Norma 151. Responsabilidad individual 

Norma 151. Las personas que cometen crímenes de guerra son penalmente responsables de ellos.
Volumen II, capítulo 43, sección A.
La práctica de los Estados establece esta regla como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales.
El principio de la responsabilidad penal individual por crímenes de guerra es una antigua norma de derecho internacional consuetudinario que se reconocía ya en el Código de Lieber y el Manual de Oxford y se ha repetido en muchos tratados de derecho internacional humanitario desde entonces.[1] La responsabilidad penal individual por crímenes de guerra cometidos en conflictos armados internacionales es el principio en que se basan los juicios celebrados en virtud de los estatutos de los tribunales penales internacionales de Nuremberg y Tokyo, así como del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y del Estatuto de la Corte Penal Internacional.[2]
En numerosos manuales militares se especifica que las personas físicas son responsables penalmente de los crímenes de guerra.[3] El principio de responsabilidad penal individual por crímenes de guerra figura en la legislación de numerosos países.[4] Muchos presuntos criminales de guerra han sido juzgados en base a este principio.[5] Corroboran, asimismo, esta norma varias declaraciones oficiales y la práctica reseñada.[6]
Este principio se ha recordado también en numerosas resoluciones del Consejo de Seguridad, la Asamblea General y la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.[7] Otras organizaciones internacionales la han recordado, asimismo, en muchas ocasiones.[8]
Por lo que atañe a los conflictos armados no internacionales, se han producido importantes avances desde principios de los años noventa. La responsabilidad penal individual por crímenes de guerra cometidos en conflictos armados no internacionales se ha incluido explícitamente en tres tratados recientes de derecho internacional humanitario, esto es, el Protocolo II enmendado de la Convención sobre ciertas armas convencionales, el Estatuto de la Corte Penal Internacional y el Segundo Protocolo de la Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales.[9] Se reconoce implícitamente en otros dos tratados, concretamente la Convención de Ottawa por la que se prohíben las minas terrestres y el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, que exigen a los Estados que tipifiquen como delito los comportamientos prohibidos, inclusive en los conflictos armados no internacionales.[10] En los estatutos del Tribunal Penal Internacional para Rwanda y del Tribunal Especial para Sierra Leona se establece explícitamente que las personas físicas incurren en responsabilidad penal por los crímenes de guerra cometidos en conflictos armados no internacionales.[11]
Muchos países han promulgado legislación en la que tipifican como delito los crímenes de guerra cometidos en conflictos armados no internacionales, sobre todo en la última década.[12] Es probable que les sigan muchos otros, en especial los que están preparando leyes con miras a la aplicación del Estatuto de la Corte Penal Internacional y desean beneficiarse de su principio de complementariedad. Se ha juzgado a varias personas en tribunales nacionales por crímenes de guerra cometidos durante conflictos armados no internacionales.[13] Existen también muchas declaraciones oficiales desde principios del decenio de 1990-2000, realizadas en foros nacionales e internacionales, en relación con la responsabilidad penal individual en los conflictos armados no internacionales.[14]
La práctica de las organizaciones internacionales ha confirmado asimismo, desde principios de los años noventa, el carácter penal de las violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en los conflictos armados no internacionales. El Consejo de Seguridad, la Asamblea General y la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas han recordado el principio de la responsabilidad penal individual por los crímenes de guerra cometidos en los conflictos armados no internacionales, por ejemplo, en Afganistán, Angola, Bosnia y Herzegovina, Burundi, Rwanda, Sierra Leona, Somalia y la antigua Yugoslavia.[15] La Unión Europea hizo declaraciones similares en relación con Rwanda en 1994, y la Organización de la Unidad Africana en relación con Liberia en 1996.[16]
