Norma 122. Pillaje de las pertenencias de las personas privadas de libertad 

Norma 122. Queda prohibido el pillaje de las pertenencias de las personas privadas de libertad.
Volumen II, capítulo 37, sección E.
La práctica de los Estados establece esta regla como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales. Esta norma es una aplicación de la prohibición general del pillaje (véase la norma 52).
La prohibición del pillaje es una antigua norma de derecho internacional consuetudinario que se reconoció ya en el Código de Lieber, la Declaración de Bruselas y el Manual de Oxford.[1] La prohibición del pillaje se codificó por primera vez en el Reglamento de La Haya.[2] El pillaje (o despojo) se definió como un crimen de guerra en el Informe de la Comisión sobre la Responsabilidad establecida después de la I Guerra Mundial, así como en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional (Nuremberg) creado tras la II Guerra Mundial.[3] El III Convenio de Ginebra dispone que todos los efectos y artículos de uso personal pertenecientes a los prisioneros de guerra, inclusive para su protección personal, deben quedar en su poder, y el IV Convenio de Ginebra permite que los internados conserven los artículos de uso personal.[4] El IV Convenio de Ginebra también prohíbe el pillaje.[5]
La prohibición del pillaje de las pertenencias de los detenidos figura en algunos manuales militares.[6] La legislación de muchos países tipifica como delito el pillaje de las pertenencias de los detenidos.[7]
Según el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, el pillaje constituye un crimen de guerra.[8] En el asunto Tadic, sometido al Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia en 1995, se inculpó al acusado del pillaje de los bienes personales de las personas capturadas, pero fue absuelto de este cargo en 1997 por falta de pruebas.[9] En el asunto Delalic, sometido al Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia en 1998, se acusó a dos de los inculpados del pillaje de dinero, relojes y otros objetos de valor pertenecientes a las personas detenidas en el campo de detención de Celebici. Sin embargo, la Sala desestimó la acusación porque no había pruebas suficientes de que los bienes saqueados tuvieran “un valor pecuniario suficiente para que su apropiación indebida redundara en un grave perjuicio para las víctimas”; por lo tanto, no se encontró que la violación del derecho internacional humanitario fuese “grave”.[10]
El artículo 4 del Protocolo adicional II prohíbe el pillaje de las pertenencias de las personas cuya libertad se haya restringido.[11] Ese hecho constituye un crimen de guerra en virtud de los estatutos de los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia y Rwanda, así como del Tribunal Especial para Sierra Leona.[12] En su informe sobre el establecimiento de un Tribunal Especial para Sierra Leona, el Secretario General de las Naciones Unidas calificó las violaciones del artículo 4 del Protocolo adicional II de crímenes según el derecho internacional consuetudinario.[13] En el Boletín del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la observancia del derecho internacional humanitario por las fuerzas de las Naciones Unidas se prohíbe el pillaje de las pertenencias de cualquier persona que no participe, o haya dejado de participar, en las operaciones militares.[14]
La legislación de muchos países tipifica como delito el pillaje de las pertenencias de los detenidos.[15]
En el asunto Jelisic, sometido al Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, se acusó al detenido del delito de pillaje de propiedad privada en virtud del apartado c) del artículo 3 del Estatuto del Tribunal, como violación de las leyes y costumbres de la guerra, y el acusado se declaró culpable del delito de robo de dinero, relojes, joyas y otros artículos de valor de los detenidos a su llegada al campamento de Luka, en Bosnia y Herzegovina.[16]
No se ha hallado ninguna práctica oficial contraria en relación con conflictos armados internacionales o no internacionales.
La práctica que contienen los manuales militares muestra que esta norma prohíbe adueñarse de manera ilícita de las pertenencias personales de los detenidos. No prohíbe apropiarse, como botín de guerra, de bienes que podrían utilizarse en las operaciones militares, por ejemplo, las armas y otros equipos militares, en los conflictos armados internacionales (véase la norma 49).
