 478), Congo (ibíd., párr. 479), España (ibíd., párr. 487), Estados Unidos (ibíd., párrs. 491 y 492), Francia (ibíd., párrs. 480 y 481), Italia (ibíd., párr. 483), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 4843), Nigeria (ibíd., párr. 485), Reino Unido (ibíd., párrs. 489 y 490), Sudáfrica (ibíd., párr. 486), Suiza (ibíd., párr. 488) y Yugoslavia (ibíd., párr. 493).
[4]V., v.g., la legislación de Alemania (ibíd., párrs. 506 y 507), Argentina (ibíd., párr. 494), Armenia (ibíd., párr. 496), Azerbaiyán (ibíd. párr. 497), Bangladesh (ibíd., párr. 498), Belarús (ibíd., párr. 499), Bélgica (ibíd., párrs. 500 y 501), Camboya (ibíd., párr. 503), Costa Rica (ibíd., párr. 504), Etiopía (ibíd., párr. 505), Irak (ibíd., párr. 508), Luxemburgo (ibíd., párr. 511), México (ibíd., párr. 512), Países Bajos (ibíd., párrs. 513 y 514), Rusia (ibíd., párr. 516), Suiza (ibíd., párr. 517) y Yugoslavia (ibíd., párr. 518); v. también los proyectos de ley de Argentina (ibíd., párr. 495), Burundi (ibíd., párr. 502), Jordania (ibíd., párr. 509), Líbano (ibíd., párr. 510) y Nicaragua (ibíd., párr. 515).
[5] V., v.g., Alemania, Tribunal Supremo del Imperio (Reichsgericht), Dover Castle case (ibíd., párr. 523); Argentina, Cámara Federal de Apelaciones, Juicio a las juntas militares (ibíd., párr. 519); Canadá, Tribunal Militar de Aurich, Abbaye Ardenne case, Declaración del juez militar (ibíd., párr. 520); Canadá, Tribunal de Apelación del Tribunal Militar, Seward case (ibíd., párr. 521); Croacia, Tribunal de Distrito de Zadar, Perisic and Others case (ibíd., párr. 522); Estados Unidos, Comisión Militar de Roma, Dostler case (ibíd., párr. 524); Estados Unidos, Tribunal Federal de Florida, Ford v. García case (ibíd., párr. 526).
[6] V., v.g., la práctica de Eslovenia (ibíd., párr. 531), Estados Unidos (ibíd., párrs. 534 y 535) y Reino Unido (ibíd., párrs. 532 y 533).
[7] V., v.g., Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Res. 670 (ibíd., párr. 536), Res. 771 (ibíd., párr. 537), Res. 780 (ibíd., párr. 538), Res. 794 (ibíd., párr. 539), Res. 808 (ibíd., párr. 540), Res. 820 (ibíd., párr. 541) y Res. 1193 (ibíd., párr. 542); Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Declaraciones del Presidente (ibíd., párrs. 543 a 546); Asamblea General de las Naciones Unidas Res. 50/193 (ibíd., párr. 547); Secretario General de las Naciones Unidas, Informe presentado de conformidad con el párrafo 2 de la Resolución 808 (1993) del Consejo de Seguridad (ibíd., párr. 548); Comisión de Expertos de las Naciones Unidas establecida en virtud de la Resolución 780 del Consejo de Seguridad (1992), Informe final (ibíd., párr. 549); Comisión de Expertos de las Naciones Unidas establecida de conformidad con la Resolución 935 (1994) del Consejo de Seguridad, Informe definitivo (ibíd., párr. 550).
[8] V., v.g., TPIR, Akayesu case, fallo (ibíd., párr. 553) y Kayishema and Ruzindana case, fallo (ibíd., párr. 554); TPIY, Martic case, examen del auto de procesamiento (ibíd., párr. 556), Karadzic and Mladic case, examen del auto de procesamiento (ibíd., párr. 557), Rajic case, examen del auto de procesamiento (ibíd., párr. 558), Delalic case, fallo (ibíd., párr. 559), Blaskic case, fallo (ibíd., párr. 560), Kordic and Cerkez case, fallo (ibíd., párr. 561) y Krstic case, fallo (ibíd., párr. 562).
