Norma 125. Correspondencia de las personas privadas de libertad 

Norma 125. Las personas privadas de libertad estarán autorizadas a mantener correspondencia con sus familiares, con tal que se respeten las legítimas condiciones concernientes a su frecuencia y a la necesidad de censura por parte de las autoridades.
Volumen II, capítulo 37, sección H.
La práctica de los Estados establece esta regla como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales. La correspondencia debe ser de carácter estrictamente personal, es decir, no guardar relación alguna con asuntos de índole política o militar.
La norma que establece que las personas privadas de libertad deben estar autorizadas a mantener correspondencia con sus familiares se establece en los Convenios de Ginebra III y IV.[1] Por lo que concierne a las personas civiles, la suspensión de este derecho es posible de conformidad con el artículo 5 del IV Convenio de Ginebra.[2] Este derecho se reconoce, asimismo, en otros tratados, como el Protocolo del acuerdo por el que se puso fin a la guerra y se restableció la paz en Viet Nam y la Convención sobre los Derechos del Niño.[3]
En muchos manuales militares se enuncia el derecho de las personas privadas de libertad a mantener correspondencia con sus familiares.[4] Este derecho figura en la legislación de diversos países[5] y se reconoce también en declaraciones oficiales y otros tipos de práctica.[6]
En las XX y XXI Conferencias Internacionales de la Cruz Roja se aprobaron resoluciones en las que se reconocía el derecho de los detenidos a mantener correspondencia con sus familiares.[7]
En el contexto de la guerra entre Irán e Irak, el CICR informó de que, hasta el 1 de marzo de 1983, había registrado los datos de unos 6.800 prisioneros de guerra iraníes y que los prisioneros habían podido “mantener correspondencia, de manera satisfactoria, con la respectiva familia”.[8] Durante la guerra del Golfo, los Estados Unidos condenaron la negativa de Irak a conceder a los prisioneros de guerra los derechos que se les reconoce en el III Convenio de Ginebra, “como el derecho a mantener correspondencia previsto por el artículo 70”.[9]
Cabe señalar también que el CICR tiene, como práctica habitual, facilitar, con la colaboración de las autoridades, la correspondencia entre los detenidos y sus familiares en forma de “mensajes de Cruz Roja”, tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales. Por ejemplo, tras el conflicto entre India y Pakistán en diciembre de 1971, el CICR facilitó el intercambio de 15 millones de mensajes entre los prisioneros de guerra y sus familiares.[10] Más recientemente, durante la guerra del Golfo en 1991, el CICR registró el envío de 683 mensajes de Cruz Roja por los detenidos y la recepción de 12.738 por éstos. Entre 1998 y 2002, durante el conflicto entre Etiopía y Eritrea, los detenidos enviaron 64.620 mensajes de Cruz Roja y recibieron 55.025, incluidos los enviados después de la firma del acuerdo de paz entre ambos países el 12 de diciembre de 2000.
El Protocolo adicional II dispone que las personas internadas y detenidas “serán autorizadas para enviar y recibir cartas y tarjetas postales, si bien su número podrá ser limitado por la autoridad competente si lo considera necesario”.[11] El derecho a mantener correspondencia figura, asimismo, en otros instrumentos referentes a conflictos armados no internacionales.[12]
En varios manuales militares que son aplicables, o se han aplicado, en conflictos armados no internacionales se señala el derecho de las personas privadas de libertad a mantener correspondencia con sus familiares.[13] La legislación nacional y la práctica referida apoyan también esta norma en el contexto de los conflictos armados no internacionales.[14]
La conclusión de que esta norma es también consuetudinaria en los conflictos armados no internacionales se ve apoyada por la práctica del intercambio de mensajes de Cruz Roja, que el CICR exige como una de las condiciones de sus visitas, independientemente de la naturaleza del conflicto armado. Por ejemplo, entre 1996 y 2002, los detenidos en el conflicto de Sri Lanka enviaron 18.341 mensajes de Cruz Roja y recibieron 10.632. En el mismo período, los detenidos en el conflicto de Liberia enviaron 2.179 mensajes de Cruz Roja y recibieron 2.726. En Colombia, también en ese período, los detenidos enviaron 2.928 mensajes de Cruz Roja y recibieron 3.436.
