Norma 139. Respeto del derecho internacional humanitario
Norma 139. Las partes en conflicto deberán respetar y hacer respetar el derecho internacional humanitario por sus fuerzas armadas, así como por otras personas y agrupaciones que actúen de hecho siguiendo sus instrucciones o bajo su dirección o control.
Volumen II, capítulo 40, sección A.
La práctica de los Estados establece esta regla como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales. El término “fuerzas armadas”, según se emplea en el enunciado de esta norma, debe entenderse en su acepción general.
La obligación de los Estados de respetar el derecho internacional humanitario forma parte de su obligación general de respetar el derecho internacional. Esta obligación se expresa en los Convenios de Ginebra de 1929 y 1949.[1] Sin embargo, el artículo 1 común a los Convenios de Ginebra de 1949 ha ampliado la formulación de este requisito incorporando la obligación de hacer respetar el derecho internacional humanitario.[2] Esta obligación de respetar y hacer respetar figura, asimismo, en el Protocolo adicional I.[3]
La obligación de respetar y hacer respetar el derecho internacional humanitario se enuncia en numerosos manuales militares.[4] La corroboran la práctica de organizaciones[5] y conferencias internacionales.[6] Existe también jurisprudencia internacional que apoya esta norma.[7]
La obligación que incumbe a los Estados en virtud de esta norma no se limita a hacer que sus propias fuerzas armadas respeten el derecho internacional humanitario, sino que también deben hacer que lo respeten otras personas o agrupaciones que actúen de hecho siguiendo sus instrucciones o bajo su dirección o control. Se trata de un corolario de la norma 149, según el cual los Estados incurren en responsabilidad internacional por los actos de esas personas o agrupaciones. Existe jurisprudencia internacional que lo confirma.[8]
Además, en algunos manuales militares y legislaciones nacionales se afirma que los Estados tienen la obligación de asegurarse de que las personas civiles no vulneren el derecho internacional humanitario.[9] Esta obligación se recuerda, asimismo, en una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,[10] y se reconocía ya en la jurisprudencia posterior a la II Guerra Mundial.[11]
La obligación de los Estados de dictar órdenes e instrucciones a sus fuerzas armadas para hacer respetar el derecho internacional humanitario se codificó, por primera vez, en las Convenciones de La Haya de 1899 y 1907 y se reiteró en la Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales, el Protocolo adicional I y el Protocolo II enmendado de la Convención sobre ciertas armas convencionales.[12] Esta obligación figura, asimismo, en muchos manuales militares.[13] Aunque en la mayoría de los manuales militares se exige a todos los soldados que respeten el derecho internacional humanitario, muchos contienen disposiciones específicas que requieren que los jefes se aseguren de que las tropas que están bajo su responsabilidad respeten el derecho y de que se impartan órdenes e instrucciones a tal efecto. Esta obligación puede cumplirse de varias maneras, por ejemplo, mediante manuales militares, órdenes, reglamentos, instrucciones y normas sobre el empleo de la fuerza.
La obligación de que los grupos armados de oposición respeten, como mínimo, determinadas normas del derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados no internacionales se establece en el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra.[14] Figura, asimismo en la Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales y su Segundo Protocolo, así como en el Protocolo II enmendado de la Convención sobre ciertas armas convencionales.[15] Si bien el Protocolo adicional II es menos claro al expresar que estas normas son obligatorias para todas las partes en conflicto, en particular porque se suprimieron todas las referencias a “las partes en conflicto”, desarrolla y completa el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra y es vinculante tanto para las fuerzas gubernamentales como para los grupos armados de oposición.[16]
Las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales han recordado, en numerosas ocasiones, el deber de todas las partes en conflictos armados no internacionales de respetar el derecho internacional humanitario. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por ejemplo, ha insistido en esta obligación en el contexto de los conflictos de Afganistán, Angola, Bosnia y Herzegovina, Liberia y la República Democrática del Congo.[17] Análogamente, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha afirmado, en muchas ocasiones, el principio de que todas las partes en cualquier conflicto armado tienen la obligación de respetar el derecho internacional humanitario.[18] La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha hecho declaraciones similares en resoluciones sobre Afganistán y El Salvador.[19]
La obligación de hacer respetar el derecho internacional humanitario se estipula en varios instrumentos referentes, asimismo, a los conflictos armados no internacionales.[20] El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha recordado también esta obligación en relación con los conflictos de Angola y Liberia.[21]
El CICR ha exhortado muchas veces a todas las partes en los conflictos armados no internacionales a que respeten y hagan respetar el derecho internacional humanitario, por ejemplo, en relación con los conflictos de Afganistán, Angola, Bosnia y Herzegovina, Somalia y la antigua Yugoslavia.[22]
[1]Convenio de Ginebra de 1929 para mejorar la suerte de los heridos y enfermos de los ejércitos en campaña art. 25 (citado en vol. II, cap. 40, párr. 1); Convenio de Ginebra de 1929 relativo al trato debido a los prisioneros de guerra, art. 82 (ibíd., párr. 2); Convenios de Ginebra de 1949 (1949), art. 1 común (ibíd., párr. 3).
