Norma 113. Trato debido a las personas fallecidas

Norma 113. Las partes en conflicto tomarán todas las medidas posibles para evitar que los muertos sean despojados. Está prohibido mutilar los cadáveres.
Volumen II, capítulo 35, sección B.
La práctica de los Estados establece esta regla como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales.
La obligación de tomar todas las medidas posibles para evitar que los muertos sean despojados (u objeto de pillaje) se codificó por primera vez en la Convención de La Haya (X) de 1907.[1] Actualmente está codificada también en los Convenios de Ginebra.[2] Figura, asimismo, en el Protocolo adicional I,[3] aunque en los términos más generales de “respetar” a los muertos, que comprenden la noción de impedir que los muertos sean despojados.[4]
La obligación de tomar todas las medidas posibles para evitar que los muertos sean despojados o la prohibición de despojar a los muertos se establece en numerosos manuales militares.[5] La legislación de muchos países tipifica como delito el despojo de los cadáveres.[6] En el asunto Pohl, en 1947, el Tribunal militar estadounidense de Nuremberg declaró que robar a los muertos “es, y siempre ha sido, un delito”.[7] Además, la prohibición de despojar a los muertos es una aplicación de la prohibición general del pillaje (véase la norma 52).
La prohibición de mutilar los cadáveres en los conflictos armados internacionales está comprendida en el delito de “cometer atentados contra la dignidad personal” contemplado en el Estatuto de la Corte Penal Internacional que, según los Elementos de los crímenes, se aplica también a las personas fallecidas (véase el comentario de la norma 90).[8]
Muchos manuales militares prohíben la mutilación u otros malos tratos a los muertos.[9] La legislación de muchos países tipifica como delito la mutilación de los muertos.[10] En varios juicios celebrados después de la II Guerra Mundial, los acusados fueron condenados por actos de mutilación de cadáveres y canibalismo.[11] Corroboran la prohibición de mutilar a los muertos diversas declaraciones oficiales y otros tipos de práctica.[12]
La obligación de tomar todas las medidas posibles para evitar que los muertos sean despojados en los conflictos armados no internacionales se establece en el Protocolo adicional II.[13] Además, esta obligación figura en otros instrumentos referentes, asimismo, a los conflictos armados no internacionales.[14]
La obligación de tomar todas las medidas posibles para evitar que los muertos sean despojados o la prohibición de despojar a los muertos se establecen en varios de los manuales militares que son aplicables, o se han aplicado, en conflictos armados no internacionales.[15] Esos actos constituyen también un delito según la legislación de muchos países.[16] Además, la prohibición de despojar a los cadáveres es una aplicación de la prohibición general del pillaje (véase la norma 52).
El procurador ante el Consejo de Estado de Colombia sostuvo que la obligación de respetar a los muertos es inherente al artículo 3 común a los Convenios de Ginebra.[17] La prohibición de la mutilación se establece en el Protocolo adicional II.[18] La prohibición de mutilar los cadáveres en los conflictos armados no internacionales está cubierta por el delito de “cometer atentados contra la dignidad personal” contemplado en el Estatuto de la Corte Penal Internacional que, según los Elementos de los crímenes, se aplica también a los cadáveres (véase el comentario de la norma 90).[19] Esta prohibición se establece en otros instrumentos referentes, asimismo, a los conflictos armados no internacionales.[20]
Muchos manuales militares que son aplicables, o se han aplicado, en conflictos armados no internacionales prohíben la mutilación u otros malos tratos a los muertos.[21] La legislación de muchos países tipifica como delito el hecho de mutilar o maltratar los cadáveres.[22]
No se ha hallado ninguna práctica oficial contraria en relación con conflictos armados internacionales o no internacionales.
[1] Convención de La Haya (X) (1907), art. 16 (ibíd., párr. 125).
[2] I Convenio de Ginebra (1949), art. 15, primer párrafo (ibíd., párr. 126); II Convenio de Ginebra (1949), art. 18, primer párrafo (ibíd., párr. 127); IV Convenio de Ginebra (1949), art. 16, segundo párrafo (ibíd., párr. 128).
[3] Protocolo adicional I (1977), art. 34, párr. 1 (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 59).
