Norma 10. Pérdida de protección de los bienes de carácter civil contra los ataques

Norma 10. Los bienes de carácter civil gozan de protección contra los ataques, salvo si son objetivos militares y mientras lo sean.
Volumen II, capítulo 2, sección D.
La práctica de los Estados establece esta regla como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales.
La pérdida de protección de los bienes de carácter civil debe leerse junto con la norma básica que establece que sólo pueden atacarse los objetivos militares. De ahí que cuando un bien civil se emplee de modo que pierda su carácter civil y cumpla la definición de objetivo militar, puede ser objeto de ataque. Este razonamiento aparece también en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, que tipifica como crimen de guerra los ataques lanzados intencionadamente contra bienes de carácter civil, siempre y cuando no sean “objetivos militares”.[1]
Numerosos manuales militares recogen la norma de que los bienes de carácter civil pierden su protección contra ataques si se convierten en objetivos militares y por el tiempo que lo sean.[2] En este contexto, suele aludirse a los bienes civiles que han perdido la protección como bienes “utilizados con fines militares” o que están siendo “utilizados para acciones militares”.[3] Estas expresiones no son incompatibles con la presente norma y, en cualquier caso, son utilizadas por Estados que han aceptado la definición de objetivos militares que contiene la norma 8.
La forma de clasificar un bien en caso de duda no está totalmente clara. El Protocolo adicional I proporciona una respuesta al establecer que: “En caso de duda acerca de si un bien que normalmente se dedica a fines civiles, tal como un lugar de culto, una casa u otra vivienda o una escuela, se utiliza para contribuir eficazmente a la acción militar, se presumirá que no se utiliza con tal fin”.[4] No se ha hecho ninguna reserva a esta disposición. De hecho, en la Conferencia Diplomática que culminó con la aprobación de los Protocolos adicionales, México declaró que el artículo 52 era tan fundamental que “no puede ser objeto de ningún tipo de reservas porque éstas serían incompatibles con el objetivo y fin del Protocolo I, negándolo en su esencia”.[5] El principio de presunción del carácter civil en caso de duda aparece también en el Protocolo II enmendado de la Convención sobre ciertas armas convencionales.[6]
La presunción del carácter civil de un bien expresada en el Protocolo adicional I figura también en numerosos manuales militares.[7] Aunque el manual del Ejército del Aire de los Estados Unidos contiene esta norma,[8] en un informe presentado al Congreso por el Departamento estadounidense de Defensa en 1992 se señala que esta norma no es consuetudinaria y que es contraria al derecho de la guerra tradicional porque traslada la carga de la determinación del uso preciso de un bien del defensor al atacante, es decir, de la parte que lo controla a la parte que no ejerce dicho control. Este desequilibrio soslayaría la realidad de la guerra al exigir un grado de certeza por parte del atacante que rara vez existe en una situación real de combate. Asimismo, incitaría al defensor a desatender su obligación de evitar que se confunda a las personas y los bienes de carácter civil con objetivos militares.[9] Según el informe sobre su práctica, Israel opina que esa presunción sólo se aplica cuando el mando sobre el terreno considera que existe una duda “considerable” y no cuando existe simplemente una pequeña posibilidad de equivocarse. Así pues, la decisión de atacar o no atacar recae en el mando sobre el terreno, que debe determinar si la posibilidad de equivocarse es suficientemente significativa para que justifique la suspensión de un ataque.[10]
A tenor de lo expuesto, está claro que, en caso de duda, deben evaluarse minuciosamente las condiciones y limitaciones que rigen una situación particular para determinar la existencia o no de indicios suficientes que permitan realizar un ataque. No puede inferirse automáticamente que cualquier bien de apariencia dudosa puede ser objeto de un ataque lícito. Esto está, asimismo, en consonancia con el requisito de tomar todas las precauciones posibles en un ataque, en particular la obligación de verificar que los objetos que vayan a ser atacados sean objetivos militares susceptibles de ataque y no bienes de carácter civil (véase la norma 16).
[1]Estatuto de la CPI (1998), art. 8, párr. 2, apdo. b), inciso ii); v. también el art. 8, párr. 2, apdos. b), inciso ix) y e), inciso iv) en relación con ataques contra edificios dedicados a la religión, la educación, las artes, las ciencias la beneficencia, los monumentos históricos, los hospitales y los lugares en que se agrupa a enfermos y heridos, y el art. 8, párr. 2, apdo. b), inciso v) en relación con ataques contra ciudades, aldeas, viviendas o edificios que no estén defendidos.
[2]V., v.g., los manuales militares de Australia (citado en vol. II, cap. 2, párr. 687), Bélgica (ibíd., párr. 688), Camerún (ibíd., párr. 689), Canadá (ibíd., párr. 690), Colombia (ibíd., párr. 691), Croacia (ibíd., párr. 692), España (ibíd., párr. 703), Estados Unidos (ibíd., párrs. 704 y 705), Francia (ibíd., párr. 693), Israel (ibíd., párr. 694), Italia (ibíd., párr. 695), Kenya (ibíd., párr. 696), Madagascar (ibíd., párr. 697), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 701), Países Bajos (ibíd., párrs. 698 a 700) y Rusia (ibíd., párr. 702).
[3] V., v.g., la práctica de Australia (ibíd., párr. 687), Canadá (ibíd., párr. 690), Estados Unidos (ibíd., párr. 710 y 711), Países Bajos (ibíd., párr. 700) y Rusia (ibíd., párr. 702).
[4] Protocolo adicional I (1977), art. 52, párr. 3, aprobado por 79 votos a favor, ninguno en contra y 7 abstenciones (ibíd., párr. 719).
[5] México, declaración en la CDDH (ibíd., párr. 751).
[6] Protocolo II enmendado de la Convención sobre ciertas armas convencionales (1996), art. 3, párr. 8, apdo. a) (ibíd., párr. 720).
[7] V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 733), Argentina (ibíd., párr. 725), Australia (ibíd., párr. 726), Benin (ibíd., párr. 727), Camerún (ibíd., párr. 728), Canadá (ibíd., párr. 729), Colombia (ibíd., párr. 730), Croacia (ibíd., párr. 731), España (ibíd., párr. 741), Estados Unidos (ibíd., párr. 744), Francia (ibíd., párr. 732), Hungría (ibíd., párr. 734), Israel (ibíd., párr. 735), Kenya (ibíd., párr. 736), Madagascar (ibíd., párr. 737), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 739), Países Bajos (ibíd., párr. 738), Suecia (ibíd., párr. 742) y Togo (ibíd., párr. 743).
[8] Estados Unidos, Air Force Pamphlet (ibíd., párr. 744).
[9]Estados Unidos, Department of Defense, Final Report to Congress on the Conduct of the Persian Gulf War (ibíd., párr. 752).
[10]Informe sobre la práctica de Israel (ibíd., párr. 749).