Norma 117. Obligación de averiguar lo acaecido a las personas desaparecidas 

Norma 117. Las partes en conflicto tomarán todas las medidas factibles para averiguar lo acaecido a las personas dadas por desaparecidas a raíz de un conflicto armado y transmitirán a los familiares de éstas toda la información de que dispongan al respecto.
Volumen II, capítulo 36, sección A.
La práctica de los Estados establece esta regla como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales. La obligación de averiguar lo acaecido a las personas dadas por desaparecidas concuerda con la prohibición de las desapariciones forzosas (véase la norma 98) y la obligación de respetar la vida familiar (véase la norma 105). Corrobora esta norma la obligación de registrar toda la información disponible antes de inhumar a los muertos (véase la norma 116). Todas las normas a las que se hace referencia se aplican tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales.
Los Convenios de Ginebra prevén la creación de oficinas de información cuyo cometido es centralizar la información relativa a los prisioneros de guerra y a las personas civiles que pertenecen a la parte adversa, transmitir esa información a esa parte y realizar investigaciones para averiguar la suerte que han corrido las personas dadas por desaparecidas.[1] El IV Convenio de Ginebra exige que las partes en conflicto faciliten las indagaciones de las personas que buscan a miembros de las familias dispersadas a causa del conflicto.[2] En el Protocolo adicional I se dispone que cada parte en conflicto debe buscar a las personas dadas por desaparecidas por la parte adversa.[3] La obligación de averiguar lo acaecido a las personas desaparecidas se reconoce en numerosos acuerdos entre las partes en los conflictos armados, tanto internacionales como no internacionales.[4]
La norma que exige que las partes en conflicto busquen a las personas desaparecidas se enuncia en diversos manuales militares.[5] Figura en algunas legislaciones nacionales[6] y la refrendan diversas declaraciones oficiales.[7] Existen, asimismo, informes sobre práctica que apoya esta norma.[8] Esta práctica comprende la de Estados que no son Partes, o no lo eran a la sazón, en el Protocolo adicional I.[9]
Los Estados y las organizaciones internacionales han solicitado en muchas ocasiones que se averigüe el paradero de las personas desaparecidas como consecuencia de los conflictos de Bosnia y Herzegovina, Chipre, Guatemala, Kosovo, Timor Oriental y la antigua Yugoslavia.[10] La creación del puesto de Experto para el proceso especial relativo a las personas desaparecidas en el territorio de la antigua Yugoslavia es una prueba más del deseo de la comunidad internacional de que se esclarezca la suerte que han corrido las personas desaparecidas.[11]
Además de las resoluciones relativas a países concretos, se han aprobado varias resoluciones a nivel internacional que han recibido un apoyo muy amplio y ningún voto negativo, en las que se declara la obligación general de averiguar el paradero de las personas desaparecidas. Por ejemplo, en una resolución sobre asistencia y cooperación para establecer lo acaecido a las personas desaparecidas o muertas en los conflictos armados, aprobada en 1974, la Asamblea General de las Naciones Unidas pidió a las partes en conflictos armados, independientemente del carácter de éstos, que adoptasen “todas las medidas a su alcance [...] para proporcionar información sobre las personas desaparecidas en acción”.[12] En una resolución de 2002 sobre personas desaparecidas, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reafirmó que cada parte en un conflicto armado “se pondrá a buscar a las personas que hayan sido dadas por desaparecidas por una parte adversa”.[13] Cuando se aprobó esta resolución, India, Indonesia, Japón, Malaisia, Pakistán, Sudán y Tailandia eran miembros de la Comisión, pero no habían ratificado los Protocolos adicionales. La XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, celebrada en 1995, instó enérgicamente a todas las partes en conflictos armados “a que [suministrasen] a las familias información sobre sus parientes desaparecidos”.[14] En el Plan de acción para los años 2000-2003, aprobado por la XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en 1999, se solicita que todas las partes en un conflicto armado se aseguren de que “se despliegan todos los esfuerzos para esclarecer la suerte que han corrido las personas de las que no se tiene noticias, así como para informar según el caso a los familiares”.[15]