Además, la obligación de autorizar a las personas privadas de libertad a mantener correspondencia con sus familiares concuerda con la obligación de respetar la vida familiar (véase la norma 105), lo que implica que esta obligación debe respetarse tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales.
No se ha hallado ninguna práctica oficial contraria en relación con conflictos armados internacionales o no internacionales.
[1]III Convenio de Ginebra (1949), art. 70 (ibíd., párr. 466) y art. 71 (ibíd., párr. 467); IV Convenio de Ginebra (1949), art. 106 (ibíd., párr. 466) y art. 107 (ibíd., párr. 467).
[2]IV Convenio de Ginebra (1949), art. 5.
[3]Protocol to the Agreement on Ending the War and Restoring Peace in Viet-Nam (1973), art. 8 (citado en vol. II, cap. 37, párr. 469); Convención sobre los Derechos del Niño (1989), art. 37 (ibíd., párr. 471).
[4]V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 488), Argentina (ibíd., párrs. 475 y 476), Australia (ibíd., párr. 477), Bélgica (ibíd., párr. 478), Benin (ibíd., párr. 479), Camerún (ibíd., párrs. 480 y 481), Canadá (ibíd., párr. 482), Colombia (ibíd., párrs. 483 y 484), Croacia (ibíd., párr. 485), España (ibíd., párr. 498), Estados Unidos (ibíd., párrs. 503 a 505), Francia (ibíd., párrs. 486 y 487), Israel (ibíd., párr. 489), Madagascar (ibíd., párr. 490), Nicaragua (ibíd., párr. 494), Nigeria (ibíd., párr. 495), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 493), Países Bajos (ibíd., párrs. 491 y 492), Reino Unido (ibíd., párrs. 501 y 502), Rumania (ibíd., párr. 496), Senegal (ibíd., párr. 497), Suiza (ibíd., párr. 499) y Togo (ibíd., párr. 500).
[5]V., v.g., la legislación de Azerbaiyán (ibíd., párr. 506), Bangladesh (ibíd., párr. 507), Irlanda (ibíd., párr. 508), Noruega (ibíd., párr. 509) y Rwanda (ibíd., párr. 510).
[6]V., v.g., la declaración de Estados Unidos (ibíd., párr. 515) y la práctica de Francia (ibíd., párr. 513).
[7]XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Res. XXIV (ibíd., párr. 519); XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Res. XI (ibíd., párr. 520).
[8]CICR, Conflicto entre Irak e Irán, Llamamiento del CICR (ibíd., párr. 523).
[9]Estados Unidos, Final Report of the Department of Defense on the Conduct of the Persian Gulf War (ibíd., párr. 515).
[10]François Bugnion, The International Committee of the Red Cross and the Protection of War Victims, CICR, Ginebra, 2003, p. 565.
[11]Protocolo adicional II (1977), art. 5, párr. 2, apdo. b) (aprobado por consenso) (citado en vol. II, cap. 37, párr. 470).
[12]Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos (1955), Regla 37 (ibíd., párr. 472); Reglas Penitenciarias Europeas (1987), Regla 43, párr. 1 (ibíd., párr. 473); Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión (1988), Principio 15 (ibíd., párr. 474).
[13]V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 488), Australia (ibíd., párr. 477), Benin (ibíd., párr. 479), Canadá (ibíd., párr. 482), Colombia (ibíd., párrs. 483 y 484), Croacia (ibíd., párr. 485), Madagascar (ibíd., párr. 490), Nicaragua (ibíd., párr. 494), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 493), Senegal (ibíd., párr. 497) y Togo (ibíd., párr. 500).
[14]V., v.g., la legislación de Azerbaiyán (ibíd., párr. 506) y Rwanda (ibíd., párr. 510), así como la práctica referida de Estados Unidos (ibíd., párr. 516) y Malaisia (ibíd., párr. 514).