Norma 142. Formación de las fuerzas armadas en derecho internacional humanitario  

Norma 142. Los Estados y las partes en conflicto deberán impartir cursos de formación en derecho internacional humanitario a sus fuerzas armadas.
Volumen II, capítulo 40, sección D.
La práctica de los Estados establece esta regla como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable a los Estados en tiempo de paz y a las partes en conflictos armados internacionales o no internacionales. El término “fuerzas armadas”, según se emplea en el enunciado de esta norma, debe entenderse en su acepción general. La práctica reunida no indica que se haga ningún tipo de distinción entre la formación en derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados internacionales y en los conflictos armados no internacionales.
El deber de los Estados de enseñar el derecho internacional humanitario a sus fuerzas armadas se codificó por primera vez en los Convenios de Ginebra de 1906 y 1929.[1] Posteriormente, se reafirmó en los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales, en la Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales y su Segundo Protocolo, y en la Convención sobre ciertas armas convencionales, que especifican que la obligación de enseñar el derecho internacional humanitario a las fuerzas armadas se aplica tanto en tiempo de paz como en tiempo de conflicto armado.[2]
La obligación de enseñar el derecho internacional humanitario se expresa en diversos manuales militares; en algunos, se señala que esta obligación se aplica incluso en tiempo de paz.[3] La legislación de varios países establece que los combatientes deben recibir formación acerca de sus deberes en virtud del derecho internacional humanitario o incluye disposiciones destinadas directamente a cumplir esta exigencia mediante la creación de programas de formación.[4] La mayor parte de la práctica con respecto a esta norma consiste en la instrucción en derecho internacional humanitario que proporcionan muchos Estados a sus fuerzas armadas y en numerosas declaraciones oficiales en las que se destaca el deber de impartir esa formación o en las que los países se comprometen a impartirla.[5] Esta práctica muestra que no se exige que todos los miembros de las fuerzas armadas conozcan al detalle el derecho internacional humanitario, sino que basta con que sepan las normas esenciales del derecho que son pertinentes para sus funciones.[6]
El Consejo de Seguridad, la Asamblea General y la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas han recordado en numerosas ocasiones la obligación de los Estados de proporcionar formación en derecho internacional humanitario a sus fuerzas armadas.[7] Además, los Estados ha aprobado, en numerosas conferencias internacionales, resoluciones en las que reafirman esta obligación.[8]
La práctica reunida parece demostrar que la mayor parte de la formación se imparte, principal o exclusivamente, mediante instrucciones escritas o en el aula, lo cual no siempre es suficiente para garantizar un cumplimiento eficaz en las complejas situaciones de combate. Como se explica en el manual de derecho de los conflictos armados de Sudáfrica, “en las circunstancias de combate, los soldados no suelen tener tiempo para pensar en los principios del derecho de los conflictos armados antes de actuar. Por lo tanto, no sólo deben conocer esos principios, sino también recibir instrucción para que la respuesta apropiada en una situación específica sea espontánea”.[9]
El creciente recurso a tropas de mantenimiento y aplicación de la paz ha suscitado una especial preocupación por la formación recibida por esas fuerzas acerca de la aplicación del derecho internacional humanitario antes de su despliegue. Algunos Estados disponen de una política oficial al respecto.[10] Varios países han declarado su intención de impartir esa formación.[11] Ya en 1965, la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja hizo hincapié en la “importancia primordial” de que los gobiernos impartiesen una enseñanza adecuada sobre los Convenios de Ginebra a los contingentes que ponían a disposición de las Naciones Unidas antes de que salieran del país.[12] A tenor de lo dispuesto en el Boletín del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la observancia del derecho internacional humanitario por las fuerzas de las Naciones Unidas, publicado en 1999, las Naciones Unidas se comprometen a velar por que los miembros de esas fuerzas estén “plenamente informados” de los principios y normas de derecho internacional humanitario.[13] Análogamente, en una resolución sobre la protección de los civiles en los conflictos armados aprobada en 2000, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas reiteró la importancia de impartir una formación adecuada sobre derecho internacional humanitario al personal que participa en activadades de establecimiento, mantenimiento y consolidación de la paz.[14]
La obligación de los jefes militares de asegurarse de que todos los miembros de las fuerzas armadas que están bajo sus órdenes conozcan sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario se establece en el párrafo 2 del artículo 87 del Protocolo adicional I.[15] Esta disposición parece basarse en el razonamiento de que la forma más eficaz de garantizar el cumplimiento de la obligación de los Estados de impartir formación a sus fuerzas armadas es haciendo responsables a los jefes militares de la formación de los efectivos que están bajo sus órdenes.
