Norma 129. Locales de detención de los niños privados de libertad 

Nota: El presente capítulo trata del desplazamiento forzado de personas civiles por razones relacionadas con un conflicto armado, ya sea dentro o fuera de las fronteras del territorio nacional. Por lo tanto, abarca el trato dado tanto a los desplazados internos como a las personas que han cruzado una frontera internacional (refugiados). La única excepción es la norma 130, que abarca tanto los desplazamientos forzados como los traslados voluntarios de población en un territorio ocupado.
Norma 129.A. Las partes en un conflicto armado internacional no pueden deportar o trasladar a la fuerza a toda la población civil de un territorio ocupado, o a parte de ella, a no ser que lo exijan la seguridad de la población civil o razones militares imperiosas.B. Las partes en un conflicto armado no internacional no pueden ordenar el desplazamiento, total o parcial, de la población civil por razones relacionadas con el conflicto, a no ser que lo exijan la seguridad de la población civil o razones militares imperiosas.
Volumen II, capítulo 38, sección A.
La práctica de los Estados establece estas reglas como normas de derecho internacional consuetudinario aplicables en los conflictos armados internacionales (A) y no internacionales (B) respectivamente.
La prohibición de deportar o trasladar a personas civiles se remonta al Código de Lieber, que establece que “los ciudadanos no serán [...] trasladados a lugares alejados”.[1] Según el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, “la deportación para realizar trabajos forzados o para otros objetivos en relación con la población civil de un territorio ocupado o en dicho territorio” constituye un crimen de guerra.[2]
La prohibición de trasladar o deportar a personas civiles se establece en el IV Convenio de Ginebra.[3] Además, según el IV Convenio de Ginebra y el Protocolo adicional I, el hecho de deportar o trasladar a la población civil de un territorio ocupado, a no ser que lo exijan la seguridad de la población o razones militares imperiosas, es una infracción grave de estos instrumentos.[4] Según el Estatuto de la Corte Penal Internacional, “la deportación o el traslado [por la Potencia ocupante] de la totalidad o parte de la población del territorio ocupado, dentro o fuera de ese territorio” constituye un crimen de guerra en los conflictos armados internacionales.[5]
En numerosos manuales militares se especifica la prohibición de la deportación ilícita de personas civiles en un territorio ocupado.[6] La legislación de muchos países tipifica como delito ese tipo de deportaciones o traslados.[7] Existe jurisprudencia relacionada con la II Guerra Mundial que corrobora esta prohibición.[8] La confirman, asimismo, diversas declaraciones oficiales y muchas resoluciones aprobadas por organizaciones internacionales, que condenan incluso los presuntos casos de deportación y traslado.[9]
Sin embargo, el Tribunal Supremo de Israel ha señalado en varias ocasiones que no estaba previsto que el artículo 49 del IV Convenio de Ginebra se aplicase a la deportación de personas concretas por razones de seguridad y orden públicos[10], o que el artículo 49 no formaba parte del derecho internacional consuetudinario, de modo que las órdenes de deportación contra determinados ciudadanos no incumplían la legislación interna de Israel.[11]
La prohibición de desplazar a la población civil en los conflictos armados no internacionales se establece en el Protocolo adicional II.[12] Según el Estatuto de la Corte Penal Internacional, “[o]rdenar el desplazamiento de la población civil por razones relacionadas con el conflicto, a menos que así lo exija la seguridad de los civiles de que se trate” constituye un crimen de guerra en los conflictos armados no internacionales.[13] Esta norma figura en otros instrumentos referentes, asimismo, a los conflictos armados no internacionales.[14] Cabe señalar también que, según los estatutos de los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia y Rwanda, y de la Corte Penal Internacional, la deportación o el traslado de la población civil constituye un crimen de lesa humanidad.[15]
La norma que prohíbe desplazar por la fuerza a la población civil se incluye también en varios manuales militares que son aplicables, o se han aplicado, en conflictos armados no internacionales.[16] La legislación de muchos países tipifica como delito la violación de esta norma.[17] Diversas declaraciones oficiales y la práctica referida en el contexto de los conflictos armados no internacionales corroboran, asimismo, esta prohibición.[18]
