Introducción a las garantías fundamentales

Las garantías fundamentales citadas en este capítulo se aplican a todas las personas civiles que se encuentran en poder de una de las partes en conflicto y que no participan directamente en las hostilidades, así como a todas las personas que se encuentran fuera de combate. Dado que estas garantías fundamentales son normas primordiales que se aplican a todas las personas, no están subdivididas en reglas específicas para las diversas categorías. Las normas aplicables a categorías específicas de personas figuran en los capítulos 33 a 39.
Las garantías fundamentales enunciadas en el presente capítulo se encuentran firmemente arraigadas en el derecho internacional humanitario aplicable tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales. La mayoría de las normas examinadas en este capítulo están formuladas con arreglo a la terminología tradicional del derecho humanitario, porque refleja mejor el contenido de la norma consuetudinaria correspondiente. Sin embargo, algunas normas están redactadas de forma que capten el contenido de varias disposiciones detalladas relativas a un tema concreto, en particular la detención (véase la norma 99), el trabajo forzado (véase la norma 95) y la vida familiar (véase la norma 105). Además, se han incluido referencias a instrumentos jurídicos, documentos y jurisprudencia de derechos humanos, con el propósito no de examinar el derecho consuetudinario en materia de derechos humanos, sino de ampliar, reforzar y aclarar algunos principios análogos del derecho humanitario. Si bien la opinión mayoritaria es que el derecho internacional de los derechos humanos es solamente vinculante para los gobiernos y no para los grupos armados de oposición,[1] suele admitirse que el derecho internacional humanitario es vinculante para ambos.
Determinar si esas garantías se aplican del mismo modo en contextos distintos de los conflictos armados queda fuera del ámbito del presente estudio; sin embargo, la práctica reunida parece indicar que sí se aplican.
El derecho de los derechos humanos se aplica en todo tiempo, aunque determinados tratados relativos a los derechos humanos permiten algunas suspensiones en caso de “estado de emergencia”.[2] Como afirma la Corte Internacional de Justicia en la opinión consultiva emitida en relación con el asunto de las armas nucleares:
la protección que ofrece el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no cesa en tiempo de guerra, salvo por efecto del artículo 4 del Pacto, que prevé que pueden suspenderse ciertas disposiciones, en caso de peligro para la nación.[3]
Tras reconocer que el derecho de los derechos humanos seguía aplicándose en tiempo de conflicto armado, la Corte analizó la relación entre la aplicación del derecho internacional humanitario y la del derecho internacional de los derechos humanos en tiempo de conflicto armado por lo que atañe al derecho a no ser privado arbitrariamente de la vida, que no puede suspenderse. La Corte declaró que: “No obstante, en un caso como ese, corresponde a la lex specialis aplicable, es decir, al derecho aplicable en los conflictos armados, concebido para regular la conducción de las hostilidades, determinar lo que constituye una privación arbitraria de la vida”.[4]
En su Observación General sobre el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas declaró que:
Durante un conflicto armado, ya sea internacional o no internacional, son aplicables las normas del derecho internacional humanitario, que contribuyen, junto con las disposiciones del artículo 4 y del párrafo 1 del artículo 5 del Pacto, a impedir el abuso de las facultades excepcionales del Estado. En virtud del Pacto, aun en un conflicto armado las disposiciones que suspendan la aplicación del Pacto se permitirán sólo en la medida en que la situación constituya un peligro para la vida de la nación.[5]
Cuando se desencadena un conflicto armado, el Estado debe examinar si la situación constituye una situación de emergencia que “ponga en peligro la vida de la nación”. Según la jurisprudencia internacional, esta frase no exige que toda la nación se encuentre en situación de emergencia, sino que esa situación sea de tal índole que no puede garantizarse la aplicación normal del derecho de los derechos humanos, teniendo en cuenta las restricciones autorizadas para unos pocos derechos por razones relacionadas con la seguridad y el orden público. Si ese es el caso, un Estado Parte en un tratado de derechos humanos está facultado para declarar el estado de emergencia e informar de ello a los órganos competentes, según lo previsto en el tratado en cuestión; en caso contrario, el Estado sigue estando obligado por la totalidad del tratado.[6]
La mayoría de las disposiciones relativas a los derechos humanos citadas en el presente capítulo figuran en los principales tratados de derechos humanos como derechos que no pueden suspenderse en ninguna circunstancia. Dichos tratados han sido ratificados por un elevado número de países.[7] Sin embargo, en este capítulo se mencionan también algunos derechos que no se formulan en esos tratados como derechos que no admiten suspensiones. Ello se debe no sólo a que se consideran derechos especialmente importantes tanto para el derecho internacional humanitario como para el derecho de los derechos humanos, sino también a que, en la práctica, la jurisprudencia en materia de derechos humanos los ha tratado, en gran medida, como derechos que no pueden suspenderse.