Los juicios celebrados por los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia y Rwanda contra personas acusadas de crímenes de guerra cometidos en conflictos armados no internacionales confirman que las personas físicas incurren en responsabilidad penal por esos crímenes. Reviste especial interés, a este respecto, el análisis realizado por la Cámara de Apelaciones del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia en el asunto Tadic, en 1995, en el que llegó a la conclusión de la existencia de responsabilidad penal individual por crímenes de guerra cometidos en conflictos armados no internacionales.[17]
Las personas físicas no son sólo penalmente responsables de la comisión de crímenes de guerra, sino también de las tentativas de comisión de tales crímenes, así como de involucrarse con asistencia, facilitación, incitación o participación en la comisión de un crimen de guerra. Son también responsables cuando planifican o instigan un crimen de guerra.[18]
Cabe señalar que la práctica reciente favorece la concesión de reparaciones a las víctimas de crímenes de guerra. Ello se observa especialmente en el párrafo 2 del artículo 75 del Estatuto de la Corte Penal Internacional en relación con la “reparación a las víctimas”, que otorga a la Corte la facultad de “dictar directamente una decisión contra el condenado en la que indique la reparación adecuada que ha de otorgarse a las víctimas, incluidas la restitución, la indemnización y la rehabilitación”.[19] En el Reglamento n°. 2000/30 de la UNTAET para Timor Oriental se faculta al tribunal, es decir, a los órganos competentes de los tribunales de Distrito y de Apelaciones de Dili “a incluir, en su sentencia, una orden que exija que el acusado pague una indemnización o reparación a la víctima”.[20] Se trata de facultades más amplias que las de los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia y Rwanda, cuyos estatutos sólo les habilitan para “ordenar la devolución a los propietarios legítimos de los bienes y recursos adquiridos por medios delictivos, incluida la coacción”.[21] Sin embargo, en las Reglas sobre procedimiento y sobre prueba de los tribunales se señala que “de conformidad con la legislación nacional pertinente, una víctima o las personas que reclamen en nombre de la víctima, puede incoar un proceso en un tribunal nacional u otro órgano competente para obtener una reparación”.[22] En un informe sobre las causas de los conflictos y el fomento de la paz duradera y el desarrollo sostenible en África, el Secretario General de las Naciones Unidas recomendó que “se exija a los combatientes responsabilidad financiera con respecto a sus víctimas, conforme al derecho internacional, en los casos en que la población civil sufra agresiones deliberadas” a fin de que las partes beligerantes sean más responsables de sus actos.[23] En un informe sobre derechos humanos en Rwanda, el Representante Especial de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas señaló que: “A los culpables de la destrucción de bienes se les exigirá que paguen una indemnización por los daños causados” durante los juicios celebrados según el sistema del gacaca, establecido en Rwanda para juzgar a los presuntos autores de genocidio.[24]
Según la legislación nacional de muchos países, las víctimas pueden presentar también sus reclamaciones ante tribunales civiles y existen varios ejemplos de juicios resueltos en favor de las víctimas.[25] Además, en algunos ordenamientos jurídicos nacionales se prevé la posibilidad de que, en asuntos de esta índole, los tribunales ordenen una reparación, incluida la restitución de los bienes, a las víctimas de crímenes de guerra.[26]
[1]V. Código de Lieber (1863), arts. 44 y 47 (citados en vol. II, cap. 43, ibíd., párrs. 27 y 28); Manual de Oxford (1880), art. 84 (ibíd., párr. 29); I Convenio de Ginebra (1949), art. 49 (ibíd., párr. 7); II Convenio de Ginebra (1949), art. 50 (ibíd., párr. 7); III Convenio de Ginebra (1949), art. 129 (ibíd., párr. 7); IV Convenio de Ginebra (1949), art. 146 (ibíd., párr. 7); Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales (1954), art. 28 (ibíd., párr. 8); Segundo Protocolo de la Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales (1999), art. 15 (ibíd., párr. 22); Protocolo adicional I (1977), art. 85 (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 10); Protocolo II enmendado de la Convención sobre ciertas armas convencionales (1980), art. 14 (ibíd., párr. 14); Convención de Ottawa (1997), art. 9 (ibíd., párr. 15); Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados (2000), art. 4 (ibíd., párr. 23).
