Norma 110. Asistencia de los heridos, los enfermos y los náufragos

Norma 110. Los heridos, los enfermos y los náufragos recibirán cuanto antes, en la medida de lo posible, los cuidados médicos que exija su estado. No se hará entre ellos ninguna distinción que no esté basada en criterios médicos.
Volumen II, capítulo 34, sección B.
La práctica de los Estados establece esta regla como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales.
La obligación de cuidar a los combatientes heridos y enfermos sin distinción alguna es una antigua norma de derecho internacional consuetudinario reconocida ya en el Código de Lieber y codificada en el Convenio de Ginebra de 1864.[1] Este tema se aborda más detalladamente en los Convenios de Ginebra de 1949.[2] Actualmente está codificada en el artículo 10 del Protocolo adicional I.[3]
Los numerosos manuales militares que contienen esta norma están redactados en términos generales que abarcan a todos los heridos, enfermos y náufragos.[4] En el manual de DIH de Suecia, en particular, se indica que el artículo 10 del Protocolo adicional I es una codificación del derecho internacional consuetudinario.[5] La legislación de muchos países tipifica como delito el hecho de negar la asistencia médica a los heridos, enfermos y náufragos.[6]
En el contexto de un conflicto armado no internacional, esta norma se basa en el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra, que estipula que: “Los heridos, los enfermos y los náufragos serán recogidos y asistidos”.[7] Está codificada de manera más detallada en el Protocolo adicional II.[8] Además, se establece en otros instrumentos referentes, asimismo, a los conflictos armados no internacionales.[9]
La obligación de asistir a los combatientes heridos y enfermos sin distinción se expresa en varios manuales militares que son aplicables, o se han aplicado, en conflictos armados no internacionales.[10] La legislación de muchos países tipifica como delito el hecho de no prestar asistencia médica a los heridos, los enfermos y los náufragos.[11] La Cámara Federal de Apelaciones de Argentina exigió el respeto de esta norma en el juicio a las juntas militares en 1985.[12] Además, existen declaraciones oficiales y otras prácticas que apoyan esta norma en el contexto de los conflictos armados no internacionales.[13]
No se ha hallado ninguna práctica oficial contraria en relación con conflictos armados internacionales o no internacionales. Los Estados y las organizaciones internacionales han condenado, en general, las violaciones de esta norma.[14] El CICR ha exhortado a las partes en los conflictos armados, tanto internacionales como no internacionales, a respetar esta norma.[15]
La obligación de proteger y asistir a los heridos, los enfermos y los náufragos es una obligación de conducta. Cada una de las partes en el conflicto debe hacer todos los esfuerzos posibles para prestar protección y asistencia a los heridos, los enfermos y los náufragos. Ello incluye permitir a las organizaciones humanitarias la prestación de servicios de protección y asistencia. La práctica muestra que diversas organizaciones humanitarias, incluido el CICR, han prestado servicios de protección y asistencia a los heridos, los enfermos y los náufragos. Está claro que, en la práctica, estas organizaciones necesitan el permiso de la parte que controla una zona determinada para prestar protección y asistencia, pero ese permiso no puede ser denegado arbitrariamente (véase, asimismo, el comentario de la norma 55).
Además, la práctica reconoce la posibilidad de pedir a la población civil que colabore en la asistencia a los heridos, los enfermos y los náufragos. La ayuda brindada por la población civil se reconoce en el Convenio de Ginebra de 1864, en el I Convenio de Ginebra y en los Protocolos adicionales I y II.[16] Esta posibilidad se contempla, asimismo, en diversos manuales militares.[17]
La norma que estipula que no pueden hacerse distinciones entre los heridos, los enfermos y los náufragos salvo en base a criterios médicos suele expresarse en derecho internacional humanitario como una prohibición de hacer “distinciones de índole desfavorable” (véase también la norma 88). Esto significa que puede hacerse una distinción que sea beneficiosa, en particular socorriendo prioritariamente a una persona que requiera atención médica urgente, sin que ello implique una discriminación entre las personas atendidas primero y las atendidas después. Este principio se establece en muchos manuales militares.[18] Lo apoya, asimismo, la obligación de respetar la deontología médica, según se estipula en los Protocolos adicionales I y II (véase, asimismo, la norma 26), lo que significa que no puede pedirse al personal sanitario que dé prioridad a ninguna persona, salvo en base a criterios médicos.[19]
[1] Código de Lieber (1863), art. 79 (ibíd., párr. 205); Convenio de Ginebra de 1864, art. 6 (ibíd., párr. 191).
[2] I Convenio de Ginebra (1949), art. 12, segundo párrafo, y art. 15, primer párrafo (ibíd., párrs. 193 y 194); II Convenio de Ginebra (1949), art. 12, segundo párrafo, y art. 18, primer párrafo (ibíd., párrs. 193 y 196); IV Convenio de Ginebra (1949), art. 16, primer párrafo (ibíd., párr. 198).
