Norma 100. Garantías de un proceso equitativo 

Norma 100. Nadie puede ser juzgado o condenado si no es en virtud de un proceso equitativo que ofrezca todas las garantías judiciales esenciales.
Volumen II, capítulo 32, sección M.
La práctica de los Estados establece esta regla como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales.
Varios juicios celebrados después de la II Guerra Mundial, pero antes de la aprobación de los Convenios de Ginebra en 1949, se resolvieron con la condena de los acusados por no haber ofrecido un proceso equitativo a prisioneros de guerra o personas civiles.[1] El derecho a un proceso equitativo figura en los cuatro Convenios de Ginebra, así como en los Protocolos adicionales I y II.[2] El hecho de privar a una persona protegida de su derecho a ser juzgada legítima e imparcialmente constituye una infracción grave según los Convenios de Ginebra III y IV, así como el Protocolo adicional I.[3] El artículo 3 común a los Convenios de Ginebra prohíbe las condenas y ejecuciones sin una sentencia previa dictada por un tribunal legítimamente constituido.[4] El hecho de privar a una persona del derecho a ser juzgada legítima e imparcialmente se define como un crimen de guerra en los estatutos de la Corte Penal Internacional, de los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia y Rwanda, y del Tribunal Especial para Sierra Leona.[5]
El derecho a un proceso equitativo se incluye en numerosos manuales militares.[6] La legislación de muchos países tipifica como delito el hecho de no ofrecer un proceso equitativo, y se aplica, en la mayoría de los casos, tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales.[7] Corroboran, asimismo, el derecho a un proceso equitativo diversas declaraciones oficiales y otros tipos de práctica en relación con los conflictos armados no internacionales.[8] Además, existe jurisprudencia nacional que confirma que la violación de esta norma en los conflictos armados no internacionales constituye un crimen de guerra.[9]
El derecho a un proceso equitativo se incluye, asimismo, en los estatutos de la Corte Penal Internacional, de los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia y Rwanda, y del Tribunal Especial para Sierra Leona con respecto a los detenidos que comparezcan ante ellos.[10]
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño, así como las convenciones regionales de derechos humanos establecen el derecho a un proceso equitativo.[11] Ese derecho figura, asimismo, en otros instrumentos internacionales.[12] En su Observación General sobre el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas declaró que los “principios fundamentales de juicio imparcial” no pueden ser objeto de suspensión.[13] La práctica de los órganos regionales de derechos humanos corrobora esta conclusión.[14]
Tanto el derecho internacional humanitario como el derecho de los derechos humanos enumeran una serie de garantías judiciales cuyo objeto es garantizar que las personas acusadas tengan un proceso equitativo.
Proceso sometido a un tribunal independiente, imparcial y legítimamente constituido
Según el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra, sólo “un tribunal legítimamente constituido” puede juzgar a un acusado.[15] El III Convenio de Ginebra exige que los tribunales que juzgan a prisioneros de guerra ofrezcan las garantías esenciales de “independencia” e “imparcialidad”.[16] Esta exigencia figura, asimismo, en el Protocolo adicional II.[17] El Protocolo adicional I requiere “un tribunal imparcial, constituido con arreglo a la ley”.[18]
Presunción de inocencia
La presunción de inocencia se prevé en los Protocolos adicionales I y II.[34] Se estipula, asimismo, en los estatutos de la Corte Penal Internacional, los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia y Rwanda y del Tribunal Especial para Sierra Leona para los acusados que comparecen ante esas instancias.[35]
Información sobre la naturaleza y las causas de la acusación
La obligación de informar al acusado de la naturaleza y las causas de la acusación figura en los Convenios de Ginebra III y IV, así como en los Protocolos adicionales I y II.[44] Esta obligación aparece también en los estatutos de la Corte Penal Internacional, de los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia y Rwanda y del Tribunal Especial para Sierra Leona para las personas que comparecen ante esas instancias.[45]
Derechos y medios de defensa necesarios
La exigencia de que todo detenido goce de los derechos y medios de defensa necesarios se expresa en los cuatro Convenios de Ginebra, así como en los Protocolos adicionales I y II.[53]
Esta exigencia figura, asimismo, en diversos manuales militares y en la mayoría, si no en la totalidad, de las legislaciones nacionales.[54]
El derecho a la defensa se enuncia, asimismo, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en las convenciones regionales de derechos humanos,[55] así como en otros instrumentos internacionales.[56] El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha indicado que el derecho de un acusado a los derechos y medios de defensa necesarios no admite suspensiones.[57]
Esas diversas fuentes precisan que los derechos y medios de defensa necesarios comprenden los siguientes elementos:
a) El derecho del acusado a defenderse personalmente o a contar con la asistencia de un abogado de su elección. El derecho a recibir la asistencia de un abogado se expresa en los estatutos de los tribunales militares internacionales de Nuremberg y Tokyo.[58] Este derecho se prevé también en los Convenios de Ginebra III y IV.[59] Los estatutos de la Corte Penal Internacional, de los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia y Rwanda y del Tribunal Especial para Sierra Leona establecen que los acusados que comparecen ante ellos tienen derecho a asumir personalmente su propia defensa o a recibir la asistencia de un abogado de su elección, y a ser informados de estos derechos si no tienen asistencia letrada.[60]
El incumplimiento de este derecho a la asistencia de un abogado de su elección, o simplemente de un defensor, ha sido uno de los motivos que condujeron a la conclusión, en varios juicios por crímenes de guerra celebrados tras la II Guerra Mundial, de que se había vulnerado el derecho a un proceso equitativo.[61] En una resolución sobre la situación en materia de derechos humanos en la antigua Yugoslavia aprobada en 1996, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas solicitó a Croacia que llevase a cabo “con rigor los procesos de las personas sospechosas de haber cometido violaciones del derecho humanitario internacional y de los derechos humanos, garantizando al mismo tiempo que se conceda a todas las personas de quienes se sospeche que han cometido tales delitos el derecho a [...] representación jurídica”.[62]
El derecho a la defensa, incluido el derecho a recibir la asistencia de un abogado de su elección, figura también en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en las convenciones regionales de derechos humanos.[63] La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que el derecho del acusado a ser defendido por un abogado de su elección no admite suspensiones.[64] La jurisprudencia en materia de derechos humanos ha precisado que esta exigencia significa que no puede obligarse a un acusado a aceptar el abogado designado por las autoridades.[65]
Los Convenios de Ginebra no señalan a partir de qué momento tiene derecho una persona a un abogado, pero indican que debe estar a su disposición no sólo durante el juicio, sino también con anterioridad a este.[66] El Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, aprobado sin votación por la Asamblea General de las Naciones Unidas, señala con respecto a la comunicación con el abogado que “no se mantendrá a la persona presa o detenida incomunicada [...] por más de algunos días”.[67] En los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados se señala que esa comunicación debe realizarse “en cualquier caso dentro de las 48 horas siguientes al arresto o a la detención”.[68] La necesidad de tener un acceso rápido a un abogado antes del proceso, así como en cada etapa importante del mismo, se ha reafirmado en la jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y los organismos regionales de derechos humanos.[69]
b) Derecho a la asistencia jurídica gratuita si lo exige el interés de la justicia. Este derecho se reconoce implícitamente en los Convenios de Ginebra III y IV. [70] Se enuncia en los estatutos de la Corte Penal Internacional, de los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia y Rwanda y del Tribunal Especial para Sierra Leona.[71]
El derecho a contar con los servicios gratuitos de un abogado si el interés de la justicia lo requiere figura, asimismo, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.[72] Este derecho se expresa también en otros instrumentos inter- nacionales.[73] La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que el derecho a asistencia letrada gratuita, si lo requiere el interés de la justicia, no puede ser objeto de suspensión.[74] En la jurisprudencia en materia de derechos humanos se han formulado varios criterios para determinar si el interés de la justicia requiere los servicios gratuitos de un abogado, esto es, la complejidad del asunto, la gravedad de la infracción y la severidad de la pena que podría imponerse al acusado.[75]
c) Derecho a disponer del tiempo y de las facilidades necesarios para la preparación de la defensa. En los Convenios de Ginebra III y IV se señala que los medios de defensa necesarios incluyen el tiempo y las facilidades suficientes antes del proceso para su preparación.[76] Esta exigencia figura en los estatutos de la Corte Penal Internacional, de los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia y Rwanda, y del Tribunal Especial para Sierra Leona.[77]
El derecho a disponer del tiempo y de las facilidades necesarios para la preparación de la defensa se expresa en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.[78] Se incluye, asimismo, en otros instrumentos internacionales.[79] La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que la necesidad de disponer del tiempo y de las facilidades necesarias para la preparación de la defensa no admite suspensiones en ninguna circunstancia.[80]
Como se señala en el Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas sin votación, ese derecho significa que: “Se darán a la persona detenida o presa tiempo y medios adecuados para consultar con su abogado”.[81]
d) Derecho del acusado a comunicarse libremente con su abogado. El derecho del abogado a visitar libremente al acusado se expresa en los Convenios de Ginebra III y IV.[82] El derecho del acusado a comunicarse libremente con su abogado figura, asimismo, en los estatutos de la Corte Penal Internacional, de los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia y Rwanda, y del Tribunal Especial para Sierra Leona.[83]
El derecho del acusado a comunicarse libremente con su abogado se expresa también en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como en otros instrumentos internacionales.[84] El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y algunos organismos regionales de derechos humanos han insistido en la importancia del derecho del acusado a comunicarse libremente con su abogado para tener un proceso equitativo.[85]