[2]Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg (1945), art. 6 (ibíd., párr. 4); Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Tokyo, art. 5 (ibíd., párr. 33); Estatuto del TPIY (1993), arts. 2 y 3 (ibíd., párr. 46); Estatuto de la CPI (1998), arts. 5 y 25 (ibíd., párrs. 18 y 20).
[3] V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 75), Argentina (ibíd., párr. 64), Australia ( ibíd. , párrs. 65 y 66), Benin (ibíd., párr. 67), Camerún (ibíd., párr. 68), Canadá (ibíd., párr. 69), Colombia (ibíd., párr. 70), Ecuador (ibíd., párr. 72), El Salvador (ibíd., párr. 73), España (ibíd., párr. 80), Estados Unidos (ibíd., párrs. 85 a 88), Francia (ibíd., párr. 74), Italia (ibíd., párr. 76), Países Bajos (ibíd., párr. 77), Perú (ibíd., párr. 78), Reino Unido (ibíd., párr. 84), República Dominicana (ibíd., párr. 71), Sudáfrica (ibíd., párr. 79), Suecia (ibíd., párr. 81), Suiza (ibíd., párr. 82), Togo (ibíd., párr. 83) y Yugoslavia (ibíd., párr. 89).
[4] V., v.g., la legislación (ibíd., párrs. 90 a 217).
[5] V., v.g., Alemania, Tribunal Supremo de Baviera, Djajic case (ibíd., párr. 224); Alemania, Tribunal Regional Superior de Dusseldorf, Tribunal Federal Supremo y Tribunal Constitucional Federal, Jorgic case (ibíd., párr. 225); Alemania, Tribunal Supremo de Baviera y Tribunal Federal Supremo, Kusljic case (ibíd., párr. 226); Alemania, Tribunal Regional Superior de Dusseldorf y Tribunal Constitucional Federal, Sokolovic case (ibíd., párr. 227); Dinamarca, Tribunal Superior y Tribunal Supremo, Saric case (ibíd., párr. 221); Israel, Tribunal de Distrito de Jerusalén y Tribunal Supremo, Eichmann case (ibíd., párrs. 228 y 229); Italia, Tribunal Militar de Apelación y Tribunal Supremo, Hass and Priebke case (ibíd., párr. 231); Suiza, Tribunal Militar de Lausana, Grabez case (ibíd., párr. 233); v. también los asuntos basados en la Control Council Law no. 10, incluidos, v.g., Estados Unidos, Tribunal Militar de Nuremberg, Alstotter (The Justice Trial) case (ibíd., párr. 239), Flick case (ibíd., párr. 240), Krauch (I. G. Farben Trial) case y Von Leeb case (The High Command Trial) (ibíd., párr. 241); Reino Unido, Tribunal Militar de Lüneberg, Auschwitz and Belsen case (ibíd., párr. 235); Reino Unido, Tribunal Militar de Essen, Essen Lynching case (ibíd., párr. 236).
[6] V., v.g., las declaraciones de Alemania (ibíd., párrs. 259 y 260), Afganistán (ibíd., párr. 246), Australia (ibíd., párrs. 247 y 248), Austria (ibíd., párr. 249), Chile (ibíd., párr. 250), China (ibíd., párr. 252), Estados Unidos (ibíd., párrs. 282 a 286), Etiopía (ibíd., párrs. 253 a 255), Francia (ibíd., párrs. 256 a 258), Hungría (ibíd., párrs. 261 y 262), Indonesia (ibíd., párr. 263), Israel (ibíd., párr. 264), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 266), Países Bajos (ibíd., párr. 265), Pakistán (ibíd., párr. 268), Reino Unido (ibíd., párrs. 271 a 281), Rwanda (ibíd., párr. 269), Sudáfrica (ibíd., párr. 270) y Yugoslavia (ibíd., párrs. 287 y 288), así como la práctica referida de China (ibíd., párr. 251).
