Norma 118. Satisfacción de las necesidades básicas de las personas privadas de libertad 

Nota: En el presente capítulo se aborda el trato debido a las personas privadas de libertad por razones relacionadas con el conflicto armado, ya sea internacional o no internacional. Por lo que respecta a los conflictos armados internacionales, este término incluye a los combatientes que han caído en poder de la parte adversa, a los internados civiles y a los detenidos por motivos de seguridad. Por lo que respecta a los conflictos armados no internacionales, incluye a las personas que han participado directamente en las hostilidades y han caído en poder de la parte adversa, así como a las que han sido detenidas por un delito o por motivos de seguridad, siempre que exista una relación entre la situación de conflicto armado y la privación de libertad. En este capítulo, el término “detenido” abarca a todas las personas privadas de libertad por las razones indicadas.
Norma 118. Se proporcionará a las personas privadas de libertad, alimentos, agua y ropa suficientes, así como un alojamiento y la asistencia médica convenientes.
Volumen II, capítulo 37, sección A.
La práctica de los Estados establece esta regla como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales.
La regla según la cual debe proporcionarse a los prisioneros de guerra alimentos y ropa suficientes es una antigua norma de derecho internacional consuetudinario que se reconoció ya en el Código de Lieber, la Declaración de Bruselas y el Manual de Oxford.[1] Se codificó en el Reglamento de La Haya y actualmente se aborda con mayor detalle en el III Convenio de Ginebra.[2] En virtud del IV Convenio de Ginebra, esta norma es también aplicable a las personas civiles privadas de libertad en relación con un conflicto armado internacional.[3]
La norma que exige que se atiendan las necesidades básicas de las personas privadas de libertad se establece en numerosos manuales militares.[4] La legislación de muchos países tipifica como delito la violación de esta norma,[5] que corroboran también diversas declaraciones oficiales y otros tipos de práctica.[6]
En una resolución sobre la protección de los prisioneros de guerra aprobada en 1969, la XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja reconoció que, independientemente de lo dispuesto en el III Convenio de Ginebra, “la comunidad internacional no ha cesado de reclamar un trato humano para los prisioneros de guerra, y especialmente [...] la provisión de alimentos adecuados y las atenciones médicas que fueran necesarias”.[7]
El Protocolo adicional II contiene disposiciones específicas de derecho convencional relacionadas con la satisfacción de las necesidades básicas de los detenidos en los conflictos armados no internacionales.[8] Además, esta norma figura en otros instrumentos referentes, asimismo, a los conflictos armados no internacionales.[9] En las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos se enuncian disposiciones detalladas sobre el alojamiento, la higiene, el vestido, la ropa de cama y los alimentos.[10]Varios manuales militares que son aplicables, o se han aplicado, en conflictos armados no internacionales contienen esta norma.[11] La legislación de varios países tipifica como delito la violación de esta norma,[12] que corroboran, asimismo, diversas declaraciones oficiales y otros tipos de práctica en el contexto de los conflictos armados no internacionales.[13]
La práctica de las Naciones Unidas refrenda la norma que estipula que deben atenderse las necesidades básicas de las personas privadas de libertad. Por ejemplo, en 1992, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas solicitó que todos los detenidos de los campamentos, prisiones y centros de detención de Bosnia y Herzegovina recibiesen “un trato humanitario, inclusive alimentación, alojamiento y atención médica adecuados”.[14] Además, el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los Principios básicos para el tratamiento de los reclusos, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas sin votación en 1979 y 1990 respectivamente, solicitan, en particular, que se proteja la salud de los prisioneros.[15] Cabe señalar que la falta de alimentos, agua u atención médica adecuados para los detenidos constituye un trato inhumano (véase el comentario de la norma 90). En el asunto Aleksovski, celebrado en 1999, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia tuvo en cuenta la calidad del alojamiento, los alimentos y la asistencia médica recibidos por cada detenido para determinar si el acusado les había dado un trato inhumano.[16]
No se ha hallado ninguna práctica oficial contraria en relación con conflictos armados internacionales o no internacionales.
La práctica indica que las necesidades básicas de las personas privadas de libertad deben atenderse de manera adecuada, teniendo en cuenta los medios disponibles y las condiciones locales. En el Protocolo adicional II se indica que es preciso atender las necesidades básicas “en la misma medida que [las de] la población local”.[17]
En el asunto Aleksovski, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia estimó que la penuria relativa de alimentos era consecuencia de la escasez ocasionada por la guerra y que afectaba a todas las personas, y que la atención sanitaria probablemente se hubiera considerado insuficiente en tiempo normal, pero que los detenidos afectados recibieron la asistencia médica disponible.[18]
Según la práctica, si la potencia detenedora no es capaz de atender las necesidades básicas de los detenidos, debe permitir que los organismos humanitarios brinden asistencia en su lugar, y los detenidos tienen derecho a recibir socorros individuales o colectivos en ese contexto. El derecho a recibir envíos de socorros se reconoce en los Convenios de Ginebra III y IV, así como en el Protocolo adicional II.[19] Corroboran también esta interpretación los manuales militares, la legislación nacional y un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.[20] La práctica citada en los comentarios de las normas 53 y 55 sobre la prohibición de hacer padecer hambre y el acceso a la asistencia humanitaria apoya también esta norma.
[1]Código de Lieber (1863), art. 76 (citado en vol. II, cap. 37, párr. 9); Declaración de Bruselas (1874), art. 27 (ibíd., párr. 10); Manual de Oxford (1880), art. 69 (ibíd., párr. 11).
[2]Reglamento de La Haya (1907), art. 7 (ibíd., párr. 1); III Convenio de Ginebra (1949), arts. 25 a 32 (ibíd., párr. 3) y art. 125 (ibíd., párr. 5).