Cabe señalar que la práctica de los órganos creados en virtud de los tratados de derechos humanos es constante en su interpretación estricta de la disposición que estipula que no pueden adoptarse medidas de suspensión en un estado de emergencia salvo “en la estricta medida en que lo exija la situación”. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha subrayado que:
Este requisito guarda relación con la duración, el ámbito geográfico y el alcance material del estado de excepción y de cualesquiera disposiciones excepcionales aplicadas en razón de la emergencia. [...]. Es más, el solo hecho de que una suspensión permisible de la aplicación de una determinada disposición pueda de por sí justificarse por las exigencias de la situación no elimina el requisito de que deba mostrarse que las medidas concretas adoptadas como consecuencia de esa suspensión son necesarias en razón de las exigencias de la situación. En la práctica, esto asegurará que ningún artículo del Pacto, por válida que sea su suspensión, sea completamente inaplicable al comportamiento de un Estado Parte.[8]
El Tribunal Europeo y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han adoptado esa misma perspectiva en el examen de las medidas de suspensión tomadas con respecto a derechos específicos, resaltando la necesidad de prever salvaguardias para que no se elimine por completo la esencia de esos derechos, así como la necesidad de proporcionalidad, para que las medidas se limiten a lo estrictamente necesario y no vayan más lejos.[9] La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos ha confirmado, en un asunto relativo a homicidios y desapariciones durante una guerra civil, que la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos no permite ningún tipo de suspensiones y que el gobierno tiene la responsabilidad de velar por la seguridad y la libertad de sus ciudadanos, así como de investigar las muertes.[10]
En otro asunto, la Comisión, haciendo referencia al párrafo 2 del artículo 27 de la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos (que establece que los derechos “se ejercerán con la debida consideración a los derechos de los demás, a la seguridad colectiva, a la moralidad y al interés común”), confirmó que no se admitían las suspensiones. La Comisión agregó que esa disposición debía interpretarse en el sentido de que “los inconvenientes de la limitación deben ser estrictamente proporcionados y absolutamente necesarios con respecto a las ventajas que se espera obtener. Más importante aún, una limitación no debe tener nunca la consecuencia de convertir el derecho mismo en algo ilusorio”.[11]
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se basó también en los crímenes de lesa humanidad y el derecho internacional humanitario para establecer que las suspensiones no estaban permitidas, aunque los derechos en cuestión no figurasen entre los derechos que no admiten ninguna suspensión. En cuanto a los crímenes de lesa humanidad, el Comité de los Derechos Humanos declaró que:
Si un acto cometido dentro de la jurisdicción de un Estado es la base para establecer la responsabilidad penal individual por crimen de lesa humanidad de quienes hayan participado en él, el artículo 4 del Pacto no puede invocarse como justificación para alegar que el estado de excepción eximía al Estado de que se trate de su responsabilidad en relación con el mismo comportamiento. Por consiguiente, la reciente codificación de los crímenes de lesa humanidad [...] en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional es pertinente para la interpretación del artículo 4 del Pacto.[12]
Por lo que atañe al derecho internacional humanitario, el Comité de derechos humanos declaró:
Las garantías relacionadas con la institución de la suspensión, según se definen en el artículo 4 del Pacto, se basan en los principios de legalidad y del Estado de derecho inherentes al Pacto en su conjunto. Como ciertos elementos del derecho a un juicio imparcial están explícitamente garantizados por el derecho humanitario internacional en tiempo de conflicto armado, el Comité no encuentra ninguna justificación para suspender dichas garantías durante cualquier otra situación de excepción. A juicio del Comité, dichos principios y la disposición sobre recursos efectivos exigen que los principios fundamentales del derecho a un juicio imparcial se respeten durante un estado de excepción.[13]
Estos comentarios muestran que el derecho internacional humanitario y el derecho de los derechos humanos se refuerzan mutuamente, no sólo para reafirmar las reglas aplicables en tiempo de conflicto armado, sino en todas las situaciones.