[7] V., v.g., Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Res. 670 (ibíd., párr. 290), Res. 771 (ibíd., párr. 291), Res. 780 (ibíd., párr. 292) y Res. 808 (ibíd., párr. 294); Asamblea General de las Naciones Unidas, Res. 3074 (XXVIII) (ibíd., párr. 333), Res. 47/121 (ibíd., párr. 335), Res. 48/143 (ibíd., párr. 336), Res. 48/153 (ibíd., párr. 337), Res. 49/10 (ibíd., párr. 338), Res. 49/196 (ibíd., párr. 339), Res. 49/205 (ibíd., párr. 340), Res. 50/192 (ibíd., párr. 342), Res. 50/193 (ibíd., párr. 343) y Res. 51/115 (ibíd., párr. 345); Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Res. 1993/7 (ibíd., párr. 347), Res. 1993/8 (ibíd., párr. 348); 1994/72 (ibíd., párr. 349), Res. 1994/77 (ibíd., párr. 350), Res. 1995/89 (ibíd., párr. 351), Res. 1996/71 (ibíd., párr. 352) y Res. 2002/79 (ibíd., párr. 356).
[8] V., v.g., Consejo de Europa, Asamblea Parlamentaria, Res. 954 (ibíd., párr. 373), Rec. 1189 (ibíd., párr. 374), Rec. 1218 y Res. 1066 (ibíd., párr. 375); CE, Declaración sobre Yugoslavia (ibíd., párr. 376); UE, Consejo, Decisión 94/697/CFSP (ibíd., párr. 377); Consejo para la Cooperación en el Golfo, Consejo Supremo, 13° período de sesiones, Final Communiqué (ibíd., párr. 378); Liga de los Estados Árabes, Consejo, Res. n.° 4238 (ibíd., párr. 379); OUA, Consejo de Ministros, Res. 1650 (LXIV) (ibíd., párr. 380).
[9]Protocolo II enmendado de la Convención sobre ciertas armas convencionales (1980), art. 14 (ibíd., párr. 14); Estatuto de la CPI (1998), arts. 8 y 25 (ibíd., párrs. 19 y 20); Segundo Protocolo de la Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales (1999), arts. 15 y 22 (ibíd., párr. 22).
[10]Convención de Ottawa (1997), art. 9 (ibíd., párr. 15); Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados (2000), art. 4 (ibíd., párr. 23).
[11]Estatuto del TPIR (1994), arts. 4 y 5 (ibíd., párrs. 51 y 52); Estatuto del Tribunal Especial para Sierra Leona (2002), art. 1 (ibíd., párr. 24).
