Norma 11. Ataques indiscriminados

Norma 11. Quedan prohibidos los ataques indiscriminados.
Volumen II, capítulo 3, sección A.
La práctica de los Estados establece esta regla como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales.
La prohibición de los ataques indiscriminados se estipula en el párrafo 4 del artículo 51 del Protocolo adicional I.[1] En la Conferencia Diplomática que concluyó con la aprobación de los Protocolos adicionales, Francia votó en contra del artículo 51 porque consideraba que el párrafo 4 podía “por su complejidad, convertirse en un serio obstáculo para la conducción de las operaciones militares de defensa contra un invasor y comprometer así el ejercicio del derecho natural de legítima defensa reconocido en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas”.[2] Sin embargo, cuando ratificó el Protocolo adicional I no hizo ninguna reserva con respecto a la prohibición de perpetrar ataques indiscriminados. En la Conferencia Diplomática que culminó con la aprobación de los Protocolos adicionales, México declaró que el artículo 51 era tan fundamental que “no puede ser objeto de ningún tipo de reservas, porque éstas serían incompatibles con el objetivo y el fin del Protocolo I, negándolo en su esencia”.[3] La prohibición de dirigir ataques indiscriminados también figura en el Protocolo II y en el Protocolo II enmendado de la Convención sobre ciertas armas convencionales.[4]La prohibición de los ataques indiscriminados se expresa en muchos manuales militares.[5]
Numerosos Estados han promulgado legislación en la que se tipifican como delito tales ataques.[6] Diversas declaraciones oficiales y la práctica reseñada refrendan esta prohibición.[7] La práctica incluye la de Estados que no son Partes, o no lo eran a la sazón, en el Protocolo adicional I.[8]
En sus alegatos ante la Corte Internacional de Justicia en relación con la solicitud de una opinión consultiva sobre la legalidad de las armas nucleares, varios Estados hicieron alusión a la prohibición de los ataques indiscriminados al analizar si un ataque con armas nucleares vulneraría el derecho internacional humanitario.[9]
En octubre de 1973, antes de que se aprobara el Protocolo adicional I, el CICR hizo un llamamiento a las partes en conflicto en Oriente Próximo para que respetaran la prohibición de los ataques indiscriminados, al que los Estados concernidos (Egipto, Irak, Israel y Siria) respondieron favorablemente.[10]
La prohibición de los ataques indiscriminados se incluyó en el proyecto de Protocolo adicional II, pero se abandonó en el último momento en el marco de una iniciativa tendente a aprobar un texto simplificado.[11] Como resultado, el Protocolo adicional II no contiene esta norma como tal, aunque se ha sostenido que puede deducirse de la prohibición de perpetrar ataques contra la población civil enunciada en el párrafo 2 del artículo 13.[12] Esta norma se ha incluido en un instrumento de derecho convencional más reciente aplicable en los conflictos armados no internacionales, concretamente en el Protocolo II enmendado de la Convención sobre ciertas armas convencionales.[13] Esta prohibición se incluye, además, en otros instrumentos referentes, asimismo, a los conflictos armados no internacionales.[14]
Los manuales militares que son aplicables, o se han aplicado, en conflictos armados no internacionales puntualizan que los ataques indiscriminados están prohibidos.[15] La legislación de muchos países tipifica como delito ese tipo de ataques en cualquier conflicto armado.[16] Existen, asimismo, varias declaraciones oficiales referentes a conflictos armados no internacionales en las que se invoca esta norma.[17] Los alegatos ante la Corte Internacional de Justicia en el asunto relativo a las armas nucleares referentes a esta cuestión se formularon en términos generales aplicables a todos los conflictos armados.
No se ha hallado ninguna práctica oficial contraria en relación con conflictos armados internacionales o no internacionales. Los Estados han condenado en general las presuntas infracciones de esta norma, tanto si el conflicto era internacional como no internacional.[18] Las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales han condenado, asimismo, las transgresiones de esta norma, por ejemplo, en el contexto de los conflictos en Afganistán, Bosnia y Herzegovina, Burundi, Chechenia, Kosovo, Nagorno-Karabaj y Sudán.[19]
La jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia proporciona más pruebas de que la prohibición de atacar indiscriminadamente es consuetudinaria tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales.[20]
La XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, celebrada en 1986, deploró “los ataques indiscriminados de que es víctima la población civil [...] en violación de las leyes y costumbres de la guerra”.[21] El CICR ha recordado a las partes en los conflictos armados, tanto internacionales como no internacionales, su deber de no perpetrar ataques indiscriminados.[22]
[1]Protocolo adicional I (1977), art. 51, párr. 4 (aprobado por 77 votos a favor, uno en contra y 16 abstenciones) (citado en vol. II, cap. 3, párr. 1).
[2]Francia, declaración en la CDDH (ibíd., párr. 73).
[3]México, declaración en la CDDH (ibíd., párr. 228).