Existe una práctica estatal abundante que confirma que el derecho de los derechos humanos debe aplicarse en tiempo de conflicto armado. Las resoluciones aprobadas por la Conferencia Internacional de Derechos Humanos en Teherán, en 1968, y por la Asamblea General de las Naciones Unidas ese mismo año hacen referencia al “respeto de los derechos humanos en los conflictos armados”, mientras que el contenido de las resoluciones concierne, sobre todo, al derecho internacional humanitario.[14] Sin embargo, la situación cambió poco después: en el preámbulo de la resolución 2675 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada en 1970, sobre los principios fundamentales referentes a las poblaciones civiles en período de conflicto armado, se mencionan los cuatro Convenios de Ginebra y se cita específicamente el IV Convenio de Ginebra, así como el “desarrollo progresivo del derecho internacional sobre los conflictos armados”. En el primer párrafo de la parte dispositiva, la resolución dispone que: “Los derechos humanos fundamentales aceptados en el derecho internacional y enunciados en los instrumentos internacionales seguirán siendo plenamente válidos en casos de conflictos armados”.[15] Desde entonces, la idea de que tanto el derecho de los derechos humanos como el derecho internacional humanitario se aplican en los conflictos armados ha sido confirmada por numerosas resoluciones en las que se condenan las violaciones de estas dos ramas del derecho en conflictos armados concretos, así como por investigaciones de las Naciones Unidas sobre violaciones de ambas ramas del derecho en las situaciones de conflicto armado.
Se han condenado, por ejemplo, diversas violaciones de los derechos humanos en el contexto de conflictos armados u ocupaciones militares en Afganistán,[16] Irak,[17] Rusia[18], Sudán,[19] Uganda[20] y la antigua Yugoslavia[21]. La Organización de las Naciones Unidas ha investigado, asimismo, diversas violaciones de los derechos humanos, por ejemplo, en relación con los conflictos de Liberia[22] y Sierra Leona,[23] la ocupación militar israelí de los territorios palestinos,[24] la ocupación militar de Kuwait por Irak[25] y la situación en Afganistán durante y después de la ocupación soviética.[26] Además, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos cuenta con oficinas nacionales que controlan y promueven el respeto tanto de los derechos humanos como del derecho humanitario en los conflictos armados no internacionales.[27]
Los informes relativos a las investigaciones sobre la situación en Afganistán desde 1985 y la situación en Kuwait durante la ocupación irakí, así como las reacciones de los Estados a dichas investigaciones son ejemplos que prueban la aceptación de la aplicabilidad simultánea de estas dos ramas del derecho internacional.
En los diversos informes de los relatores especiales de las Naciones Unidas para Afganistán se abordan aspectos relacionados a la vez con los derechos humanos y el derecho humanitario, por ejemplo en el informe presentado a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 1987.[28] Dicho informe se elogió en una resolución aprobada por consenso por la Comisión de Derechos Humanos, en la que la Comisión se declaró profundamente preocupada “por el hecho de que las autoridades afganas, con fuerte apoyo de tropas extranjeras, estén actuando [...] sin ningún respeto por las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que han asumido”, expresó su “profunda preocupación por el número de personas encarceladas por tratar de ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales, y por el hecho de que esas personas estén encarceladas en condiciones contrarias a las normas reconocidas internacionalmente”, observó “con gran preocupación que tales violaciones generalizadas de los derechos humanos [todavía estaban dando lugar] a grandes corrientes de refugiados” y exhortó “a las partes en el conflicto a que [aplicasen] plenamente los principios y normas del derecho humanitario internacional”.[29]
En el informe sobre la ocupación de Kuwait por Irak se examinaron cuestiones como las detenciones arbitrarias, las desapariciones, el derecho a la vida, el derecho a los alimentos y el derecho a la salud a la luz de las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como del derecho internacional humanitario. En el informe se afirma, en particular, que “la comunidad internacional coincide en que los derechos humanos fundamentales de todos los individuos deben respetarse y protegerse tanto en tiempo de paz como de conflicto armado”.[30] En las resoluciones aprobadas en 1991 en relación con la situación de los derechos humanos en Kuwait durante la ocupación irakí, la Asamblea General y la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas encomiaron el informe presentado por el Relator Especial.[31]
En la mayoría de los tratados de derechos humanos se precisa que éstos deben ser aplicados por los Estados Partes en los territorios sujetos a su jurisdicción. No obstante, cabe señalar que los órganos creados en virtud de tratados, al igual que la práctica de los Estados, han interpretado que estas disposiciones significan todos los territorios donde los órganos del Estado ejercen un control efectivo.