[3] Protocolo adicional I (1977), art. 10 (aprobado por consenso) (ibíd., párrs. 199 y 346).
[4] V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párrs. 239 y 240), Argentina (ibíd., párrs. 215 y 355), Australia (ibíd., párrs. 216, 217 y 357), Bélgica (ibíd., párrs. 218 y 219), Benin (ibíd., párrs. 220 y 359), Bosnia y Herzegovina (ibíd., párr. 221), Burkina Faso (ibíd., párr. 222), Camerún (ibíd., párrs. 223 y 224), Canadá (ibíd., párrs. 225 y 226), Colombia (ibíd., párrs. 227 a 229), Congo (ibíd., párr. 230), Croacia (ibíd., párrs. 231 y 233), Ecuador (ibíd., párr. 234), El Salvador (ibíd., párr. 235), España (ibíd., párr. 270), Estados Unidos (ibíd., párrs. 278 a 281), Filipinas (ibíd., párrs. 261 a 264 y 374), Francia (ibíd., párrs. 236 a 238), Hungría (ibíd., párr. 241), India (ibíd., párr. 243), Indonesia (ibíd., párr. 244), Israel (ibíd., párr. 245), Italia (ibíd., párr. 246), Kenya (ibíd., párrs. 247 y 367), Líbano (ibíd., párr. 248), Madagascar (ibíd., párrs. 249 y 368), Malí (ibíd., párr. 250), Marruecos (ibíd., párr. 251), Nicaragua (ibíd., párr. 256), Nigeria (ibíd., párrs. 257 a 260), Nueva Zelandia (ibíd., párrs. 255 y 371), Países Bajos (ibíd., párrs. 252 a 254 y 370), Reino Unido (ibíd., párrs. 276 y 277), Rumania (ibíd., párr. 375), Rwanda (ibíd., párr. 267), Senegal (ibíd., párr. 268), Sudáfrica (ibíd., párr. 269), Suecia (ibíd., párrs. 271 y 272), Suiza (ibíd., párrs. 273 y 379), Togo (ibíd., párrs. 274 y 380) y Uganda (ibíd., párr. 275).
[5] Suecia, IHL Manual (ibíd., párr. 272).
[6] V., v.g., la legislación de Azerbaiyán (ibíd., párr. 283), Bangladesh (ibíd., párr. 284), China (ibíd., párr. 285), Colombia (ibíd., párr. 286), Cuba (ibíd., párr. 287), Eslovaquia (ibíd., párr. 293), España (ibíd., párr. 294), Estonia (ibíd., párr. 290), Irlanda (ibíd., párr. 291), Noruega (ibíd., párr. 292), República Checa (ibíd., párr. 288), Ucrania (ibíd., párr. 295), Uruguay (ibíd., párr. 296), Venezuela (ibíd., párr. 297) y Viet Nam (ibíd., párr. 298); v. también los proyectos de ley de Argentina (ibíd., párr. 282) y El Salvador (ibíd., párr. 289).
[7] Convenios de Ginebra (1949), art. 3 común (ibíd., párr. 192).
[8] Protocolo adicional II (1977), arts. 7 y 8 (aprobados por consenso) (ibíd., párrs. 201 y 202).
[9] Declaración de El Cairo sobre los derechos humanos en el Islam (1990), art. 3, apdo. a) (ibíd., párr. 208); Declaración de La Haya sobre el respeto de los principios humanitarios, párrs. 1 y 2 (ibíd., párr. 209); Memorandum of Understanding on the Application of IHL between Croatia and the SFRY (1991), párr. 1 (ibíd., párrs. 210 y 351); Agreement on the Application of IHL between the Parties to the Conflict in Bosnia and Herzegovina (1992), párr. 2.1 (ibíd., párrs. 211 y 352); Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and IHL in the Philippines (1998), Part IV, art. 4, párrs. 2 y 9 (ibíd., párr. 212).
[10] V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párrs. 239 y 240), Argentina (ibíd., párrs. 215 y 355), Australia (ibíd., párrs. 216, 217 y 357), Bélgica (ibíd., párr. 218), Benin (ibíd., párrs. 220 y 359), Bosnia y Herzegovina (ibíd., párr. 221), Camerún (ibíd., párr. 224), Canadá (ibíd., párrs. 225 y 226), Colombia (ibíd., párrs. 227 a 229), Croacia (ibíd., párrs. 231 y 233), Ecuador (ibíd., párr. 234), El Salvador (ibíd., párr. 235), España (ibíd., párr. 270), Estados Unidos (ibíd., párr. 278), Filipinas (ibíd., párrs. 261 a 264 y 374), India (ibíd., párrs. 242 y 243), Italia (ibíd., párr. 246), Kenya (ibíd., párrs. 247 y 367), Líbano (ibíd., párr. 248), Madagascar (ibíd., párrs. 249 y 368), Nicaragua (ibíd., párr. 256), Nigeria (ibíd., párrs. 257, 258 y 260), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 255), Países Bajos ( ibíd., párrs. 252, 253 y 369), Reino Unido (ibíd., párr. 277), Rwanda (ibíd., párr. 267), Sudáfrica (ibíd., párr. 269), Suecia (ibíd., párr. 271), Togo (ibíd., párrs. 274 y 380) y Uganda (ibíd., párr. 275).