La normativa penal y disciplinaria del Movimiento y Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés (SPLM/A) muestra que los agentes no estatales también consideran necesario llevar registros del personal militar para facilitar la búsqueda de las personas desaparecidas.[16]
La práctica indica que esta norma se deriva del derecho de las familias a conocer la suerte que han corrido sus parientes desaparecidos. Esto está implícito en el artículo 26 del IV Convenio de Ginebra, según el cual los Estados deben facilitar las investigaciones realizadas por miembros de familias dispersadas como consecuencia de un conflicto armado.[17] El Protocolo adicional I dispone explícitamente que para el cumplimiento de la sección sobre personas desaparecidas y muertas, incluida la obligación de buscar a las personas dadas por desaparecidas, las actividades de los Estados, las partes en el conflicto y las organizaciones internacionales humanitarias deben “estar motivadas ante todo por el derecho que asiste a las familias de conocer la suerte de sus miembros”.[18] Una interpretación de esta oración según el significado normal de las palabras y el contexto sugiere que el derecho de las familias a conocer la suerte que han corrido sus miembros existía ya antes de la aprobación del Protocolo adicional I y que las obligaciones establecidas en el Protocolo con respecto a las personas desaparecidas (artículo 33) y el trato dado a los restos mortales de los fallecidos (artículo 34) se basan en ese derecho.[19] El derecho de las familias a conocer la suerte de sus miembros se establece, asimismo, en otros instrumentos internacionales.[20]
El derecho de las familias a conocer la suerte que han corrido sus miembros se destaca en diversos manuales militares, declaraciones oficiales y otros tipos de práctica,[21] incluida la de Estados que no son Partes, o no lo eran a la sazón, en el Protocolo adicional I.[22] En un memorando explicativo presentado por el gobierno alemán al Parlamento en el proceso de ratificación de los Protocolos adicionales se señala que el artículo 32 del Protocolo adicional I no confiere el derecho subjetivo a los parientes de una persona desaparecida para obtener información, pero Alemania es el único Estado que ha hecho una declaración de ese tipo.[23]
Es interesante observar que el SPLM/A publica el nombre y otros datos de las personas que caen en su poder durante las operaciones militares y que declara hacerlo por el bien de los familiares de las personas capturadas.[24]
Varias resoluciones aprobadas por organizaciones y conferencias internacionales apoyan también el derecho de las familias a conocer la suerte que han corrido sus miembros. Por ejemplo, en una resolución aprobada en 1974, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró que “el deseo de conocer la suerte sufrida por los seres queridos desaparecidos en los conflictos armados constituye una necesidad humana básica que debe ser satisfecha en todo lo posible”.[25] En una resolución aprobada en 2002, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reafirmó “el derecho de los parientes a conocer el paradero de los familiares dados por desaparecidos en relación con conflictos armados”.[26] El derecho de los parientes a conocer la suerte que han corrido sus familiares se afirma también en una resolución del Parlamento Europeo y en recomendaciones de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.[27]
La Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja aprobó resoluciones en 1986, 1995 y 1999 en las que hacía hincapié en el derecho de las familias a ser informadas de la suerte que han corrido sus miembros.[28] La Declaración Final aprobada por la Conferencia Internacional para la Protección de las Víctimas de la Guerra, en 1993, subrayaba el hecho de que no puede negarse la información sobre la suerte de sus seres queridos a los familiares de las personas desaparecidas.[29] Estas cuatro resoluciones se aprobaron con el respaldo de Estados que no eran Parte en el Protocolo adicional I y se expresaron en términos bastante generales, con la intención de no limitarse a los conflictos armados internacionales.
La jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de los organismos regionales de derechos humanos confirma que está prohibido denegar deliberadamente información a los familiares sobre sus parientes desaparecidos. El Comité señaló que las desapariciones violaban gravemente los derechos de las familias de los desaparecidos, que vivían períodos muy duros, y a menudo prolongados, de ansiedad debido a la incertidumbre acerca de la suerte que habían corrido sus seres queridos.[30] El Tribunal Europeo de Derechos Humanos llegó a la conclusión de que, en varios casos en los que las fuerzas de seguridad no comunicaban la información disponible a los familiares de personas detenidas o en los que no se facilitaba ningún tipo de información sobre las personas desaparecidas en un conflicto armado, se había alcanzado un nivel equiparable a un trato inhumano.[31] La Corte Interamericana de Derechos Humanos expresó la misma opinión cuando sostuvo que el Estado está obligado a utilizar los medios de que dispone para informar a los familiares de la suerte que han corrido las personas desaparecidas.[32] Indicó, asimismo, que en el caso de la muerte de una víctima, el Estado tiene la obligación de informar a los familiares del lugar donde se encuentran los restos mortales del fallecido. [33] La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos ha sostenido también que “el hecho de detener a una persona sin permitirle tener en ningún caso contacto con sus familiares y negarse a indicar a los familiares si esa persona está detenida y su paradero constituye un trato inhumano tanto para el detenido como para sus familiares”.[34]
En la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño se establece que si las familias se separan como consecuencia de una acción del Estado, éste debe facilitar a los niños información básica sobre el paradero de sus familiares.[35] La Carta dispone también que si la separación se produce a raíz de un desplazamiento interno o externo provocado por un conflicto armado, los Estados deben tomar todas las medidas necesarias para encontrar a los padres o los familiares de los niños.[36]
La obligación de facilitar información sobre las personas dadas por desaparecidas es una obligación de conducta. Cada parte en el conflicto debe realizar todos los esfuerzos posibles a este respecto. Ello incluye buscar, pero también facilitar la búsqueda, de las personas dadas por desaparecidas como consecuencia del conflicto. Para poder cumplir esta obligación, cada parte en el conflicto tiene el deber de llevar registros sobre los fallecidos y las personas privadas de libertad (véanse las normas 116 y 123). Sin embargo, la obligación de proporcionar la información disponible es una obligación de resultado.
La práctica indica que la exhumación puede ser un método adecuado para establecer la suerte que han corrido las personas desaparecidas.[37] La práctica señala también que una de las posibilidades para encontrar a los desaparecidos es el establecimiento de comisiones especiales u otros mecanismos de búsqueda. La Comisión croata para la búsqueda de personas desaparecidas durante las hostilidades en la República de Croacia, establecida en 1991 y reestablecida en 1993, es un ejemplo de ello.[38] Cuando se crean ese tipo de comisiones, las partes tienen la obligación de cooperar de buena fe entre sí y con las comisiones, ya que la cooperación es, sin lugar a dudas, fundamental para el éxito de sus actividades. Estas comisiones pueden incluir al CICR o a otras organizaciones. En el Boletín del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la observancia del derecho internacional humanitario por las fuerzas de las Naciones Unidas se establece que las fuerzas de las Naciones Unidas facilitarán la labor de la Agencia Central de Búsquedas del CICR.[39] En el IV Convenio de Ginebra y el Protocolo adicional I figuran más precisiones con respecto a los conflictos armados internacionales.[40]
La práctica indica que la obligación de averiguar el paradero de las personas desaparecidas surge, a más tardar, después de que la parte adversa notifique la desaparición. En los manuales militares de Kenya, Nueva Zelandia y Países Bajos se señala que este deber surge “tan pronto como las circunstancias lo permitan”.[41] En una declaración oficial realizada en 1987, los Estados Unidos apoyaron la norma de que la búsqueda de las personas desaparecidas debería realizarse “cuando las circunstancias lo permitan, y a más tardar, tras el cese de las hostilidades”.[42] La ley de Azerbaiyán relativa a la protección de las personas civiles y los derechos de los prisioneros de guerra requiere que la búsqueda se inicie “a la primera oportunidad y, a más tardar, en cuanto cesen las operaciones militares activas”.[43]
En una resolución aprobada en 1974, la Asamblea General de las Naciones Unidas pidió a las partes en conflictos armados que proporcionasen información sobre las personas desaparecidas en acción, “independientemente del carácter de éstos, o del lugar en que ocurran, durante las hostilidades y una vez terminadas las hostilidades”.[44] En una resolución sobre las personas desaparecidas aprobada en 2002, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reafirmó que “cada parte en un conflicto armado, tan pronto lo permitan las circunstancias y a más tardar una vez concluidas las hostilidades, se pondrá a buscar a las personas que hayan sido dadas por desaparecidas por una parte adversa”.[45]
[1]III Convenio de Ginebra (1949), art. 122 (citado en vol. II, cap. 36, párr. 53); IV Convenio de Ginebra (1949), art. 136 (ibíd., párr. 53). Los artículos 16 y 17 del I Convenio de Ginebra y el artículo 19 del II Convenio de Ginebra hacen referencia a las oficinas de información establecidas según el artículo 122 del III Convenio de Ginebra.