[4] Yves Sandoz, Christophe Swinarski y Bruno Zimmermann, Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 (Protocolo I), CICR y Plaza y Janés Editores Colombia, S.A., Santa Fe de Bogotá, tomo I, 2001, párr. 446.
[5] V., v.g., los manuales militares de Alemania (citado en vol. II, cap. 35, párr. 144), Argentina (ibíd., párr. 134), Australia (ibíd., párr. 135), Bélgica (ibíd., párr. 136), Benin (ibíd., párr. 137), Burkina Faso (ibíd., párr. 138), Camerún (ibíd., párr. 139), Canadá (ibíd., párrs. 140 y 141), Congo (ibíd., párr. 142), España (ibíd., párr. 155), Estados Unidos (ibíd., párrs. 160 a 164), Francia (ibíd., párr. 143), Kenya (ibíd., párr. 145). Líbano (ibíd., párr. 146), Madagascar (ibíd., párr. 147), Malí (ibíd., párr. 148), Marruecos (ibíd., párr. 149), Nigeria (ibíd., párr. 152), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 151), Países Bajos (ibíd., párr. 150), Reino Unido (ibíd., párrs. 158 y 159), Rumania (ibíd., párr. 153), Senegal (ibíd., párr. 154), Suiza (ibíd., párr. 156) y Togo (ibíd., párr. 157).
[6] V., v.g., la legislación (ibíd., párrs. 165 a 234).
[7]Estados Unidos, Tribunal Militar de Nuremberg, Pohl case (ibíd., párr. 235).
[8]Elementos de los crímenes de la CPI (2000), definición de cometer atentados contra la dignidad personal como crímen de guerra (Estatuto de la CPI, nota a pie de página 49 relativa al art. 8, párr. 2, apdo. b), inciso xxi)).
[9]V., v.g., los manuales militares de Australia (ibíd., párr. 67), Bosnia y Herzegovina (ibíd., párr. 68), Canadá (ibíd., párrs. 69 y 70), Ecuador (ibíd., párr. 71), España (ibíd., párr. 81), Estados Unidos (ibíd., párrs. 85 a 87), Filipinas (ibíd., párr. 79), Israel (ibíd., párr. 72), Nigeria (ibíd., párr. 78), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 77), Países Bajos (ibíd., párrs. 75 y 76), Reino Unido (ibíd., párrs. 83 y 84), República de Corea (ibíd., párrs. 73 y 74), Sudáfrica (ibíd., párr. 80) y Suiza (ibíd., párr. 82).
[10]V., v.g., la legislación de Australia (ibíd., párrs. 88 y 89), Bangladesh (ibíd., párr. 90), Canadá (ibíd., párr. 91), Congo (ibíd., párr. 92), España (ibíd., párr. 101), Etiopía (ibíd., párr. 93), Irlanda (ibíd., párr. 94), Italia (ibíd., párrs. 95 y 96), Lituania (ibíd., párr. 97), Noruega (ibíd., párr. 100), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 99), Países Bajos (ibíd., párr. 98), Reino Unido (ibíd., párr. 104), Suiza (ibíd., párr. 102) y Venezuela (ibíd., párr. 105); v. también los proyectos de ley de Trinidad y Tobago (ibíd., párr. 103).
[11]Australia, Tribunal Militar de Wewak, Takehiko case (ibíd., párr. 106); Australia, Tribunal Militar de Rabaul, Tisato case (ibíd., párr. 107); Estados Unidos, Comisión Militar de Yokohama, Kikuchi and Mahuchi case (ibíd., párr. 109); Estados Unidos, Comisión Militar de Islas Marianas, Yochio and Others case (ibíd., párr. 110); Estados Unidos, Tribunal Militar General de Dachau, Schmid case (ibíd., párr. 111).
[12]V., v.g., la declaración de Estados Unidos (ibíd., párr. 115) y la práctica de Azerbaiyán (ibíd., párr. 112).
[13]Protocolo adicional II (1977), art. 8 (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 130).
[14]V., v.g., Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law in the Philippines (1998), Part IV, art. 4, párr. 9 (ibíd., párr. 133).
[15] V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 144), Australia (ibíd., párr. 135), Benin (ibíd., párr. 137), Canadá (ibíd., párrs. 140 y 141), España (ibíd., párr. 155), Kenya (ibíd., párr. 145), Líbano (ibíd., párr. 146), Madagascar (ibíd., párr. 147) y Togo (ibíd., párr. 157).
