Norma 136. Reclutamiento de niños 

Norma 136. Las fuerzas armadas o los grupos armados no deberán reclutar niños.
Volumen II, capítulo 39, sección C.
La práctica de los Estados establece esta regla como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales.
Los Protocolos adicionales I y II prohíben el reclutamiento de niños.[1] Esta prohibición figura, asimismo, en la Convención sobre los Derechos del Niño, la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño y el Convenio sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil.[2] Según el Estatuto de la Corte Penal Internacional, el hecho de “reclutar o alistar a niños” en fuerzas o grupos armados constituye un crimen de guerra tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales.[3] Este crimen de guerra se incluye, asimismo, en el Estatuto del Tribunal Especial para Sierra Leona.[4] En su informe sobre el establecimiento de un Tribunal Especial para Sierra Leona, el Secretario General de las Naciones Unidas declaró que las disposiciones del artículo 4 del Protocolo adicional II se consideran, desde hace mucho tiempo, como parte del derecho internacional consuetudinario.[5]
El reclutamiento de niños está prohibido por numerosos manuales militares,[6] incluidos algunos que son aplicables en los conflictos armados no internacionales.[7] Está también prohibido por la legislación de muchos países.[8]
No se ha hallado ninguna práctica oficial contraria. Las presuntas prácticas de reclutamiento de niños han sido condenadas, en general, por los Estados y las organizaciones internacionales, por ejemplo, en Burundi, Liberia, Myanmar, la República Democrática del Congo y Uganda.[9] En una resolución sobre los niños en los conflictos armados aprobada en 1999, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condenó categóricamente el reclutamiento de niños en violación del derecho internacional.[10] En una resolución aprobada en 1996 sobre la difícil situación de los niños africanos en los contextos de conflicto armado, el Consejo de Ministros de la OUA exhortó a todos los países de África, en particular a las partes beligerantes en los países inmersos en guerras civiles a “abstenerse de reclutar niños”.[11]
Las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de 1986 y 1995 aprobaron resoluciones en las que se subraya la prohibición de reclutar niños.[12] El Plan de acción para los años 2000-2003, aprobado por la XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en 1999, solicita que todas las partes en un conflicto armado se cercioren de que se toman todas las medidas oportunas, incluidas medidas de índole penal, para poner coto al reclutamiento de niños en fuerzas o grupos armados.[13]
Los Protocolos adicionales I y II, así como los estatutos de la Corte Penal Internacional y del Tribunal Especial para Sierra Leona sitúan en quince años el límite de edad para el reclutamiento en las fuerzas armadas o en grupos armados, al igual que la Convención sobre los Derechos del Niño.[14] Cuando ratificaron la Convención sobre los Derechos del Niño, Colombia, España, Países Bajos y Uruguay expresaron su desacuerdo con ese límite de edad, privilegiando un límite de dieciocho años para el reclutamiento.[15] En la XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja celebrada en 1999, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Guinea, Islandia, México, Mozambique, Noruega, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Tailandia y Uruguay se comprometieron a respaldar la elevación del límite de edad de reclutamiento a dieciocho años.[16] En esa misma Conferencia, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja declaró que proseguiría sus esfuerzos de conformidad con el Plan de Acción relativo a los niños afectados por los conflictos armados para promover el principio de no reclutamiento de niños menores de dieciocho años.[17] Dieciocho años es la edad establecida por el Convenio sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil,[18] así como por la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño, y apoyada por el Consejo de Ministros de la OUA en una resolución aprobada en 1996.[19]
Según el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, los Estados deben velar por que las personas que no hayan cumplido los dieciocho años de edad no sean reclutadas por la fuerza en las fuerzas armadas, mientras que los grupos armados que no pertenezcan a las fuerzas armadas de un Estado no deben, bajo ninguna circunstancia, reclutar a personas menores de dieciocho años.[20] El Secretario General de las Naciones Unidas ha anunciado una edad mínima obligatoria para los soldados que participan en las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas y ha pedido a los Estados que los soldados de sus contingentes nacionales sean, preferiblemente, mayores de veintiún años de edad y, en todo caso, mayores de dieciocho.[21]
Aunque todavía no hay una práctica uniforme con respecto a la edad mínima de reclutamiento, existe consenso acerca del hecho de que no debe ser inferior a quince años. Además, en el Protocolo adicional I y la Convención sobre los Derechos del Niño se señala que, cuando se reclute a personas entre quince y dieciocho años, se dé prioridad a las de mayor edad.[22]
[1]Protocolo adicional I (1977), art. 77, párr. 2 (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 379); Protocolo adicional II (1977), art. 4, párr. 3, apdo. c) (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 380).
[2]Convención sobre los Derechos del Niño (1989), art. 38, párr. 3 (ibíd., párr. 381); Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño (1990), art. 22, párr. 2 (ibíd., párr. 386); Convenio sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil (1999), arts. 1 y 3 (ibíd., párr. 388).
[3]Estatuto de la CPI (1998), art. 8, párr. 2, apdo. b), inciso xxvi) y apdo. e), inciso vii) (ibíd., párr. 387).