La obligación de los jefes de asegurarse de que los miembros de las fuerzas armadas conozcan sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario figura en numerosos manuales militares,[16] incluidos los manuales de Estados que no son Partes, o no lo eran a la sazón, en el Protocolo adicional I.[17] En algunos de ellos se menciona esta obligación junto con la responsabilidad de los jefes militares de asegurarse de que sus tropas respeten el derecho internacional humanitario.[18] La obligación de los jefes de velar por la formación en derecho internacional humanitario se apoya, asimismo, en declaraciones oficiales.[19] La comisión creada en Canadá para investigar las violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas por fuerzas canadienses de mantenimiento de la paz en Somalia consideró que varios oficiales eran responsables de las violaciones cometidas por sus subordinados porque no les habían impartido una formación adecuada acerca de sus obligaciones jurídicas.[20]
El artículo 19 del Protocolo adicional II señala que el Protocolo “deberá difundirse lo más ampliamente posible”,[21] y los grupos armados de oposición deben respetar esta disposición.[22] En los acuerdos sobre la aplicación del derecho internacional humanitario concluidos en 1991 y 1992, las partes en los conflictos en la antigua Yugoslavia se comprometieron a difundir el conocimiento del derecho internacional humanitario, especialmente entre los combatientes, facilitar la divulgación de los llamamientos del CICR pidiendo que se respetase ese derecho y distribuir las publicaciones de esa institución.[23]
En el manual militar básico de Colombia se indica que la obligación de impartir formación a las fuerzas armadas incumbe también a los grupos armados de oposición.[24] En una resolución sobre el respeto de los derechos humanos en los conflictos armados aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1972 se solicita a todas las partes en conflictos armados que “proporcionen instrucción acerca de [las normas humanitarias internacionales que sean aplicables] a sus fuerzas armadas”.[25]
Los grupos armados de oposición deben respetar y hacer respetar el derecho internacional humanitario (véase la norma 139), y la difusión se considera, en general, como una herramienta indispensable para ello. En la práctica, los grupos armados de oposición han permitido muchas veces que el CICR divulgara el derecho internacional humanitario entre sus miembros. El propio CICR ha pedido a las partes en los conflictos armados no internacionales que velaran por la difusión del derecho internacional humanitario entre sus tropas, o permitieran o facilitaran los esfuerzos de difusión del CICR.[26]
[1]Convenio de Ginebra de 1906 para la protección de los heridos o enfermos en campaña, art. 26; Convenio de Ginebra de 1929 para mejorar la suerte de los heridos y enfermos de los ejércitos en campaña, art. 27.
[2]I Convenio de Ginebra (1949), art. 47; II Convenio de Ginebra (1949), art. 48; III Convenio de Ginebra (1949), art. 127; IV Convenio de Ginebra (1949), art. 144; Protocolo adicional I (1977), art. 83 (aprobado por consenso); Protocolo adicional II (1977), art. 19 (aprobado por consenso); Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales (1954), art. 25; Segundo Protocolo de la Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales (1999), art. 30; Convención sobre ciertas armas convencionales (1980), art. 6.
[3] V., v.g., los manuales militares de Argentina (citado en vol. II, cap. 40, párr. 318), Camerún (ibíd., párr. 316), Canadá (ibíd., párr. 319), Colombia (ibíd., párrs. 322 y 323), Kenya (ibíd., párr. 334), Países Bajos (ibíd., párr. 337), Reino Unido (ibíd., párr. 350) y Rusia (ibíd., párr. 342).
[4] V., v.g., la legislación de Alemania (ibíd., párr. 362), Argentina (ibíd., párr. 357), Azerbaiyán (ibíd., párr. 358), Belarús (ibíd., párr. 359), Cote d'Ivoire (ibíd., párr. 360), Croacia (ibíd., párr. 361), Perú (ibíd., párr. 363), Rusia (ibíd., párr. 364), Suecia (ibíd., párr. 366) y Uruguay (ibíd., párr. 367).
