Norma 101. Principio de legalidad

Norma 101. Nadie puede ser acusado o condenado por una acción u omisión que no constituía delito según el derecho nacional o internacional en el momento en que se cometió. Tampoco puede imponerse una pena mayor que la que era aplicable cuando se cometió la infracción penal.
Volumen II, capítulo 32, sección N.
La práctica de los Estados establece esta regla como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales.
Los Convenios de Ginebra III y IV disponen que los prisioneros de guerra y las personas civiles, respectivamente, no pueden ser juzgados por actos que no constituían un delito según la legislación vigente en el momento de cometerlos.[1] Los Protocolos adicionales I y II reiteran ese principio y agregan que no puede imponerse una pena más grave que la aplicable en el momento de cometerse la infracción, pero que si, con posterioridad a esa infracción, la ley dispusiera la aplicación de una pena más leve, el infractor debería beneficiarse de ella.[2] Este principio de legalidad figura, asimismo, en el Estatuto de la Corte Penal Internacional.[3]
El principio de la legalidad se incluye en diversos manuales militares y forma parte de la mayoría, si no de la totalidad, de las legislaciones nacionales.[4]
El principio de la legalidad, incluida la prohibición de imponer una pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito, figura también en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en las convenciones regionales de derechos humanos.[5] Se cita específicamente entre las disposiciones que no pueden suspenderse en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos,[6] mientras que la Convención sobre los Derechos del Niño y la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos no contemplan la posibilidad de que pueda suspenderse. Además, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos señalan que si, con posterioridad a la comisión del delito, la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente debe beneficiarse de ella.[7] El principio de la legalidad figura también en otros instrumentos internacionales.[8]
Según la interpretación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el principio de la legalidad consagra el principio según el cual sólo el derecho puede definir un delito y prescribir una pena, y el principio que establece que el derecho penal no debe aplicarse de manera extensiva en detrimento del acusado, sobre todo por analogía. Ello exige que el delito esté claramente definido en la legislación, condición que se cumple cuando “el individuo puede saber, a partir del enunciado de la cláusula pertinente y, en caso de necesidad, con ayuda de su interpretación por los tribunales, cuáles acciones y omisiones comprometen su responsabilidad”.[9] El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado que el principio de legalidad permite a los tribunales precisar progresivamente las normas de la responsabilidad penal mediante la interpretación judicial de los diversos asuntos tratados, “siempre que el resultado sea conforme con la esencia de la infracción y razonablemente previsible”.[10] La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha destacado, a su vez, que el principio de legalidad exige que se clasifiquen y describan los delitos con “términos estrictos y unívocos, que acoten claramente las conductas punibles”.[11]
[1]III Convenio de Ginebra (1949), art. 99, primer párrafo (ibíd., párr. 3673); IV Convenio de Ginebra (1949), art. 67 (ibíd., párr. 3675).
[2] Protocolo adicional I (1977), art. 75, párr. 4, apdo. c) (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 3679); Protocolo adicional II (1977), art. 6, párr. 2, apdo. c) (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 3680).
[3] Estatuto de la CPI (1998), art. 22, párr. 1 (ibíd., párr. 3683) y art. 24, párrs. 1 y 2 (ibíd., párr. 3684).
[4] V., v.g., los manuales militares de Argentina (ibíd., párrs. 3691 y 3692), Canadá (ibíd., párr. 3693), Colombia (ibíd., párr. 3694), España (ibíd., párr. 3697), Estados Unidos (ibíd., párrs. 3701 y 3702), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 3696), Países Bajos (ibíd., párr. 3695), Reino Unido (ibíd., párrs. 3699 y 3700) y Suecia (ibíd., párr. 3698), así como la legislación de Bangladesh (ibíd., párr. 3704), India (ibíd., párr. 3703), Irlanda (ibíd., párr. 3705), Kenya (ibíd., párr. 3703), Kirguistán (ibíd., párr. 3703), Kuwait (ibíd., párr. 3703) y Noruega (ibíd., párr. 3706).
[5] Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), art. 15, párr. 1) (ibíd., párr. 3677); Convención sobre los Derechos del Niño (1989), art. 40, párr. 2, apdo. a) (ibíd., párr. 3682); Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950), art. 7, párr. 1 (ibíd., párr. 3676); Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), art. 9 (ibíd., párr. 3678); Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos (1981), art. 7, párr. 2 (ibíd., párr. 3681).
[6] Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), art. 4 (ibíd., párr. 3677); Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950), art. 15, párr. 2 (ibíd., párr. 3676); Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), art. 27 (ibíd., párr. 3678).
[7] Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), art. 15, párr. 1 (ibíd., párr. 3677); Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), art. 9 (ibíd., párr. 3678).
[8] V., v.g., Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), art. 11 (ibíd., párr. 3685); Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000), art. 49 (ibíd., párr. 3690).
[9]Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Kokkinakis v. Greece (ibíd., párr. 3712).
[10]Tribunal Europeo de Derechos Humanos, S. W. v. UK (ibíd., párr. 3713).
[11]Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Castillo Petruzzi y Otros (ibíd., párr. 3714).