En una resolución sobre los principios básicos para la protección de la población civil en los conflictos armados, aprobada en 1970, la Asamblea General de las Naciones Unidas afirmó que: “Las poblaciones civiles o las personas que las componen no deberán ser objeto de [...] traslados forzosos”.[19] En una resolución sobre la protección de la mujer y el niño en estados de emergencia o de conflicto armado, aprobada en 1974, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró que: “Se considerarán actos criminales [.] el desalojo forzoso, que cometan los beligerantes en el curso de operaciones militares o en territorios ocupados”.[20] El Consejo de Seguridad, la Asamblea General y la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas han condenado los desplazamientos forzados en conflictos armados internacionales, así como en conflictos armados no internacionales, por ejemplo, en el contexto de los conflictos de Bosnia y Herzegovina, Burundi y Sudán.[21]
La XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja aprobó dos resoluciones en las que insistía en la prohibición del desplazamiento forzado de la población civil.[22] El CICR ha exhortado a las partes en los conflictos armados, tanto internacionales como no internacionales, a respetar esta norma.[23]
Tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales, la práctica de los Estados establece una excepción a la prohibición del desplazamiento en los casos en que lo exija la seguridad de las personas civiles o haya razones militares imperiosas (como el desalojo de una zona de combate) que requieran la evacuación, siempre y cuando se den las condiciones necesarias para ello. Esta excepción figura en el IV Convenio de Ginebra y el Protocolo adicional II.[24] La posibilidad de la evacuación se expresa, asimismo, en numerosos manuales militares[25] y en la legislación de muchos países.[26]
Los Principios rectores de los desplazamientos internos prohíben los desplazamientos “arbitrarios” de personas, cuya definición comprende el desplazamiento en situaciones de conflicto armado, “a menos que así lo requiera la seguridad de la población civil afectada o razones militares imperativas”.[27] La excepción de las “razones militares imperativas” no incluye, en ningún caso, el desalojo de la población civil con fines de persecución.[28]
En el IV Convenio de Ginebra se precisa, además, que las evacuaciones pueden no incluir el desplazamiento fuera de los límites del territorio ocupado “excepto en casos de imposibilidad material”.[29] Por lo que respecta a los conflictos armados no internacionales, el Protocolo adicional II puntualiza que las evacuaciones no pueden consistir, en ningún caso, en un desplazamiento fuera del territorio nacional.[30]
La práctica de los Estados subraya también el deber de las partes en un conflicto de evitar los desplazamientos causados por sus propios actos, al menos por aquellos actos que están prohibidos en sí (por ejemplo, el hecho de infundir terror en la población civil o perpetrar ataques indiscriminados). Como se indica en los Principios rectores de los desplazamientos internos:
Todas las autoridades y órganos internacionales respetarán y harán respetar las obligaciones que les impone el derecho internacional, incluidos los derechos humanos y el derecho humanitario, en toda circunstancia, a fin de prevenir y evitar la aparición de condiciones que puedan provocar el desplazamiento de personas.[31]
La finalidad de la “depuración étnica” es modificar la composición demográfica de un territorio. Además de los desplazamientos de población civil en un territorio, esto puede conseguirse con otros actos que están prohibidos, como los ataques a personas civiles (véase la norma 1), el homicidio (véase la norma 89), así como la violación y otras formas de violencia sexual (véase la norma 93). Estos actos están prohibidos independientemente de la naturaleza del conflicto y han sido ampliamente condenados.
[1] Código de Lieber (1863), art. 23 (citado en vol. II, cap. 38, párr. 20).
[2] Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg (1945), art. 6, apdo. b) (ibíd., párr. 1).
[3] IV Convenio de Ginebra (1949), art. 49, primer párrafo (ibíd., párr. 3).
[4]IV Convenio de Ginebra (1949), art. 147 (ibíd., párr. 4); Protocolo adicional I (1977), art. 85, párr. 4, apdo. a) (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 9).
[5]Estatuto de la CPI (1998), art. 8, párr. 2, apdo. b), inciso viii) (ibíd., párr. 18).
[6]V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 50), Argentina (ibíd., párrs. 39 y 40), Australia (ibíd., párrs. 41 y 42), Canadá (ibíd., párr. 43), Colombia (ibíd., párr. 44), Croacia (ibíd., párr. 45), Ecuador (ibíd., párr. 46), España (ibíd., párr. 58), Estados Unidos (ibíd., párrs. 62 a 64), Filipinas (ibíd., párr. 56), Francia (ibíd., párrs. 47 a 49), Hungría (ibíd., párr. 51), Italia (ibíd., párr. 52), Nigeria (ibíd., párr. 55), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 54), Países Bajos (ibíd., párr. 53), Reino Unido (ibíd., párr. 61), Sudáfrica (ibíd., párr. 57), Suecia (ibíd., párr. 59) y Suiza (ibíd., párr. 60).
[7]V., v.g., la legislación (ibíd., párrs. 65 a 156).