[5] V., v.g., la práctica de Alemania (ibíd., párrs. 412 y 413), Argentina (ibíd., párr. 371 a 373), Australia (ibíd., párrs. 374 a 376), Austria (ibíd., párr. 377), Belarús (ibíd., párr. 378), Bélgica (ibíd., párr. 379), Benin (ibíd., párrs. 380 y 381), Bolivia (ibíd., párr. 382), Bosnia y Herzegovina (ibíd., párr. 383), Burkina Faso (ibíd., párrs. 386 a 388), Camerún (ibíd., párr. 389), Canadá (ibíd., párrs. 390 y 391), Chile (ibíd., párrs. 392 a 394), Colombia (ibíd., párr. 396), Congo (ibíd., párr. 397), Croacia (ibíd., párr. 398), Egipto (ibíd., párr. 401), El Salvador (ibíd., párr. 403), Eslovenia (ibíd., párrs. 453 y 454), España (ibíd., párr. 461), Estados Unidos (ibíd., párrs. 471 a 474), Estonia (ibíd., párr. 405), Etiopía (ibíd., párr. 406), Filipinas (ibíd., párrs. 447 a 449), Francia (ibíd., párrs. 407 y 408), Gambia (ibíd., párr. 409), Grecia (ibíd., párrs. 414 y 415), Guatemala (ibíd., párr. 416), Honduras (ibíd., párr. 418), Indonesia (ibíd., párr. 419), Israel (ibíd., párr. 422), Italia (ibíd., párr. 424), Laos (ibíd. párr. 429), Líbano (ibíd., párr. 430), Madagascar (ibíd., párr. 431), Malaisia (ibíd., párr. 433), Malawi (ibíd., párr. 432), Malí (ibíd., párr. 434), Mozambique (ibíd., párr. 435), Níger (ibíd., párrs. 439 y 440), Nigeria (ibíd., párrs. 441 y 442), Noruega (ibíd., párr. 443), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 438), Países Bajos (ibíd., párrs. 436 y 437), Perú (ibíd., párr. 445), Polonia (ibíd., párr. 450), Reino Unido (ibíd., párr. 469), República de Corea (ibíd., párr. 426), República Federal de Alemania (ibíd., párrs. 410 y 411), Rusia (ibíd. párr. 451), Sudáfrica (ibíd., párrs. 455 a 460), Suecia (ibíd., párr. 463), Suiza (ibíd., párr. 464), Tailandia (ibíd., párr. 466), Trinidad y Tobago (ibíd., párr. 467), Turquía (ibíd., párr. 468), Uruguay (ibíd., párr. 470), Yugoslavia (ibíd., párr. 475) y Zimbabwe (ibíd., párr. 477), así como la práctica referida de Argelia (ibíd., párr. 370), Brasil (ibíd., párr. 385), China (ibíd., párr. 395), Croacia (ibíd., párr. 399), Cuba (ibíd., párr. 400), Egipto (ibíd., párr. 402), El Salvador (ibíd. párr. 404), España (ibíd., párr. 462), India (ibíd., párr. 418), Indonesia (ibíd., párr. 420), Irak (ibíd., párr. 421), Israel (ibíd., párr. 423), Jordania (ibíd., párr. 425), Kuwait (ibíd., párr. 428), Pakistán (ibíd., párr. 444), Perú (ibíd., párr. 446), Rwanda (ibíd., párr. 452), Siria (ibíd., párr. 465) y Zaire (ibíd., párr. 476).
[6] V., v.g., Canadá, Code of Conduct (ibíd., párr. 320).
[7] V., v.g., Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Res. 1265 (ibíd., párr. 485) y Res. 1296 (ibíd., párr. 486); Asamblea General de las Naciones Unidas, Res. 2852 (XXVI) (ibíd., párr. 487), Res. 3032 (XXVII) (ibíd., párr. 488), Res. 3102 (XXVIII) (ibíd., párr. 489) y Res. 47/37 (ibíd., párr. 492); Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Res. 1994/85, 1995/72 y 1996/80 (ibíd., párr. 496), Res. 1995/73 (ibíd., párr. 497) y Res. 2000/58 (ibíd., párr. 498).
[8]V., v.g., IV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Res. VIII (ibíd., párr. 521); XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Res. XXI y XXV (ibíd., párrs. 522 y 523); XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Res. XII (ibíd., párr. 525); CDDH, Res. 21 (ibíd., párr. 526); CSCE, Cumbre de Jefes de Estado o de Gobierno de Helsinki, Documento de Helsinki 1992 (ibíd., párr. 528); Conferencia Internacional para la Protección de las Víctimas de la Guerra International, Declaración Final (ibíd., párr. 529); Unión Interparlamentaria, Resolution on Respect for International Humanitarian Law and Support for Humanitarian Action in Armed Conflicts, adoptada por la 90a Conferencia Interparlamentaria, Camberra (ibíd., párr. 530); CSCE, Cumbre de Budapest de Jefes de Estado o de Gobierno, Documento de Budapest 1994 (ibíd., párr. 531); XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Res. 1 (ibíd., párr. 532); XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Res. 1 (ibíd., párr. 534); Conferencia de las Altas Partes Contratantes del Cuarto Convenio de Ginebra (1949), Declaración (ibíd., párr. 535); Segunda Conferencia de Examen por los Estados Partes en la Convención sobre ciertas armas convencionales, Declaración Final (ibíd., párr. 536).
