Norma 148. Represalias en conflictos armados no internacionales 

Norma 148. Las partes en un conflicto armado no internacional no tienen derecho a recurrir a represalias bélicas. Quedan prohibidas otras contramedidas contra personas que no participan o han dejado de participar directamente en las hostilidades.
Volumen II, capítulo 41, sección E.
La práctica de los Estados establece esta regla como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable en los conflictos armados no internacionales.
El artículo 3 común a los Convenios de Ginebra prohíbe los atentados contra la vida y la integridad física de las personas, la toma de rehenes, los atentados contra la dignidad personal, en particular los tratos humillantes y degradantes, y la privación del derecho a un juicio imparcial. Estas prohibiciones se aplican y siguen siendo aplicables “en todo tiempo y lugar”.[1] Por consiguiente, cualquier represalia que entrañe uno de estos actos está prohibida.[2] Además, el artículo 3 común establece que todas las personas que no participan o han dejado de participar directamente en las hostilidades deben ser tratadas con humanidad “en todas las circunstancias”.[3] Cualquier represalia que sea incompatible con esta obligación de trato humano está, pues, también prohibida.[4] Además, las normas que figuran en el artículo 3 común constituyen, como confirmó la Corte Internacional de Justicia, “un mínimo” para todos los conflictos armados y reflejan “consideraciones elementales de humanidad”.[5] El artículo 4 del Protocolo adicional II tampoco permite las represalias contra personas que no participan o han dejado de participar directamente en las hostilidades.[6]
En la práctica, se han condenado los actos de represalia en los conflictos armados no internacionales. Por ejemplo, en resoluciones aprobadas en el contexto del conflicto de Afganistán, la Asamblea General y la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas condenaron las medidas de represalia adoptadas contra personas civiles.[7] Varios relatores especiales de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas han condenado también los homicidios y las detenciones como “represalia” en relación con los conflictos de Chad, Colombia, Malí, República Democrática del Congo, Rwanda y Turquía.[8]
En una resolución aprobada en 1970, la Asamblea General de las Naciones Unidas reafirmó el principio de que “las poblaciones civiles o las personas que las componen no deberán ser objeto de represalias” como una norma básica para la protección de la población civil en los conflictos armados.[9] En el asunto Tadic, en 1995, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia consideró que esta resolución había “afirmado los principios de derecho internacional consuetudinario en relación con la protección de las poblaciones y los bienes civiles en los conflictos armados de cualquier tipo”.[10]
En el asunto Martic, en 1996, el Tribunal infirió la prohibición de las represalias contra personas civiles en los conflictos armados no internacionales basándose en el párrafo 2 del artículo 4 del Protocolo adicional II porque son contrarias a “las prohibiciones absolutas e inderogables enumeradas en esta disposición” y porque el comportamiento prohibido debe seguir estándolo “en cualquier tiempo y lugar”. El Tribunal consideró, asimismo, que la prohibición de represalias contra las personas civiles en los conflictos armados no internacionales se ve fortalecida por la inclusión de la prohibición de “castigos colectivos” expresada en el párrafo 2 b) del artículo 4 del Protocolo adicional II.[11] Los castigos colectivos están también prohibidos en virtud del derecho internacional consuetudinario (véase la norma 103). Varios manuales militares hacen, además, hincapié en que todos los actos de venganza están prohibidos.[12]