En el Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas sin votación, se señala que: “Las entrevistas entre la persona detenida o presa y su abogado podrán celebrarse a la vista de un funcionario encargado de hacer cumplir la ley”.[86]
Ser juzgado sin dilaciones indebidas
El derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas figura en los Convenios de Ginebra III y IV.[87] Se expresa, asimismo, en los estatutos de la Corte Penal Internacional, de los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia y Rwanda, y del Tribunal Especial para Sierra Leona.[88]
El derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas se incluye en diversos manuales militares y figura en la mayoría, si no en la totalidad, de las legislaciones nacionales.[89]
El derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas (o dentro de un plazo razonable) figura en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en las Convenciones regionales de derechos humanos,[90] así como en otros instrumentos internacionales.[91]
En esos instrumentos no se especifica la duración exacta del plazo; debe estimarse en cada caso, teniendo en cuenta factores como la complejidad del asunto, el comportamiento del acusado y la diligencia de las autoridades.[92] Los trámites sometidos a esta exigencia son los que tienen lugar entre el momento de la notificación de los cargos de acusación y el de la sentencia definitiva, incluidos los recursos de apelación.[93]
Interrogatorio de testigos
El derecho del acusado a interrogar o hacer interrogar a los testigos se prevé en los Convenios de Ginebra III y IV y en el Protocolo adicional I.[94] Este derecho se define, asimismo, en los estatutos de la Corte Penal Internacional, de los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia y Rwanda y del Tribunal Especial para Sierra Leona.[95]
Varios manuales militares contienen este derecho, que figura en la mayoría, si no en la totalidad, de las legislaciones nacionales.[96] La imposibilidad de interrogar y de hacer interrogar a los testigos de cargo es uno de los motivos que han llevado a la conclusión de que el derecho a un proceso equitativo se había violado en algunos juicios por crímenes de guerra celebrados después de la II Guerra Mundial.[97]
El derecho a interrogar o hacer interrogar a los testigos se expresa en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.[98] La Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos no estipula explícitamente este derecho, pero la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos ha señalado que forma parte integrante del derecho a un proceso equitativo.[99] Tanto el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han indicado que el derecho a interrogar o hacer interrogar a testigos no admite suspensiones.[100]
Asistencia de un intérprete
El derecho del acusado a ser asistido por un intérprete si no comprende el idioma empleado en el juicio se prevé en los Convenios de Ginebra III y IV.[101] Figura, asimismo, en los estatutos de la Corte Penal Internacional, de los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia y Rwanda y del Tribunal Especial para Sierra Leona para los acusados que comparecen ante esas instancias.[102]
El derecho a ser asistido por un intérprete si el acusado no comprende el idioma empleado en el juicio se expresa en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.[103] La Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos no estipula explícitamente este derecho, pero la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos ha señalado que forma parte integrante del derecho a un proceso equitativo.[104] El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sostenido que este derecho comprende la obligación de las autoridades de procurar la traducción o la interpretación no sólo de las declaraciones orales, sino también de los documentos utilizados como elementos de prueba.[105]
Presencia del acusado en el juicio
Los Protocolos adicionales I y II disponen que los acusados tienen derecho a estar presentes al ser juzgados.[106] Cuando ratificaron los Protocolos adicionales, varios Estados formularon una reserva con respecto a este derecho, afirmando que esta disposición estaba sujeta a la potestad de un juez de expulsar al acusado de la sala de audiencias, en circunstancias excepcionales, si alteraba el orden impidiendo el desarrollo del juicio.[107] El derecho del acusado a estar presente en su juicio figura en los estatutos de la Corte Penal Internacional, de los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia y Rwanda y del Tribunal Especial para Sierra Leona.[108]
El derecho del acusado a estar presente en su juicio se incluye en varios manuales militares, así como en la mayoría, si no en la totalidad, de las legislaciones nacionales.[109]
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos disponen que el acusado tiene derecho a estar presente en el juicio.[110] El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han declarado que es posible celebrar una audiencia en rebeldía en los casos en que el Estado haya dado efectivamente a conocer la celebración de la audiencia y el acusado haya decidido no comparecer.[111] Tanto el Comité como el Tribunal han declarado, asimismo, que el derecho a estar presente en el juicio se aplica también a los procedimientos de apelación si la instancia tiene que conocer de cuestiones de hecho y de derecho, y no sólo de derecho.[112] Sin embargo, se observa una clara tendencia en contra de las sentencias dictadas en rebeldía, como se desprende de los estatutos de la Corte Penal Internacional, de los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia y Rwanda y del Tribunal Especial para Sierra Leona, que no autorizan este tipo de juicios.[113]
Obligar a los acusados a declarar contra sí mismos o a confesarse culpables
La prohibición de obligar a los acusados a declarar contra sí mismos o a confesarse culpables se enuncia en el III Convenio de Ginebra, así como en los Protocolos adicionales I y II. [114] Figura también en los estatutos de la Corte Penal Internacional, de los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia y Rwanda y del Tribunal Especial para Sierra Leona.[115]
Esta prohibición se incluye en varios manuales militares y en la mayoría, si no la totalidad, de las legislaciones nacionales.[116] En el asunto Ward, en 1942, la Corte Suprema de los Estados Unidos estimó que la utilización de una confesión obtenida por la fuerza constituía una violación de las garantías de un proceso legítimo.[117]
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíben obligar a un acusado a declarar contra sí mismo o a confesarse culpable.[118] Esta obligación figura asimismo en otros instrumentos internacionales.[119] Tanto el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han indicado que la prohibición de obligar a los acusados a declarar contra sí mismos o a confesarse culpables no puede ser objeto de suspensión.[120]
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha subrayado que se debe “establecer por ley que las pruebas obtenidas por estos métodos o cualquier otra forma de coerción son enteramente inaceptables”.[121] La Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura dispone que las declaraciones obtenidas mediante tortura no pueden utilizarse como medio de prueba en un juicio.[122] Corrobora este principio la jurisprudencia nacional e internacional.[123]
Procesos públicos
Los Convenios de Ginebra III y IV disponen que los representantes de la Potencia protectora tienen derecho a asistir a los procesos a no ser que tengan lugar, excepcionalmente, a puerta cerrada en interés de la seguridad, y en el Protocolo adicional I se afirma que la sentencia debe pronunciarse públicamente.[124] Los estatutos de la Corte Penal Internacional, de los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia y Rwanda y del Tribunal Especial para Sierra Leona contienen también el principio de que las audiencias deben ser públicas, con algunas excepciones definidas rigurosamente, y de que la sentencia debe pronunciarse públicamente.[125]
La exigencia de que los procesos sean públicos figura en varios manuales militares, así como en la mayoría, si no en la totalidad, de las legislaciones nacionales.[126] En el proceso por crímenes de guerra del asunto Altstotter en 1947, el Tribunal Militar de Estados Unidos en Nuremberg sostuvo que se había violado el derecho a un proceso equitativo porque las audiencias se habían celebrado a puerta cerrada y no se había levantado acta del juicio.[127]
La exigencia de que los procesos sean públicos y de que la sentencia se pronuncie públicamente, salvo en el caso en que la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia, figura en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.[128] Aunque el derecho a un juicio público no se menciona en la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos ha señalado que debe respetarse este criterio para que un proceso sea equitativo.[129] El principio de la publicidad del proceso se expresa también en otros instrumentos internacionales.[130]
Informar a las personas condenadas de los recursos disponibles y de los plazos correspondientes
En los Convenios de Ginebra III y IV, así como en los dos Protocolos adicionales se establece que toda persona condenada debe ser informada de su derecho a presentar recursos, judiciales o de otra índole, y de los plazos para ejercerlo.[131] El artículo 106 del III Convenio de Ginebra estipula que las personas condenadas tienen derecho a presentar un recurso de apelación en las mismas condiciones que los miembros de las fuerzas armadas de la Potencia detenedora.[132] El artículo 73 del IV Convenio de Ginebra dispone que toda persona condenada tiene derecho a utilizar los recursos previstos por la legislación aplicada por el tribunal.[133]
En el Comentario del CICR sobre el Protocolo adicional II se indica que cuando se aprobaron los Protocolos en 1977, eran muy pocas las legislaciones nacionales que contemplaban el derecho de recurso para que este principio se convirtiese en una obligación, aunque era evidente que no podía negarse a nadie el derecho a utilizar los recursos existentes.[134] Sin embargo, tanto las legislaciones internas como el derecho internacional han evolucionado mucho desde entonces. La mayoría de los Estados ya han adoptado constituciones o instrumentos legislativos que prevén el derecho a presentar recursos, en particular los adoptados o enmendados con posterioridad a la aprobación de los Protocolos adicionales.[135] Además, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño y las convenciones regionales de derechos humanos prevén el derecho de recurso ante una instancia superior.[136] La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha declarado que el derecho a presentar un recurso no puede suspenderse y debe garantizarse en las situaciones de conflicto armado no internacional.[137]
En conclusión, la influencia del derecho de los derechos humanos en esta cuestión es tal que cabe afirmar que el derecho de recurso propiamente dicho, y no sólo el derecho a ser informado de los recursos existentes, se ha convertido en un elemento básico del derecho a un proceso equitativo en el contexto de un conflicto armado.