[2]Convenios de Ginebra (1949), art. 1 común (ibíd., párr. 3).
[3]Protocolo adicional I (1977), art. 1, párr. 1 (aprobado por 87 votos a favor, uno en contra y 11 abstenciones) (ibíd., párr. 4).
[4] V. los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 35), Argentina (ibíd., párr. 15), Australia (ibíd., párrs. 16 y 17), Bélgica (ibíd., párrs. 18 a 20), Benin (ibíd., párr. 21), Camerún (ibíd., párrs. 22 y 23), Canadá (ibíd., párrs. 24 y 25), Colombia (ibíd., párrs. 26 y 27), Congo (ibíd., párr. 28), Croacia (ibíd., párr. 29), Ecuador (ibíd., párr. 30), El Salvador (ibíd., párrs. 31 y 32), España (ibíd., párr. 46), Estados Unidos (ibíd., párrs. 50 a 52), Filipinas (ibíd., párrs. 43 y 44), Francia (ibíd., párrs. 33 y 34), Israel (ibíd., párr. 36), Italia (ibíd., párr. 37), Kenya (ibíd., párr. 38), Madagascar (ibíd., párr. 39), Nigeria (ibíd., párr. 42), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 41), Países Bajos (ibíd., párr. 40), Reino Unido (ibíd., párr. 49), Rusia (ibíd., párr. 45), Suiza (ibíd., párr. 47) y Togo (ibíd., párr. 48).
[5] V., v.g., Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Res. 822 (ibíd., párr. 70) y Res. 853 (ibíd., párr. 73); Asamblea General de las Naciones Unidas, Res. 2674 (XXV) (ibíd., párr. 90), Res. 2677 (XXV) (ibíd., párr. 91), Res. 2852 (XXVI) (ibíd., párr. 92), Res. 2853 (XXVI) (ibíd., párr. 93), Res. 3032 (XXVII) (ibíd., párr. 94), Res. 3102 (XXVIII) (ibíd., párr. 95), Res. 3319 (XXIX) (ibíd., párr. 96), Res. 3500 (XXX) (ibíd., párr. 97), Res. 32/44 (ibíd., párr. 98), Res. 47/37 (ibíd., párr. 100) y Res. 48/30 (ibíd., párr. 101); Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Res. 1994/85 (ibíd., párr. 104), Res. 1995/72 (ibíd., párr. 105) y Res. 1996/80 (ibíd., párr. 105); Consejo de Europa, Asamblea Parlamentaria, Res. 1085 (ibíd., párr. 114); OEA, Asamblea General, Res. 1408 (ibíd., párr. 116).
[6] V., v.g., XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Res. VI (ibíd., párr. 119); XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Res. I (ibíd., párr. 120); CSCE, Cumbre de Jefes de Estado o de Gobierno de Budapest, Documento de Budapest (ibíd., párr. 123); Conferencia Internacional para la Protección de las Víctimas de la Guerra, Declaración Final (ibíd., párr. 122); Unión Interparlamentaria, Resolution on the International Community in the Face of the Challenges posed by Calamities Arising from Armed Conflicts and by Natural or Man-made Disasters: The Need for a Coherent and Effective Response through Political and Humanitarian Assistance Means and Mechanisms Adapted to the Situation, adoptada por la 93a Conferencia Interparlamentaria (ibíd., párr. 124); Unión Interparlamentaria, Resolution on the contribution of parliaments to ensuring respect for and promoting international humanitarian law on the occasion of the 50th anniversary of the Geneva Conventions, adoptada por la 102a Conferencia Interparlamentaria (ibíd., párr. 126); African Conference on the Use of Children as Soldiers, Maputo Declaration on the Use of Children as Soldiers (ibíd., párr. 125); Conferencia de las Altas Partes Contratantes del Cuarto Convenio de Ginebra (1949), Declaración (ibíd., párr. 127); African Parliamentary Conference on International Humanitarian Law for the Protection of Civilians during Armed Conflict, Final Declaration (ibíd., párr. 128).