En el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se establece que los Estados Partes se comprometen “a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto”. La práctica de los Estados ha interpretado esta disposición de manera muy amplia. En particular, los Estados solicitaron al Relator Especial de las Naciones Unidas encargado de estudiar la situación de los derechos humanos en Kuwait durante la ocupación irakí que les informara de la situación relativa al respeto o la violación de los derechos humanos por Irak en Kuwait, aunque Kuwait no pudiera considerarse como su “territorio”, y no se le hubiera reconocido oficialmente tal jurisdicción. Como se ha indicado más arriba, el Relator Especial analizó la aplicación de las disposiciones del Pacto por Irak en Kuwait, y los Estados acogieron favorablemente su informe.
En el primer artículo del Convenio Europeo de Derechos Humanos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se especifica que esos tratados deben ser aplicados por los Estados Partes a todas las personas que dependan de su jurisdicción. Los órganos creados por ambos tratados han interpretado esta noción de competencia como “control efectivo” de un territorio. En el asunto Loizidou c. Turquía, en 1995, relativo a la situación en el norte de Chipre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostuvo que un Estado Parte tiene la obligación de respetar el Convenio cuando, como consecuencia de una acción militar, ejerce el control efectivo en una zona situada fuera de su territorio nacional. [32] En el asunto Bankovic y otros contra 17 Estados de la OTAN, el Tribunal Europeo confirmó la aplicación extraterritorial del Convenio Europeo cuando un Estado, “a través del control efectivo que ejerce sobre un territorio fuera de sus fronteras y sus habitantes como consecuencia de una ocupación militar o en virtud del consentimiento, la invitación o la aquiescencia del gobierno de ese territorio, asume todos o algunos de los poderes públicos que son normalmente prerrogativa de éste”.[33] Es el mismo criterio de control efectivo que fue aplicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para establecer la aplicabilidad de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el asunto Alejandre y otros contra Cuba, en el que la Comisión citó el asunto Loizidou c. Turquía como referencia.[34]
[1]Sin embargo, v., v.g., la práctica citada en: Christian Tomuschat, “The Applicability of Human Rights Law to Insurgent Movements”, Horst Fischer et al., Crisis Management and Humanitarian Protection, Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlín, 2004.
[2]Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), art. 4; Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950), art. 15; Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), art. 27 (que señala expresamente que la suspensión debe ser pronunciada “por el tiempo estrictamente limitado a las exigencias de la situación”). La Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos (1981) no contiene ninguna cláusula relativa a la suspensión, pero las limitaciones son posibles sobre la base del art. 27, párr. 2, que dispone que: “Los derechos y libertades de cada individuo se ejercerán con la debida consideración a los derechos de los demás, a la seguridad colectiva, a la moralidad y al interés común”. En la práctica, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos ha interpretado esta disposición de manera estricta.
[3]CIJ, Nuclear Weapons case, opinión consultiva, párr. 25.
[4]CIJ, Nuclear Weapons case, opinión consultiva (citada en vol. II, cap. 32, párr. 926).
[5]Naciones Unidas, Comité de Derechos Humanos, Observación General n.° 29 (art. 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), 24 de julio de 2001, párr. 3.
[6]Para una descripción más completa de la interpretación de estos tratados por los órganos creados en virtud de los tratados en relación con la detención, las garantías judiciales y los estados de emergencia, v. Louise Doswald-Beck y Robert Kolb, Judicial Process and Human Rights: United Nations, European, American and African Systems, Texts and Summaries of International Case-law, Comisión Internacional de Juristas, N.P. Engel Publisher, Kehl, 2004.