[2] IV Convenio de Ginebra (1949), art. 26 (ibíd., párr. 143).
[3] Protocolo adicional I (1977), art. 33 (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 2).
[4] V., v.g., Joint Declaration on Soviet-Japanese Relations (1956), párr. 5 (ibíd., párr. 1); Israel-PLO Agreement on the Gaza Strip (1994), art. XIX (ibíd., párrs. 3 y 57); Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law in the Philippines (1998), Part IV, art. 4, párr. 9 (ibíd., párr. 4); Acuerdo relativo a los refugiados y las personas desplazadas adjunto a los acuerdos de Dayton (1995), art. 5 (ibíd., párr. 55); Agreement on the Normalization of Relations between Croatia and the FRY (1996), art. 6 (ibíd., párr. 56); Protocol to the Moscow Agreement on a Cease-fire in Chechnya to Locate Missing Persons and to Free Forcibly Detained Persons (1996), párrs. 5 y 6 (ibíd., párr. 58); Agreement on Ending the War and Restoring Peace in Viet-Nam (1973), Capítulo III (ibíd., párr. 96); Memorandum of Understanding on the Application of International Humanitarian Law between Croatia and the SFRY (1991), párr. 8 (ibíd., párr. 98); Plan of Operation for the 1991 Joint Commission to Trace Missing Persons and Mortal Remains (1991), párrs. 2.1.1 y 2.2.2 (ibíd., párr. 100); declaración conjunta de los Presidentes de la RFY y Croacia (octubre de 1992), párr. 3 (ibíd., párr. 101).
[5] V., v.g., los manuales militares de Argentina ( ibíd. , párr. 5), Australia ( ibíd. , párr. 6), Canadá ( ibíd. , párr. 7), Croacia (ibíd., párr. 8), España (ibíd., párr. 16), Hungría (ibíd., párr. 9), Indonesia (ibíd., párr. 10), Israel (ibíd., párr. 11), Kenya (ibíd., párr. 12), Madagascar (ibíd., párr. 13), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 15) y Países Bajos (ibíd., párr. 14).
[6] V., v.g., la legislación de Azerbaiyán (ibíd., párr. 17) y Zimbabwe (ibíd., párr. 20).
[7] V., v.g., las declaraciones de Alemania (ibíd., párr. 25), Estados Unidos (ibíd., párrs. 33 y 34) y la República Federal de Alemania (ibíd., párr. 24).
[8] V., v.g., la práctica de Croacia (ibíd., párr. 23) y Países Bajos (ibíd., párr. 30), así como la práctica referida de Australia (ibíd., párr. 108), Filipinas (ibíd., párr. 74), Israel (ibíd., párr. 26), Japón (ibíd., párr. 32), Malaisia (ibíd., párr. 29), Perú (ibíd., párr. 31), URSS (ibíd., párr. 32) y Viet Nam (ibíd., párr. 108).