[7] V., v.g., CIJ, Armed Activities on the Territory of the DRC case (Provisional Measures) (ibíd., párr. 131).
[8] CIJ, Application of the Genocide Convention case (Provisional Measures) (ibíd., párr. 130).
[9] V., v.g., los manuales militares de Kenya (ibíd., párr. 38), Rusia (ibíd., párr. 45) y Suiza (ibíd., párr. 47), así como la legislación de Azerbaiyán (ibíd., párr. 174).
[10]Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Res. 904 (ibíd., párr. 75).
[11]V., v.g., Reino Unido, Tribunal Militar de Essen, The Essen Lynching case, fallo, 21 y 22 de diciembre de 1945, publicado en WCR, vol. I, 1946, p. 88.
[12]Convención de La Haya (II) (1899), art. 1; Convención de La Haya (IV) (1907), art. 1; Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales (1954), art. 7, párr. 1; Protocolo adicional I (1977), art. 80, párr. 2; Protocolo II enmendado de la Convención sobre ciertas armas convencionales (1980), art. 14, párr. 3.
[13]V., v.g., los manuales militares de Alemania (citado en vol. II, cap. 40, párrs. 164 y 165), Argentina (ibíd., párr. 15), Benin (ibíd., párr. 21), Camerún (ibíd., párr. 23), Ecuador (ibíd., párr. 30), Estados Unidos (ibíd., párrs. 51 y 52), Hungría (ibíd., párr. 166), Rusia (ibíd., párr. 45), Suecia (ibíd., párr. 171), Suiza (ibíd., párr. 47) y Togo (ibíd., párr. 48).
[14]Convenios de Ginebra (1949), art. 3 común, que estipula, entre otras cosas, que: “En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes, cada una de las Partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar, como mínimo, las siguientes disposiciones”.
[15]Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales (1954), art. 19, párr. 1; Segundo Protocolo de la Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales (1999), art. 22; Protocolo II enmendado de la Convención sobre ciertas armas convencionales (1980), art. 1, párr. 3.
[16]Protocolo adicional II (1977), art. 1, párr. 1; v. también Yves Sandoz, Christophe Swinarski y Bruno Zimmermann, Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 (Protocolo II), CICR y Plaza y Janés Editores Colombia, S.A., Santa Fe de Bogotá, 1998, párr. 4442.
[17]V., v.g., Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Res. 788 (citada en vol. II, cap. 40, párr. 69), Res. 834 (ibíd., párr. 71), Res. 851 (ibíd., párr. 72), Res. 864 (ibíd., párr. 74), Res. 985 y 1001 (ibíd., párr. 76), Res. 1041 y 1059 (ibíd., párr. 78), Res. 1071 (ibíd., párr. 79), Res. 1083 (ibíd., párr. 80), Res. 1193 (ibíd., párr. 81) y Res. 1213 (ibíd., párr. 82); Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Declaraciones del Presidente (ibíd., párrs. 84, 85, 87, 88 y 89).
[18]V., v.g., Asamblea General de las Naciones Unidas, Res. 2677 (XXV) (ibíd., párr. 91), Res. 2852 (XXVI) (ibíd., párr. 92), Res. 2853 (XXVI) (ibíd., párr. 93), Res. 3032 (XXVII) (ibíd., párr. 94), Res. 3102 (XXVIII) (ibíd., párr. 95), Res. 3319 (XXIX) (ibíd., párr. 96), Res. 3500 (XXX) (ibíd., párr. 97), Res. 32/44 (ibíd., párr. 98), Res. 40/137 (ibíd., párr. 99) y Res. 50/193 (ibíd., párr. 102).
[19]V., v.g., Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Res. 1991/75 (ibíd., párr. 103) y Res. 1998/70 (ibíd., párr. 106).
[20]Declaración de La Haya sobre el respeto de los principios humanitarios (ibíd., párr. 7); Memorandum of Understanding on the Application of IHL between Croatia and SFRY (1991), párr. 14 (ibíd., párr. 8); Agreement on the Application of IHL between the Parties to the Conflict in Bosnia and Herzegovina (1992), párr. 1 (ibíd., párr. 9).
[21]Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Declaraciones del Presidente (ibíd., párrs. 84 y 85).
[22]V., v.g., la práctica del CICR con respecto a los conflictos de Afganistán (ibíd., párr. 138), Angola (ibíd., párr. 141), Bosnia y Herzegovina (ibíd., párr. 137), Somalia (ibíd., párr. 139) y la antigua Yugoslavia (ibíd., párr. 135).
