Norma 138. Ancianos, inválidos y enfermos mentales

Norma 138. Los ancianos, los inválidos y los enfermos mentales afectados por los conflictos armados tienen derecho a un respeto y protección especiales.
Volumen II, capítulo 39, sección E.
La práctica de los Estados establece esta regla como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales.
El reconocimiento del respeto y protección especiales debidos a los ancianos se expresa en varias disposiciones de los Convenios de Ginebra III y IV relativas a su evacuación y al trato que debe dispensarse a las personas privadas de libertad.[1] Esas disposiciones figuran en numerosos manuales militares,[2] incluidos los que se aplican a los conflictos armados no internacionales.[3] Aparecen, asimismo, en la legislación de algunos países.[4]
El Plan de acción para los años 2000-2003, aprobado por la XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en 1999, exige que todas las partes en un conflicto armado tomen medidas eficaces para asegurarse de que, en la conducción de las hostilidades, se haga todo lo posible por preservar la vida, proteger y respetar a la población civil, con medidas de protección particulares para los grupos especialmente vulnerables, como los ancianos.[5] En la Declaración y el Programa de Acción de Viena, aprobados por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en 1993, se pidió a los Estados y a las partes en los conflictos armados que observasen estrictamente el derecho internacional humanitario debido a la preocupación suscitada por las violaciones que afectaban a la población civil, en particular a los ancianos.[6]
No se ha hallado ninguna práctica oficial contraria en relación con conflictos armados internacionales o no internacionales.
El reconocimiento del respeto y protección especiales debidos a los inválidos y los enfermos mentales se expresa en varias disposiciones de los Convenios de Ginebra III y IV relativas a su evacuación y al trato que debe dispensarse a las personas privadas de libertad.[7] En el IV Convenio de Ginebra se establece que los inválidos “serán objeto de protección y de respeto particulares”.[8] El derecho de los inválidos a protección y asistencia se reconoce también en instrumentos referentes a los conflictos armados no internacionales.[9]
Muchos manuales militares exigen un respeto y una protección especiales para los inválidos y los enfermos mentales,[10] incluidos los que se aplican a los conflictos armados no internacionales.[11] Esta exigencia figura, asimismo, en la legislación de algunos países. [12]
El Plan de acción para los años 2000-2003, aprobado por la XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en 1999, exige que todas las partes en un conflicto armado tomen medidas efectivas para asegurarse de que, en la conducción de las hostilidades, se hace todo lo posible por preservar la vida, proteger y respetar a la población civil, con medidas de protección particulares para grupos especialmente vulnerables, como las personas con discapacidades.[13] En la Declaración y el Programa de Acción de Viena, aprobados por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en 1993, se pidió a los Estados y a las partes en los conflictos armados que observasen estrictamente el derecho internacional humanitario debido a la preocupación suscitada por las violaciones que afectaban a la población civil, en particular a los inválidos.[14]
No se ha hallado ninguna práctica oficial contraria en relación con conflictos armados internacionales o no internacionales.
La protección debida a los ancianos y los inválidos puede variar dependiendo de las circunstancias en las que se encuentren esas personas. Por ejemplo, en el IV Convenio de Ginebra se indica, como posibilidades para atender esta obligación, la creación de zonas de seguridad y la celebración de acuerdos para la evacuación de los ancianos, los inválidos y los enfermos mentales de zonas sitiadas o cercadas.[15] Otro modo de cumplir esta obligación es darles prioridad en las acciones de liberación y repatriación de detenidos heridos y enfermos.[16] Por lo que respecta a los inválidos, el Protocolo adicional I considera que la protección y atención debidas a los heridos y enfermos deben concederse también a las personas discapacitadas y “a otras personas que puedan estar necesitadas de asistencia o cuidados médicos inmediatos, como los inválidos [...] y que se abstengan de todo acto de hostilidad”.[17] Por lo tanto, gozan de los derechos expresados en el capítulo 34, incluidas una atención médica adecuada y prioridad de tratamiento en base a criterios médicos (véase la norma 110).