[4] Protocolo II de la Convención sobre ciertas armas convencionales (1980), art. 3, párr. 3 (ibíd., párr. 4); Protocolo II enmendado de la Convención sobre ciertas armas convencionales (1996), art. 3, párr. 8 (ibíd., párr. 4).
[5] V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 18), Argentina (ibíd., párrs. 12 y 13), Australia (ibíd., párrs. 12 y 14), Bélgica (ibíd., párr. 12), Benin (ibíd., párr. 12), Camerún (ibíd., párr. 15), Canadá (ibíd., párrs. 12 y 16), Ecuador (ibíd., párr. 17), España (ibíd., párr. 12), Francia (ibíd., párr. 12), India (ibíd., párr. 19), Indonesia (ibíd., párr. 12), Israel (ibíd., párrs. 12 y 21), Italia (ibíd., párr. 22), Kenya (ibíd., párr. 12), Nueva Zelandia (ibíd., párrs. 12 y 24), Países Bajos ibíd., párrs. 12 y 23), Reino Unido (ibíd., párr. 12), Rusia (ibíd., párr. 26), Sudáfrica (ibíd., párrs. 12 y 27), Suecia (ibíd., párr. 12), Suiza (ibíd., párr. 29) y Togo (ibíd., párr. 12).
[6] V., v.g., la legislación de Armenia ( ibíd. , párr. 32), Australia ( ibíd ., párr. 34), Belarús ( ibíd. , párr. 35), Bélgica (ibíd., párr. 36), Bosnia y Herzegovina (ibíd., párr. 37), Canadá (ibíd., párr. 38), China (ibíd., párr. 39), Chipre (ibíd., párr. 43), Colombia (ibíd., párr. 40), Croacia (ibíd., párr. 42), Eslovenia (ibíd., párr. 57), España (ibíd., párr. 58), Estonia (ibíd., párr. 45), Georgia (ibíd., párr. 46), Indonesia (ibíd., párr. 47), Irlanda (ibíd., párr. 48), Islas Cook (ibíd., párr. 41), Lituania (ibíd., párr. 51), Níger (ibíd., párr. 55), Noruega (ibíd., párr. 56), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 53), Países Bajos (ibíd., párr. 52), Reino Unido (ibíd., párr. 61), Suecia (ibíd., párr. 59), Tayikistán (ibíd., párr. 60), Yugoslavia (ibíd., párr. 62) y Zimbabwe (ibíd., párr. 63); v. también los proyectos de ley de Argentina (ibíd., párr. 32), El Salvador (ibíd., párr. 44), Jordania (ibíd., párr. 49), Líbano (ibíd., párr. 50) y Nicaragua (ibíd., párr. 54).
[7] V., v.g., las declaraciones de Alemania (ibíd., párr. 76), Bosnia y Herzegovina (ibíd., párr. 66), Botswana (ibíd., párr. 67), Eslovenia (ibíd., párr. 91), Estados Unidos (ibíd., párr. 98), Finlandia (ibíd., párr. 72), Irán (ibíd., párr. 79), Irak (ibíd., párrs. 80 y 81), Malaisia (ibíd., párr. 83), Polonia (ibíd., párr. 89), Reino Unido (ibíd., párrs. 95 a 97), Siria (ibíd., párr. 94), Sudáfrica (ibíd., párr. 92), Suecia (ibíd., párr. 93) y Yugoslavia (ibíd., párr. 100), del Monitoring Group on the Implementation of the 1996 Israel-Lebanon Ceasefire Understanding, integrado por EE.UU, Francia, Israel, Líbano y Siria. (ibíd., párr. 75), así como la práctica referida de Malaisia (ibíd., párr. 84).
[8] V., v.g., la práctica de China (ibíd., párr. 39), Estados Unidos (ibíd., párrs. 30 y 98), Francia (ibíd., párr. 74), India (ibíd., párr. 19), Indonesia (ibíd., párr. 12), Irán (ibíd., párr. 79), Irak (ibíd., párr. 80), Israel (ibíd., párrs. 12 y 21), Kenya (ibíd., párr. 12), Malaisia (ibíd., párrs. 83 y 84), Reino Unido (ibíd., párrs. 12 y 95 a 97) y Sudáfrica (ibíd., párr. 92)
[9] V., v.g., los alegatos de Australia (ibíd., parr. 65), India (ibíd., parr. 77), Estados Unidos (ibíd., parr. 99), Mexico (ibíd., parr. 85) y Nueva Zelandia (ibíd., parr. 86).
[10] V. CICR, La acción del Comité Internacional en Oriente Próximo (ibíd., parr. 139).
[11]Proyecto de Protocolo adicional II presentado por el CICR a la CCDH, art. 26, párr. 3 (ibíd., párr. 3).
[12]Michael Bothe, Karl Josef Partsch, Waldemar A. Solf (eds.), New Rules for Victims of Armed Conflicts, Mar- tinus Nijhoff, La Haya, 1982, p. 677.