Non bis in idem
En los Convenios de Ginebra III y IV se establece que un prisionero de guerra y un internado civil, respectivamente, sólo pueden ser castigados una vez por un mismo hecho o cargo de acusación.[138] El Protocolo adicional I estipula que nadie puede ser juzgado o condenado por la misma Parte por un delito que haya sido objeto con anterioridad de una sentencia firme.[139] Esta misma norma figura en los estatutos de la Corte Penal Internacional, de los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia y Rwanda y del Tribunal Especial para Sierra Leona.[140]
El principio de non bis in idem figura, asimismo, en diversos manuales militares y en la legislación de la mayoría, si no de la totalidad, de las legislaciones nacionales.[141]
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Protocolo n.° 7 al Convenio Europeo de Derechos Humanos incluyen el principio de non bis in idem,[142] que se expresa, asimismo, en otros instrumentos internacionales.[143]
Cabe señalar que el principio de non bis in idem no prohíbe que vuelva a abrirse un caso en circunstancias excepcionales, y varios Estados formularon reservas a tal efecto cuando ratificaron el Protocolo adicional I.[144] El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha declarado que la mayoría de los Estados Partes hacen una distinción clara entre reabrir un caso, en circunstancias excepcionales, y realizar un nuevo juicio, lo cual está prohibido por el principio de non bis in idem. El Comité sostiene que este principio no excluye el encausamiento por un mismo delito en Estados diferentes.[145] El Protocolo n.° 7 al Convenio Europeo de Derechos Humanos prevé la reapertura de un proceso en caso de que aparezcan elementos nuevos o intervenga un vicio fundamental que pueda afectar a la sentencia dictada.[146]
[1] V., v.g., Australia, Tribunal Militar de Rabaul, Ohashi case (ibíd., párr. 2957); Estados Unidos, Comisión Militar de Roma, Dostler case ( ibíd. , párr. 2960); Estados Unidos, Comisión Militar de Shanghai, Sawada case (ibíd. , párr. 2961) e Isayama case (ibíd., párr. 2962); Estados Unidos, Tribunal Militar de Wuppertal, Rhode case (ibíd., párr. 2963); Estados Unidos, Tribunal Militar de Nuremberg, Altstotter (The Justice Trial) case (ibíd., párr. 2964); Reino Unido, Tribunal Militar de Almelo, Almelo case (ibíd., párr. 2959).
[2] I Convenio de Ginebra (1949), art. 49, cuarto párrafo (ibíd., párr. 2788); II Convenio de Ginebra (1949), art. 50, cuarto párrafo (ibíd., párr. 2788); III Convenio de Ginebra (1949), arts. 102 a 108 (ibíd., párr. 2789); IV Convenio de Ginebra (1949), arts. 5 y 66 a 75 (ibíd., párrs. 2791 y 2792); Protocolo adicional I (1977), art. 71, párr. 1 (ibíd., párr. 2798) y 75, párr. cuarto (aprobados por consenso) (ibíd., párr. 2799); Protocolo adicional II (1977), art. 6, párr. 2 (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 3045). El principio del derecho a un proceso equitativo figura también en el art. 17, párr. 2, de Segundo Protocolo de la Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales (1999) (ibíd., párr. 2807).
[3] III Convenio de Ginebra (1949), art. 130 (ibíd., párr. 2790); IV Convenio de Ginebra (1949), art. 147 (ibíd., párr. 2794); Protocolo adicional I (1977), art. 85, párr. 4, apdo. e) (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 2800).
[4] Convenios de Ginebra (1949), art. 3 común (ibíd., párr. 2787).
[5] Estatuto de la CPI (1998), art. 8, párr. 2, apdo. a), inciso vi) y art. 8, párr. 2, apdo. c), inciso iv) (ibíd., párr. 2804); Estatuto del TPIY (1993), art. 2, párr. 1, apdo. f) (ibíd., párr. 2822); Estatuto del TPIR (1994), art. 4, párr. 1, apdo. g) (ibíd., párr. 2825); Estatuto del Tribunal Especial para Sierra Leona (2002), art. 3, párr. 1, apdo. g) (ibíd., párr. 2808).
[6] V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 2857), Argentina (ibíd., párrs. 2836 y 2837), Australia (ibíd., párrs. 2838 y 2839), Bélgica (ibíd., párr. 2840), Benin (ibíd., párr. 2841), Burkina Faso (ibíd., párr. 2842), Camerún (ibíd., párr. 2843), Canadá (ibíd., párr. 2844), Colombia (ibíd., párrs. 2845 a 2848), Congo (ibíd., párr. 2849), El Salvador ( ibíd., párr. 2852), Ecuador (ibíd., párr. 2850), España (ibíd., párr. 2875), Estados Unidos (ibíd., párrs. 2882 a 2887), Francia (ibíd., párrs. 2853 a 2856), Indonesia (ibíd., párr. 2858), Italia (ibíd., párr. 2859), Kenya (ibíd., párr. 2860), Madagascar (ibíd., párr. 2862), Malí (ibíd., párr. 2863), Marruecos (ibíd., párr. 2864), Nigeria (ibíd., párr. 2868), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 2866), Países Bajos (ibíd., párr. 2865), Perú (ibíd., párrs. 2869 y 2870), Reino Unido (ibíd., párrs. 2880 y 2881), República de Corea (ibíd., párr. 2861), Rusia (ibíd., párr. 2871), Senegal (ibíd., párrs. 2872 y 2873), Sudáfrica (ibíd., párr. 2874), Suecia (ibíd., párrs. 2876 y 2877), Suiza (ibíd., párr. 2878) y Togo (ibíd., párr. 2879).
[7] V. la legislación en general (ibíd., párrs. 2888 a 2956) y, en particular, la de Alemania (ibíd., párr. 2914), Armenia (ibíd., párr. 2889), Australia (ibíd., párr. 2891), Azerbaiyán (ibíd., párr. 2892), Bangladesh (ibíd., párr. 2893), Belarús (ibíd., párr. 2895), Bélgica (ibíd., párr. 2896), Bosnia y Herzegovina (ibíd., párr. 2897), Camboya (ibíd. , párr. 2901), Canadá (ibíd. , párr. 2903), Colombia ( ibíd., párr. 2904), Congo (ibíd. , párr. 2905), Croacia (ibíd., párr. 2907), Eslovenia (ibíd., párr. 2943), España (ibíd., párrs. 2944 y 2945), Estados Unidos (ibíd. , párr. 2953), Estonia (ibíd. , párr. 2911), Etiopía (ibíd., párr. 2912), Georgia (ibíd. , párr. 2913), Irlanda ( ibíd., párr. 2917), Lituania (ibíd., párr. 2923), Moldavia (ibíd. , párr. 2929), Nicaragua (ibíd., párr. 2933), Níger (ibíd., párr. 2935), Noruega (ibíd., párr. 2937), Nueva Zelandia (ibíd. , párr. 2932), Países Bajos (ibíd., párr. 2930), Polonia (ibíd., párr. 2939), Reino Unido (ibíd., párr. 2952), Tailandia (ibíd., párr. 2948), Tayikistán (ibíd., párr. 2947) y Yugoslavia (ibíd. , párr. 2955); v., asimismo, la legislación de Bulgaria (ibíd. , párr. 2899), Hungría (ibíd., párr. 2915), Italia (ibíd. , párr. 2918) y Rumania (ibíd., párr. 2940), cuya aplicación no se excluye en tiempo de conflicto armado no internacional, así como los proyectos de ley de Argentina ( ibíd., párr. 2888), Burundi (ibíd. , párr. 2900), El Salvador (ibíd., párr. 2910), Jordania ( ibíd., párr. 2919), Nicaragua ( ibíd., párr. 2934) y Trinidad y Tobago ( ibíd., párr. 2949).
