Norma 123. Registro y comunicación de los datos personales de las personas privadas de libertad 

Norma 123. Deberán registrarse los datos personales de las personas privadas de libertad.
Volumen II, capítulo 37, sección F.
La práctica de los Estados establece esta regla como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales. Esta norma guarda relación con la prohibición de las desapariciones forzadas (véase la norma 98) y la obligación de averiguar lo acaecido a las personas dadas por desaparecidas (véase la norma 117). La práctica reunida en apoyo de ambas normas respalda esta regla y lleva a la conclusión de que el requisito de registrar los datos de los detenidos forma parte del derecho consuetudinario tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales.
Esta norma se codificó por primera vez en el Reglamento de La Haya, que dispone el establecimiento de oficinas nacionales de información para recibir y facilitar información sobre cada prisionero de guerra.[1] La creación de ese tipo de oficinas se contempla también en el III Convenio de Ginebra (con respecto a los prisioneros de guerra) y el IV Convenio de Ginebra (con respecto a los extranjeros enemigos y los internados civiles).[2] En estos dos últimos Convenios se estipula también la creación de la Agencia Central de Búsquedas del CICR para velar por el intercambio de datos entre las oficinas nacionales de información.[3] Además, en los conflictos armados internacionales, existe la obligación, con arreglo a los Convenios de Ginebra III y IV, de garantizar el acceso del CICR a los detenidos y de comunicarle sus datos personales (véase la norma 124).[4]
En muchos manuales militares se especifica la obligación de registrar los datos de las personas privadas de libertad.[5] Esa obligación se señala, asimismo, en la legislación de diversos países.[6] Corroboran también esta norma varias declaraciones oficiales y la práctica referida.[7]
En una resolución sobre la protección de los prisioneros de guerra, la XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja, celebrada en 1969, reconoció que, independientemente del III Convenio de Ginebra, “la comunidad internacional no ha cesado de reclamar un trato humano para los prisioneros de guerra, y especialmente la identificación y registro de todos ellos”.[8]
No se ha hallado ninguna práctica oficial contraria.
Por lo que respecta al nivel de detalle de los datos que deben registrarse, el deber del Estado no puede ir más allá del nivel de información de que dispongan los detenidos o que figura en los documentos que posean. Según el III Convenio de Ginebra, los prisioneros de guerra no tienen obligación de declarar, cuando se le interrogue a este respecto, más que sus nombres y apellidos, su graduación, la fecha de su nacimiento y su número de matrícula o, a falta de éste, una indicación equivalente.[9]
En los conflictos armados internacionales, los datos registrados en cumplimiento de esta norma deben comunicarse a la parte adversa y a la Agencia Central de Búsquedas del CICR.
La obligación de registrar los datos personales de las personas privadas de libertad se establece en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y en el Acuerdo sobre los aspectos militares del arreglo de paz que figura en anexo a los acuerdos de Dayton.[10] Además, se expresa en diversos acuerdos concluidos entre las partes en los conflictos en Filipinas y la antigua Yugoslavia.[11]
Algunos de los manuales militares que son aplicables, o se han aplicado, en conflictos armados no internacionales exigen el registro de los datos personales de los detenidos.[12] Las declaraciones oficiales y la práctica referida apoyan también esta norma.[13]
En una resolución sobre la situación de los derechos humanos en Kosovo, aprobada en 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas pidió que los representantes de Yugoslavia proporcionasen “una lista actualizada de todas las personas detenidas que fueron trasladadas de Kosovo a otras partes de la República Federativa de Yugoslavia [...] en que se indique la acusación que pueda haber contra cada detenido”.[14] La obligación de registrar los datos personales de los detenidos se expresa también en varios instrumentos internacionales referentes asimismo a los conflictos armados no internacionales.[15] Si, como se ha indicado más arriba, el propósito de esta norma es evitar las desapariciones o las desapariciones forzadas, debe respetarse asimismo en los conflictos armados no internacionales. A este respecto, la Comisión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han llegado a la conclusión de que “el hecho de no llevar registros de datos tales como la fecha, la hora y el lugar de la detención, el nombre del detenido y los motivos de la detención” es incompatible con el propósito mismo del derecho a la libertad y la seguridad.[16] La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recomendado a varios países que establezcan registros centrales “en los cuales se lleve el control de todas las personas que hayan sido objeto de detención, para permitir a sus familiares y a otras personas interesadas tomar conocimiento, en un período corto de tiempo, de cualquiera detención que haya ocurrido”.[17]
El CICR ha solicitado persistentemente que se respete esta norma, por ejemplo, en el contexto del conflicto en Bosnia y Herzegovina en 1992.[18]
No se ha hallado ninguna práctica oficial contraria en relación con conflictos armados internacionales o no internacionales.