[9] V., v.g., los manuales militares de Indonesia (ibíd., párr. 10), Israel (ibíd., párr. 11) y Kenya (ibíd., párr. 12), la legislación de Azerbaiyán (ibíd., párr. 17), las declaraciones de Estados Unidos (ibíd., párrs. 33 y 34), así como la práctica referida de Israel (ibíd., párr. 26), Japón (ibíd., párr. 32) y Malaisia (ibíd., párr. 29); v. también las declaraciones de Indonesia (ibíd., párr. 112) y Reino Unido (ibíd., párr. 114).
[10] V., v.g., las declaraciones de Alemania (ibíd., párrs. 25, 109 y 110) y Estados Unidos (ibíd., párr. 34); Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Declaración del Presidente (ibíd., párr. 35); Asamblea General de las Naciones Unidas, Res. 54/183 (ibíd., párr. 77), Res. 49/196 (ibíd., párr. 117) y Res. 50/193 (ibíd., párr. 118); Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Res. 1987/50 (ibíd., párr. 36), Res. 1994/72 (ibíd., párrs. 78 y 120), Res. 1995/35 (ibíd., párrs. 79 y 121) y Res. 1998/79 (ibíd., párr. 80); Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Declaración del Presidente (ibíd., párr. 38); Consejo de Europa, Asamblea Parlamentaria, Rec. 974 (ibíd., párr. 42), Rec. 1056 (ibíd., párr. 43), Res. 1066 (ibíd., párr. 83) y Rec. 1385 (ibíd., párr. 84); Parlamento Europeo, resolución sobre la violación de los derechos humanos en Chipre (ibíd., párr. 85).
[11] V. la práctica (ibíd., párrs. 41 y 127).
[12] Asamblea General de las Naciones Unidas, Res. 3220 (XXIX) (aprobada por 95 votos a favor, ninguno en contra y 32 abstenciones) (ibíd., párr. 76).
[13] Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Res. 2002/60 (aprobada sin votación) (ibíd., párr. 37).
[14] XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Res. 2 (ibíd., párrs. 87 y 184).
[15] XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Res. 1 (aprobada por consenso) (ibíd., párrs. 45, 88 y 185).
[16] SPLM/A, Penal and Disciplinary Laws (ibíd., párr. 195).
[17]IV Convenio de Ginebra (1949), art. 26 (ibíd., párr. 143).
[18]Protocolo adicional I (1977), art. 32 (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 144). En relación con los trabajos preparatorios previos a la aprobación de esta disposición, véanse las declaraciones en la CDDH (ibíd., párrs. 165 a 168 y 171 a 173).
[19]Yves Sandoz, Christophe Swinarski y Bruno Zimmermann, Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 (Protocolo I), CICR y Plaza y Janés Editores Colombia, S.A., Santa Fe de Bogotá, tomo I, 2001, párrs. 1217 y 1218.
[20]V., v.g., Principios rectores de los desplazamientos internos (1998), Principios 16, párr. 1, y 17, párr. 4 (citados en vol. II, cap. 36, párr. 147); Boletín del Secretario General de las Naciones Unidas, sección 9.8 (ibíd., párr. 148).
[21]V., v.g., los manuales militares de Argentina (ibíd., párr. 149), Australia (ibíd., párr. 150), Camerún (ibíd., párr. 151), Canadá (ibíd., párr. 152), España (ibíd., párr. 157), Estados Unidos (ibíd., párrs. 159 a 161), Kenya (ibíd., párr. 153), Israel (ibíd., párr. 154), Madagascar (ibíd., párr. 155), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 156) y Reino Unido (ibíd., párr. 158); las declaraciones de Alemania (ibíd., párr. 167), Austria (ibíd., párr. 166), Chipre (ibíd., párrs. 165 y 166), España (ibíd., párr. 166), Estados Unidos (ibíd., párrs. 172 a 174), Francia (ibíd., párrs. 165 y 166), Grecia (ibíd., párrs. 165 y 166), Nicaragua (ibíd., párr. 166) y Santa Sede (ibíd., párrs. 165, 166 y 168), así como la práctica de la República de Corea (ibíd., párr. 170).