[12]V., v.g., la legislación de Alemania (ibíd., párr. 137), Armenia (ibíd., párr. 93), Australia (ibíd., párrs. 94 y96), Azerbaiyán (ibíd., párrs. 98 y 99), Bangladesh (ibíd., párr. 100), Belarús (ibíd., párr. 102), Bélgica (ibíd., párr. 103), Bosnia y Herzegovina (ibíd., párr. 104), Camboya (ibíd., párr. 108), Canadá (ibíd., párr. 110), Colombia (ibíd., párr. 113), Congo (ibíd., párr. 115), Costa Rica (ibíd., párr. 117), Croacia (ibíd., párr. 119), Cuba (ibíd., párr. 120), El Salvador (ibíd., párrs. 125 y 126), Eslovenia (ibíd., párr. 189), España (ibíd., párrs. 191 y 192), Estados Unidos (ibíd., párr. 207), Estonia (ibíd., párr. 128), Etiopía (ibíd., párr. 129), Finlandia (ibíd., párr. 131), Francia (ibíd., párr. 135), Georgia (ibíd., párr. 136), Guinea (ibíd., párr. 139), Irlanda (ibíd., párr. 142), Italia (ibíd., párr. 144), Kazajstán (ibíd., párr. 146), Kirguistán (ibíd., párr. 148), Letonia (ibíd., párr. 149), Lituania (ibíd., párr. 151), Moldova (ibíd., párr. 161), Nicaragua ( ibíd., párrs. 168 y 169), Níger (ibíd., párr. 171), Noruega (ibíd., párr. 173), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 166), Países Bajos (ibíd., párrs. 163 y 164), Paraguay (ibíd., párr. 176), Polonia (ibíd., párr. 179), Portugal (ibíd., párr. 180), Reino Unido (ibíd., párrs. 202 y 204), República Democrática del Congo (ibíd., párr. 114), Rusia (ibíd., párr. 184), Rwanda (ibíd., párr. 185), Suecia (ibíd., párr. 194), Suiza (ibíd., párr. 195), Tailanda (ibíd., párr. 197), Tayikistán (ibíd., párr. 196), Ucrania (ibíd., párr. 200), Uzbekistán (ibíd., párr. 209), Venezuela (ibíd., párrs. 211 y 212), Viet Nam ( ibíd. , párr. 213), Yemen (ibíd. , párr. 214) y Yugoslavia (ibíd., párr. 216); v. también los proyectos de ley de Argentina (ibíd., párr. 92), Burundi (ibíd., párr. 107), El Salvador (ibíd., párr. 127), Jordania (ibíd., párr. 145), Nicaragua (ibíd., párr. 170), Sri Lanka (ibíd., párr. 193) y Trinidad y Tobago (ibíd., párr. 198); v. también la legislación de Austria (ibíd., párr. 97), Bulgaria (ibíd., párr. 106), Eslovaquia (ibíd., párr. 188), Guatemala (ibíd., párr. 138), Hungría (ibíd., párr. 140), Italia (ibíd., párr. 144), Mozambique (ibíd., párr. 162), Nicaragua (ibíd., párr. 167), Paraguay (ibíd., párr. 175), Perú (ibíd., párr. 177), República Checa (ibíd., párr. 123), Rumania (ibíd., párr. 182) y Uruguay (ibíd., párr. 208), cuya aplicación no se excluye en tiempo de conflicto armado no internacional.
[13] V., v.g., Bélgica, Tribunal de lo penal de Bruselas y Tribunal de Casación, The Four from Butare case (ibíd., párr. 219); Suiza, Tribunal Militar de Lausana, Grabez case (ibíd., párr. 233); Suiza, Tribunal Militar de Lausana, Niyonteze case (ibíd., párr. 234); Yugoslavia, Tribunal Comunal de Mitrovica, Ademi case (ibíd., párr. 243).
[14] V., v.g., la práctica de China (ibíd., párr. 251), Estados Unidos (ibíd., párrs. 284 y 285), Etiopía (ibíd., párrs. 254 y 255), Francia (ibíd., párrs. 256 y 257), Hungría (ibíd., párr. 261), Indonesia (ibíd., párr. 263), Reino Unido (ibíd., párrs. 278 a 281), Rwanda (ibíd., párr. 269), Sudáfrica (ibíd., párr. 270) y Yugoslavia (ibíd., párr. 288).