[9] V., v.g., los manuales militares de Australia (ibíd., párr. 474), Camerún (ibíd., párr. 476), Congo (ibíd., párr. 479), Estados Unidos (ibíd., párr. 491), Francia (ibíd., párrs. 480 y 481), Nigeria (ibíd., párr. 485), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 484), Reino Unido (ibíd., párr. 489) y Suiza (ibíd., párr. 488); Argentina, Juicio a las juntas militares (ibíd., párr. 519); Estados Unidos, Comisión Militar de Roma, Dostler case (ibíd., párr. 524); Estados Unidos, Tribunal Federal de Florida, Ford v. García case (ibíd., párr. 526); la práctica de Estados Unidos (ibíd., párrs. 534 y 535); la práctica referida de Pakistán (ibíd., párr. 530); TPIY, Delalic case, fallo (ibíd., párr. 559)
[10] V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 482), Bélgica (ibíd., párr. 475) y Suiza (ibíd., párr. 488); Alemania, Tribunal Supremo del Imperio (Reichsgericht), Dover Castle case (ibíd., párr. 523); TPIY, Delalic case, fallo (ibíd., párr. 559).
[11] V., v.g., I Convenio de Ginebra (1949), art. 49, segundo párrafo (ibíd., párr. 457); II Convenio de Ginebra (1949), art. 50, segundo párrafo (ibíd., párr. 457); III Convenio de Ginebra (1949), art. 129, segundo párrafo (ibíd., párr. 457); IV Convenio de Ginebra (1949), art. 146, segundo párrafo (ibíd., párr. 457); Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales (1954), art. 28 (ibíd., párr. 458); Estatuto de la CPI (1998), art. 25, párr. 3 (ibíd., párr. 460); Estatuto del Tribunal Especial para Sierra Leona (2002), art. 6, párr. 1 (ibíd., párr. 463); Estatuto del TPIY (1993), art. 7, párr. 1 (ibíd., párr. 467); Estatuto del TPIR (1994), art. 6, párr. 1 (ibíd., 468); Reglamento de la UNTAET n.° 2000/15, sección 14, párr. 3 (ibíd., párr. 472); los manuales militares de Argentina (ibíd., párr. 473), Canadá (ibíd., párr. 477), España (ibíd., párr. 487), Italia (ibíd., párr. 483), Reino Unido (ibíd., párr. 490), Sudáfrica (ibíd., párr. 486) y Yugoslavia (ibíd., párr. 493); la declaración de Eslovenia (ibíd., párr. 531); Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Res. 670 (ibíd., párr. 536), Res. 771 (ibíd., párr. 537), Res. 780 (ibíd., párr. 538), Res. 794 (ibíd., párr. 539), Res. 808 (ibíd., párr. 540), Res. 820 (ibíd., párr. 541) y Res. 1193 (ibíd., párr. 542).
[12] V., v.g., TPIR, Akayesu case, fallo (ibíd., párr. 553) y Kayishema and Ruzindana case, fallo (ibíd., párr. 554); TPIY, Kordic and Cerkez case, fallo (ibíd., párr. 561); v. también Croacia, Tribunal de Distrito de Zadar, Perisic and Others case (“personas que estaban en situación de dar la orden de combatir”) (ibíd., párr. 522); TPIY, Martic case, examen del auto de procesamiento (“personas que, por su posición de autoridad política o militar, podían ordenar la comisión de delitos”) (ibíd., párr. 556).
[13] Estatuto de la CPI (1998), art. 25, párr. 3, apdo. b) (ibíd., párr. 460); Reglamento de la UNTAET n.° 2000/15, sección 14, párr. 3 (ibíd., párr. 472).
[14] V., v.g., la legislación de Alemania (ibíd., párr. 507), Bélgica (ibíd., párr. 501), Luxemburgo (ibíd., párr. 511) y Países Bajos (ibíd., párr. 513).
[15] V., v.g., la legislación de Bélgica (ibíd., párr. 501), Luxemburgo (ibíd., párr. 511) y Países Bajos (ibíd., párr. 513).