[9]Sudáfrica, LOAC Manual (ibíd., párr. 343).
[10]V., v.g., la práctica de Alemania (ibíd., párr. 413), España (ibíd., párr. 346), Italia (ibíd., párr. 424), Jordania (ibíd., párr. 425) y Malaisia (ibíd., párr. 433).
[11]V. las declaraciones de Austria (ibíd., párr. 377), Bélgica (ibíd., párr. 379), Grecia (ibíd., párr. 414), Níger (ibíd., párr. 439), República de Corea (ibíd., párr. 426), Rusia (ibíd., párr. 451) y Trinidad y Tobago (ibíd., párr. 467).
[12]XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Res. XXV (ibíd., párr. 523).
[13]Boletín del Secretario General de las Naciones Unidas, sección 3 (ibíd., párr. 304).
[14]V. Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Res. 1296 (ibíd., párr. 486).
[15]Protocolo adicional I (1977), art. 87, párr. 2 (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 558).
[16]V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 576), Australia (ibíd., párrs. 560 a 562), Bélgica (ibíd., párrs. 563 y 564), Benin (ibíd., párr. 565), Camerún (ibíd., párrs. 566 y 567), Canadá (ibíd., párrs. 568 y 569), Colombia (ibíd., párrs. 570 y 571), Croacia (ibíd., párr. 572), España (ibíd., párr. 586), Estados Unidos (ibíd., párr. 590), Filipinas (ibíd., párr. 585), Francia (ibíd., párrs. 573 a 575), Hungría (ibíd., párr. 577), Italia (ibíd., párr. 578), Madagascar (ibíd., párr. 580), Nigeria (ibíd., párr. 584), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 583), Países Bajos (ibíd., párrs. 581 y 582), República de Corea (ibíd., párr. 579), Suecia (ibíd., párr. 587), Suiza (ibíd., párr. 588) y Togo (ibíd., párr. 589).
[17]V., v.g., los manuales militares de Estados Unidos (ibíd., párr. 590), Filipinas (ibíd., párr. 585) y Francia (ibíd., párr. 573).
[18]V. los manuales militares de Benin (ibíd., párr. 565), Camerún (ibíd., párr. 567), Canadá (ibíd., párr. 568), Croacia (ibíd., párr. 572), España (ibíd., párr. 586), Estados Unidos (ibíd., párr. 590), Francia (ibíd., párrs. 573 y 575), Italia (ibíd., párr. 578), Madagascar (ibíd., párr. 580), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 583) y Togo (ibíd., párr. 589).
[19]V. la práctica de Canadá (ibíd., párr. 596), Estados Unidos (ibíd., párr. 601), Países Bajos (ibíd., párr. 599) y Zimbabwe (ibíd., párr. 603).
[20]Canadá, Commission of Inquiry into the Deployment of Canadian Forces to Somalia, Report (ibíd., párr. 596).
[21]Protocolo adicional II (1977), art. 19 (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 287).
[22]Yves Sandoz, Christophe Swinarski y Bruno Zimmermann, Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 (Protocolo II), CICR y Plaza y Janés Editores Colombia, S.A., Santa Fe de Bogotá, 1998, párr. 4909.
[23]Memorandum of Understanding on the Application of IHL between Croatia and the SFRY (1991), párr. 13 (citado en vol. II, cap. 40, párr. 296); Agreement on the Application of IHL between the Parties to the Conflict in Bosnia and Herzegovina (1992), párr. 4 (ibíd., párr. 297).
[24]V. Colombia, Manual Básico para Personerías y Fuerzas Armadas (ibíd., párr. 322).
[25]Asamblea General de las Naciones Unidas, Res. 3032 (XXVII) (aprobada por 103 votos a favor, ninguno en contra y 25 abstenciones) (ibíd., párr. 488).
[26]V., v.g., CICR, Memorándum sobre el respeto del derecho internacional humanitario en Angola (ibíd., párr. 549), Comunicado de prensa n.° 1705 (ibíd., párr. 543), Conflicto de África Austral: Llamamiento (ibíd., párr. 539) y Llamamiento en favor de la población civil en Yugoslavia (ibíd., párr. 542).