[8] V., v.g., las declaraciones de Bélgica (ibíd., párr. 2966) y Estados Unidos (ibíd., párr. 2971), así como la práctica de China (ibíd., párr. 2967).
[9] V., v.g., Chile, Corte de Apelaciones de Santiago, Caso Videla (ibíd., párr. 2958).
[10] Estatuto de la CPI (1998), art. 67, párr. 1 (ibíd., párr. 2805); Estatuto del TPIY (1993), art. 21, párr. 2 (ibíd., párr. 2824); Estatuto del TPIR (1994), art. 20, párr. 2 (ibíd., párr. 2827); Estatuto del Tribunal Especial para Sierra Leona (2002), art. 17, párr. 2 (ibíd., párr. 2809).
[11] Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), art. 14, párr. (ibíd., párr. 2796); Convención sobre los Derechos del Niño (1989), art. 40, párr. 2, apdo. b), inciso iii) (ibíd., párr. 2802); Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950), art. 6, párr. 1 (ibíd., párr. 2795); Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), art. 8, párr. 1 (ibíd., párr. 2797); Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos (1981), art. 7 (ibíd., párr. 2801).
[12] V., v.g., Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), art. 10 (ibíd., párr. 2812); Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948), art. XVIII (ibíd., párr. 2813); Declaración de El Cairo sobre los derechos humanos en el Islam (1990), art. 19, párr. e) (ibíd., párr. 2818); Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000), art. 47 (ibíd., párr. 2833).
[13] Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Observación General n.° 29 (art. 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) (ibíd., párr. 2998).
[14] V., v.g., Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, Civil Liberties Organisation and Others v. Nigeria (ibíd., párr. 3007); Comisión Interamericana de Derechos Humanos, resolución relativa al derecho aplicable en las situaciones de emergencia (ibíd., párr. 3016) e Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos (ibíd., párr. 3019); Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de las garantias judiciaIes (ibíd., párr. 3020).
[15] Convenios de Ginebra (1949), art. 3 común (ibíd., párr. 3038).
[16] III Convenio de Ginebra (1949), art. 84, segundo párrafo (ibíd., párr. 3039).
[17] Protocolo adicional II (1977), art. 6, párr. 2 (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 3045).
[18] Protocolo adicional I (1977), art. 75, párr. 4 (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 3044).
[19] V., v.g., los manuales militares de Argentina (ibíd., párrs. 3058 y 3059), Bélgica (ibíd., párr. 3060), Canadá (ibíd., párr. 3061), Croacia (ibíd., párr. 3062), España (ibíd., párr. 3065), Estados Unidos (ibíd., párrs. 3069 y 3070), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 3064), Países Bajos (ibíd., párr. 3063), Reino Unido (ibíd., párr. 3068), Suecia (ibíd., párr. 3066) y Suiza (ibíd., párr. 3067).
[20] V., v.g., la legislación de Alemania (ibíd., párr. 3074), Bangladesh (ibíd., párr. 3071), Eslovaquia (ibíd., párr. 3082), Georgia (ibíd., párr. 3073), Irlanda (ibíd., párr. 3075), Kenya (ibíd., párr. 3076), Kirguistán (ibíd., párr. 3078), Kuwait (ibíd., párr. 3077), Lituania (ibíd., párr. 3079), Noruega (ibíd., párr. 3081), Países Bajos (ibíd., párr. 3080) y República Checa (ibíd., párr. 3072), las declaraciones de Estados Unidos (ibíd., párrs. 3085 y 3086) y la práctica referida de Camboya (ibíd., párr. 3085) y Nicaragua (ibíd., párr. 3085).
[21] V., v.g., el manual militar de Croacia (ibíd., párr. 3062) y la legislación de Georgia (ibíd., párr. 3073), Kirguistán (ibíd., párr. 3078) y Kuwait (ibíd., párr. 3077).
[22] Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), art. 14, párr. 1 (ibíd., párr. 3042); Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), art. 8, párr. 1 (ibíd., párr. 3043); Convención sobre los Derechos del Niño (1989), art. 40, párr. 2, apdo. b), inciso iii) (ibíd., párr. 3048).
[23] Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), art. 14, párr. 1 (ibíd., párr. 2796); Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950), art. 6, párr. 1 (ibíd., párr. 2795); Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), art. 8, párr. 1 (ibíd., párr. 2797).
[24] Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), art. 14, párr. 1 (ibíd., párr. 3042); Convención sobre los Derechos del Niño (1989), art. 40, párr. 2, apdo. b), inciso iii) (ibíd., párr. 3048); Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950), art. 6, párr. 1 (ibíd., párr. 3041); Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), art. 8, párr. 1 (ibíd., párr. 3043); Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos (1981), art. 7, párr. 1, apdo. d) (ibíd., párr. 3046) y art. 26 (ibíd., párr. 3047).
[25] V., v.g., Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), art. 10 (ibíd., párr. 3050); Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948), art. XXVI (ibíd., párr. 3051); Principios fundamentales relativos a la independencia de la magistratura (1985), párrs. 1 y 2 (ibíd., párr. 3052); Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000), art. 47 (ibíd., párr. 3057).
[26] Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Observación General n.° 29 (art. 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) (ibíd., párr. 2998); Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos (ibíd., párr. 3019).
[27] Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Bahamonde v. Equatorial Guinea (ibíd., párr. 3091); Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, Centre For Free Speech v. Nigeria (ibíd., párr. 3094); Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Belilos case (ibíd., párr. 3098) y Findlay v. UK (ibíd., párr. 3100). En su Informe Anual 1992-1993 (ibíd., párr. 3104) y el Caso 11.006 (Perú) (ibíd., párr. 3106), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que el poder ejecutivo no debe intervenir en los asuntos propios del poder judicial y debe asegurarse de la exclusividad del ejercicio de la jurisdicción por parte de los miembros del poder judicial.
[28] V. Australia, Tribunal Militar de Rabaul, Ohashi case (ibíd., párr. 3083); Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Karttunen v. Finland (ibíd., párr. 3090).
[29] V. Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, Constitutional Rights Project v. Nigeria (ibíd., párr. 3093) y Malawi African Association and Others v. Mauritania (ibíd., párr. 3095); Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Piersack case (ibíd., párr. 3097) y Findlay v. UK (ibíd., párr. 3100); Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Caso 10.970 (Perú) (ibíd., párr. 3107).
[30] V. Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, Constitutional Rights Project v. Nigeria (ibíd., párr. 3093) y Civil Liberties Organisation and Others v. Nigeria (ibíd., párr. 3096); Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Findlay v. UK (ibíd., párr. 3100), Ciraklar v. Turkey (ibíd., párr. 3101) y Sahiner v. Turkey (ibíd., párr. 3103); Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Caso 11.084 (Perú) (ibíd., párr. 3105).
[31]III Convenio de Ginebra (1949), art. 84 (ibíd., párr. 3039).
[32]IV Convenio de Ginebra (1949), art. 66 (ibíd., párr. 3040).
[33]Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, Media Rights Agenda v. Nigeria (el hecho de una persona civil sea juzgada “por un tribunal militar especial, presidido por oficiales militares en activo, que se rigen todavía por el reglamento militar es, sin más, perjudicial para los principios fundamentales de un proceso equitativo”) (ibíd., párr. 3003) y Civil Liberties Organisation and Others v. Nigeria (“el tribunal militar no superó la prueba de la independencia”) (ibíd., párr. 3096); Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Cyprus case (a causa “de los estrechos vínculos estructurales entre el poder ejecutivo y los militares que forman parte de las jurisdicciones militares de la ‘RTCN'”) ( ibíd. , párr. 3102); Comisión Interamericana de Derechos Humanos, doctrina relativa a las garantías judiciales y al derecho a la libertad y a la seguridad personales (ibíd., párr. 3019).
[34] Protocolo adicional I (1977), art. 75, párr. 4, apdo. d) (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 3115); Protocolo adicional II (1977), art. 6, párr. 2, apdo. d) (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 3116).
[35]Estatuto de la CPI (1998), art. 66 (ibíd., párr. 3119); Estatuto del TPIY (1993), art. 21, párr. 3 (ibíd., párr. 3128); Estatuto del TPIR (1994), art. 20, párr. 3 (ibíd., párr. 3129); Estatuto del Tribunal Especial para Sierra Leona (2002), art. 17, párr. 3 (ibíd., párr. 3120).
[36]V., v.g., los manuales militares de Argentina (ibíd., párr. 3133), Canadá (ibíd., párr. 3134), Colombia (ibíd., párrs. 3135 y 3136), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 3137) y Suecia (ibíd., párr. 3138), así como la legislación de Bangladesh (ibíd., párr. 3140), Etiopía (ibíd., párr. 3139), Georgia (ibíd., párr. 3139), Irlanda (ibíd., párr. 3141), Kenya (ibíd., párr. 3139), Kirguistán (ibíd., párr. 3139), Noruega (ibíd., párr. 3142) y Rusia (ibíd., párr. 3139).