No hay suficientes elementos de prueba que confirmen que el concepto mismo de represalias lícitas en los conflictos armados no internacionales se haya materializado alguna vez en derecho internacional. Toda la práctica que describe el propósito de las represalias y las condiciones para recurrir a ellas se refiere a las relaciones entre Estados y surge de la práctica del siglo XIX y de principios del siglo XX. La práctica reciente en relación con los conflictos armados no internacionales no ha respaldado, en modo alguno, la idea de hacer respetar el derecho en esos conflictos mediante represalias o contramedidas análogas sino que, al contrario, ha destacado la importancia de la protección de las personas civiles y fuera de combate, del respeto del derecho de los derechos humanos y de los medios diplomáticos para poner fin a las violaciones. En varios manuales militares se definen las represalias bélicas como una medida para hacer respetar el derecho utilizada por un Estado contra otro.[13]
En la Conferencia Diplomática que culminó con la aprobación de los Protocolos adicionales, se rechazó la sugerencia de incluir prohibiciones específicas de represalias en los conflictos armados no internacionales. Las razones aportadas durante la Conferencia para justificar ese rechazo son significativas a este respecto. Sólo cuatro países dijeron que consideraban posible el concepto de represalias, en derecho internacional, en los conflictos armados no internacionales, concretamente Alemania, Camerún, Finlandia y Yugoslavia. Sin embargo, Camerún opinaba que esas represalias deberían “limitarse a ciertos casos bien definidos, que se enumerarían en forma restrictiva”.[14] Finlandia podía aceptar esa idea, pero declaró que “[n]unca ni en ninguna circunstancia deben emplearse represalias contra la población civil” porque “es opinión universal que las represalias de carácter inhumano son inadmisibles”.[15]
Según Yugoslavia, era indiscutible que las represalias contra personas y bienes en poder del adversario estaban prohibidas: “Esta norma del derecho consuetudinario [...] quedó codificada en 1949 en los Convenios de Ginebra”. Aparte de esta prohibición, consideraba que las represalias no debían aplicarse nunca “a los no combatientes, a las mujeres y a los niños”.[16] Alemania pensaba que no había ninguna objeción desde el punto de vista jurídico al empleo del término “represalia”, pero, desde el punto de vista político, podía inferirse que el empleo de ese término concedía “a las Partes en conflicto un estatuto de derecho internacional que no les corresponde” e indicó que esperaba que una formulación como “medidas de retorsión comparables a las represalias” no suscitase las mismas objeciones.[17]
Varios Estados votaron en contra de la propuesta porque consideraban que el concepto mismo de represalias no era procedente en los conflictos armados no internacionales.[18] Algunos temían que la introducción del término, aunque fuera como una prohibición, podía dar la impresión a contrario de que el concepto era posible.[19]
A fin de evitar introducir el concepto de represalias (ya que daría erróneamente la impresión de que, en derecho internacional, existía esa posibilidad en los conflictos armados no internacionales), Canadá, Filipinas, Irán, Italia y Pakistán presentaron varias propuestas en las que se evitaba el uso del término “represalia” para expresar la idea de que se prohibía a las partes emplear ninguna forma de contramedida o acto análogo en respuesta a una violación de la parte adversa.[20]
En la declaración de Bélgica en la Conferencia Diplomática se manifestaba la opinión de que, por lo que atañe a las garantías fundamentales del artículo 4 del Protocolo adicional II, “no puede plantearse la cuestión de las represalias, ya que, en virtud de lo dispuesto en dicho artículo, las personas que no participen directamente en las hostilidades o que hayan dejado de participar en ellas serán tratadas con humanidad en toda circunstancia”.[21] Italia, Suecia y el Reino Unido adoptaron una postura similar.[22]
[1]Convenios de Ginebra (1949), art. 3 común.
[2]V. Jean S. Pictet (dir.), Commentary on the First Geneva Convention, CICR, Ginebra, 1952, p. 59.
[3]Convenios de Ginebra (1949), art. 3 común.
[4]V. Jean S. Pictet (dir.), Commentary on the First Geneva Convention, CICR, Ginebra, 1952, p. 59.
[5]Convenios de Ginebra (1949), art. 3 común; CIJ, Case concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States), Fondo, fallo, 27 de junio de 1986, CIJ Reports 1986, p. 114, párr. 218.
