Norma 130. Traslado de población civil de los Estados a un territorio ocupado por ellos 

Norma 130. Los Estados no pueden deportar o trasladar partes de su población civil a un territorio ocupado por ellos.
Volumen II, capítulo 38, sección B.
La práctica de los Estados establece esta regla como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable en los conflictos armados internacionales.
La prohibición de deportar o trasladar partes de la población civil del propio Estado a un territorio ocupado por él se establece en el IV Convenio de Ginebra.[2] Constituye una infracción grave del Protocolo adicional I.[3] En virtud del Estatuto de la Corte Penal Internacional, “[e]l traslado, directa o indirectamente, por la Potencia ocupante de parte de su población civil al territorio que ocupa” constituye un crimen de guerra en los conflictos armados internacionales.[4]
Muchos manuales militares prohíben que una parte en conflicto deporte o traslade partes de su población civil a un territorio ocupado por ella.[5] Esta norma se incluye en la legislación de numerosos países.[6] Diversas declaraciones oficiales y la práctica reseñada corroboran la prohibición de trasladar a la propia población civil a un territorio ocupado.[7]
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha condenado los actos tendentes a modificar la composición demográfica de un territorio ocupado.[8] En 1992, pidió que cesaran los esfuerzos por cambiar la composición étnica de la población en toda la antigua Yugoslavia.[9] Análogamente, la Asamblea General y la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas han condenado las prácticas de asentamiento.[10] Según el informe final del Relator Especial sobre las consecuencias del traslado de poblaciones, incluidos la implantación de colonos y los asentamientos, en el disfrute de los derechos humanos, “el asentamiento de colonos” es ilegal y compromete la responsabilidad del Estado y la responsabilidad individual.[11]
En 1981, la XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja reafirmó que “los asentamientos en los territorios ocupados son incompatibles con los artículos 27 y 49 del IV Convenio de Ginebra”.[12]
En el juicio contra los grandes criminales de guerra, en 1946, el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg declaró a dos de los acusados culpables de intentar “germanizar” los territorios ocupados.[13]
[2]IV Convenio de Ginebra (1949), art. 49, sexto párrafo (ibíd., párr. 334).
[3]Protocolo adicional I (1977), art. 85, párr. 4, apdo. a) (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 335).
[4]Estatuto de la CPI (1998), art. 8, párr. 2, apdo. b), inciso viii) (ibíd., párr. 336).
[5]V., v.g., los manuales militares de Argentina (ibíd., párrs. 346 y 347), Australia (ibíd., párr. 348), Canadá (ibíd., párr. 349), Croacia (ibíd., párr. 350), España (ibíd., párr. 355), Estados Unidos (ibíd., párr. 359), Hungría (ibíd., párr. 351), Italia (ibíd., párr. 352), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 354), Países Bajos (ibíd., párr. 353), Reino Unido (ibíd., párr. 358), Suecia (ibíd., párr. 357) y Suiza (ibíd., párr. 357).
[6]V., v.g., la legislación de Alemania (ibíd., párr. 379), Armenia (ibíd., párr. 361), Australia (ibíd., párrs. 362 y 363), Azerbaiyán (ibíd., párrs. 364 y 365), Bangladesh (ibíd., párr. 366), Belarús (ibíd., párr. 367), Bélgica (ibíd., párr. 368), Bosnia y Herzegovina (ibíd., párr. 369), Canadá (ibíd., párrs. 371 y 372), Chipre (ibíd., párr. 376), Congo (ibíd., párr. 373), Croacia (ibíd., párr. 375), Eslovaquia (ibíd., párr. 392), Eslovenia (ibíd., párr. 393), España (ibíd., párr. 394), Georgia (ibíd., párr. 380), Irlanda (ibíd., párr. 381), Islas Cook (ibíd., párr. 374), Malí (ibíd., párr. 384), Moldova (ibíd., párr. 385), Níger (ibíd., párr. 390), Noruega (ibíd., párr. 391), Nueva Zelandia (ibíd., párrs. 387 y 388), Países Bajos (ibíd., párr. 386), Reino Unido (ibíd., párrs. 397 y 398), República Checa (ibíd., párr. 377), Tayikistán (ibíd., párr. 395), Yugoslavia (ibíd., párr. 399) y Zimbabwe (ibíd., párr. 400); v. también los proyectos de ley de Argentina (ibíd., párr. 360), Burundi (ibíd., párr. 370), Jordania (ibíd., párr. 382), Líbano (ibíd., párr. 383) y Trinidad y Tobago (ibíd., párr. 396).
[7] V., v.g., las declaraciones de Estados Unidos (ibíd., párrs. 406 y 407) y Kuwait (ibíd., párr. 405), así como la practica referida de Egipto (ibíd., párr. 402) y Francia (ibíd., párr. 403).
[8]V., v.g., Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Res. 446, 452 y 476 (ibíd., párr. 408), Res. 465 (ibíd., párr. 409) y Res. 677 (ibíd., párr. 410).
[9]Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Res. 752 (ibíd., párr. 411).
[10]V., v.g., Asamblea General de las Naciones Unidas, Res. 36/147 C, 37/88 C, 38/79 D, 39/95 D y 40/161 D (ibíd., párr. 412) y Res. 54/78 (ibíd., párr. 405); Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Res. 2001/7 (ibíd., párr. 413).
[11]Subcomisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Final report of the Special Rapporteur on the Human Rights Dimensions of Population Transfer, including the Implantation of Settlers and Settlements (ibíd., párr. 415).
[12]XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Res. III (ibíd., párr. 419).
[13]International Tribunal Militar de Nuremberg, Case of the Major War Criminals, fallo (ibíd., párr. 421).