[7]El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) ha sido ratificado por 156 Estados, el Convenio Europeo de Derechos Humanos por 46 Estados (es decir, todos los miembros del Consejo de Europa), la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos (1981) por 53 Estados (es decir, todos los miembros de la Unión Africana) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) por 25 Estados (es decir, todos los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, salvo Belice, Canadá, Estados Unidos, Guyana, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas; sin embargo, Belice, Canadá, Estados Unidos, Guyana y San Vicente y las Granadinas han ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Ello significa que 30 Estados no son siquiera Parte en alguna de las convenciones regionales de derechos humanos (Antigua y Barbuda, Arabia Saudita, Bahamas, Bahrein, Bhután, Brunei, Cuba, Emiratos Árabes Unidos, Islas Cook, Islas Marshall, Islas Salomón, Kiribati, Malaisia, Maldivas, Micronesia, Myanmar, Nauru, Niue, Omán, Pakistán, Palaos, Papúa Nueva Guinea, Qatar, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, Samoa, Singapur, Tonga, Tuvalu y Vanuatu).
[8]Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Observación General n.° 29 (art. 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), 24 de julio de 2001, párr. 4.
[9]V., v.g., Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Fox, Campbell and Hartley v. UK, fallo, 30 de agosto de 1990, párr. 32; Lawless case, fallo, 1 de julio de 1961, párr. 37; Brannigan and McBride v. UK, fallo, 26 de mayo de 1993, párrs. 43 y 61 a 65; Aksoy v. Turkey, fallo, 18 de diciembre de 1996, párrs. 83 y 84; Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Castillo Petruzzi y Otros, fallo, 30 de mayo de 1999, párr. 109.
[10]Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, Civil Liberties Organisation v. Chad, comunicación 74/92, 18° período ordinario de sesiones, Praia, 11 de octubre de 1995, 9th Annual Activity Report, párrs. 21 y 22.
[11] Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, Constitutional Rights Project v. Nigeria, comunicaciones n.os 140/94, 141/94 y 145/95, 26° período ordinario de sesiones, Kigali, 1 a 15 de noviembre de 1999, 13th Annual Activity Report 1999-2000, Doc. AHG/222 (XXXVI), Anexo V, párrs. 41 y 42.
[12] Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Observación General n.° 29 (art. 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), 24 de julio de 2001, párr. 12.
[13] Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Observación General n.° 29 (art. 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), 24 de julio de 2001, párr. 16.
[14] Conferencia Internacional de Derechos Humanos, Teherán, 12 de mayo de 1968, Res. XXIII; Asamblea General de las Naciones Unidas, Res. 2444 (XXIII), 19 de diciembre de 1968.
[15] Asamblea General de las Naciones Unidas, Res. 2675 (XXV), 9 de diciembre de 1970 (aprobada por 109 votos a favor, ninguno en contra y ocho abstenciones), preámbulo y párrafo 1.
[16] Asamblea General de las Naciones Unidas, Res. 52/145, 12 de diciembre de 1997 (aprobada por consenso), párr. 2 (“Toma nota con profunda preocupación de la intensificación de las hostilidades armadas en el Afganistán”) y párr. 3 (“condena las violaciones y abusos de los derechos humanos y del derecho humanitario, incluidos los derechos a la vida, la libertad y la seguridad de la persona, la libertad de la tortura y otras formas de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y la libertad de opinión, expresión, religión, asociación y circulación”).
[17] Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Res. 1019, 9 de noviembre de 1995; Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Res. 1034, 21 de diciembre de 1995; Asamblea General de las Naciones Unidas, Res. 50/193, 22 de diciembre de 1995; Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Res. 1996/71, 23 de abril de 1996
[18] Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Res. 1992/60, 3 de marzo de 1992, preámbulo (párrs. 3, 6 y 8) en los que se indica, respectivamente, que la resolución se guía, entre otras cosas, por los Pactos internacionales de derechos humanos y los Convenios de Ginebra 1949, y que la Comisión expresa “su profunda preocupación por las graves violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales cometidas durante la ocupación de Kuwait”, y toma nota “con grave preocupación de la información de que el tratamiento de los prisioneros de guerra y de los civiles detenidos no está en consonancia con los principios internacionalmente reconocidos del derecho humanitario”. Pueden encontrarse declaraciones similares en la Res. 46/135 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 17 de diciembre de 1991.