[37]Australia, Tribunal Militar de Rabaul, Ohashi case (ibíd., párr. 3143).
[38]Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), art. 14, párr. 2 (ibíd., párr. 3113); Convención sobre los Derechos del Niño (1989), art. 40, párr. 2, apdo. b), inciso i) (ibíd., párr. 3118); Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950), art. 6, párr. 2 (ibíd., párr. 3112); Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), art. 8, párr. 2 (ibíd., párr. 3114); Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos (1981), art. 7, párr. 1 (ibíd., párr. 3117).
[39]V., v.g., Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), art. 11 (ibíd., párr. 3121); Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948), art. XXVI (ibíd., párr. 3122); Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión (1988), principio 36 (ibíd., párr. 3123); Declaración de El Cairo sobre los derechos humanos en el Islam (1990), art. 19 (ibíd., párr. 3124); Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000), art. 48, párr. 1 (ibíd., párr. 3132).
[40]Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Observación General n.° 29 (art. 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) (ibíd., párr. 2998); Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos (ibíd., párr. 3019).
[41]V., v.g., Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Observación General n.° 13 (art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) (ibíd., párr. 3147).
[42]V., v.g., Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Observación General n.° 13 (art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) (ibíd., párr. 3147) y Gridin v. Russia (ibíd., párr. 3148); Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Allenet de Ribemont v. France (ibíd., párr. 3153).
[43]Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, Malawi African Association and Others v. Mauritania (ibíd., párr. 3151).
[44]III Convenio de Ginebra (1949), art. 96, cuarto párrafo (ibíd., párr. 3161) y art. 105, párr. 4 (ibíd., párr. 3162); IV Convenio de Ginebra (1949), art. 71, segundo párrafo (ibíd. , párr. 3163) y art. 123, segundo párrafo (ibíd., párr. 3164); Protocolo adicional I (1977), art. 75, párr. 4, apdo. a) (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 3168); Protocolo adicional II (1977), art. 6, párr. 2, apdo. a) (aprobado por consenso) (ibíd. , párr. 3169).
[45]Estatuto de la CPI (1998), art. 67, párr. 1, apdo. a) (ibíd., párr. 3173); Estatuto del TPIY (1993), art. 21, párr. 4, apdo. a) (ibíd., párr. 3180); Estatuto del TPIR (1994), art. 20, párr. 4, apdo. a) (ibíd., párr. 3181); Estatuto del Tribunal Especial para Sierra Leona (2002), art. 17, párr. 4, apdo. a) (ibíd., párr. 3174).
[46]V., v.g., los manuales militares de Argentina (ibíd., párrs. 3183 y 3184), Australia (ibíd., párr. 3185), Canadá (ibíd., párr. 3186), España (ibíd., párr. 3190), Estados Unidos (ibíd., párrs. 3194 a 3196), Indonesia (ibíd., párr. 3187), Nueva Zelandia ( ibíd. , párr. 3189), Países Bajos (ibíd., párr. 3188), Reino Unido ( ibíd., párr. 3193), Suecia ( ibíd. , párr. 3191) y Suiza ( ibíd., párr. 3192), así como la legislación de Bangladesh (ibíd., párr. 3198), Etiopía (ibíd., párr. 3197), Georgia (ibíd., párr. 3197), India (ibíd., párr. 3197), Irlanda (ibíd., párr. 3199), Kenya (ibíd., párr. 3197), Kirguistán (ibíd., párr. 3197), México (ibíd., párr. 3197) y Noruega ( ibíd., párr. 3200).
[47]V., v.g., Australia, Tribunal Militar de Rabaul, Ohashi case (ibíd., párr. 3201); Estados Unidos, Tribunal Militar de Nuremberg, Altstotter (The Justice Trial) case (ibíd., párr. 2964).
[48]Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), art. 14, párr. 3, apdo. a) (ibíd., párr. 3166); Convención sobre los Derechos del Niño (1989), art. 40, párr. 2, apdo. b), inciso ii) (ibíd., párr. 3170); Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950), art. 6, párr. 3, apdo. a) (ibíd., párr. 3165); Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), art. 8, párr. 2, apdo. b) (ibíd., párr. 3167).
[49] Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, comunicaciones n.° 54/91, 61/91, 98/93, 164/97-196/97 y 210/98, Malawi African Association and Others v. Mauritania, decisión, 27° período de sesiones, Argel, 11 de mayo de 2000, párr. 97.
[50] V., v.g., Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión (1988), principio 10 (ibíd., párr. 3176).
[51] Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Observación General n.° 29 (art. 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) (ibíd., párr. 2998); Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos (ibíd., párr. 3019).
[52] III Convenio de Ginebra (1949), art. 105, cuarto párrafo (ibíd., párr. 3162); IV Convenio de Ginebra (1949), art. 71, segundo párrafo (ibíd., párr. 3163); Protocolo adicional I (1977), art. 75, párr. 4, apdo. a) (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 3168); Protocolo adicional II (1977), art. 6, párr. 2, apdo. a) (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 3169).
[53] I Convenio de Ginebra (1949), art. 49, cuarto párrafo (ibíd., párr. 3209); II Convenio de Ginebra (1949), art. 50, cuarto párrafo (ibíd., párr. 3210); III Convenio de Ginebra (1949), art. 84, segundo párrafo (ibíd., párr. 3211) y art. 96, cuarto párrafo (ibíd., párr. 3212); IV Convenio de Ginebra (1949), art. 72, primer párrafo (ibíd., párr. 3215) y art. 123, primer párrafo (ibíd., párr. 3216); Protocolo adicional I (1977), art. 75, párr. 4, apdo. a) (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 3220); Protocolo adicional II (1977), art. 6, párr. 2, apdo. a) (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 3221).
[54] V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 3250), Argentina (ibíd., párrs. 3244 y 3245), Australia (ibíd., párr. 3246), Canadá (ibíd., párr. 3247), Colombia (ibíd., párr. 3248), Ecuador (ibíd., párr. 3249), España (ibíd., párr. 3255), Estados Unidos (ibíd., párrs. 3259 a 3262), Hungría (ibíd., párr. 3251), Nueva Zelandia ( ibíd. , párr. 3253), Países Bajos (ibíd., párr. 3252), Reino Unido (ibíd., párr. 3258), Suecia (ibíd., párr. 3256) y Suiza (ibíd., párr. 3257), así como la legislación de Argentina (ibíd., párr. 3264), Bangladesh (ibíd. , párr. 3265), Etiopía (ibíd., párr. 3263), Georgia (ibíd., párr. 3263), India (ibíd., párr. 3263), Irlanda ( ibíd. , párr. 3266), Kenya (ibíd., párr. 3263), Kirguistán (ibíd., párr. 3263), Kuwait (ibíd., párr. 3263), México (ibíd., párr. 3263), Noruega (ibíd., párr. 3267) y Rusia ( ibíd. , párr. 3263).
[55] Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), art. 14, párr. 3 (ibíd., párr. 3218); Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950), art. 6, párr. 3 (ibíd., párr. 3217); Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), art. 8, párr. 2 (ibíd., párr. 3219); Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos (1981), art. 7, párr. 1 (ibíd., párr. 3222). El párrafo 3 del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el párrafo 2 del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos disponen que, durante el proceso, todo acusado tiene derecho “en plena igualdad” a las garantías judiciales enumeradas en esos artículos.
[56] V., v.g., Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), art. 11 (ibíd., párr. 3228); Declaración de El Cairo sobre los derechos humanos en el Islam (1990), art. 19, párr. e) (ibíd., párr. 3232); Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000), art. 48, párr. 2 (ibíd., párr. 3221).
[57] Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Observación General n.° 29 (art. 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) (ibíd., párr. 2998).
[58] Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg (1945) (1945), art. 16, párr. 1, apdo. d) (ibíd., párr. 3208); Estatuto del Tribunal Militar de Tokyo (1946), art. 9, párr, c) (ibíd., párr. 3227).
[59] III Convenio de Ginebra (1949), art. 99, tercer párrafo (asistido por “un defensor cualificado”) (ibíd., párr. 3213) y art. 105, párr. 1 (“a que lo defienda un abogado calificado de su elección”) (ibíd., párr. 3214); IV Convenio de Ginebra (1949), art. 72, primer párrafo (“derecho a ser asistido por un defensor calificado de su elección”) (ibíd., párr. 3215).
[60] Estatuto de la CPI (1998), art. 67, párr. 1 (ibíd., párr. 3225); Estatuto del TPIY (1993), art. 21, párr. 4 (ibíd., párr. 3237); Estatuto del TPIR (1994), art. 20, párr. 4 (ibíd., párr. 3239); Estatuto del Tribunal Especial para Sierra Leona (2002), art. 17, párr. 4 (ibíd., párr. 3226).
