Norma 133. Derechos de propiedad de las personas desplazadas

Norma 133. Deberán respetarse los derechos de propiedad de las personas desplazadas.
Volumen II, capítulo 38, sección E.
La práctica de los Estados establece esta regla como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales.
La cuestión de los derechos de propiedad de las personas desplazadas en conflictos recientes ha suscitado especial atención, sobre todo en el contexto del conflicto de la antigua Yugoslavia, pero también de los de Afganistán, Chipre, Colombia, Georgia y Mozambique. En todos los casos, se ha reafirmado esta norma y se ha condenado su violación.
El respeto de los derechos de propiedad de las personas desplazadas por lo que respecta a los bienes que han quedado abandonados se confirma en diversos acuerdos.[1] Los Principios rectores de los desplazamientos internos disponen que: “La propiedad y las posesiones que hayan abandonado los desplazados internos serán objeto de protección contra la destrucción y la apropiación, ocupación o uso arbitrarios e ilegales”.[2]
Los tres tratados regionales de derechos humanos garantizan el derecho de propiedad, que está sujeto a las restricciones impuestas por el interés público.[3] El hecho de privar arbitrariamente de sus bienes a las personas desplazadas constituiría una violación de este derecho. Por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el asunto de Loizidou c. Turquía, en 1996, y la Cámara de Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos para Bosnia y Herzegovina en el asunto Turundzic, en 2001, sostuvieron que se había violado el derecho a respetar el disfrute pacífico de la propiedad de las personas desplazadas.[4]
En el contexto de los conflictos en la antigua Yugoslavia, se ha señalado, en diversos tratados y otros instrumentos, que las declaraciones y los compromisos relativos a los derechos de propiedad realizados bajo coacción son nulos y sin efectos.[5] Así se ha afirmado, asimismo, en resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad, la Asamblea General y la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.[6] En el Acuerdo relativo a los refugiados y las personas desplazadas que figura en anexo a los acuerdos de Dayton se establece que: “Todos los refugiados y las personas desplazadas tendrán derecho [...] a que se les restituyan los bienes de los que hubieran sido privados en el curso de las hostilidades desde 1991 y a que se les pague una indemnización a cambio de los bienes que no se les pueda restituir”.[7]
Tras ser condenadas por no cumplir esta disposición, en particular por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 1996, la Federación de Bosnia y Herzegovina y la República Srpska promulgaron nuevas leyes para salvaguardar los derechos de propiedad de las personas desplazadas.[8]
En cumplimiento del Acuerdo relativo a los refugiados y las personas desplazadas que figura en anexo a los acuerdos de Dayton, se creó una Comisión independiente encargada de las reclamaciones relativas a bienes inmuebles para recibir “reclamaciones relativas a bienes inmuebles en Bosnia Herzegovina, y [decidir] al respecto, en los casos en que los bienes no se hayan vendido voluntariamente o traspasado de otro modo desde el 1° de abril de 1992 y el reclamante no disfrute actualmente de la posesión de dichos bienes”.[9] Tras el conflicto de Kosovo, se constituyó una comisión similar. También hubo críticas con respecto a la aplicación por Croacia del Acuerdo relativo a los refugiados y las personas desplazadas que figura en anexo a los acuerdos de Dayton. En particular, en una resolución aprobada en 1995, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas exhortó a Croacia a levantar “los plazos impuestos a los refugiados para su retorno a Croacia con objeto de reclamar sus bienes”.[10] En una carta posterior, Croacia informó al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de que la legislación que regía los derechos de propiedad de los refugiados y los desplazados internos había sido modificada y que se había anulado el plazo para el retorno de las personas que habían abandonado sus bienes.[11]
La ley colombiana para la protección de los desplazados internos reconoce que las personas desplazadas tienen derecho a conservar la propiedad y posesión de los bienes abandonados.[12] Su Corte Constitucional emitió una sentencia en ese sentido en 1996.[13]
Aparte de las leyes y los procedimientos específicos para garantizar el respeto de los derechos de propiedad de las personas desplazadas, cabe señalar también que la legislación de la mayoría, si no de la totalidad, de los países del mundo garantiza algún tipo de protección contra la apropiación arbitraria o ilícita de bienes que puede considerarse un principio general de derecho. Por ello, la protección de los derechos de propiedad debe aplicarse normalmente a través del sistema judicial nacional, sobre la base de la legislación interna.