[11] V., v.g., la legislación de Azerbaiyán (ibíd., párr. 283), Bangladesh (ibíd., párr. 284), Colombia (ibíd., párr. 286), España (ibíd., párr. 294), Estonia (ibíd., párr. 290), Irlanda (ibíd., párr. 291), Noruega (ibíd., párr. 292), Ucrania (ibíd., párr. 295), Venezuela (ibíd., párr. 297) y Viet Nam (ibíd., párr. 298); v. también la legislación de Eslovaquia ( ibíd. , párr. 293), República Checa ( ibíd. , párr. 288) y Uruguay ( ibíd. , párr. 296), cuya aplicación no se excluye en tiempo de conflicto armado no internacional, y los proyectos de ley de Argentina (ibíd., párr. 282) y El Salvador (ibíd., párr. 289).
[12] Argentina, Cámara Federal de Apelaciones, Juicio a las juntas militares (ibíd., párr. 299).
[13] V., v.g., las declaraciones de Australia (ibíd., párr. 300), Rwanda (ibíd., párr. 311), Uruguay (ibíd., párr. 314) y Yugoslavia (ibíd., párr. 315), la práctica de Honduras (ibíd., párr. 304), así como la práctica referida de Filipinas (ibíd., párr. 309), Jordania (ibíd., párr. 307) y Malaisia (ibíd., párr. 308).
[14] V., v.g., las declaraciones de Sudáfrica (ibíd., párr. 312) y Yugoslavia (ibíd., párr. 315); Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Burundi (ibíd., párr. 320); ONUSAL, Informe del Director de la División de Derechos Humanos (ibíd., párr. 322).
[15] V., v.g., CICR, Memorándum sobre la aplicabilidad del derecho internacional humanitario (ibíd., párrs. 329 y 397), comunicados de prensa n.os 1658 y 1659 (ibíd., párr. 330), Press Release, Tajikistan: ICRC urges respect for humanitarian rules (ibíd., párr. 331), Comunicado de prensa n.° 1700 (ibíd., párrs. 332 y 398), Comunicación a la prensa n.° 93/17 (ibíd., párr. 333), Comunicado de prensa n.° 1764 (ibíd., párr. 334), Memorándum sobre el respeto del derecho internacional humanitario en Angola (ibíd., párrs. 336 y 399), Memorandum on Compliance with International Humanitarian Law by the Forces Participating in Opération Turquoise (ibíd., párrs. 337 y 400), Comunicado de prensa n.° 1793 (ibíd., párr. 338), Comunicado de prensa n.° 1797 (ibíd., párr. 339) y Comunicación a la prensa n.° 00/42 (ibíd., párr. 340).
[16]Convenio de Ginebra de 1864, art. 5; I Convenio de Ginebra (1949), art. 18 (ibíd., párr. 195); Protocolo adicional I (1977), art. 17, párr. 2 (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 200); Protocolo adicional II (1977), art. 18, párr. 1 (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 203).
[17]V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 240), Argentina (ibíd., párr. 214), Camerún (ibíd., párr. 224), Canadá (ibíd., párrs. 225 y 226), Croacia (ibíd., párr. 232), Estados Unidos (ibíd., párrs. 278 y 279), Kenya (ibíd., párr. 247), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 255), Reino Unido (ibíd., párrs. 276 y 277), Rusia (ibíd., párr. 266), Suecia (ibíd., párr. 272) y Suiza (ibíd., párr. 273).
[18]V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 365), Argentina (ibíd., párrs. 354 y 355), Australia (ibíd., párrs. 356 y 357), Bélgica (ibíd., párr. 358), Canadá (ibíd., párrs. 360 y 361), Colombia (ibíd., párr. 362), Ecuador (ibíd., párr. 363), España (ibíd., párr. 378), Estados Unidos (ibíd., párrs. 382 a 384), Francia (ibíd., párr. 364), Hungría (ibíd., párr. 366), Nigeria (ibíd., párrs. 372 y 373), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 371), Países Bajos (ibíd., párrs. 369 y 370), Reino Unido (ibíd., párr. 381), Senegal (ibíd., párr. 377), Suiza (ibíd., párr. 379) y Yugoslavia (ibíd., párr. 385).
[19]Protocolo adicional I (1977), art. 15, párr. 3 (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 347); Protocolo adicional II (1977), art. 9, párr. 2 (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 349).