[61] V. Estados Unidos, Comisión Militar de Shanghai, Isayama case (ibíd., párr. 2962), Tribunal Militar de Nuremberg, Altstotter (The Justice Trial) case (ibíd., párr. 2964) y Corte Suprema, Ward case (ibíd., párr. 3268).
[62] Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Res. 1996/71 (ibíd., párr. 3272).
[63] Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), art. 14, párr. 3, apdo. d) (ibíd., párr. 3218); Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950), art. 6, párr. 3, apdo. c) (ibíd., párr. 3217); Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), art. 8, párr. 2, apdo. d) (ibíd., párr. 3219); Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos (1981), art. 7, párr. 1, apdo. c) (ibíd., párr. 3222). Exceptuando el Convenio Europeo, estos tratados estipulan también el deber de informar al acusado de su derecho a la asistencia de un defensor si carece de tal.
[64] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos (ibíd., párr. 3019).
[65] V., v.g., Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Saldías López v. Uruguay (ibíd., párr. 3280); Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, Civil Liberties Organisation and Others v. Nigeria (218/98) (ibíd., párr. 3284).
[66] III Convenio de Ginebra (1949), art. 105, tercer párrafo (el defensor dispone de un plazo de dos semanas, por lo menos, antes de la vista de la causa para preparar el proceso) (ibíd., párr. 3214); IV Convenio de Ginebra (1949), art. 72, primer párrafo (el defensor debe tener las facilidades necesarias para preparar su defensa) (ibíd., párr. 3215).
[67] Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión (1988), principio 15 (ibíd., párr. 3229).
[68] Principios Básicos sobre la Función de los Abogados (1990), principio 7 (ibíd., párr. 3241).
[69] V., v.g., Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Sala de Tourón v. Uruguay, Pietraroia v. Uruguay, Wight v. Madagascar, Lafuente Peñarrieta and Others v. Bolivia (ibíd., párr. 3277) y Little v. Jamaica (ibíd., párr. 3279); Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, Avocats Sans Frontières v. Burundi (231/99) (ibíd., párr. 3283); Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Campbell and Fell case (ibíd., párr. 3287), Imbrioscia v. Switzerland (ibíd., párr. 3290) y Averill v. UK (ibíd., párr. 3291); Comisión Europea de Derechos Humanos, Can case (ibíd., párr. 3288), Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Caso 10.198 (Nicaragua) (ibíd., párr. 3292).
[70]III Convenio de Ginebra (1949), art. 105, segundo párrafo (“Si el prisionero no ha elegido defensor, la Potencia protectora le procurará uno” y, si no es posible: “la Potencia detenedora nombrará de oficio a un abogado calificado para defender al acusado”); IV Convenio de Ginebra (1949), art. 72, segundo párrafo (“Si el acusado no elige defensor, la Potencia protectora le proporcionará uno” y, si no es posible: “la Potencia ocupante deberá, previo consentimiento del acusado, proporcionarle un defensor”.
[71]Estatuto de la CPI (1998), art. 67, párr. 1, apdo. d) (citado en vol. II, cap. 32, párr. 3225); Estatuto del TPIY (1993), art. 21, párr. 4, apdo. d) (ibíd., párr. 3237); Estatuto del TPIR (1994), art. 20, párr. 4, apdo. d) (ibíd., párr. 3239); Estatuto del Tribunal Especial para Sierra Leona (2002), art. 17, párr. 4, apdo. d) (ibíd., párr. 3226).
[72]Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), art. 14, párr. 3, apdo. d) (ibíd., párr. 3218); Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950), art. 6, párr. 3, apdo. c) (ibíd., párr. 3217); Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), art. 8, párr. 2, apdo. e) (ibíd., párr. 3219). La Convención Americana indica que la remuneración depende de la legislación interna, pero según la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta disposición exige los servicios gratuitos de un abogado si el acusado no puede sufragar los gastos de la asistencia letrada y si existe el riesgo de que el proceso no sea equitativo por falta de asistencia letrada ; v. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Excepciones al Agotamiento de los Recursos Internos (ibíd., párr. 3293).
[73]V., v.g., Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión (1988), principio 17 (ibíd., párr. 3230); Principios Básicos sobre la Función de los Abogados (1990), principio 6 (ibíd., párr. 3241).
[74]Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos (ibíd., párr. 3019).
[75]V., v.g., Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Currie v. Jamaica y Thomas v. Jamica (ibíd., párr. 3278); Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, Avocats Sans Frontières v. Burundi (231/99) (ibíd., párr. 3283); Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Pakelli case (ibíd., párr. 3286) y Quaranta v. Switzerland (ibíd., párr. 3289).
[76] III Convenio de Ginebra (1949), art. 105, tercer párrafo (ibíd., párr. 3214); IV Convenio de Ginebra (1949), art. 72, primer párrafo (ibíd., párr. 3215).
[77]Estatuto de la CPI (1998), art. 67, párr. 1, apdo. b) (ibíd., párr. 3225); Estatuto del TPIY (1993), art. 21, párr. 4, apdo. b) (ibíd., párr. 3237); Estatuto del TPIR (1994), art. 20, párr. 4, apdo. b) (ibíd., párr. 3239); Estatuto del Tribunal Especial para Sierra Leona (2002), art. 17, párr. 4, apdo. b) (ibíd., párr. 3226).
[78]Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), art. 14, párr. 3, apdo. b) (ibíd., párr. 3218); Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950), art. 6, párr. 3, apdo. b) (ibíd., párr. 3217); Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), art. 8, párr. 2, apdo. c) (ibíd., párr. 3219).
[79]V., v.g., Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión (1988), principios 17 y 18 (ibíd., párrs. 3230 y 3231); Principios Básicos sobre la Función de los Abogados (1990), principio 8 (ibíd., párr. 3241).
[80]Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos (ibíd., párr. 3019).
[81]Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión (1988), principio 18, párr. 2 (ibíd., párr. 3231).
[82]III Convenio de Ginebra (1949), art. 105, tercer párrafo (ibíd., párr. 3214); IV Convenio de Ginebra (1949), art. 72, primer párrafo (ibíd., párr. 3215).
[83]Estatuto de la CPI (1998), art. 67, párr. 1, apdo. b) (ibíd., párr. 3225); Estatuto del TPIY (1993), art. 21, párr. 4, apdo. b) (ibíd., párr. 3237); Estatuto del TPIR (1994), art. 20, párr. 4, apdo. b) (ibíd., párr. 3239); Estatuto del Tribunal Especial para Sierra Leona (2002), art. 17, párr. 4, apdo. b) (ibíd., párr. 3226).
[84]Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), art. 8, párr. 2, apdo. d) (ibíd., párr. 3219); Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión (1988), principio 18 (ibíd., párr. 3231); Principios Básicos sobre la Función de los Abogados (1990), principio 8 (ibíd., párr. 3241).
[85]V., v.g., Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Observación General n.° 13 (art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) (ibíd., párr. 3275); Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, resolución sobre el procedimiento relativo al derecho de recurso y a un proceso equitativo (ibíd., párr. 3281) y Civil Liberties Organisation and Others v. Nigeria (218/98) (ibíd., párr. 3284); Comisión Europea de Derechos Humanos, Can case (ibíd., párr. 3288).
[86]Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión (1988), principio 18, párr. 4 (ibíd., párr. 3231).
[87]III Convenio de Ginebra (1949), art. 103, primer párrafo (“lo antes posible”) (ibíd., párr. 3296); IV Convenio de Ginebra (1949), art. 71, segundo párrafo (“lo más rápidamente posible”) (ibíd., párr. 3297).
[88]Estatuto de la CPI (1998), art. 64, párr. 2 y 3 (“expedito”) (ibíd., párr. 3305) y art. 67, párr. 1, apdo. c) (“sin dilaciones indebidas”) (ibíd., párr. 3306); Estatuto del TPIY (1993), art. 20, párr. 1 (“rápido”) (ibíd., párr. 3310) y art. 21, párr. 4, apdo. c) (“sin excesiva demora”) (ibíd., párr. 3311); Estatuto del TPIR (1994), art. 19, párr. 1 (“expeditivo”) (ibíd., párr. 3312) y art. 20, párr. 4, apdo. c) (“sin dilaciones excesivas”) (ibíd., párr. 3313); Estatuto del Tribunal Especial para Sierra Leona (2002), art. 17, párr. 4, apdo. c) (“sin dilaciones indebidas”) (ibíd., párr. 3307).
