Norma 146. Represalias contra personas protegidas 

Norma 146. Quedan prohibidas las represalias bélicas contra las personas protegidas por los Convenios de Ginebra.
Volumen II, capítulo 41, sección C.
La práctica de los Estados establece esta regla como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable en los conflictos armados internacionales.
Los Convenios de Ginebra prohíben tomar represalias bélicas contra personas que estén en poder de una parte en el conflicto, incluidos los heridos, los enfermos y los náufragos, el personal sanitario y religioso, los combatientes capturados, las personas civiles en territorio ocupado y otras categorías de personas civiles en poder de una parte adversa en el conflicto.[1] Esta prohibición figura, asimismo, en numerosos manuales militares[2] y se expresa también en la legislación de varios Estados.[3] Las declaraciones oficiales y la práctica reseñada apoyan también esta prohibición.[4]
La tendencia a prohibir las represalias contra las personas civiles durante la conducción de las hostilidades se introdujo en una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobada en 1970, en la que se afirmaba el principio de que: “Las poblaciones civiles o los miembros que las componen no deberán ser objeto de represalias” como principio básico para la protección de las poblaciones civiles en los conflictos armados.[5]
La prohibición de tomar represalias contra las personas civiles durante la conducción de las hostilidades está codificada en el párrafo 6 del artículo 51 del Protocolo adicional I.[6] Figura, asimismo, tanto en la versión original como en la enmendada del Protocolo II de la Convención sobre ciertas armas convencionales que regula el empleo de minas terrestres, armas trampa y otros artefactos.[7] Cuando se aprobaron los Protocolos adicionales, la prohibición de las represalias introducida en el párrafo 6 del artículo 51 del Protocolo adicional I era una norma nueva. En la votación del artículo 51 en su conjunto, Francia votó en contra y 16 Estados se abstuvieron.[8] De estos, diez se han convertido ya en Parte en el Protocolo adicional I sin efectuar ninguna reserva.[9] Tres Estados que no han ratificado el Protocolo adicional I, concretamente Indonesia, Malaisia y Marruecos, apoyan, no obstante, la prohibición de las represalias contra las personas civiles en general.[10]
Así pues, la inmensa mayoría de los Estados se ha comprometido a no ejercer represalias contra personas civiles. Aunque la práctica en favor de una prohibición específica del empleo de represalias contra todas las personas civiles es muy amplia y representativa, todavía no es uniforme. Los Estados Unidos, que todavía no son Parte en el Protocolo adicional I, han indicado, en varias ocasiones, que no aceptan esa prohibición total, aunque votaron a favor del artículo 51 del Protocolo adicional I y ratificaron el Protocolo II de la Convención sobre ciertas armas convencionales sin efectuar ninguna reserva a la prohibición de las represalias contra las personas civiles que figuran en ellos.[11] El Reino Unido también votó a favor del artículo 51, pero cuando se convirtió en Parte en el Protocolo adicional I, efectuó una reserva al artículo 51 en la que incluyó una lista de condiciones estrictas para recurrir a las represalias contra la población civil de un adversario.[12] También ha ratificado el Protocolo II de la Convención sobre ciertas armas convencionales sin efectuar ninguna reserva a la prohibición de las represalias contra las personas civiles que se expresa en el mismo. Alemania, Egipto, Francia e Italia efectuaron también reservas cuando ratificaron el Protocolo adicional I en relación con los artículos que brindan protección a la población civil, pero son ambiguas porque indican que responderán a violaciones graves y reiteradas con medios admisibles con arreglo al derecho internacional para evitar nuevas violaciones.[13] Al referirse de nuevo a lo que se considera lícito en derecho internacional, esas declaraciones plantean el interrogante de si las represalias contra las personas civiles son lícitas o no. La práctica posterior de esos países ayuda a conocer su postura actual con respecto a la cuestión de las represalias contra las personas civiles.