El III Convenio de Ginebra establece que los prisioneros de guerra deben conservar su casco, careta antigás y artículos análogos que sirven para la protección personal. Además, prevé un procedimiento específico para crear depósitos con el dinero que lleven los prisioneros de guerra y para la retirada de los artículos de valor por motivos de seguridad.[17] En el IV Convenio de Ginebra se expresa un procedimiento similar para crear depósitos de dinero, cheques, títulos y otros bienes de valor que estén en poder de los internados civiles.[18]
[1]Código de Lieber (1863), art. 44 (citado en vol. II, cap. 16, párr. 470); Declaración de Bruselas (1874), arts. 18 y 39 (ibíd., párrs. 471 y 472); Manual de Oxford (1880), art. 32, apdo. a) (ibíd., párr. 473).
[2]Reglamento de La Haya (1907), art.47 (ibíd., párr. 460).
[3]Report of the Commission on Responsibility (ibíd., párr. 475); Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg (1945), art. 6, apdo. b) (ibíd., párr. 465).
[4]III Convenio de Ginebra (1949), art. 18 (citado en vol. II, cap. 37, párr. 241); IV Convenio de Ginebra (1949), art. 97 (ibíd., párr. 242).
[5]IV Convenio de Ginebra (1949), art. 33, segundo párrafo (citado en vol. II, cap. 16, párr. 466).
[6]V., v.g., los manuales militares de Canadá (citado en vol. II, cap. 37, párr. 245), Estados Unidos (ibíd., párr. 247) y Países Bajos (ibíd., párr. 246).
[7]V., v.g., la legislación de Australia (ibíd., párr. 249), Bulgaria (ibíd., párr. 250), Chad (ibíd., párr. 251), Chile (ibíd., párr. 252), Colombia (ibíd., párr. 253), Cuba (ibíd., párr. 254), El Salvador (ibíd., párr. 255), España (ibíd., párrs. 268 y 269), Grecia (ibíd., párr. 256), Irak (ibíd., párr. 257), Irlanda (ibíd., párr. 258), Italia (ibíd., párr. 259), Nicaragua (ibíd., párrs. 261 y 262), Nigeria (ibíd., párr. 263), Noruega (ibíd., párr. 264), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 260), Paraguay (ibíd., párr. 265), Perú (ibíd., párr. 266), Reino Unido (ibíd., párrs. 270 y 271), Singapur (ibíd., párr. 267), Venezuela (ibíd., párr. 272) y Yemen (ibíd., párr. 273); v. también el proyecto de ley de Argentina (ibíd., párr. 248).
[8]Estatuto del TPIY (1993), art. 3, apdo. e) (citado en vol. II, cap. 16, párr. 480).
[9]TPIY, Tadic case, segundo auto de procesamiento modificado y fallo (citado en vol. II, cap. 37, párr. 279).
[10]TPIY, Delalic case, auto inicial de procesamiento y fallo (ibíd., párr. 281).
[11]Protocolo adicional II (1977), art. 4, párr. 2, apdo. g) (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 243).
[12]Estatuto del TPIY (1993), art. 3, apdo. e) (citado en vol. II, cap. 16, párr. 480); Estatuto del TPIR (1994), art. 4, apdo. f) (ibíd., párr. 482); Estatuto del Tribunal Especial para Sierra Leona (2002), art. 3, apdo. f) (ibid, párr. 469).
[13]Secretario General de las Naciones Unidas, Informe sobre el establecimiento de un Tribunal Especial para Sierra Leona (citado en vol. II, cap. 37, párr. 276).
[14]Boletín del Secretario General de las Naciones Unidas, sección 7.2 (ibíd., párr. 244).
[15]V., v.g., la legislación de Colombia (ibíd., párr. 253), España (ibíd., párrs. 268 y 269), Nicaragua (ibíd., párr. 262), Nigeria (ibíd., párr. 263), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 260), Singapur (ibíd., párr. 267), Venezuela (ibíd., párr. 272) y Yemen (ibíd., párr. 273); v. también la legislación de Bulgaria (ibíd., párr. 250), Italia (ibíd., párr. 259), Nicaragua (ibíd., párr. 261), Paraguay (ibíd., párr. 265) y Perú (ibíd., párr. 266), cuya aplicación no se excluye en tiempo de conflicto armado no internacional, y el proyecto de ley de Argentina (ibíd., párr. 248).
[16]TPIY, Jelisic case, auto inicial de procesamiento y fallo (ibíd., párr. 280).
[17]III Convenio de Ginebra (1949), art. 18 ( ibíd., párr. 241).
[18] IV Convenio de Ginebra (1949), art. 97 (ibíd., párr. 242).