[89]V., v.g., los manuales militares de Argentina (ibíd., párr. 3316), Australia (ibíd., párr. 3317), Canadá (ibíd., párr. 3318), Colombia (ibíd., párr. 3319), España (ibíd., párr. 3321), Estados Unidos (ibíd., párr. 3323), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 3320) y Reino Unido (ibíd., párr. 3322), así como la legislación de Bangladesh (ibíd., párr. 3325), Irlanda (ibíd., párr. 3326), Kenya (ibíd., párr. 3324) y Noruega (ibíd., párr. 3327).
[90]Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), art. 9, párr. 3 (“dentro de un plazo razonable”) (ibíd., párr. 3300) y art. 14, párr. 3, apdo. c) (“sin dilaciones excesivas”) (ibíd., párr. 3301); Convención sobre los Derechos del Niño (1989), art. 40, párr. 2, párr. b), apdo. iii) (“sin demora”) (ibíd., párr. 3305); Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950), art. 5, párr. 3 ( ibíd., párr. 3298) y art. 6, párr. 1 (“en un plazo razonable”) ( ibíd., párr. 3299); Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), art. 8, párr. 1 (“dentro de un plazo razonable”) ( ibíd., párr. 3302); Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos (1981), art. 7, párr. 1, apdo. d) (“dentro de un plazo de tiempo razonable”) (ibíd., párr. 3303).
[91]V., v.g., Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión (1988), principio 38 (ibíd., párr. 3308); Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000), art. 47 (ibíd., párr. 3315).
[92]V. Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Wemhoff case, Matznetter v. Austria , Stögmüller case, nig v. Germany, Letellier v. France, Kemmache v. France, Tomasi v. France, Olsson v. Sweden y Scopelliti v. Italiy (ibíd., párr. 3338); Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Caso 11.245 (Argentina) (ibíd., párr. 3341).
[93]V. Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Observación General n.° 13 (art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) (ibíd., párr. 3334).
[94]III Convenio de Ginebra (1949), art. 96, cuarto párrafo (ibíd., párr. 3345) y art. 105, primer párrafo (ibíd., párr. 3346); IV Convenio de Ginebra (1949), art. 72, primer párrafo (ibíd., párr. 3347) y art. 123, segundo párrafo (ibíd., párr. 3348); Protocolo adicional I (1977), art. 75, cuarto párrafo, apdo. g) (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 3352).
[95]Estatuto de la CPI (1998), art. 67, párr. 1, apdo. e) (ibíd., párr. 3354); Estatuto del TPIY (1993), art. 21, párr. 4, apdo. e) (ibíd., párr. 3360); Estatuto del TPIR (1994), art. 20, párr. 4, apdo. e) (ibíd., párr. 3361); Estatuto del Tribunal Especial para Sierra Leona (2002), art. 17, párr. 4, apdo. e) (ibíd., párr. 3355).
[96]V., v.g., los manuales militares de Argentina (ibíd., párrs. 3363 y 3364), Canadá (ibíd., párr. 3365), España (ibíd., párr. 3367), Estados Unidos (ibíd., párrs. 3370 a 3372), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 3366), Reino Unido (ibíd., párr. 3369), Suecia (ibíd., párr. 3368), así como la legislación de Bangladesh (ibíd., párr. 3374), Etiopía (ibíd., párr. 3373), Georgia (ibíd., párr. 3373), Irlanda (ibíd., párr. 3375), Kenya (ibíd., párr. 3373), México (ibíd., párr. 3373) y Noruega (ibíd., párr. 3376).
[97]V., v.g., Estados Unidos, Comisión Militar de Shanghai, Isayama case (ibíd., párr. 2962) y Tribunal Militar de Nuremberg, Altstötter (The Justice Trial) case (ibíd., párr. 2964).
[98] Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), art. 14, párr. 3, apdo. e) (ibíd., párr. 3350); Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950), art. 6, párr. 3, apdo. d) (ibíd., párr. 3349); Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), art. 8, párr. 2, apdo. f) (ibíd., párr. 3351).
[99] Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, resolución sobre el procedimiento relativo al derecho de recurso y a un proceso equitativo (ibíd., párr. 3382).
[100] Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Observación General n.° 29 (art. 4 del Pacto Inter nacional de Derechos Civiles y Políticos) (ibíd., párr. 2998); Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos (ibíd., párr. 3019).
[101] III Convenio de Ginebra (1949), art. 96, cuarto párrafo (ibíd., párr. 3388) y art. 105, primer párrafo (ibíd., párr. 3389); IV Convenio de Ginebra (1949), art. 72, tercer párrafo (ibíd., párr. 3390) y art. 123, segundo párrafo (ibíd., párr. 3391).
[102] Estatuto de la CPI (1998), art. 67, párr. 1, apdo. f) (ibíd., párr. 3397); Estatuto del TPIY (1993), art. 21, párr. 4, apdo. f) (ibíd., párr. 3400); Estatuto del TPIR (1994), art. 20, párr. 4, apdo. f) (ibíd., párr. 3401); Estatuto del Tribunal Especial para Sierra Leona (2002), art. 17, párr. 4, apdo. f) (ibíd., párr. 3398).
[103] Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), art. 14, párr. 3, apdo. f) ( ibíd., párr. 3394); Convención sobre los Derechos del Niño (1989), art. 40, párr. 2, apdo. b), inciso vi) (ibíd., párr. 3395); Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950), art. 6, párr. 3, apdo. e) (ibíd., párr. 3392); Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), art. 8, párr. 2, apdo. a) (ibíd., párr. 3394).
[104] Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, resolución sobre el procedimiento relativo al derecho de recurso y a un proceso equitativo (ibíd., párr. 3422).
[105] V., v.g., Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Luedicke, Belkacem y Kog case (ibíd., párr. 3424) y Kamasinski case (ibíd., párr. 3425).
[106] Protocolo adicional I (1977), art. 75, párr. 4, apdo. e) (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 3433); Protocolo adicional II (1977), art. 6. párr. 2, apdo. e) (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 3439).
[107] V. las reservas realizadas por los siguientes países cuado ratificaron los Protocolos adicionales: Alemania (ibíd., párrs. 3435 y 3441), Austria (ibíd., párrs. 3434 y 3440), Irlanda (ibíd., párrs. 3436 y 3442), Liechtenstein (ibíd., párrs. 3437 y 3443) y Malta (ibíd., párrs. 3438 y 3444).
[108] Estatuto de la CPI (1998), art. 63, párr. 1 (ibíd., párr. 3445) y art. 67, párr. 1, apdo. d) (ibíd., párr. 3446), Estatuto del TPIY (1993), art. 21, párr. 4, apdo. d) (ibíd., párr. 3452); Estatuto del TPIR (1994), art. 20, párr. 4, apdo. d) (ibíd., párr. 3453); Estatuto del Tribunal Especial para Sierra Leona (2002), art. 17, párr. 4, apdo. d) (ibíd., párr. 3447).
[109] V., v.g., los manuales militares de Argentina (ibíd., párr. 3455), Canadá (ibíd., párr. 3456), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 3457) y Suecia (ibíd., párr. 3458), así como la legislación de Bangladesh (ibíd., párr. 3460), Georgia (ibíd., párr. 3459), Irlanda (ibíd., párr. 3461), Kenya (ibíd., párr. 3459), Kirguistán (ibíd., párr. 3459), Noruega (ibíd., párr. 3462) y Rusia (ibíd., párr. 3459).
[110] Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), art. 14, párr. 3, apdo. d) (ibíd., párr. 3431); Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950), art. 6, párr. 3, apdo. c) (ibíd., párr. 3430); Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), art. 8, párr. 2, apdo. d) (ibíd., párr. 3432). De hecho, en estos dos últimos se prevé el derecho a defenderse uno mismo, lo que implica el derecho a estar presente en el juicio.
[111] Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Daniel Monguya Mbenge v. Zaire (ibíd., párr. 3469); Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Colozza case (ibíd., párr. 3471).
[112] Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Karttunen v. Finland (ibíd., párr. 3470); Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Ekbatani v. Sweden (ibíd., párr. 3472) y Kremzow v. Austria (ibíd., párr. 3472).
[113]Estatuto de la CPI (1998), art. 63, párr. 1 (ibíd., párr. 3445) y art. 67, párr. 1, apdo. d) (ibíd., párr. 3446); Estatuto del TPIY (1993), art. 21, párr. 4, apdo. d) (ibíd., párr. 3452); Estatuto del TPIR (1994), art. 20, párr. 4, apdo. d) (ibíd., párr. 3453); Estatuto del Tribunal Especial para Sierra Leona (2002), art. 17, párr. 4, apdo. d) (ibíd., párr. 3447).
[114]III Convenio de Ginebra (1949), art. 99, segundo párrafo (ibíd., párr. 3476); Protocolo adicional I (1977), art. 75, párr. 4, apdo. f) (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 3479); Protocolo adicional II (1977), art. 6, párr. 2, apdo. f) (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 3480).
