Norma 12. Definición de ataques indiscriminados 

Norma 12. Son indiscriminados los ataques:a) que no están dirigidos contra un objetivo militar concreto;b) en los que se emplean métodos o medios de combate que no pueden dirigirse contra un objetivo militar concreto; oc) en los que se emplean métodos o medios de combate cuyos efectos no sea posible limitar como exige el derecho internacional humanitario;y que, en consecuencia, pueden alcanzar indistintamente, en cualquiera de tales casos, tanto a objetivos militares como a personas civiles o bienes de carácter civil.
Volumen II, capítulo 3, sección B.
La práctica de los Estados establece esta regla como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales.
Esta definición de ataques indiscriminados se establece en el artículo 51, párrafo 4, apartado a), del Protocolo adicional I.[1] En la Conferencia Diplomática que concluyó con la aprobación de los Protocolos adicionales, Francia votó en contra del artículo 51 porque consideraba que el párrafo 4 podía “por su complejidad, convertirse en un serio obstáculo para la conducción de las operaciones militares de defensa contra un invasor y comprometer así el ejercicio del derecho natural de legítima defensa”.[2] Sin embargo, cuando ratificó el Protocolo adicional I no hizo ninguna reserva a esta disposición. En la Conferencia Diplomática que culminó con la aprobación de los Protocolos adicionales, México declaró que el artículo 51 era tan fundamental que “no puede ser objeto de ningún tipo de reservas, porque éstas serían incompatibles con el objetivo y el fin del Protocolo I, negándolo en su esencia”.[3] En un informe sobre la labor de la Comisión III de la Conferencia Diplomática se señaló que había acuerdo general sobre el hecho de que una definición adecuada de ataques indiscriminados debía incluir los tres tipos de ataques mencionados en esta norma.[4] Con la excepción del apartado c), esta definición de ataque indiscriminado figura también en el Protocolo II y en el Protocolo II enmendado de la Convención sobre ciertas armas convencionales.[5]
Muchos manuales militares contienen, total o parcialmente, esta definición de ataques indiscriminados.[6] Análogamente, se ha utilizado en declaraciones oficiales.[7] Esta práctica incluye la de los Estados que no son Partes en el Protocolo adicional I.[8]
El Protocolo adicional II no incluye una definición de ataque discriminado, aunque se ha sostenido que los apartados a) y b) de la definición que contiene esta norma se deducen de la prohibición de atacar a la población civil expresada en el párrafo 2 del artículo 13.[9] Con la excepción del apartado c), esta definición se ha incluido asimismo en un instrumento de derecho convencional más reciente aplicable en los conflictos armados no convencionales, concretamente en el Protocolo II enmendado de la Convención sobre ciertas armas convencionales.[10] Esta definición se incluye, además, en otros instrumentos referentes también a los conflictos armados no internacionales.[11]
Asimismo, la definición de ataques indiscriminados aparece en manuales militares que son aplicables, o se han aplicado, en conflictos armados no internacionales[12] y varias declaraciones oficiales la ratifican.[13]
La XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, celebrada en 1981, instó a las partes en los conflictos armados en general a “no utilizar métodos ni medios de combate que no puedan ser dirigidos contra un objetivo militar determinado o cuyos efectos no puedan limitarse”.[14]
La jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia y del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia proporciona más pruebas de que la definición de ataque indiscriminado es consuetudinaria tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales. En su opinión consultiva en el asunto relativo a las armas nucleares, la Corte Internacional de Justicia declaró que la prohibición de armas que no permitan distinguir entre la población civil y los objetivos militares constituye un principio “inviolable” de derecho internacional consuetudinario. La Corte indicó que, de conformidad con ese principio, el derecho humanitario prohibió, muy temprano, ciertos tipos de armas debido a su efecto indiscriminado sobre los combatientes y las personas civiles.[15] En su examen del auto de procesamiento en el asunto Martic en 1996, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia estudió la legalidad del uso de bombas de racimo conforme al derecho internacional consuetudinario, incluida la prohibición de perpetrar ataques indiscriminados en los que se utilizasen medios o métodos de guerra que no pudieran dirigirse contra un objetivo militar concreto.[16]
No se ha hallado ninguna práctica oficial contraria. Tampoco se ha propuesto oficialmente otra definición de ataque indiscriminado, y las declaraciones realizadas en relación con ataques indiscriminados en general a tenor de la norma 11 pueden estar basadas, al menos en algunos casos, en una interpretación de ataques indiscriminados como la que figura en la norma 12, especialmente porque no existe ninguna otra definición.
Esta definición de ataque indiscriminado representa una aplicación del principio de distinción y del derecho internacional humanitario en general. El apartado a) de la norma 12 es una aplicación de la prohibición de dirigir ataques contra la población civil (véase la norma 1) y la prohibición de dirigir ataques contra bienes civiles (véase la norma 7), que son aplicables tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales. El apartado b) de la norma 12 es también una aplicación de la prohibición de atacar a la población civil o los bienes de carácter civil (véanse las normas 1 y 7). La prohibición de armas de tal índole que sus efectos sean indiscriminados (véase la norma 71), que es aplicable tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales, se basa en la definición de ataques indiscriminados enunciada en el apartado b) de la norma 12. Por último, el apartado c) de la norma 12 se basa en el razonamiento de que deberían prohibirse los medios o los métodos de guerra cuyos efectos no puedan limitarse, como exige el derecho internacional humanitario. Ahora bien, este razonamiento suscita la duda de cuáles son los limites. Según la práctica a este respecto, se trata de las armas cuyos efectos no pueden controlarse en el tiempo y en el espacio, y que podrían afectar tanto a objetivos militares como a la población civil o bienes de carácter civil sin distinción. En el manual del Ejército del Aire de los Estados Unidos se ofrece el ejemplo de las armas biológicas.[17] Aunque las armas biológicas puedan dirigirse contra objetivos militares, su naturaleza implica que tras su lanzamiento, sus efectos escapan al control del responsable de su lanzamiento y pueden afectar tanto a los combatientes como a los civiles, conllevando el riesgo inevitable de un número excesivo de víctimas entre la población civil.