[3]IV Convenio de Ginebra (1949), arts. 76, 85, 87, 89 a 92 (ibíd., párr. 4) y art. 142 (ibíd., párr. 5).
[4]V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 36), Argentina (ibíd., párrs. 19 y 20), Australia (ibíd., párrs. 21 y 22), Benin (ibíd., párr. 23), Camerún (ibíd., párr. 24), Canadá (ibíd., párrs. 26 y 27), Colombia (ibíd., párrs. 28 y 29), Ecuador (ibíd., párr. 32), España (ibíd., párr. 51), Estados Unidos (ibíd., párrs. 56 a 59), Filipinas (ibíd., párr. 48), Francia (ibíd., párrs. 34 y 35), Hungría (ibíd., párr. 37), Israel (ibíd., párr. 38), Italia (ibíd., párr. 39), Kenya (ibíd., párr. 40), Madagascar (ibíd., párr. 41), Malí (ibíd., párr. 42), Nicaragua (ibíd., párr. 46), Nigeria (ibíd., párr. 47), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 45), Países Bajos (ibíd., párrs. 43 y 44), Reino Unido (ibíd., párrs. 54 y 55), República Dominicana (ibíd., párr. 31), Rumania (ibíd., párr. 49), Senegal (ibíd., párr. 50), Suiza (ibíd., párr. 52) y Togo (ibíd., párr. 53).
[5]V., v.g., la legislación de Australia (ibíd., párr. 61), Azerbaiyán (ibíd., párr. 62), Bangladesh (ibíd., párr. 63), Chile (ibíd., párr. 64), España (ibíd., párr. 72), Irlanda (ibíd., párr. 66), México (ibíd., párr. 67), Nicaragua (ibíd., párr. 68), Noruega (ibíd., párr. 69), Perú (ibíd., párr. 70), República Dominicana (ibíd., párr. 65), Rwanda (ibíd., párr. 71) y Uruguay (ibíd., párr. 73); v. también el proyecto de ley de Argentina (ibíd., párr. 60).
[6]V., v.g., la declaración de Estados Unidos (ibíd., párr. 79) y la práctica de Azerbaiyán (ibíd., párr. 76) y Estados Unidos (ibíd., párr. 79).
[7]XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Res. XI (ibíd., párr. 88).
[8]Protocolo adicional II (1977), art. 5, párr. 1 (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 8).
[9]V., v.g., Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law in the Philippines (1998), Part IV, art. 4, párr. 6 (ibíd., párr. 17); Boletín del Secretario General de las Naciones Unidas, sección 8, apdo.c) (ibíd., párr. 18).
[10]Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos (1955), reglas 9 a 20 (ibíd., párr. 12).
[11]V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 36), Australia (ibíd., párr. 22), Benin (ibíd., párr.23), Camerún (ibíd., párr. 24), Canadá (ibíd. , párrs. 26 y 27), Colombia (ibíd., párrs. 28 y 29), Ecuador (ibíd., párr. 32), Filipinas (ibíd., párr. 48), Hungría (ibíd., párr. 37), Italia (ibíd., párr. 39), Kenya (ibíd., párr. 40), Madagascar (ibíd., párr. 41), Nicaragua (ibíd., párr. 46), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 45), Senegal (ibíd., párr. 50) y Togo (ibíd., párr. 53).
[12]V., v.g., la legislación de Azerbaiyán (ibíd., párr. 62) España (ibíd., párr. 72) y Nicaragua (ibíd., párr. 68); v. también la legislación de Perú (ibíd., párr. 70) y Uruguay (ibíd., párr. 73), cuya aplicación no se excluye en tiempo de conflicto armado no internacional, y el proyecto de ley de Argentina (ibíd., párr. 60).
[13]V., v.g., la declaración de Yugoslavia (ibíd., párr. 82), la práctica de Filipinas (ibíd., párr. 78) y la práctica referida de Estados Unidos (ibíd., párr. 81) y Malaisia (ibíd., párr. 77).
[14]Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Res. 770 (ibíd., párr. 86).
[15]Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (1979), art. 6 (ibíd., párr. 14); Principios básicos para el tratamiento de los reclusos (1990), párr. 9 (ibíd., párr. 16).
[16]TPIY, Aleksovski case, fallo (ibíd., párr. 90).
[17]Protocolo adicional II (1977), art. 5, párr. 1, apdo. b) (aprobado por consenso).
[18]TPIY, Aleksovski case, fallo (citado en vol. II, cap. 37, párr. 90).
[19]III Convenio de Ginebra (1949), arts. 72 y 73 (ibíd., párr. 4); IV Convenio de Ginebra (1949), arts. 76, 108 y 109 (ibíd., párr. 4); Protocolo adicional II (1977), art. 5, párr. 1, apdo. c) (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 8).
[20]V., v.g., los manuales militares de Benin (ibíd., párr. 23), Camerún (ibíd., párr. 24), Croacia (ibíd., párr. 30), España (ibíd., párr. 51), Estados Unidos (ibíd., párrs. 56 y 58), Israel (ibíd., párr. 38), Nigeria ( ibíd., párr. 47), Nueva Zelandia ( ibíd., párr. 45), Países Bajos ( ibíd. , párr. 43), Reino Unido ( ibíd. , párr. 54), Senegal ( ibíd., párr. 50), Suiza ( ibíd., párr. 52) y Togo (ibíd. , párr. 53); la legislación de Azerbaiyán (ibíd. , párr. 62), Bangladesh ( ibíd., párr. 63), Irlanda (ibíd. , párr. 66) y Noruega (ibíd., párr. 69); Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Perú (ibíd. , párr. 93).