[1]Reglamento de La Haya (1907), art. 14, primer párrafo (ibíd., párr. 284).
[2]III Convenio de Ginebra (1949), art. 122 (ibíd., párr. 286); IV Convenio de Ginebra (1949), art. 136 (ibíd., párr. 288).
[3]III Convenio de Ginebra (1949), art. 123 (ibíd., párr. 287); IV Convenio de Ginebra (1949), art. 140 (ibíd., párr. 288).
[4]III Convenio de Ginebra (1949), art. 125 (ibíd., párr. 353) y art. 126 (ibíd., párr. 351); IV Convenio de Ginebra (1949), art. 142 (ibíd., párr. 353) y art. 143 (ibíd., párr. 351).
[5]V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 311), Argentina (ibíd., párr. 301), Australia (ibíd., párr. 302), Burkina Faso (ibíd., párr. 303), Camerún (ibíd., párrs. 304 y 305), Canadá (ibíd., párr. 306), Congo (ibíd., párr. 307), El Salvador (ibíd., párr. 308), España (ibíd., párr. 321), Estados Unidos (ibíd., párr. 324), Francia (ibíd., párrs. 309 y 310), India (ibíd., párr. 312), Indonesia (ibíd., párr. 313), Madagascar (ibíd., párr. 315), Malí (ibíd., párr. 316), Marruecos (ibíd., párr. 317), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 319), Países Bajos (ibíd., párr. 318), Reino Unido (ibíd., párr. 323) y Suiza (ibíd., párr. 322).
[6]V., v.g., la legislación de Azerbaiyán (ibíd., párr. 326), Bangladesh (ibíd., párr. 327), China (ibíd., párr. 328), Irlanda (ibíd., párr. 329) y Noruega (ibíd., párr. 330).
[7]V., v.g., la declaración del Reino Unido (ibíd., párr. 334) y la práctica referida de Israel (ibíd., párr. 333).
[8]XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Res. XI (ibíd., párr. 340).
[9]III Convenio de Ginebra (1949), art. 17.
[10]Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (1994), art. XI (ibíd., párr. 289); Acuerdo sobre los aspectos militares del arreglo de paz adjunto a los acuerdos de Dayton (1995), art. IX (ibíd., párr. 290).
[11]V., v.g., Agreement between Croatia and the SFRY on the Exchange of Prisoners (1991), párr. 3 (ibíd., párr. 294); Agreement n.° 2 on the Implementation of the Agreement of 22 May 1992 between the Parties to the Conflict in Bosnia and Herzegovina (1992), párr. 2 (ibíd., párr. 295); Agreement n.° 3 on the ICRC Plan of Action between the Parties to the Conflict in Bosnia and Herzegovina (1992), sección IV (ibíd., párr. 296); Agreement between the Parties to the Conflict in Bosnia and Herzegovina on the Release and Transfer of Prisoners (1992), art. 6, párr. 2 (ibíd., párr. 297); Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law in the Philippines (1998), Part IV, art. 3 (ibíd., párr. 298).
[12]V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 311), Australia (ibíd., párr. 302), El Salvador (ibíd., párr. 308), India (ibíd., párr. 312), Madagascar (ibíd., párr. 315) y Senegal (ibíd., párr. 320).
[13]V., v.g., la declaración de Botswana (ibíd., párr. 332) y la práctica de dos Estados (ibíd., párrs. 335 y 336).
[14]Asamblea General de las Naciones Unidas, Res. 54/183 (ibíd., párr. 337).
[15]Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos (1955), Regla 7 ( ibíd., párr. 291); Reglas Penitenciarias Europeas (1987), Regla 8 (ibíd., párr. 292); Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión (1988), Principio 16 (ibíd., párr. 293); Boletín del Secretario General de las Naciones Unidas, sección 8, apdo. a) (ibíd., párr. 300).
[16] Comisión Europea y Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Kurt v. Turkey (ibíd., párr. 341).
[17] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual 1980-1981 e informes sobre la situación de los derechos humanos en Argentina, Chile y Perú (ibíd., párr. 342).
[18] CICR, Bosnia y Herzegovina: Solemne llamamiento del CICR a todas las partes contendientes (ibíd., párr. 346).