[19] Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Res. 1998/75, 22 de abril de 1998.
[20] Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Res. 2000/58, 25 de abril de 2000, preámbulo (párr. 10) (“la necesidad [...] de observar la normativa internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en las situaciones de conflicto”) y párr. 4 (exhortando a la Federación de Rusia a “que investigue sin demora las presuntas violaciones de los derechos humanos y contravenciones del derecho internacional humanitario cometidas en la República de Chechenia”).
[21] Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Res. 1996/73, 23 de abril 1996.
[22] Secretario General de las Naciones Unidas, 15° Informe sobre la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Liberia (UNOMIL), UN Doc. S/1996/47, 23 de enero de 1996.
[23] Secretario General de las Naciones Unidas, Primer Informe sobre los progresos logrados por la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Sierra Leona (UNOMSIL), UN Doc. S/1998/750, 12 de agosto de 1998.
[24]Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Res. S-5/1, 19 de octubre de 2000, párr. 6 (decide “crear [.] una comisión de investigación [.] para reunir y compilar información sobre violaciones de los- derechos humanos y actos que constituyen graves infracciones del derecho internacional humanitario por la Potencia ocupante isrelí en los territorios palestinos ocupados”). En los párrafos primero y último del preámbulo se mencionan específicamente los tratados de derechos humanos y los tratados de derecho humanitario, respectivamente.
[25]Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Res. 1991/67, 6 de marzo de 1991, párr. 9 (en la que se decide nombrar a un relator especial “con el mandato de que examine las violaciones de los derechos humanos cometidas en el Kuwait ocupado por las fuerzas invasoras y de ocupación iraquíes”).
[26]Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, decisión 1985/147 del 30 de mayo de 1985, en que se toma nota de la Res. 1985/38 de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas del 13 de mayo de 1985 y se aprueba la decisión de la Comisión “de prorrogar por un año el mandato del Relator Especial encargado de examinar la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el Afganistán y de pedirle que [informe] a la Asamblea General [...] y a la Comisión [...] acerca de la situación de los derechos humanos en ese país”, reproducida en el UN Doc. E/1985/85, 1985. Ese mandato ha sido renovado varias veces. V. UN Doc. A/52/493, del 16 de octubre de 1997, en cuya introducción se enumeran los informes presentados por los relatores especiales para Afganistán entre 1985 y 1997.
[27]Así pues, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Santafé de Bogotá (Colombia), creada en noviembre de 1996 en virtud de un acuerdo entre el gobierno y el Alto Comisionado, tiene el mandato de observar la situación de los derechos humanos y “promocionar [...] el respeto y la observancia de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en el país” (véase el Acuerdo relativo al establecimiento en Colombia de una Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, párr. 5, en anexo al informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Colombia, UN Doc. E/CN.4/1997/11, 24 de enero de 1997.
[28]Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán, informe, UN Doc. E/CN.4/1987/22, 19 de febrero de 1987.
[29]Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Res. 1987/58, 11 de marzo de 1987, párrs. 2, 7, 9 y 10.
[30]Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, UN Doc. E/CN.4/1992/26, 16 de enero de 1992,
[31] Asamblea General de las Naciones Unidas, Res. 46/135, 17 de diciembre de 1991 (aprobada por consenso), párr. 2; Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Res. 1991/67, 6 de marzo de 1991 (aprobada por 41 votos a favor, uno en contra y ninguna abstención), párr. 1.
[32]Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Loizidou v. Turkey, fallo (excepciones preliminares, 23 de marzo de 1995, párr. 62.
[33]Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Bankovic v. Belgium, the Czech Republic, Denmark, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Spain, Turkey and the United Kingdom, decisión relativa a la admisibilidad, 12 de diciembre de 2001, párr. 71.
[34]Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Caso 11.589, Armando Alejandre Jr. y otros, Informe MN°. 86/99, 29 de septiembre de 1999, párrs. 24 y 25.