Nota: El derecho internacional humanitario otorga a las mujeres la misma protección que a los hombres, ya sean combatientes, personas civiles o personas fuera de combate. Todas las normas enunciadas en el presente estudio se aplican, pues, tanto a los hombres como a las mujeres sin discriminación. Sin embargo, el derecho internacional humanitario reconoce las necesidades y vulnerabilidades específicas de la mujer y prevé diversos derechos y medidas de protección particulares para ella. Esta norma expresa algunos de esos derechos y protecciones adicionales.[1]
Norma 134. Deberán respetarse las necesidades específicas de las mujeres afectadas por los conflictos armados en materia de protección, salud y asistencia.
Volumen II, capítulo 39, sección A.
La práctica de los Estados establece esta regla como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales. La práctica reunida en relación con las necesidades específicas de las mujeres se ve apoyada tanto por la práctica específica relativa a la prohibición de la violencia sexual (véase la norma 93) y la obligación de recluir a las mujeres privadas de libertad separadamente de los hombres (véase la norma 119), como por el destacado lugar que ocupan los derechos de la mujer en el derecho de los derechos humanos, y debe considerarse a la luz de estos elementos.
La norma que establece la obligación de respetar las necesidades específicas de las mujeres afectadas por los conflictos armados se deriva de las disposiciones que figuran en los cuatro Convenios de Ginebra.[2] El IV Convenio de Ginebra, por ejemplo, dispone que: “Se tratará a las mujeres con las consideraciones debidas a su sexo”. En el Protocolo adicional I se expresa que: “las mujeres serán objeto de un respeto especial”.[3]
Muchos manuales militares hacen referencia a la obligación de respetar las necesidades específicas de las mujeres afectadas por los conflictos armados.[4] La legislación de algunos países tipifica como delito la violación de esta obligación.[5] Respaldan, asimismo, esta obligación diversas declaraciones oficiales.[6] Esta práctica, que se inspira en la terminología empleada en los Convenios de Ginebra y el Protocolo adicional I, suele expresarse en términos de protección especial o de respeto especial de los que deben gozar las mujeres, o utilizar expresiones como el trato que debe dárseles “con la debida consideración hacia su sexo” o “con todas las consideraciones debidas a su sexo”, u otras frases análogas. La redacción de esta norma, es decir, que deben respetarse las necesidades específicas de las mujeres, se basa en el significado de esas expresiones.
Aunque el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra y el Protocolo adicional II no contienen una norma general que estipule que deben respetarse las necesidades específicas de las mujeres, esos instrumentos mencionan aspectos concretos de esta norma al exigir que se respete la persona y su honor, prohibiendo los atentados contra la vida, la salud y la integridad física y mental, los atentados contra la dignidad personal, incluidos los tratos humillantes y degradantes, la violación, la prostitución forzada y toda forma de atentado al pudor, y exigiendo que se separe a los hombres y las mujeres detenidos.[7] Estas normas específicas revelan una preocupación similar por la suerte que corren las mujeres en los conflictos armados no internacionales.
La exigencia de que se respeten las necesidades específicas de las mujeres se incluye en varios manuales militares que son aplicables, o se han aplicado, en conflictos armados no internacionales.[8] La legislación de algunos países tipifica como delito la violación de esta obligación.[9] Además, la obligación de respetar las necesidades especiales de las mujeres se expresa en otros instrumentos referentes, asimismo, a los conflictos armados no internacionales.[10]
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el ECOSOC y la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas no distinguen entre conflictos internacionales y no internacionales con respecto a la protección debida a las mujeres en los conflictos armados.[11] El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por ejemplo, ha pedido que se respeten las necesidades específicas de las mujeres en el contexto de algunos conflictos concretos, como el de Afganistán, pero también en general.[12] En una resolución aprobada en 2000 sobre la protección de los civiles en los conflictos armados, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas expresó su profunda preocupación por “las consecuencias especiales que los conflictos armados producen en las mujeres” y reafirmó “la importancia de atender plenamente a sus necesidades especiales de protección y asistencia”.[13] En el Boletín del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la observancia del derecho internacional humanitario por las fuerzas de las Naciones Unidas se establece que: “Las mujeres serán objeto de protección especial contra todo ataque”.[14] La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, con inclusión de sus causas y consecuencias, y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer han expresado su preocupación por la violación de los derechos de las mujeres en los conflictos armados internacionales y no internacionales.[15] En 1992, el Comité declaró que la violencia contra la mujer menoscaba o anula “[e]l derecho a protección en condiciones de igualdad con arreglo a normas humanitarias en tiempo de conflicto armado internacional o interno”.[16]
El Plan de acción para los años 2000-2003, aprobado por la XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en 1999, pidió “medidas particulares de protección para las mujeres y las niñas”.[17]
Las necesidades específicas de las mujeres pueden diferir según la situación en la que se encuentren —en el hogar o detenidas o desplazadas como consecuencia del conflicto— pero deben respetarse en todas las situaciones. La práctica ofrece numerosas referencias a la necesidad específica de las mujeres de ser protegidas contra todas las formas de violencia sexual, por ejemplo mediante la separación de los hombres y las mujeres privados de libertad (véase la norma 119). Aunque la prohibición de la violencia sexual se aplica por igual a hombres y mujeres, en la práctica las mujeres se ven mucho más afectadas por este tipo de violencia durante los conflictos armados (véase también el comentario de la norma 93).