Cuando aprobó el Protocolo adicional I, Egipto apoyó enérgicamente la prohibición de las represalias contra las personas civiles y, más recientemente, en sus alegatos ante la Corte Internacional de Justicia en relación con el asunto de las armas nucleares, ha declarado que considera que esta prohibición es consuetudinaria.[14] Los manuales militares recientes de Alemania y Francia prohíben las represalias contra las personas civiles, citando el párrafo 6 del artículo 51 del Protocolo adicional I.[15] Sin embargo, en el manual de DIH de Italia se contempla la remota posibilidad de represalias contra la población civil en términos muy generales, señalando que “las represalias no pueden dirigirse contra la población civil, salvo en caso de absoluta necesidad”.[16]
Otra práctica referida es la serie de represalias que Irán e Irak, dos países que no son Parte en el Protocolo adicional I, lanzaron contra sus respectivas ciudades. En algunos comunicados de prensa de 1983 y 1984, el CICR señaló que las personas civiles no debían ser objeto de represalias y exhortó a Irán e Irak a que pusieran fin a los bombardeos contra personas civiles.[17] En 1984, el Secretario General de las Naciones Unidas, en un mensaje dirigido a los presidentes de Irán e Irak, declaró: “La comunidad internacional no puede tolerar los ataques militares deliberados”. También sostuvo que las represalias y contrarrepresalias ocasionaban muertes y sufrimientos entre la población civil y que era “preciso que esos ataques [cesaran] de inmediato”.[18] En una declaración de su Presidente en 1986, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas deploró “la violación del derecho humanitario internacional y de otras leyes aplicables a los conflictos armados” y expresó su “profunda preocupación por la amplificación del conflicto mediante la escalada de los combates contra objetivos exclusivamente civiles”.[19] En 1987, tanto Irán como Irak, en sendas cartas al Secretario General de las Naciones Unidas, justificaron sus ataques a ciudades del otro país como medidas limitadas de represalia para poner coto a los ataques del adversario.[20]
En 1988, en otra declaración de su Presidente, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas lamentó profundamente “la intensificación de las hostilidades [...] en particular los ataques llevados a cabo [...] contra ciudades y objetivos civiles” y señaló que: “Los miembros del Consejo de Seguridad insisten en que el Irán y el Iraq pongan fin de inmediato a todos los ataques de esa naturaleza y desistan sin dilación de todos los actos que den lugar a una intensificación del conflicto”.[21] Aunque en ninguna de las dos declaraciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se emplea explícitamente el término “represalias”, es importante observar que se condena la intensificación de los ataques a las personas civiles. La segunda declaración se realizó después de que Irán e Irak enviasen cartas en las que justificaban las represalias tomadas, lo que da a entender que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no aceptó los argumentos de ninguna de las partes.
Históricamente, los actos de represalia han tendido a provocar la intensificación de los ataques contra personas civiles, en lugar de hacer que cesaran, hecho que se ha comentado en diversos manuales militares.[22] Como se explica en el manual de la Marina de los Estados Unidos, por ejemplo, “existe siempre el riesgo de que [la represalia] desencadene una escalada de represalias (contrarrepresalias) por parte del enemigo. Los Estados Unidos han sido siempre reacios al recurso a las represalias por ese motivo.”[23]
Las acciones tendentes a hacer cumplir el derecho que se basan en ataques a personas civiles que no participan directamente en las hostilidades tampoco están en consonancia con el desarrollo del derecho de los derechos humanos y la importancia atribuida al derecho a la vida. Además, desde la II Guerra Mundial, tanto el derecho de los derechos humanos como el derecho internacional humanitario han reconocido que no puede considerarse a las personas civiles que no participan directamente en las hostilidades responsables de las violaciones del derecho internacional cometidas por su gobierno y, por lo tanto, no pueden ser objeto de ataques (véase la norma 1) ni castigos colectivos (véase la norma 103).