[6]V. Yves Sandoz, Christophe Swinarski y Bruno Zimmermann, Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 (Protocolo II), CICR y Plaza y Janés Editores Colombia, S.A., Santa Fe de Bogotá, 1998, párr. 4530; v. también Michael Bothe, Karl Joseph Partsch, Waldemar A. Solf, New Rules for Victims of Armed Conflicts, Martinus Nijhoff, La Haya, 1982, p. 637.
[7]V., v.g., Asamblea General de las Naciones Unidas, Res. 48/152 y 49/207 (ibíd., párr. 1248); Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Res. 1993/66 y 1994/84 (ibíd., párr. 1249) y Res. 1995/74 (ibíd., párr. 1250).
[8]V., v.g., Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Informes (ibíd., párrs. 1251 a 1253), Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Rwanda, Informes (ibíd., párrs. 1254 y 1255), Relator Especial sobre la cuestión de la tortura y Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Informe conjunto (ibíd., párr. 1256), Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en el Zaire, Informe (ibíd., párr. 1257); v. también Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala, Director, informes primero a cuarto (ibíd., párr. 1258).
[9]Asamblea General de las Naciones Unidas, Res. 2675 (XXV) (aprobada por 109 votos a favor, ninguno en contra y 8 abstenciones) ( ibíd., párr. 766).
[10]TPIY, Tadic case, recurso interlocutorio (ibíd., párr. 1263).
[11]TPIY, Martic case, examen del auto de procesamiento (ibíd., párr. 1264).
[12]V., v.g., los manuales militares de Benin (ibíd., párr. 70), Filipinas (ibíd., párr. 88), Francia (ibíd., párr. 75) y Togo ( ibíd. , párr. 93).
[13]V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párrs. 76 y 78), Australia (ibíd., párrs. 67 y 68), Canadá (ibíd., párr. 71), Ecuador (ibíd., párr. 74), Estados Unidos (ibíd., párrs. 97 y 99), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 86), Países Bajos (ibíd., párr. 85) y Reino Unido (ibíd., párr. 94).
[14]V. la declaración de Camerún (ibíd., párr. 1208).
[15]V. la declaración de Finlandia (ibíd., párr. 1215); v. también las declaraciones de Nueva Zelandia (ibíd., párr. 1233).
[16]V. la declaración de Yugoslavia (ibíd., párr. 1244).
[17]V. la declaración de la República Federal de Alemania (ibíd., párr. 1219).
[18]V. las declaraciones de Canadá (ibíd., párr. 1212), Estados Unidos (ibíd., párr. 1242), Irán (ibíd., párr. 1226 y 1227), Irak (ibíd., párr. 1228), México (ibíd., párr. 1231) y Nigeria (ibíd., párr. 1234).
[19]V. las declaraciones de México (ibíd., párr. 1221), Polonia (ibíd., párr. 1238) y Siria (ibíd., párr. 1240).
[20]V. las propuestas sometidas a la CDDH por Canadá (ibíd., párrs. 1210 y 1211) (“contramedidas asimilables a las represalias” y “medidas que infrinjan el Protocolo”), Filipinas (ibíd., párr. 1237) (“contramedidas”), Irán (ibíd., párr. 1225) (“actos de venganza”), Italia (ibíd., párr. 1229) (“Las disposiciones del presente Título deben ser cumplidas en todo momento y en toda circunstancia, incluso si la otra parte en conflicto incurre en violaciones de las disposiciones del presente Protocolo”) y Pakistán (ibíd., párr. 1236) (“Los casos aislados de incumplimiento [.] por una parte no podrán autorizar en ningún caso el incumplimiento por la otra parte [.] ni siquiera con el fin de hacer que la parte contraria cumpla con obligaciones”); v. también las declaraciones de Nigeria (ibíd., párr. 1234) (“medidas de retorsión” o “venganza”).
[21] V. la declaración de Bélgica (ibíd., párr. 1207).
[22] V. la declaración de Italia (ibíd., párr. 1230), Reino Unido (ibíd., párr. 1241) y Suecia (ibíd., párr. 1239); v. también las declaraciones de Yugoslavia (ibíd., párr. 1244).