En la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja se indicó que otras necesidades específicas de las mujeres requerían medidas “a fin de que las mujeres víctimas de conflictos reciban asistencia médica, psicológica y social”.[18] Análogamente, en un informe a la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1999, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer pidió a los Estados que velasen por que “las mujeres en circunstancias especialmente difíciles, como las que se encuentren en situaciones de conflicto armado y las refugiadas, reciban suficiente protección y servicios de salud, incluidos el tratamiento de los traumas y la orientación pertinente”.[19]
Un ejemplo específico del respeto de las necesidades específicas de las mujeres es la obligación de tratar con especial atención a las mujeres embarazadas y a las madres con hijos de corta edad, en particular las madres lactantes. Esta obligación se expresa en todo el IV Convenio de Ginebra, así como en el Protocolo adicional I.[20] Estas disposiciones exigen una especial atención a las mujeres embarazadas y a las madres con hijos de corta edad por lo que respecta al abastecimiento de alimentos y ropa, la prestación de asistencia sanitaria y la evacuación y el transporte. Esas obligaciones se expresan en muchos manuales militares,[21] así como en la legislación de algunos países.[22]
El Protocolo adicional I establece que la protección y la asistencia debida a los heridos y los enfermos se aplican también a las parturientas y “otras personas que puedan estar necesitadas de asistencia o cuidados médicos inmediatos, como [...] las mujeres encintas”.[23] Esas personas gozan, pues, de los derechos indicados en el capítulo 34, incluidas la asistencia sanitaria y la prioridad de tratamiento en base a criterios médicos (véase la norma 110).
En el Protocolo adicional I se solicita a las partes en conflicto que hagan todo lo posible por evitar pronunciar la pena capital contra las mujeres embarazadas o con niños de corta edad a su cargo por delitos relacionados con el conflicto armado. Además, la pena capital por esos delitos no puede ejecutarse en ese caso.[24] El Protocolo adicional II prohíbe que se pronuncie la pena capital contra mujeres embarazadas o con hijos de corta edad.[25] Estas normas se establecen, asimismo, en algunos manuales militares.[26]
La prohibición de ejecutar a mujeres embarazadas condenadas a muerte se expresa también en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.[27]
[1] Para un estudio exhaustivo sobre los efectos de los conflictos armados en las mujeres, véase Charlotte Lindsey, Las mujeres ante la guerra, CICR, Ginebra, 2002.
[2] I Convenio de Ginebra (1949), art. 12, cuarto párrafo (citado en vol. II, cap. 39, párr. 1); II Convenio de Ginebra (1949), art. 12, cuarto párrafo (ibíd., párr. 1); III Convenio de Ginebra (1949), art. 14, segundo párrafo (ibíd., párr. 2); IV Convenio de Ginebra (1949), art. 27, segundo párrafo (ibíd., párr. 3).
[3] Protocolo adicional I (1977), art. 76, párr. 1 (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 5).
[4] V., v.g., los manuales militares de Argentina (ibíd., párr. 15), Australia (ibíd., párrs. 16 y 17), Benin (ibíd., párr. 18), Canadá (ibíd., párr. 20), Ecuador (ibíd., párr. 21), El Salvador (ibíd., párrs. 22 y 23), España (ibíd., párr. 33), Estados Unidos (ibíd., párrs. 38 a 40), Filipinas (ibíd., párr. 32), Francia ( ibíd., párr. 24), India ( ibíd. , párr. 25), Indonesia ( ibíd., párr. 26), Madagascar ( ibíd., párr. 27), Marruecos (ibíd. , párr. 28), Nigeria ( ibíd. , párr. 31), Nueva Zelandia (ibíd. , párr. 30), Países Bajos ( ibíd., párr. 29), Reino Unido (ibíd., párr. 37), Suecia ( ibíd., párr. 34), Suiza ( ibíd., párr. 35), Togo ( ibíd., párr. 36) y Yugoslavia (ibíd., párr. 41).
