Norma 119. Locales de detención de las mujeres privadas de libertad 

Norma 119. Las mujeres privadas de libertad serán alojadas en locales separados de los ocupados por los hombres, excepto cuando estén recluidas con su familia como unidad familiar, y estarán bajo la vigilancia inmediata de mujeres.
Volumen II, capítulo 37, sección B.
La práctica de los Estados establece esta regla como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales.
Los Convenios de Ginebra III y IV establecen que las mujeres privadas de libertad deben alojarse en locales separados de los ocupados por los hombres.[1] Disponen, asimismo, que las mujeres privadas de libertad deben estar bajo la vigilancia inmediata de mujeres.[2] Esta norma se expresa en el artículo 75 del Protocolo adicional I como una garantía fundamental aplicable a todas las mujeres privadas de libertad por razones relacionadas con el conflicto armado.[3]
En muchos manuales militares se especifica que las mujeres detenidas deben alojarse en locales separados de los ocupados por los hombres.[4] En el manual de DIH de Suecia, en particular, se señala que el artículo 75 del Protocolo adicional I es una codificación del derecho internacional consuetudinario.[5] La legislación de varios países exige que los hombres y las mujeres detenidos estén alojados en locales separados.[6]
El Protocolo adicional II establece que: “Salvo cuando hombres y mujeres de una misma familia sean alojados en común, las mujeres estarán custodiadas en locales distintos de los destinados a los hombres y se hallarán bajo la vigilancia inmediata de mujeres”.[7] El alojamiento separado para los hombres y las mujeres se exige en otros instrumentos referentes, asimismo, a los conflictos armados no internacionales.[8]
Diversos manuales militares que son aplicables, o se han aplicado, en conflictos armados no internacionales contienen esta norma.[9] En la legislación y otros tipos de normativa de diversos países se exige que los hombres y las mujeres detenidos estén alojados por separado.[10]
La práctica reunida en relación con esta norma corrobora la obligación de tener en cuenta las necesidades específicas de las mujeres afectadas por un conflicto armado (véase la norma 134), en particular para evitar que se conviertan en víctimas de la violencia sexual (véase la norma 93). De hecho, el propósito de esta norma es poner en práctica la protección específica concedida a las mujeres. La norma que establece que los miembros de una misma familia deben estar alojados juntos se apoya en la exigencia de que se respete la vida familiar (véase la norma 105).
No se ha hallado ninguna práctica oficial contraria en relación con conflictos armados internacionales o no internacionales. Según la experiencia del CICR, los hombres y las mujeres detenidos suelen estar separados. Si en ocasiones la separación es mínima, no se debe a un rechazo de esta norma, sino a la escasez de los recursos de que disponen las autoridades detenedoras. El Protocolo adicional II, en particular, estipula que esta norma debe ser respetada por las personas responsables del interna- miento o la detención “dentro de los límites de su competencia”.[11]
[1]III Convenio de Ginebra (1949), art. 25, cuarto párrafo (ibíd., párr. 99), art. 29, segundo párrafo (ibíd., párr. 99), art. 97, cuarto párrafo (ibíd., párr. 100 ) y art. 108, segundo párrafo (ibíd., párr. 100); IV Convenio de Ginebra (1949), art. 76, cuarto párrafo (ibíd., párr. 101), art. 82, tercer párrafo (ibíd., párr. 102), art. 85, cuarto párrafo (ibíd., párr. 103) y art. 124, tercer párrafo (ibíd., párr. 104).
[2]III Convenio de Ginebra (1949), art. 97, cuarto párrafo (ibíd., párr. 100 ) y art. 108, segundo párrafo (ibíd., párr. 100); IV Convenio de Ginebra (1949), art. 76, cuarto párrafo (ibíd., párr. 101) y art. 124, tercer párrafo (ibíd., párr. 104).
[3]Protocolo adicional I (1977), art. 75, párr. 5 (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 105).
[4]V., v.g., los manuales militares de Argentina (ibíd., párr. 112), Australia (ibíd., párr. 113), Camerún (ibíd., párr. 114), Canadá (ibíd., párr. 115), España (ibíd., párr. 120), Estados Unidos (ibíd., párrs. 124 y 125), Italia (ibíd., párr. 116), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 118), Países Bajos (ibíd., párr. 117), Reino Unido (ibíd., párr. 123), Senegal (ibíd., párr. 119), Suecia (ibíd., párr. 121) y Suiza (ibíd., párr. 122).
[5]Suecia, IHL Manual (ibíd., párr. 121).
[6]V., v.g., la legislación de Bangladesh (ibíd., párr. 127), Irlanda (ibíd., párr. 128), Noruega (ibíd., párr. 129), Pakistán (ibíd., párr. 130) y Rwanda (ibíd., párr. 131); v. también el proyecto de ley de Argentina (ibíd., párr. 126).
[7]Protocolo adicional II (1977), art. 5, párr. 2, apdo. a) (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 106).
[8]V., v.g., Memorandum of Understanding on the Application of International Humanitarian Law between Croatia and the SFRY (1991), párr. 4 (ibíd., párr. 109); Agreement on the Application of International Humanitarian Law between the Parties to the Conflict in Bosnia and Herzegovina (1992), párr. 2.3 (ibíd., párr. 110); Boletín del Secretario General de las Naciones Unidas, sección 8, apdo. e) (ibíd., párr. 111).
[9]V., v.g., los manuales militares de Argentina (ibíd., párr. 112), Australia (ibíd., párr. 113), Camerún (ibíd., párr. 114), Canadá (ibíd., párr. 115), España (ibíd., párr. 120), Italia (ibíd., párr. 116), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 118), Países Bajos (ibíd., párr. 117) y Senegal (ibíd., párr. 119).
[10]V., v.g., la legislación de Pakistán (ibíd., párr. 130) y Rwanda (ibíd., párr. 131), así como la práctica de India (ibíd., párrs. 133 y 134) y Malaisia (ibíd., párr. 136).
[11]Protocolo adicional II (1977), art. 5, párr. 2 (introducción).