[115]Estatuto de la CPI (1998), art. 55, párr. 1, apdo. a) (ibíd., párr. 3482) y art. 67, párr. 1, apdo. g) (ibíd., párr. 3483); Estatuto del TPIY (1993), art. 21, párr. 4, apdo. g) (ibíd., párr. 3489); Estatuto del TPIR (1994), art. 20, párr. 4, apdo. g) (ibíd., párr. 3490); Estatuto del Tribunal Especial para Sierra Leona (2002), art. 17, párr. 4, apdo. g) (ibíd., párr. 3484).
[116]V., v.g., los manuales militares de Argentina (ibíd., párrs. 3493 y 3494), Canadá (ibíd., párr. 3495), Colombia (ibíd., párr. 3496), Estados Unidos (ibíd., párr. 3500), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 3497), Suecia (ibíd., párr. 3498) y Suiza ( ibíd., párr. 3499), así como la legislación de Bangladesh (ibíd., párr. 3502), Georgia (ibíd., párr. 3501), India (ibíd., párr. 3501), Irlanda (ibíd., párr. 3503), Kenya (ibíd., párr. 3501), México (ibíd., párr. 3501), Noruega (ibíd., párr. 3504) y Rusia (ibíd., párr. 3501).
[117]Estados Unidos, Corte Suprema, Ward case (ibíd., párr. 3505).
[118]Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), art. 14, párr. 3, apdo. g) (ibíd., párr. 3477); Convención sobre los Derechos del Niño (1989), art. 40, párr. 2, apdo. b), inciso iv) (ibíd., párr. 3481); Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), art. 8, párr. 2, apdo. g) (ibíd., párr. 3478).
[119]V., v.g., Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión (1988), principio 21 (ibíd., párr. 3485).
[120]Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Observación General n.° 29 (art. 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) (ibíd., párr. 2998); Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos (ibíd., párr. 3019).
[121] Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Observación General n.° 13 (art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) (ibíd., párr. 3509).
[122] Convención contra la Tortura (1984), art. 15.
[123] V., v.g., Estados Unidos, Corte Suprema, Ward case (citado en vol. II, cap. 32, párr. 3505); Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Coeme and Others v. Belgium (ibíd., párr. 3511).
[124] III Convenio de Ginebra (1949), art. 105, quinto párrafo (ibíd., párr. 3517); IV Convenio de Ginebra (1949), art. 74, primer párrafo (ibíd., párr. 3518); Protocolo adicional I (1977), art. 75, párr. 4, apdo. i) (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 3522).
[125] Estatuto de la CPI (1998), art. 64, párr. 7 (ibíd., párr. 3525), art. 67, párr. 1 (ibíd., párr. 3526), art. 68, párr. 2 (ibíd., párr. 3527) y art. 76, párr. 4 (ibíd., párr. 3528); Estatuto del TPIY (1993), art. 20, párr. 4 (ibíd., párr. 3537) y art. 23, párr. 2 (ibíd., párr. 3538); Estatuto del TPIR (1994), art. 19, párr. 4 (ibíd., párr. 3539) y art. 22, párr. 2 (ibíd., párr. 3540); Estatuto del Tribunal Especial para Sierra Leona (2002), art. 17, párr. 2 (ibíd., párr. 3529) y art. 18 (ibíd., párr. 3530).
[126] V., v.g., los manuales militares de Argentina (ibíd., párr. 3543), Colombia (ibíd., párr. 3544), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 3545) y Suecia (ibíd., párr. 3546), así como la legislación de Bangladesh (ibíd., párr. 3549), Etiopía (ibíd., párr. 3548), Irlanda (ibíd., párr. 3550), Kenya (ibíd., párr. 3548), Kuwait (ibíd., párr. 3548), México (ibíd., párr. 3548), Noruega (ibíd., párr. 3551) y Rusia (ibíd., párr. 3548).
[127] Estados Unidos, Tribunal Militar de Nuremberg, Altstotter (The Justice Trial) case (ibíd., párr. 3552).
[128] Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), art. 14, párr. 1 (ibíd., párr. 3520); Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950), art. 6, párr. 1 (ibíd., párr. 3519); Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), art. 8, párr. 5 (ibíd., párr. 3521).
[129] Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, Civil Liberties Organisation and Others v. Nigeria (218/98) (ibíd., párr. 3557).
[130] V., v.g., Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), arts. 10 y 11 (ibíd., párrs. 3531 y 3532); Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948), art. XXVI (ibíd., párr. 3533); Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000), art. 47, párr. 2 (ibíd., párr. 3542).
[131] III Convenio de Ginebra (1949), art. 106 (ibíd., párr. 3562); IV Convenio de Ginebra (1949), art. 73, primer párrafo (ibíd., párr. 3563); Protocolo adicional I (1977), art. 75, párr. 4, apdo. j) (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 3564); Protocolo adicional II (1977), art. 6, párr. 3 (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 3565).
[132] III Convenio de Ginebra (1949), art. 106 (ibíd., párr. 3562).
[133] IV Convenio de Ginebra (1949), art. 73, primer párrafo (ibíd., párr. 3563).
[134] Yves Sandoz, Christophe Swinarski y Bruno Zimmermann, Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 (Protocolo II), CICR y Plaza y Janés Editores Colombia, S.A., Santa Fe de Bogotá, 1998, (ibíd., párr. 3587).
[135] V., v.g., la legislación de Colombia (ibíd., párr. 3605), Estonia (ibíd., párr. 3606), Etiopía (ibíd., párr. 3604), Georgia (ibíd., párr. 3604), Hungría (ibíd., párr. 3607), Kuwait (ibíd., párr. 3604) y Rusia (ibíd., párr. 3604).
[136]Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), art. 14, párr. 5 (ibíd., párr. 3591); Convención sobre los Derechos del Niño (1989), art. 40, párr. 2, apdo. b), inciso v) (ibíd., párr. 3594); Protocolo n.° 7 al Convenio Europeo de Derechos Humanos (1984), art. 2, párr. 1 (ibíd., párr. 3595); Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), art. 8, párr. 2, apdo. h) (ibíd., párr. 3592); Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos (1981), art. 7, párr. 1, apdo. a) (ibíd., párr. 3593).
[137]Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Caso 11.137 (Argentina) (ibíd., párr. 3621) e Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos (ibíd., párr. 3622).
[138]III Convenio de Ginebra (1949), art. 86 (ibíd., párr. 3625); IV Convenio de Ginebra (1949), art. 117, tercer párrafo (ibíd., párr. 3626).
[139]Protocolo adicional I (1977), art. 75, párr. 4, apdo. h) (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 3629).
[140]Estatuto de la CPI (1998), art. 20, párr. 2 (ibíd., párr. 3639); Estatuto del TPIY (1993), art. 10, párr. 1 (ibíd., párr. 3644); Estatuto del TPIR (1994), art. 9, párr. 1 (ibíd., párr. 3645); Estatuto del Tribunal Especial para Sierra Leona (2002), art. 9, párr. 1 (ibíd., párr. 3640).
[141]V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 3652), Argentina (ibíd., párrs. 3648 y 3649), Canadá (ibíd., párr. 3650), Colombia (ibíd., párr. 3651), España (ibíd., párr. 3654), Estados Unidos (ibíd., párrs. 3658 y 3659), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 3653), Reino Unido (ibíd., párr. 3657), Suecia (ibíd., párr. 3655) y Suiza (ibíd., párr. 3656), así como la legislación de Bangladesh (ibíd., párr. 3661), Etiopía (ibíd., párr. 3660), Georgia (ibíd., párr. 3660), India (ibíd., párr. 3660), Irlanda (ibíd., párr. 3662), Kenya (ibíd., párr. 3660), Kirguistán (ibíd., párr. 3660), México (ibíd., párr. 3660), Noruega (ibíd., párr. 3663) y Rusia (ibíd., párr. 3660).
[142]Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), art. 14, párr. 7 (ibíd., párr. 3627); Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), art. 8, párr. 4 (ibíd., párr. 3628); Protocolo n.° 7 al Convenio Europeo de Derechos Humanos (1984), art. 4 (ibíd., párr. 3638).
[143]V., v.g., Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000), art. 50 (ibíd., párr. 3647).
[144]V. las reservas realizadas por los siguientes países cuando ratificaron los Protocolos adicionales: Alemania (ibíd., párr. 3633), Austria (ibíd., párr. 3630), Dinamarca (ibíd., párr. 3631), Finlandia (ibíd., párr. 3632), Islandia (ibíd., párr. 3634), Liechtenstein (ibíd., párr. 3635), Malta (ibíd., párr. 3636) y Suecia (ibíd., párr. 3637).
[145]Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Observación General n.° 13 (art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) (ibíd., párr. 3668) y asunto A. P. v. Italy (ibíd., párr. 3669).
[146]Protocolo n.° 7 al Convenio Europeo de Derechos Humanos (1984), art. 4 (ibíd., párr. 3638).