[16] V., v.g., la legislación de Armenia (ibíd., párr. 168), Azerbaiyán (ibíd., párr. 170), Bosnia y Herzegovina (ibíd., párr. 172), Canadá (ibíd., párr. 176), Colombia (ibíd., párr. 179), Croacia (ibíd., párr. 181), Eslovenia (ibíd., párr. 217), España (ibíd., párrs. 218 y 219), Etiopía (ibíd., párr. 188), Gambia (ibíd., párr. 190), Georgia ( ibíd., párr. 191), Ghana (ibíd., párr. 192), Guinea (ibíd., párr. 193), Irlanda (ibíd., párr. 197), Kazajstán (ibíd., párr. 199), Kenya (ibíd., párr. 200), Letonia (ibíd., párr. 202), Moldova (ibíd., párr. 207), Nicaragua (ibíd., párr. 211), Nigeria (ibíd., párr. 212), Noruega (ibíd., párr. 213), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 209), Singapur (ibíd., párr. 215), Suiza (ibíd., párr. 220), Tayikistán (ibíd., párr. 221), Trinidad y Tobago (ibíd., párr. 223), Ucrania (ibíd., párr. 225), Uganda (ibíd., párr. 224), Venezuela (ibíd., párr. 229), Yemen (ibíd., párr. 231), Yugoslavia (ibíd., párr. 232), Zambia (ibíd., párr. 233) y Zimbabwe (ibíd., párr. 234); v. también la legislación de Bulgaria (ibíd., párr. 174), Burkina Faso (ibíd., párr. 175), Eslovaquia (ibíd., párr. 216), Hungría (ibíd., párr. 194), Italia (ibíd., párr. 198), Nicaragua (ibíd., párr. 210), República Checa (ibíd., párr. 183), República de Corea (ibíd., párr. 201), Rumania (ibíd., párr. 214), Togo (ibíd., párr. 222) y Uruguay (ibíd., párr. 228), cuya aplicación no se excluye en tiempo de conflicto armado no internacional, así como el proyecto de ley de Argentina (ibíd., párr. 167).
[17] Colombia, Consejo de Estado, fallo n.° 9276, Concepto del Procurador Primero Delegado (ibíd., párr. 113).
[18] Protocolo adicional II (1977), art. 4, párr. 2, apdo. a) (aprobado por consenso) (citado en vol. II, cap. 32, párr. 1420).
[19] Elementos de los crímenes de la CPI (2000), definición de cometer atentados contra la dignidad personal como crimen de guerra (Estatuto de la CPI, nota a pie de página 57 relativa al art. 8, párr. 2, apdo. c), inciso ii)) (citado en vol. II, cap. 35, párr. 65).
[20] Declaración de El Cairo sobre los derechos humanos en el Islam (1990), art. 3, apdo. a) (ibíd., párr. 63); Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law in the Philippines (1998), Part IV, art. 3, párr. 4 (ibíd., párr. 64); Reglamento n°.2000/15 de la UNTAET, sección 6, párr. 1, apdo. c), inciso ii) (ibíd., párr. 66).
[21] V., v.g., los manuales militares de Australia (ibíd., párr. 67), Bosnia y Herzegovina (ibíd., párr. 68), Canadá (ibíd., párr. 70), Ecuador (ibíd., párr. 71), España (ibíd., párr. 81), Filipinas (ibíd., párr. 79), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 77), República de Corea (ibíd., párr. 73) y Sudáfrica (ibíd., párr. 80).
[22]V., v.g., la legislación de Australia (ibíd., párr. 89), Canadá (ibíd., párr. 91), Congo (ibíd., párr. 92), Etiopía (ibíd., párr. 93), Irlanda (ibíd., párr. 94), Noruega (ibíd., párr. 100), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 99), Reino Unido (ibíd., párr. 104), Suiza (ibíd., párr. 102) y Venezuela (ibíd., párr. 105); v. también la legislación de Italia (ibíd., párrs. 95 y 96), cuya aplicación no se excluye en tiempo de conflicto armado no internacional, y el proyecto de ley de Trinidad y Tobago (ibíd., párr. 103).