[8]V., v.g., China, Tribunal Militar para los crímenes de guerra del Ministerio de Defensa Nacional de Nanjing, Takashi Sakai case (ibíd., párr. 159); Estados Unidos, Tribunal Militar de Nuremberg, Krauch (I.G. Farben Trial) case , Krupp case, Milch case, List (Hostages Trial) case (ibíd. , párr. 157) y Von Leeb (The High Command Trial) case ( ibíd., párr. 157); Francia, Tribunal general del gobierno militar de la zona francesa de ocupación en Alemania, Roechling case (ibíd., párr. 157); Israel, Tribunal de Distrito de Jerusalén, Eichmann case ( ibíd., párr. 161); Países Bajos, Tribunal Especial de Casación, Zimmermann case (ibíd. , párr. 166); Polonia, Tribunal Supremo de Poznan, Greiser case (ibíd., párr. 157).
[9]V., v.g., las declaraciones de Estados Unidos (ibíd., párr. 188 a 190) y Suiza (ibíd., párr. 186); Asamblea General de las Naciones Unidas, Res. 2675 (XXV) (ibíd., párr. 204), Res. 3318 (XXIX) (ibíd., párr. 205), Res. 36/147 D, 37/88 D, 38/79 E, 39/95 E y 40/161 E (ibíd., párr. 206), Res. 36/147 C, 37/88 C, 38/79 D, 39/95 D y 40/161 D (ibíd., párr. 207); Liga de los Estados Árabes, Consejo, Res. 4430 (ibíd., párr. 223), Res. 5169 (ibíd., párr. 224) y Res. 5324 (ibíd., párr. 225); XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Res. I (ibíd., párr. 226).
[10] V., v.g., Israel, Tribunal Supremo, Abu-Awad case (ibíd., párr. 162) y Affo and Others case (ibíd., párr. 165).
[11] V., v.g., Israel, Tribunal Supremo, Kawasme and Others case (ibíd., párr. 163) y Nazal and Others case (ibíd., párr. 164); v. también Yoram Dinstein, “The Israeli Supreme Court and the Law of Belligerent Occupation: Deportations”, Israel Yearbook on Human Rights, vol. 23, 1993, pp. 1 a 26.
[12] Protocolo adicional II (1977), art. 17 (aprobado por consenso) (citado en vol. II, cap. 38, párr. 10).
[13] Estatuto de la CPI (1998), art. 8, párr. 2, apdo. e), inciso viii) (ibíd., párr. 19).
[14] V., v.g., Agreement on the Application of International Humanitarian Law between the Parties to the Conflict in Bosnia and Herzegovina (1992), párr. 2.3 (ibíd., párr. 28); Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law in the Philippines (1998), Part IV, art. 3, párr. 7 (ibíd., párr. 35).
[15] Estatuto del TPIY (1993), art. 5, apdo. d) (ibíd., párr. 31); Estatuto del TPIR (1994), art. 3, apdo. d) (ibíd., párr. 32); Estatuto de la CPI (1998), art. 7, párr. 1, apdo. d) (ibíd., párr. 16).
[16] V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 50), Australia (ibíd., párrs. 41 y 42), Canadá (ibíd., párr. 43), Colombia (ibíd., párr. 44), Croacia (ibíd., párr. 45), Ecuador (ibíd., párr. 46), España (ibíd., párr. 58), Filipinas (ibíd., párr. 56), Francia (ibíd., párr. 49), Hungría (ibíd., párr. 51), Italia (ibíd., párr. 52), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 54), Países Bajos (ibíd., párr. 53) y Sudáfrica (ibíd., párr. 57).
[17] V., v.g., la legislación de Alemania (ibíd., párr. 100), Armenia (ibíd., párr. 66), Australia (ibíd., párrs. 67 y 69), Azerbaiyán (ibíd., párr. 70), Belarús (ibíd., párr. 73), Bélgica (ibíd., párr. 74), Bosnia y Herzegovina (ibíd., párr. 75), Camboya (ibíd., párr. 79), Canadá (ibíd., párr. 81), Colombia (ibíd., párrs. 83 y 84), Congo (ibíd., párr. 86), Croacia (ibíd., párr. 89), El Salvador ( ibíd., párr. 93), Eslovenia (ibíd., párr. 140), España (ibíd., párr. 141), Estonia (ibíd., párr. 95), Etiopía (ibíd., párr. 96), Finlandia (ibíd., párr. 97), Georgia (ibíd., párr. 99), Kazajstán (ibíd., párr. 108), Letonia (ibíd., párr. 110), Moldova (ibíd., párr. 120), Nicaragua (ibíd., párr. 125), Níger (ibíd., párr. 127), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 123), Países Bajos (ibíd., párr. 121), Paraguay (ibíd., párr. 131), Polonia (ibíd., párr. 133), Portugal (ibíd., párr. 134), Reino Unido (ibíd., párr. 148), Rusia (ibíd., párr. 136), Tayikistán ( ibíd., párr. 143), Ucrania (ibíd., párr. 146), Uzbekistán (ibíd., párr. 152) y Yugoslavia ( ibíd. , párr. 154); v. también la legislación de Bulgaria ( ibíd. , párr. 77), Eslovaquia ( ibíd. , párr. 139), Hungría (ibíd., párr. 101), República Checa (ibíd., párr. 92) y Rumania (ibíd., párr. 135), cuya aplicación no se excluye en tiempo de conflicto armado no internacional, y los proyectos de ley de Argentina (ibíd., párr. 65), Burundi (ibíd., párr. 78), El Salvador (ibíd., párr. 93), Jordania (ibíd., párr. 107), Nicaragua (ibíd., párr. 126) y Trinidad y Tobago (ibíd., párr. 144).