Debido a la existencia de práctica contraria, aunque muy escasa, es difícil llegar a la conclusión de que esta tendencia se ha cristalizado ya en una norma consuetudinaria que prohíbe específicamente las represalias contra las personas civiles durante la conducción de las hostilidades. Sin embargo, también es difícil afirmar que sigue existiendo el derecho a recurrir a ese tipo de represalias en base a la práctica de tan sólo unos pocos países, en algunos casos muy ambigua. Por consiguiente, parece que existe, como mínimo, una tendencia en favor de la prohibición de ese tipo de represalias. El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, en su examen del auto de acusación en el asunto Martic, en 1996, y en su sentencia en el asunto Kupreskic, en 2000, llegó a la conclusión de que existía esa prohibición, basada en gran medida en los imperativos de humanidad o conciencia pública.[24] Se trata de indicaciones importantes, conformes con un núcleo sustancial de práctica que condena o proscribe actualmente ese tipo de represalias.
[1]I Convenio de Ginebra (1949), art. 46 (ibíd., párr. 448); II Convenio de Ginebra (1949), art. 47 (ibíd., párr. 449); III Convenio de Ginebra (1949), art. 13, tercer párrafo (ibíd., párr. 360); IV Convenio de Ginebra (1949), art. 33, tercer párrafo (ibíd., párr. 590).
[2] Por lo que respecta a los combatientes capturados y los prisioneros de guerra, véanse, v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párrs. 383 a 385), Argentina (ibíd., párrs. 364 y 365), Australia (ibíd., párrs. 366 y 367), Bélgica (ibíd., párr. 368), Benin (ibíd., párr. 369), Burkina Faso (ibíd., párr. 370), Camerún (ibíd., párr. 371), Canadá (ibíd., párrs. 372 y 373), Colombia (ibíd., párr. 374), Congo ( ibíd., párr. 375), Croacia (ibíd., párrs. 376 y 377), Ecuador (ibíd., párr. 379), España (ibíd., párr. 399), Estados Unidos (ibíd., párrs. 405 a 411), Francia (ibíd., párrs. 380 a 382), Hungría (ibíd., párr. 386), Indonesia (ibíd., párr. 387), Italia (ibíd., párr. 388), Kenya (ibíd., párr. 389), Madagascar (ibíd., párr. 390), Marruecos (ibíd., párr. 391), Nicaragua (ibíd., párr. 395), Nigeria (ibíd., párrs. 396 y 397), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 394), Países Bajos (ibíd., párrs. 392 y 393), Reino Unido (ibíd., párrs. 403 y 404), República Dominicana (ibíd., párr. 378), Sudáfrica (ibíd., párr. 398), Suecia (ibíd., párr. 400), Suiza (ibíd., párr. 401), Togo (ibíd., párr. 402) y Yugoslavia (ibíd., párr. 412). Por lo que respecta a los heridos, los enfermos y los náufragos, véanse, v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párrs. 470 a 472), Australia (ibíd., párrs. 458 y 459), Bélgica (ibíd., párr. 460), Benin (ibíd., párr. 461), Burkina Faso (ibíd., párr. 462), Camerún (ibíd., párr. 463), Canadá (ibíd., párr. 464), Congo (ibíd., párr. 465), Croacia (ibíd., párr. 466), Ecuador (ibíd., párr. 467), España (ibíd., párr. 484), Estados Unidos (ibíd., párrs. 490 a 494), Francia (ibíd., párrs. 468 y 469), Hungría (ibíd., párr. 473), Indonesia (ibíd., párr. 474), Italia (ibíd., párr. 475), Kenya (ibíd., párr. 476), Madagascar (ibíd., párr. 477), Marruecos (ibíd., párr. 478), Nigeria (ibíd., párr. 482), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 481), Países Bajos (ibíd., párrs. 