Norma 141. Asesores jurídicos de las fuerzas armadas

Norma 141. Cuando sea necesario, los Estados pondrán asesores jurídicos a disposición de los jefes militares para que los aconsejen, al nivel adecuado, sobre la aplicación del derecho internacional humanitario.
Volumen II, capítulo 40, sección C.
La práctica de los Estados establece esta regla como una norma de derecho internacional consuetudinario para las fuerzas armadas de los Estados. La práctica reunida no indica que se haga ninguna distinción entre el asesoramiento relativo al derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados internacionales y el aplicable en los conflictos armados no internacionales.
En el artículo 82 del Protocolo adicional I se introdujo, por primera vez, la obligación de proporcionar asesores jurídicos a los jefes militares a fin de contribuir a que las decisiones adoptadas por éstos fuesen conformes con el derecho internacional humanitario y que se diesen las instrucciones oportunas a las fuerzas armadas.[1] Los Estados que se adhirieron al Protocolo no hicieron reservas ni declaraciones de interpretación con respecto al artículo 82.
Esta norma figura en muchos manuales militares.[2] La corroboran, asimismo, varias declaraciones oficiales y la práctica reseñada.[3] La práctica indica que muchos países que no son Parte en el Protocolo adicional I han puesto asesores jurídicos a disposición de sus fuerzas armadas.[4] Los Estados Unidos, que no son Parte en el Protocolo adicional I, han declarado, específicamente, que apoyan esta norma.[5]
No se ha hallado ninguna práctica oficial contraria.[6]
Esta norma es un corolario de la obligación de respetar y hacer respetar el derecho internacional humanitario (véase la norma 139), en particular porque los jefes militares tienen importantes responsabilidades en el sistema previsto para velar por el respeto del derecho internacional humanitario: son responsables de instruir en derecho internacional humanitario a las fuerzas armadas que estén bajo su mando (véase el comentario de la norma 142); deben dar órdenes e instrucciones que garanticen el respeto del derecho internacional humanitario (véase el comentario de la norma 139); y son penalmente responsables de los crímenes de guerra cometidos en cumplimiento de sus órdenes (véase la norma 152), así como de crímenes de guerra cometidos por sus subordinados cuando no les impidieron cometer esos actos o no les catigaron si tenían la obligación de hacerlo (véase la norma 153).
Si bien los grupos armados de oposición deben también respetar y hacer respetar el derecho internacional humanitario (véase la norma 139), no se ha hallado práctica que exija a tales grupos tener asesores jurídicos. No obstante, la ausencia de asesores jurídicos no puede ser una excusa para que una parte en un conflicto infrinja el derecho internacional humanitario.
[1]Protocolo adicional I (1977), art. 82 (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 238).
[2]V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 247), Australia (ibíd., párrs. 240 a 242), Bélgica (ibíd., párr. 243), Camerún (ibíd., párr. 244), Canadá (ibíd., párr. 245), España (ibíd., párr. 254), Estados Unidos (ibíd., párrs. 256 y 257), Francia (ibíd., párr. 246), Hungría (ibíd., párr. 248), Italia (ibíd., párr. 249), Nigeria (ibíd., párr. 252), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 251), Países Bajos (ibíd., párr. 250), Rusia (ibíd., párr. 253) y Suecia (ibíd., párr. 255).
[3]V., v.g., las declaraciones de Austria (ibíd., párr. 262), Burkina Faso (ibíd., párr. 264), Estados Unidos (ibíd., párrs. 273 y 274), Níger (ibíd., párr. 271) y Trinidad y Tobago (ibíd., párr. 276), así como la práctica referida de India (ibíd., párr. 266), Israel (ibíd., párr. 267) y Países Bajos (ibíd., párr. 270).
[4]V. la práctica de Estados Unidos (ibíd., párrs. 272 a 275), la práctica referida de India (ibíd., párr. 266) e Israel (ibíd., párr. 267) y la práctica de Afganistán, Azerbaiyán, Fiji, Filipinas, Indonesia, Japón, Malaisia, Nepal, Pakistán, Papua Nueva Guinea, Singapur, Sri Lanka, Sudán, Tailanda y Turquía (documentos de archivo de los autores).
[5]V. la práctica de Estados Unidos (citada en vol. II, cap. 40, párr. 273).
[6]Los cuatro Estados que indicaron que no habían puesto asesores jurídicos a disposición de las fuerzas armadas no objetaron a la existencia de esa obligación. En cualquier caso, como Partes en el Protocolo adicional I (1977), esos Estados están obligados a poner asesores jurídicos a disposición de las fuerzas armadas, y dos de los Estados se comprometieron a hacerlo en la XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. V. la práctica de Burkina Faso (ibíd., párrs. 263 y 264), Gambia (ibíd., párr. 265), Malawi (ibíd., párr. 269) y Níger (ibíd., párr. 271).