[13]Protocolo II enmendado de la Convención sobre ciertas armas convencionales (1996), art. 3, párr. 8 (citado en vol. II, cap. 3, párr. 4).
[14]V., v.g., Memorandum of Understanding on the Application of IHL between Croatia and the SFRY (1991), párr. 6 (ibíd., párr. 6); Agreement on the Application of IHL between the Parties to the Conflict in Bosnia and Herzegovina (1992), párr. 2.5 (ibíd., párr. 7); Manual de San Remo (1994), párr. 42 (ibíd., párr. 8); Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights an IHL in the Philippines (1998), Part III, art. 2, párr. 4 (ibíd., párr. 10); Boletín del Secretario General de las Naciones Unidas, sección 5.5 (ibíd., párr. 11).
[15]V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 18), Australia (ibíd., párrs. 12 y 14), Benin (ibíd., párr. 12), Ecuador (ibíd., párr. 17), India (ibíd., párrs. 19 y 20), Italia (ibíd., párr. 22), Kenya (ibíd., párr. 12), Sudáfrica (ibíd., párrs. 12 y 27) y Togo (ibíd., párr. 12).
[16]V., v.g., la legislación de Armenia (ibíd., párr. 33), Belarús (ibíd., párr. 35), Bélgica (ibíd., párr. 36), Bosnia y Herzegovina ( ibíd. , párr. 37), Colombia ( ibíd. , párr. 40), Croacia ( ibíd. , párr. 42), Estonia ( ibíd. , párr. 45), Georgia (ibíd., párr. 46), Lituania (ibíd., párr. 51), Níger (ibíd., párr. 55), Noruega (ibíd., párr. 56), Eslovenia (ibíd., párr. 57), España (ibíd., párr. 58), Suecia (ibíd., párr. 59), Tayikistán (ibíd., párr. 60) y Yugoslavia (ibíd., párr. 62); v. asimismo los proyectos de ley de Argentina (ibíd., párr. 32), El Salvador (ibíd., párr. 44), Jordania (ibíd., párr. 49) y Nicaragua (ibíd., párr. 54).
[17]V., v.g., las declaraciones de Alemania (ibíd., párr. 76), India (ibíd., párrs. 77 y 78), Malaisia (ibíd., párrs. 83 y 84) y Eslovenia (ibíd., párr. 91).
[18]V., v.g., las declaraciones de Bosnia y Herzegovina (ibíd., párr. 66), Botswana (ibíd., párr. 67), Irán (ibíd., párr. 79), Irak (ibíd., párrs. 80 y 81), Malaisia (ibíd., párr. 83), Eslovenia (ibíd., párr. 91), Sudáfrica (ibíd., párr. 92), Reino Unido (ibíd., párrs. 95 a 97), Estados Unidos (ibíd., párr. 98) y Yugoslavia (ibíd., párr. 100).
[19]V., v.g., Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Res. 1199 (ibíd., párr. 102) y Declaración del Presidente (ibíd., párr. 103); Asamblea General de las Naciones Unidas, Res. 40/137 (ibíd., párr. 106), Res. 48/153, 49/196 y 50/193 (ibíd., párr. 107), Res. 51/112 (ibíd., párr. 108), Res. 53/164 (ibíd., párr. 109), Res. 55/116 (ibíd., párr. 110); Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Res. 1987/58 y 1995/74 (ibíd., párr. 111), Res. 1992/S-2/1 y 1993/7 (ibíd., párr. 112), Res. 1994/75 y 1995/89 (ibíd., párr. 113), Res. 1995/77, 1996/73, 1997/59 y 1998/67 (ibíd., párr. 114), Res. 1998/82 (ibíd., párr. 115), Res. 2000/58 (ibíd., párr. 116); Consejo de Europa, Comité de Ministros, Declaration on Nagorno-Karabakh (ibíd., párr. 125) y Declaration on Bosnia and Herzegovina (ibíd., párr. 126); Consejo de Europa, Asamblea Parlamentaria, Res. 1055 (ibíd., párr. 127); CE, Ministros de Relaciones Exteriores, Declaración sobre Yugoslavia (ibíd., párr. 128); CE, Declaración sobre el bombardeo de Gorazde y Declaration sobre Yugoslavia (ibíd., párr. 129); UE, Consejo de Ministros, Reglamento CE n.° 1901/98 (ibíd., párr. 130); Consejo Europeo, SN 100/00, Conclusiones de la Presidencia (ibíd., párr. 131).
[20]TPIY, Tadic case, recurso interlocutorio (ibíd., párr. 134), Kordic and Cerkez case, decisión sobre la moción de defensa conjunta (ibíd., párr. 136) y Kupreskic case, fallo (ibíd., párr. 137).
[21]XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Res. I (ibíd., párr. 133).
[22]V., v.g., la práctica del CICR (ibíd., párrs. 139 a 142, 144 a 154, 156 y 157).