[15] V., v.g., Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Res. 771 (ibíd., párr. 291), Res. 780 (ibíd., párr. 292), Res. 794 (ibíd., párr. 293), Res. 808 (ibíd., párr. 294), Res. 814 (ibíd., párr. 295), Res. 820 (ibíd., párr. 296), Res. 827 (ibíd., párr. 297), Res. 859 (ibíd., párr. 298), Res. 913 (ibíd., párr. 299), Res. 935 (ibíd., párr. 300), Res. 955 (ibíd., párr. 301), Res. 1009 (ibíd., párr. 302), Res. 1012 (ibíd., párr. 303), Res. 1034 (ibíd., párr. 304), Res. 1072 (ibíd., párr. 305) y Res. 1087 (ibíd., párr. 306), Res. 1193 (ibíd., párr. 307) y Res. 1315 (ibíd., párr. 310); Asamblea General de las Naciones Unidas, Res. 47/121 (ibíd. párr. 335), Res. 48/143 (ibíd., párr. 336), Res. 48/153 (ibíd., párr. 337), Res. 49/10 (ibíd., párr. 338), Res. 49/196 (ibíd., párr. 339), Res. 49/205 (ibíd., párr. 340), Res. 49/206 (ibíd., párr. 341), Res. 50/192 (ibíd., párr. 342), Res. 50/193 (ibíd., párr. 343), Res. 51/108 (ibíd., párr. 344) y Res. 51/115 (ibíd., párr. 345); Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Res. 1993/7 (ibíd., párr. 347), Res. 1993/8 (ibíd., párr. 348), Res. 1994/72 (ibíd., párr. 349), Res. 1994/77 (ibíd., párr. 350), Res. 1995/89 (ibíd., párr. 351), Res. 1996/71 (ibíd., párr. 352), Res. 1995/91 (ibíd., párr. 353) y Res. 1999/1 (ibíd., párr. 355).
[16] UE, Consejo, Decisión 94/697/CFSP (ibíd., párr. 377); OUA, Consejo de Ministros, Res. 1650 (LXIV) (ibíd., párr. 380).
[17]TPIY, Tadic case, recurso interlocutorio (ibíd., párr. 391).
[18]V., v.g., Estatuto de la CPI (1998), art. 25 (ibíd., párr. 20); Estatuto del TPIY (1993), art. 7 (ibíd., párr. 48); Estatuto del TPIR (1994), art. 6 (ibíd., 53); Estatuto del Tribunal Especial para Sierra Leona (2002), art. 6 (ibíd., párr. 26); Reglamento n°. 2000/15 de la UNTAET, sección 14 (ibíd., párr. 62).
[19]Estatuto de la CPI (1998), art. 75, párr. 2 (ibíd., párr. 416).
[20]Reglamento n°. 2000/30 de la UNTAET, sección 49, párr. 2 (ibíd., párr. 417).
[21]Estatuto del TPIY (1993), art. 24, párr. 3 (ibíd., párr. 411); Estatuto del TPIR (1994), art. 23, párr. 3 (ibíd., párr. 412); v. también las Reglas sobre procedimiento y sobre prueba de los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia y Rwanda, Regla 105 (ibíd., párrs. 413 y 418).
[22] Reglas sobre procedimiento y sobre prueba de los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia y Rwanda, Regla 106 (B) (ibíd., párrs. 414 y 419).
[23] Secretario General de las Naciones Unidas, Informe sobre las causas de los conflictos y el fomento de la paz duradera y el desarrollo sostenible en África (ibíd., párr. 450).
[24] Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Representante Especial sobre la situación de los derechos humanos en Rwanda, Informe (ibíd., párr. 451).
[25] V., v.g., Italia, Tribunal de Livorno y Tribunal de Apelación de Florencia, Ercole case (ibíd., párr. 437); Estados Unidos, Tribunal de Apelación del Segundo Circuito y Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York, Karadzic case (ibíd., párrs. 438 y 439).
[26] V., v.g., la legislación de Alemania (ibíd., párr. 427), Estados Unidos (ibíd., párr. 432), Francia (ibíd., párrs. 423 y 426), Luxemburgo (ibíd., párr. 428) (restitución de bienes confiscados y de piezas de convicción), Reino Unido (ibíd., párr. 431) (restitución de dinero y bienes) y Yemen (ibíd., párr. 436) (restitución); v. también el proyecto de ley de Burundi (ibíd., párr. 425).