[5] V., v.g., la legislación de Azerbaiyán (ibíd., párr. 43), Bangladesh (ibíd., párr. 44), Irlanda (ibíd., párr. 45), Noruega (ibíd., párr. 46) y Venezuela (ibíd., párr. 47); v. también el proyecto de ley de Argentina (ibíd., párr. 42).
[6] V., v.g., la declaración de Estados Unidos (ibíd., párr. 50).
[7] Convenios de Ginebra (1949), art. 3 común; Protocolo adicional II (1977), arts. 4 y 5 (aprobados por consenso).
[8] V., v.g., los manuales militares de Australia (citado en vol. II, cap. 39, párr. 16), Benin (ibíd., párr. 18), Ecuador (ibíd., párr. 21), El Salvador (ibíd., párrs. 22 y 23), Filipinas (ibíd., párr. 32), India (ibíd., párr. 25), Madagascar (ibíd., párr. 27), Togo (ibíd., párr. 36) y Yugoslavia (ibíd., párr. 41).
[9] V., v.g., la legislación de Azerbaiyán (ibíd., párr. 43) y Venezuela (ibíd., párr. 47); v. también el proyecto de ley de Argentina (ibíd., párr. 42).
[10] V., v.g., Memorandum of Understanding on the Application of IHL between Croatia and the SFRY (1991), párr. 4 (ibíd., párr. 12); Agreement on the Application of IHL between the Parties to the Conflict in Bosnia and Herzegovina (1992), párr. 2.3, apdo. 2) (ibíd., párr. 13).
[11] V., v.g., Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Res. 1325 (ibíd., párr. 55); ECOSOC, Res. 1998/9 (ibíd., párr. 58); Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Res. 1998/70 (ibíd., párr. 60).
[12] V., v.g., Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Res. 1076 (ibíd., párr. 51), Res. 1193 y 1214 (ibíd., párr. 52), Res. 1261 (ibíd., párr. 53), Res. 1333 (ibíd., párr. 56) y Declaración del Presidente (ibíd., párr. 57).
[13] Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Res. 1296 (ibíd., párr. 54).
[14] Boletín del Secretario General de las Naciones Unidas, sección 7.3 (ibíd., párr. 14).
[15] V., v.g., Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, informes presentados por la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, con inclusión de sus causas y consecuencias (ibíd., párrs. 61 y 62); Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, informes a la Asamblea General de las Naciones Unidas (ibíd., párrs. 70 a 72).
[16] Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación General n.° 19 (Violencia contra la mujer) (ibíd., párr. 68).
[17]XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Res. 1 (aprobada por consenso) (ibíd., párr. 67).
[18]XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Res. 2 (ibíd., párr. 66).
[19]Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Informe a la Asamblea General de las Naciones Unidas (ibíd., párr. 71).
[20]V. IV Convenio de Ginebra (1949), arts. 16 a 18, 21 a 23, 38, 50, 89, 91 y 127 (ibíd., párrs. 76 a 80); Protocolo adicional I (1977), art. 70, párr. 1 (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 81) y art. 76, párr. 2 (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 82).
[21] V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 94), Argentina (ibíd., párrs. 86 y 87), Australia (ibíd., párr. 88), Canadá (ibíd., párr. 90), Colombia (ibíd., párr. 91), España (ibíd., párr. 101), Estados Unidos (ibíd., párrs. 105 y 106), Francia (ibíd., párrs. 92 y 93), Kenya (ibíd., párr. 95), Madagascar (ibíd., párr. 96), Nigeria (ibíd., párrs. 99 y 100), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 98), Países Bajos (ibíd., párr. 97), Reino Unido (ibíd., párrs. 103 y 104) y Suiza (ibíd., párr. 102).
[22] V., v.g., la legislación de Azerbaiyán (ibíd., párr. 107), Bangladesh (ibíd., párr. 108), Filipinas (ibíd., párr. 111), Irlanda (ibíd., párr. 109) y Noruega (ibíd., párr. 110).
[23] Protocolo adicional I (1977), art. 8, apdo. a) (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 83).
[24] Protocolo adicional I (1977), art. 76, párr. 3 (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 120).
[25] Protocolo adicional II (1977), art. 6, párr. 4 (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 121).
[26] V., v.g., los manuales militares de Argentina (ibíd., párr. 124), Canadá (ibíd., párr. 125), España (ibíd., párr. 128), Nigeria (ibíd., párr. 127) y Nueva Zelandia (ibíd., párr. 126).
[27] Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), art. 6, párr. 5 (ibíd., párr. 118); Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), art. 4, párr. 5 (ibíd., párr. 119).