Norma 127. Respeto de las convicciones personales y las prácticas religiosas de las personas privadas de libertad

Norma 127. Deberán respetarse las convicciones personales y las prácticas religiosas de las personas privadas de libertad.
Volumen II, capítulo 37, sección J.
La práctica de los Estados establece esta regla como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales. Esta norma es una aplicación de la garantía fundamental del respeto de las convicciones y prácticas religiosas (véase la norma 104).
El reconocimiento de la libertad de los prisioneros de guerra a ejercer su religión se codificó por primera vez en el Reglamento de La Haya.[1] En la actualidad, este tema se regula en detalle en el III Convenio de Ginebra relativo a los prisioneros de guerra y el IV Convenio de Ginebra relativo a las personas civiles.[2] El Protocolo adicional I exige también que se respeten las convicciones y las prácticas religiosas de los detenidos.[3]
El derecho de los detenidos a que se respeten sus convicciones personales y sus prácticas religiosas se establece en muchos manuales militares.[4] Figura también en la legislación de varios países.[5]
En el asunto Aleksovski, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia declaró que el acusado no era culpable de impedir a los detenidos practicar su religión porque “no se habían probado que las dificultades que tenían los detenidos, en particular para rezar, se derivasen de medidas dictadas deliberadamente por el acusado”.[6]
El artículo 5 del Protocolo adicional II establece que debe autorizarse a las personas cuya libertad se ha restringido a practicar su religión y, si lo solicitan y es apropiado, a recibir asistencia espiritual.[7] El artículo 4 del Protocolo adicional II dispone también que deben respetarse las convicciones personales y prácticas religiosas de los detenidos.[8] En su informe sobre el establecimiento de un Tribunal Especial para Sierra Leona, el Secretario General de las Naciones Unidas calificó las violaciones del artículo 4 del Protocolo adicional II como crímenes de guerra con arreglo al derecho internacional consuetudinario.[9]
Diversos manuales militares que son aplicables, o se han aplicado, en conflictos armados no internacionales incluyen el derecho de los detenidos a practicar su religión y a recibir asistencia espiritual.[10] Este derecho se establece también en la legislación de algunos países.[11]
No se ha hallado ninguna práctica oficial contraria en relación con conflictos armados internacionales o no internacionales.
La práctica indica que la manifestación de las convicciones personales, la práctica de la religión y el acceso a asistencia espiritual pueden ser objeto de un nivel razonable de reglamentación. En el artículo 18 del Reglamento de La Haya y el artículo 34 del III Convenio de Ginebra se estipula que los prisioneros de guerra tienen derecho a practicar su religión siempre que cumplan la normativa militar relativa al orden y a la disciplina.[12] Análogamente, por lo que respecta a los internados civiles, el IV Convenio de Ginebra estipula que deben gozar de plena libertad para ejercer su religión “a condición de que [sea compatible] con las medidas de disciplina normales prescritas por las autoridades detenedoras”.[13] Además, en los Convenios de Ginebra III y IV se señala que el personal religioso detenido o internado debe tener libertad de correspondencia, sometida a censura, para los actos religiosos de su ministerio.[14]
[1]Reglamento de La Haya (1907), art. 18 (citado en vol. II, cap. 37, párr. 550).
[2]III Convenio de Ginebra (1949), art. 34 (ibíd., párrs. 552 y 553) y art. 35 (ibíd., párr. 554); IV Convenio de Ginebra (1949), art. 76 (ibíd., párr. 555), art. 86 (ibíd., párr. 553) y art. 93 (ibíd., párrs. 552 a 554).
[3]Protocolo adicional I (1977), art. 75, párr. 1 (aprobado por consenso) (citado en vol. II, cap. 32, párr. 368).
[4] V., v.g., los manuales militares de Alemania (citado en vol. II, cap. 37, párr. 568), Argentina (ibíd., párrs. 561 y 562), Australia (ibíd., párr. 563), Benin (ibíd., párr. 564), Canadá (ibíd., párr. 565), Colombia (ibíd., párr. 566), Ecuador (ibíd., párr. 567), España (ibíd., párr. 578), Estados Unidos (ibíd., párrs. 583 a 586), Israel (ibíd., párr. 569), Italia (ibíd., párr. 570), Madagascar (ibíd., párr. 571), Nicaragua (ibíd., párr. 574), Nigeria (ibíd., párr. 575), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 573), Países Bajos (ibíd., párr. 572), Reino Unido (ibíd., párrs. 581 y 582), Rumania (ibíd., párr. 576), Senegal (ibíd., párr. 577), Suiza (ibíd., párr. 579) y Togo (ibíd., párr. 580).
[5]V., v.g., la legislación de Azerbaiyán (ibíd., párr. 587), Bangladesh (ibíd., párr. 588), Irlanda (ibíd., párr. 589), Italia (ibíd., párr. 590) y Noruega (ibíd., párr. 591).
[6]TPIY, Aleksovski case, fallo (ibíd., párr. 599).
[7]Protocolo adicional II (1977), art. 5, párr. 1, apdo. d) (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 557).
[8]Protocolo adicional II (1977), art. 4, párr. 1 (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 556).
[9]Secretario General de las Naciones Unidas, Informe sobre el establecimiento de un tribunal especial para Sierra Leona (ibíd., párr. 596).
[10]V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 568), Benin (ibíd., párr. 564), Canadá (ibíd., párr. 565), Colombia (ibíd., párr. 566), Ecuador (ibíd., párr. 567), Italia (ibíd., párr. 570), Madagascar (ibíd., párr. 571), Nicaragua (ibíd., párr. 574), Nueva Zelandia ( ibíd., párr. 573), Países Bajos (ibíd., párr. 572), Senegal (ibíd., párr. 577) y Togo (ibíd., párr. 580).
[11]V., v.g., la legislación de Azerbaiyán (ibíd., párr. 587).
[12]Reglamento de La Haya (1907), art. 18 (ibíd., párr. 551); III Convenio de Ginebra (1949), art. 34 (ibíd., párr. 552).
[13] IV Convenio de Ginebra (1949), art. 93 (ibíd., párr. 552).
[14]III Convenio de Ginebra (1949), art. 35 (ibíd., párr.554); IV Convenio de Ginebra (1949), art. 93 (ibíd., párr. 554).