479 y 480), Reino Unido (ibíd., párrs. 488 y 489), Sudáfrica (ibíd., párr. 483), Suecia (ibíd., párr. 485), Suiza (ibíd., párr. 486), Togo (ibíd., párr. 487) y Yugoslavia (ibíd., párr. 495). Por lo que respecta al personal sanitario y religioso, véanse, v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párrs. 539 y 540), Australia (ibíd., párrs. 527 y 528), Bélgica (ibíd., párr. 529), Benin (ibíd., párr. 530), Burkina Faso (ibíd., párr. 531), Camerún (ibíd., párr. 532), Canadá (ibíd., párr. 533), Congo (ibíd., párr. 534), Croacia (ibíd., párr. 535), Ecuador (ibíd., párr. 536), España (ibíd., párr. 552), Estados Unidos (ibíd., párrs. 558 a 561), Francia (ibíd., párrs. 537 y 538), Hungría (ibíd., párr. 541), Indonesia (ibíd., párr. 542), Italia (ibíd., párr. 543), Kenya (ibíd., párr. 544), Madagascar (ibíd., párr. 545), Marruecos (ibíd., párr. 546), Nigeria (ibíd., párrs. 550 y 551), Nueva Zelandia (ibíd. párr. 549), Países Bajos (ibíd., párrs. 547 y 548), Reino Unido (ibíd., párrs. 556 y 557), Suecia (ibíd., párr. 553), Suiza (ibíd., párr. 554), Togo (ibíd., párr. 555) y Yugoslavia (ibíd., párr. 562). Por lo que respecta a las personas civiles en terriorrio ocupado y a diversas categorías de personas civiles en poder de una parte adversa en el conflicto, véanse, v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 612), Argentina (ibíd., párrs. 594 a 596), Australia (ibíd., párrs. 597 y 598), Bélgica (ibíd., párr. 599), Benin (ibíd., párr. 600), Burkina Faso (ibíd., párr. 601), Camerún (ibíd., párr. 602), Canadá (ibíd., párr. 603), Colombia (ibíd., párr. 604), Congo (ibíd., párr. 605), Ecuador (ibíd., párrs. 607 y 608), España (ibíd., párr. 623), Estados Unidos (ibíd., párrs. 629 a 634), Francia (ibíd., párrs. 609 a 611), Hungría (ibíd., párr. 613), India (ibíd., párr. 614), Indonesia (ibíd., párr. 615), Italia (ibíd., párr. 616), Kenya (ibíd., párr. 617), Madagascar (ibíd., párr. 618), Marruecos (ibíd., párr. 619), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 621), Países Bajos (ibíd., párr. 620), Reino Unido (ibíd., párrs. 627 y 628), República Dominicana (ibíd., párr. 606), Sudáfrica (ibíd., párr. 622), Suecia (ibíd., párr. 624), Suiza (ibíd., párr. 625), Togo (ibíd., párr. 626) y Yugoslavia (ibíd., párr. 635).
[3] V., v.g., la legislación de Azerbaiyán (ibíd., párrs. 563 y 636), Colombia (ibíd., párrs. 413, 496, 564 y 637) e Italia (ibíd., párrs. 414, 497, 565 y 638).
[4] V., v.g., las declaraciones de Australia (ibíd., párr. 567), Canadá (ibíd., párrs. 418 y 568), Colombia (ibíd., párrs. 419, 499, 569 y 642), Egipto (ibíd., párrs. 420, 421, 500, 501, 570, 571 y 643), Estados Unidos (ibíd., párrs. 431 a 433, 510, 581, 651 y 652), Francia (ibíd., párrs. 422, 502, 573 y 644), Irak (ibíd., párrs. 424, 503 y 574), Islas Salomón (ibíd., párrs. 508 y 579), Líbano (ibíd., párr. 427), Polonia (ibíd., párrs. 429, 507, 578 y 649), Reino Unido (ibíd., párrs. 430, 509, 580 y 650) y República Federal de Alemania (ibíd., párrs. 423 y 645), así como la práctica referida de Israel (ibíd., párrs. 425, 504, 575 y 646) y Jordania (ibíd., párrs. 426, 505, 576 y 647).