[1] Protocolo adicional I (1977), art. 51, párr. 4, párr. a) (aprobado por 77 votos a favor, uno en contra y 16 abstenciones) (ibíd., párr. 164).
[2] Francia, declaración en la CDDH (ibíd., párr. 73).
[3] México, declaración en la CDDH (ibíd., párrs. 228 y 268).
[4] Informe sobre los artículos aprobados por la Comisión III de la CDDH (ibíd., párr. 200).
[5] Protocolo II de la Convención sobre ciertas armas convencionales (1980), art. 3, párr. 3, párr. a) (ibíd., párr. 165); Protocolo II enmendado de la Convención sobre ciertas armas convencionales (1996), art. 3, párr. 8, apdo. a) (ibíd., párr. 166).
[6] V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párrs. 170, 212 y 256), Australia (ibíd., párrs. 170, 212 y 256), Bélgica (ibíd., párrs. 170, 212 y 256), Benin (ibíd., párr. 171), Canadá (ibíd., párrs. 170, 212 y 256), Ecuador (ibíd., párrs. 172 y 213), España (ibíd., párrs. 170, 212 y 256), Estados Unidos (ibíd., párrs. 179 y 180, 215 a 217), Israel (ibíd., párrs. 173, 214 y 257), Kenya (ibíd., párr. 174), Nigeria (ibíd., párr. 175), Nueva Zelandia (ibíd., párrs. 170, 212 y 256), Países Bajos (ibíd., párrs. 170, 212 y 256), Reino Unido (ibíd., párr. 178), Sudáfrica (ibíd., párr. 176), Suecia (ibíd., párrs. 170, 212 y 256), Togo (ibíd., párr. 177), y 258) y Yugoslavia (ibíd., párr. 259); v. asimismo los proyectos de ley de El Salvador (ibíd., párrs. 181, 218 y 260) y Nicaragua (ibíd., párrs. 182, 219 y 261).
[7] V., v.g., las declaraciones de Canadá (ibíd., párr. 221), Colombia (ibíd., párr. 184), Estados Unidos (ibíd., párrs. 192 a 195 y 233 a 237), India (ibíd., párrs. 185 y 224), Irak (ibíd., párr. 225), Italia (ibíd., párr. 226), Jordania y de los Estados Unidos (ibíd., párrs. 186 y 227), México (ibíd., párrs. 188 y 228 y 229), Nauru (ibíd., párr. 230), Reino Unido (ibíd., párrs. 191 y 232), República Democrática Alemana (ibíd., párr. 223), República Federal de Alemania (ibíd., párr. 222), Rwanda (ibíd., párr. 190) y Sri Lanka (ibíd., párr. 231), y
[8] V., v.g., la práctica de los Estados Unidos (ibíd., párrs. 186, 227 y 267) y la India (ibíd., párrs. 185, 224 y 265).
[9] Michael Bothe, Karl Josef Partsch, Waldemar A. Solf (eds.), New Rules for Victims of Armed Conflicts, Martinus Nijhoff, La Haya, 1982, p. 677.
[10] Protocolo II enmendado de la Convención sobre ciertas armas convencionales (1996), art. 3, párr. 8, apdo. a) (citado en vol. II, cap. 3, párr. 166).
[11] V., v.g., Memorandum of Understanding on the Application of IHL between Croatia and the SFRY (1991), párr. 6 (ibíd., párrs. 167, 209 y 253); Agreement on the Application of IHL between the Parties to the Conflict in Bosnia and Herzegovina (1992), párr. 2.5 (ibíd., párrs. 168, 210 y 254); Manual de San Remo (1994), párr. 42, apdo. b) (ibíd., párrs. 169, 211 y 255).
[12] V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párrs. 170, 212 y 256), Australia (ibíd., párrs. 170, 212 y 256), Benin (ibíd., párr. 171), Ecuador (ibíd., párrs. 172 y 213), Kenya (ibíd., párr. 174), Nigeria (ibíd., párr. 175), Togo (ibíd., párr. 177) y Yugoslavia (ibíd., párr. 259).
[13] V., v.g., las declaraciones de los Estados Unidos (ibíd., párrs. 186, 195, 227, 236 y 267), India (ibíd., párrs. 185, 224 y 265) y Jordania (ibíd., párrs. 186, 227 y 267); v. asimismo los proyectos de ley de El Salvador (ibíd., párrs. 181, 218 y 260) y Nicaragua (ibíd., párrs. 182, 219 y 261).
[14] XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Res. XIII (ibíd., párrs. 242 y 279).
[15]CIJ, Nuclear Weapons case, opinión consultiva (ibíd., párr. 243).
[16]TPIY, Martic case, examen del auto de procesamiento (ibíd., párr. 246).
[17]Estados Unidos, Air Force Pamphlet (ibíd., párr. 258).