[18] V., v.g., las declaraciones de Afganistán (ibíd., párr. 168), Botswana (ibíd., párr. 169), España (ibíd., párr. 185), Estados Unidos (ibíd., párr. 190), Japón (ibíd., párr. 175), Nigeria (ibíd., párr. 181), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 180), Países Bajos (ibíd., párrs. 177 y 178), Reino Unido (ibíd., párr. 187) y Rusia (ibíd., párr. 183), así como la práctica referida de Estados Unidos (ibíd., párr. 191) y Jordania (ibíd., párr. 176).
[19]Asamblea General de las Naciones Unidas, Res. 2675 (XXV) (aprobada por 109 votos a favor, ninguno en contra y 8 abstenciones) (ibíd., párr. 204).
[20]Asamblea General de las Naciones Unidas, Res. 3318 (XXIX) (aprobada por 110 votos a favor, ninguno en contra y 14 abstenciones) (ibíd., párr. 205).
[21]V., v.g., Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Res. 752 (ibíd., párr. 193) y Res. 819 (ibíd., párr. 194); Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Declaración del Presidente (ibíd., párr. 201); Asamblea General de las Naciones Unidas, Res. 55/116 (ibíd., párr. 212); Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Res. 1995/77 (ibíd., párr. 212) y Res. 1996/73 (ibíd., párr. 213).
[22]XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Res. 2 (ibíd., párr. 228) y Res. IV (ibíd., párr. 229).
[23]V., v.g., CICR, Memorándum sobre la aplicabilidad del derecho internacional humanitario (ibíd., párr. 237) y Memorándum sobre el respeto del derecho internacional humanitario en Angola (ibíd., párr. 240).
[24]IV Convenio de Ginebra (1949), art. 49, segundo párrafo (ibíd., párr. 245); Protocolo adicional II (1977), art. 17, párr. 1 (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 246).
[25] V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 258), Argentina (ibíd., párrs. 250 y 251), Camerún (ibíd., párr. 253), Canadá (ibíd., párr. 254), Croacia (ibíd., párr. 255), España (ibíd., párr. 267), Estados Unidos (ibíd., párrs. 272 a 274), Filipinas (ibíd., párr. 266), Francia (ibíd., párr. 257), Hungría (ibíd., párr. 259), Israel (ibíd., párr. 260), Italia (ibíd., párr. 261), Kenya (ibíd., párr. 262), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 265), Países Bajos (ibíd., párr. 264), Reino Unido (ibíd., párrs. 270 y 271), República Dominicana (ibíd., párr. 256), Suecia (ibíd., párr. 268) y Suiza (ibíd., párr. 269).
[26] V., v.g., la legislación de Argentina (ibíd., párr. 275), Australia (ibíd., párr. 276), Azerbaiyán (ibíd., párr. 277), Canadá (ibíd., párr. 278), Congo (ibíd., párr. 279), Cuba (ibíd., párr. 280), Irlanda (ibíd., párr. 281), Noruega (ibíd., párr. 284), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 283), Países Bajos (ibíd., párr. 282), Reino Unido (ibíd., párr. 288) y Rwanda (ibíd., párr. 286); v. también el proyecto de ley de Trinidad y Tobago (ibíd., párr. 287).
[27] Principios rectores de los desplazamientos internos (1998), Principio 6, párr. 2 (ibíd., párr. 248).
[28] V., v.g., IV Convenio de Ginebra (1949), art. 45, cuarto párrafo (ibíd., párr. 2).
[29] IV Convenio de Ginebra (1949), art. 49.
[30] Protocolo adicional II (1977), art. 17, párr. 2 (aprobado por consenso).
[31] Principios rectores de los desplazamientos internos (1998), Principio 5 (citado en vol. II, cap. 38, párr. 34)