[5]Asamblea General de las Naciones Unidas, Res. 2675 (XXV) (aprobada por 109 votos a favor, ninguno en contra y 8 abstenciones) (ibíd., párr. 766). Dado que esta resolución no se aprobó mediante votación nominal, no puede verificarse qué Estados votaron a favor y qué Estados se abstuvieron.
[6]Protocolo adicional I (1977), art. 51, párr. 6 (aprobado por 77 votos a favor, uno en contra y 16 abstenciones) (ibíd., párr. 662).
[7]Protocolo II de la Convención sobre ciertas armas convencionales (1980), art. 3, párr. 2 (ibíd., párr. 670); Protocolo II enmendado de la Convención sobre ciertas armas convencionales (1980), art. 3, párr. 7 (ibíd., párr. 671).
[8]Los Estados que se abstuvieron fueron: Afganistán, Argelia, Camerún, Colombia, Italia, Kenya, Madagascar, Malí, Marruecos, Mónaco, República Federal de Alemania, República de Corea, Senegal, Tailandia, Turquía y Zaire (véase CDDH, Actas oficiales, vol. VI, CDDH/SR.41, 26 de mayo de 1977, p. 163).
[9]Argelia, Camerún, Colombia, Kenya, Madagascar, Malí, Mónaco, República de Corea, República Democrática del Congo y Senegal.
[10]V., v.g., los manuales militares de Indonesia (citado en vol. II, cap. 41, párr. 695) y Marruecos (ibíd., párr. 619), así como la declaración de Malaisia (ibíd., párr. 747).
[11]V. la práctica de Estados Unidos (ibíd., párrs. 709, 711 y 757 a 760).
[12]Reino Unido, reserva realizada cuando ratificó el Protocolo adicional I (1977) (ibíd., párr. 669).
[13]V. las reservas y declaraciones realizadas cuando ratificaron el Protocolo adicional I (1977) Alemania (ibíd., párr. 666), Egipto (ibíd., párr. 664), Francia (ibíd., párr. 665) e Italia (ibíd., párr. 667).
[14]V. la práctica de Egipto (ibíd., párrs. 729, 730 y 748).
[15]V. los manuales militares de Alemania (ibíd., párrs. 690 a 692) y Francia (ibíd., párr. 689).
[16]Italia, IHL Manual (ibíd., párr. 696).
[17]V. CICR, Comunicado de Prensa n.° 1479 (ibíd., párr. 778) y Comunicado de Prensa n.° 1489 (ibíd., párr. 779).
[18]Secretario General de las Naciones Unidas, Mensaje de fecha 9 de junio de 1984 dirigido a los Presidentes de la República Islámica del Irán y de la República del Irak (ibíd., párr. 769).
[19]Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Declaración del Presidente (ibíd., párr. 763). Los Estados Unidos ocupaban la Presidencia. Los demás miembros del Consejo de Seguridad eran: Australia, Bulgaria, China, Congo, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Ghana, Madagascar, Reino Unido, Tailandia, Trinidad y Tobago, URSS y Venezuela.
[20]V. la práctica de Irán (ibíd., párrs. 737 a 740) e Irak (ibíd., párr. 743).
[21]Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Declaración del Presidente (ibíd., párr. 764). Yugoslavia ocupaba la Presidencia. Los demás miembros del Consejo de Seguridad eran: Alemania, Argelia, Argentina, Brasil, China, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Nepal, Reino Unido, Senegal, URSS y Zambia.
[22]V. los manuales militares de Australia (ibíd., párrs. 67 y 68), Estados Unidos (ibíd., párrs. 97 a 99), Reino Unido (ibíd., párrs. 94 y 95) y Suecia (ibíd., párr. 91).
[23]Estados Unidos, Naval Handbook (ibíd., párr. 99).
[24]TPIY, Martic case, examen del auto de procesamiento (ibíd., párr. 776) y Kupreskic case, fallo (ibíd., párr. 777).