Las presuntas violaciones de esta norma han sido condenadas, en particular por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con respecto a Croacia y por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con respecto a Bosnia y Herzegovina.[14] La Comisión de Derechos Humanos condenó las violaciones de los derechos de propiedad de las personas desplazadas porque “socavan el principio del derecho a regresar”.[15] La Subcomisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó el mismo punto de vista en una resolución de 1998 sobre la restitución de la vivienda y de los bienes en el contexto del regreso de los refugiados y los desplazados internos.[16] El hecho de que las violaciones de los derechos de propiedad puedan impedir la aplicación del derecho de retorno (véase la norma 132) reafirma, aun más, el carácter consuetudinario de esta norma.
[1] Acuerdo General de Paz para Mozambique (1992), art. IV(e) (ibíd., párr. 961); Acuerdo de Paz Afgano (1993), párr. 6 (ibíd., párr. 962); Acuerdo cuatripartito sobre el regreso voluntario de los refugiados y las personas desplazadas (1994), párr. 3, apdo. g) (ibíd., párr. 957); Acuerdo relativo a los refugiados y las personas desplazadas adjunto a los acuerdos de Dayton (1995), art. I, apdo. 1) (ibíd., párr. 958); Agreement on the Normalisation of Relations between Croatia and the FRY, art. 7 (ibíd., párr. 963).
[2] Principios rectores de los desplazamientos internos (1998), Principio 21, párr. 3 (ibíd., párr. 918).
[3] Primer Protocolo a la Convención Europea de Derechos Humanos, art. 1 (ibíd., párr. 914); Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), art. 21, párr. 1) (ibíd., párr. 915); Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos (1981), art. 14 (ibíd., párr. 906).
[4] Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Loizidou v. Turkey, fallo (fondo), 18 de diciembre de 1996, párr. 64; Bosnia y Herzegovina, Comisión de Derechos Humanos (Cámara de Derechos Humanos), Turundzic case (citado en vol. II, cap. 38, párr. 967).
[5] V., v.g., Acuerdo relativo a los refugiados y las personas desplazadas adjunto a los acuerdos de Dayton (1995), art. 12, párr. 3 (ibíd., párr. 936); Recommendation on the Tragic Situation of Civilians in Bosnia and Herzegovina, párr. 4, apdo. c) (ibíd., párr. 937); Joint Declaration by the Presidents of the FRY and Croatia (septiembre de 1992), párr. 6 (ibíd., párr. 938).
[6] V., v.g., Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Res. 779 y 820 (ibíd., párr. 943), Res. 941 y Res. 947 (ibíd., párr. 944); Asamblea General de las Naciones Unidas, Res. 48/153 y 49/196 (ibíd., párr. 945), Res. 49/10 (ibíd., párr. 946), Res. 50/193 (ibíd., párr. 947) y Res. 55/24 (ibíd., párr. 948); Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Res. 1992/S-2/1, 1994/72, 1994/75 y 1995/89 (ibíd., párr. 949).
[7] Acuerdo relativo a los refugiados y las personas desplazadas adjunto a los acuerdos de Dayton (1995), art. I, apdo. 1) (ibíd., párr. 958).
[8]V. Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Res. 1996/71 (ibíd., párr. 979); Bosnia y Herzegovina, Federación, Law on Sale of Apartments with Occupancy Rights (ibíd., párr. 920), Law on Cessation of the Application of the Law on Temporary Abandoned Real Property Owned by Citizens (ibíd., párr. 920) y Law on the Cessation of the Application of the Law on Abandoned Apartments ( ibíd. , párr. 920); Bosnia y Herzegovina, República Srpska, Law on the Cessation of the Application of the Law on the Use of Abandoned Property (ibíd., párr. 921).
[9]Acuerdo relativo a los refugiados y las personas desplazadas adjunto a los acuerdos de Dayton (1995), arts. VII y XI (ibíd., párr. 959).
[10]Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Res. 1019 (ibíd., párr. 972).
[11]Croacia, Carta al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ibíd., párr. 969).
[12]Colombia, Ley 387, de 1997, para la protección de los desplazados internos (ibíd., párr. 922).
[13]Colombia, Corte Constitucional, Sentencia n.° C-092 (ibíd., párr. 923).
[14]Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Declaración del Presidente (ibíd., párr. 925); Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Res. 1996/71 (ibíd., párr. 926) y Res. 1998/26 (ibíd., párr. 927).
[15]Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Res. 1996/71 ( ibíd., párr. 926).
[16]Subcomisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Res. 1998/26 (ibíd., párr. 927).