[22] V., v.g., los manuals militares de Estados Unidos (ibíd., párr. 161), Israel (ibíd., párr. 154) y Kenya (ibíd., párr. 153), así como la declaración de Estados Unidos (ibíd., párr. 174).
[23] Alemania, Explanatory Memorandum on the Additional Protocols to the Geneva Conventions (ibíd., párr. 169).
[24] Informe sobre la práctica del SPLM/A (ibíd., párr. 195).
[25]Asamblea General de las Naciones Unidas, Res. 3220 (XXIX) (aprobada por 95 votos a favor, ninguno en contra y 32 abstenciones) (ibíd., párr. 175).
[26]Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Res. 2002/60 (ibíd., párr. 176).
[27]Parlamento Europeo, resolución sobre el problema de las personas desaparecidas en Chipre (ibíd., párr. 181); Consejo de Europa, Asamblea Parlamentaria, Rec. 868 (ibíd., párr. 178) y Rec. 1056 (ibíd., párr. 180).
[28]XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Res. XIII (ibíd., párr. 182); XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Res. 2 (ibíd., párr. 184); XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Res. 1 (aprobada por consenso) (ibíd., párr. 185).
[29]Conferencia Internacional para la Protección de las Víctimas de la Guerra, Declaración Final (aprobada por consenso) (ibíd., párr. 183).
[30]V., v.g., Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Quinteros v. Uruguay (ibíd., párr. 186). Las opiniones del Comité se basaron, entre otras cosas, en el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
[31]Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Kurt v. Turkey (ibíd., párr. 188), Timurtas v. Turkey (ibíd., párr. 188) y Chipre case (ibíd., párr. 189).
[32]Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez (ibíd., párr. 191). La Corte consideró que se habían violado los artículos 4, 5 y 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
[33]V., v.g., Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Bámaca Velásquez (ibíd., párr. 192) y Caso Bámaca Velásquez (Reparaciones) (ibíd., párr. 193). En este caso, la Corte sostuvo que se habían violado los párrafos 1 y 2 del artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
[34]Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, Amnesty International and Others v. Sudan (ibíd., párr. 187).
[35]Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño (1990), art. 19, párr. 3 (ibíd., párr. 145).
[36]Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño (1990), art. 25, párr. 2, apdo. b) (ibíd., párr. 146).
[37]V., v.g., Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Statement of the Expert for the Special Process on Missing Persons in the Territory of the Former Yugoslavia (ibíd., párr. 41) y Briefing on Progress Reached in Investigation of Violations of International Law in certain areas of Bosnia and Herzegovina (ibíd., párr. 126), así como Alto Representante para la Aplicación del Acuerdo de Paz en Bosnia y Herzegovina, Informe (ibíd., párr. 127).
[38]V. la práctica de Croacia (ibíd., párr. 23).
[39]Boletín del Secretario General de las Naciones Unidas, sección 9.8 (ibíd., párr. 102).
[40]IV Convenio de Ginebra (1949), arts. 136 a 141 (ibíd., párrs. 53 y 95); Protocolo adicional I (1977), art. 33 (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 54).
[41]Kenya, LOAC Manual (ibíd., párr. 12); Países Bajos, Military Manual (ibíd., párr. 14); Nueva Zelandia, Military Manual (ibíd., párr. 15).
[42]Estados Unidos, Remarks of the Deputy Legal Adviser of the Department of State (ibíd., párr. 33).
[43]Azerbaiyán, Law concerning the Protection of Civilian Persons and the Rights of Prisoners of War (ibíd., párr. 17).
[44]Asamblea General de las Naciones Unidas, Res. 3220 (XXIX) (aprobada por 95 votos a favor, ninguno en contra y 32 abstenciones) (ibíd., párr. 76).
[45]Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Res. 2002/60 (aprobada sin votación) (ibíd., párr. 37).