[1]III Convenio de Ginebra (1949), arts. 16, 44, 45 y 49 (ibíd., párr. 604); IV Convenio de Ginebra (1949), arts. 17, 27, 85 y 119 (ibíd., párrs. 603 y 604).
[2]V., v.g., los manuales militares de Argentina (ibíd., párr. 606), Australia (ibíd., párr. 607), Canadá (ibíd., párr. 608), Colombia (ibíd., párr. 609), El Salvador (ibíd., párrs. 610 y 611), España (ibíd., párr. 618), Estados Unidos (ibíd., párrs. 623 y 624), Filipinas (ibíd., párr. 617), Francia (ibíd., párrs. 612 y 613), Kenya (ibíd., párr. 614), Marruecos (ibíd., párr. 615), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 616), Reino Unido (ibíd., párrs. 621 y 622), Suecia (ibíd., párr. 619) y Suiza (ibíd., párr. 620).
[3]V., v.g., los manuales militares de Australia (ibíd., párr. 607), Colombia (ibíd., párr. 609), El Salvador (ibíd., párrs. 610 y 611), Filipinas (ibíd., párr. 617) y Kenya (ibíd., párr. 614).
[4]V., v.g., la legislación de Azerbaiyán (ibíd., párr. 625), Bangladesh (ibíd., párr. 626), Irlanda (ibíd., párr. 627), Noruega (ibíd., párr. 628) y Venezuela (ibíd., párr. 629).
[5]XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Res. 1 (aprobada por consenso) (ibíd., párr. 635).
[6]Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Declaración y Programa de Acción de Viena (ibíd., párr. 634).
[7] III Convenio de Ginebra (1949), arts. 16, 30, 44, 45, 49 y 110 (ibíd., párrs. 639, 640 y 644); IV Convenio de Ginebra (1949), arts. 16, 17, 21, 22, 27, 85, 119 y 127 (ibíd., párrs. 641 a 644).
[8]IV Convenio de Ginebra (1949), art. 16, primer párrafo (ibíd., párr. 638).
[9]V., v.g., Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and IHL in the Philippines (1998), Part III, art. 2(24) (ibíd., párr. 646).
[10]V., v.g., los manuales militares de Argentina (ibíd., párrs. 647 y 648), Australia (ibíd., párrs. 648 y 649), Canadá (ibíd., párr. 651), Colombia (ibíd., párr. 652), El Salvador (ibíd., párr. 653), España (ibíd., párr. 659), Estados Unidos (ibíd., párrs. 662 y 663), Francia (ibíd., párrs. 654 y 655), Madagascar (ibíd., párr. 656), Nigeria (ibíd., párr. 658), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 657), Reino Unido (ibíd., párr. 661) y Suiza (ibíd., párr. 660).
[11]V., v.g., los manuales militares de Australia (ibíd., párr. 648), Colombia (ibíd., párr. 652), El Salvador (ibíd., párr. 653), Madagascar (ibíd., párr. 656) y Nigeria (ibíd., párr. 658).
[12]V., v.g., la legislación de Azerbaiyán (ibíd., párr. 664), Bangladesh (ibíd., párr. 665), Irlanda (ibíd., párr. 666) y Noruega (ibíd., párr. 667).
[13]XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Res. 1 (aprobada por consenso) (ibíd., párr. 673).
[14]Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Declaración y Programa de Acción de Viena (ibíd., párr. 672).
[15]IV Convenio de Ginebra (1949), arts. 14 y 17 (ibíd., párrs. 603 y 642).
[16]III Convenio de Ginebra (1949), arts. 109 a 117; IV Convenio de Ginebra (1949), art. 132.
[17]Protocolo adicional I (1977), art. 8, apdo. a) (aprobado por consenso) (citado en vol. II, cap. 39, párr. 645).