[4]Estatuto del Tribunal Especial para Sierra Leona (2002), art. 4 (ibíd., párr. 390).
[5]Secretario General de las Naciones Unidas, Informe sobre el establecimiento de un Tribunal Especial para Sierra Leona (ibíd., párr. 582).
[6]V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 399), Camerún (ibíd., párr. 395), España (ibíd., párr. 404), Estados Unidos (ibíd., párr. 405), Francia (ibíd., párr. 398), Kenya (ibíd., párr. 400), Nigeria (ibíd., párr. 403) y Países Bajos (ibíd., párr. 401).
[7]V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 399), Argentina (ibíd., párr. 394), Camerún (ibíd., párr. 395), Canadá (ibíd., párr. 396), Colombia (ibíd., párr. 397), España (ibíd., párr. 404), Francia (ibíd., párr. 398), Kenya (ibíd., párr. 400), Nigeria (ibíd., párr. 403) y Nueva Zelandia (ibíd., párr. 402).
[8]V., v.g., la legislación de Alemania (ibíd., párr. 419), Australia (ibíd., párr. 407), Azerbaiyán (ibíd., párr. 408), Bangladesh (ibíd., párr. 409), Belarús (ibíd., párrs. 410 y 411), Canadá (ibíd., párr. 413), Colombia (ibíd., párrs. 414 y 415), Congo (ibíd., párr. 416), España (ibíd., párr. 429), Filipinas (ibíd., párr. 428), Georgia (ibíd., párr. 418), Irlanda (ibíd., párr. 420), Jordania (ibíd., párr. 421), Malawi (ibíd., párr. 422), Malaisia (ibíd., párr. 423), Noruega (ibíd., párr. 427), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 426), Países Bajos (ibíd., párr. 425), Reino Unido (ibíd., párr. 432) y Ucrania (ibíd., párr. 431); v. también los proyectos de ley de Argentina (ibíd., párr. 406), Burundi (ibíd., párr. 412) y Trinidad y Tobago (ibíd., párr. 430).
[9]V., v.g., las declaraciones de Estados Unidos (ibíd., párr. 451) e Italia (ibíd., párr. 441); Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Res. 1071 (ibíd., párr. 454) y Res. 1083 (ibíd., párr. 454); Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Declaración del Presidente (ibíd., párr. 458); Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Res. 1998/63 (ibíd., párr. 460), Res. 1998/75 (ibíd., párr. 465) y Res. 1998/82 (ibíd., párr. 467).
[10]Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Res. 1261 (ibíd., párr. 455).
[11]OUA, Consejo de Ministros, Res. 1659 (LXIV) (ibíd., párr. 477).
[12]XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Res. IX (ibíd., párr. 481); XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Res. 2 (ibíd., párr. 482).
[13]XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Res. 1 (aprobado por consenso) ( ibíd., párr. 485).
[14] Protocolo adicional I (1977), art. 77, párr. 2 (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 502); Protocolo adicional II (1977), art. 4, párr. 3, apdo. c) (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 503); Estatuto de la CPI (1998), art. 8, párr. 2, apdo. b), inciso xxvi) y apdo. e), inciso vii) (ibíd., párr. 513); Estatuto del Tribunal Especial para Sierra Leona (2002), art. 4 (ibíd., párr. 515); Convención sobre los Derechos del Niño (1989), art. 38, párr. 3 (ibíd., párr. 381).
[15] Declaraciones y reservas realizadas cuando ratificaron la Convención sobre los Derechos del Niño por Colombia (ibíd., párr. 382), España (ibíd., párr. 384), Países Bajos (ibíd., párr. 383) y Uruguay (ibíd., párr. 385).
[16] Promesas realizadas en la XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja por Canadá (ibíd., párr. 435), Dinamarca (ibíd., párr. 437), Finlandia (ibíd., párr. 438), Guinea (ibíd., párr. 439), Islandia (ibíd., párr. 440), México (ibíd., párr. 442), Mozambique (ibíd., párr. 443), Noruega (ibíd., párr. 444), Sudáfrica (ibíd., párr. 446), Suecia (ibíd., párr. 447), Suiza (ibíd., párr. 448), Tailanda (ibíd., párr. 450) y Uruguay (ibíd., párr. 453).
[17] XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Res. 1 (aprobada por consenso) (ibíd., párr. 485).
[18] Convenio sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil (1999), arts. 2 y 3, apdo. a) (ibíd., párr. 388).
[19] Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño (1990), art. 2; OUA, Consejo de Ministros, Res. 1659 (LXIV) (ibíd., párr. 477).
[20] Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados (2000), arts. 2 y 4 (ibíd., párr. 389).
[21] Secretario General de las Naciones Unidas, Informe al Consejo de Seguridad sobre la protección de los civiles en los conflictos armados (ibíd., párr. 472).
[22]Protocolo adicional I (1977), art. 77, párr. 2 (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 379); Convención sobre los Derechos del Niño (1989), art. 38, párr. 3 (ibíd., párr. 381).