Norma 87. Trato humano
Norma 87. Las personas civiles y las personas fuera de combate serán tratadas con humanidad.
Volumen II, capítulo 32, sección A.
La práctica de los Estados establece esta regla como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales.
La obligación de tratar a los prisioneros de guerra con humanidad se reconoció ya en el Código de Lieber, la Declaración de Bruselas y el Manual de Oxford, y se codificó en el Reglamento de La Haya.[1] La obligación de tratar con humanidad a las personas civiles y a las personas fuera de combate se enuncia en el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra, así como en disposiciones específicas de los cuatro Convenios.[2] Esta obligación está reconocida como una garantía fundamental en los Protocolos adicionales I y II.[3]
La obligación de dar un trato humano figura en numerosos manuales militares[4] y se ha reafirmado en la jurisprudencia internacional y nacional.[5]
El derecho de los derechos humanos se basa también en el trato humano que debe dispensarse a las personas. Los instrumentos de derechos humanos insisten, en particular, en la obligación de dar un trato humano y de respetar la dignidad humana de las personas privadas de libertad.[6] En su Observación General sobre el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas declaró, con respecto al artículo 10, que exige que se trate a las personas privadas de libertad con humanidad y con el respeto a la dignidad inherente a la persona, que no admite excepciones y que, por consiguiente, es aplicable en todo tiempo.[7]
El concepto de “trato humano” no está definido, aunque varios textos hacen referencia, en este contexto, al respeto de la “dignidad” de la persona o de la prohibición de los “malos tratos”.[8] La obligación de tratar al prójimo con humanidad es una noción primordial. En general, las normas detalladas que figuran en los textos de derecho internacional humanitario y de derecho de los derechos humanos explican el concepto de “trato humano”. Las normas referidas en los capítulos 33 a 39 contienen aplicaciones específicas de la obligación de tratar con humanidad a determinadas categorías de personas: los heridos, los enfermos y los náufragos, las personas privadas de libertad, las personas desplazadas, las mujeres y los niños, los ancianos, los inválidos y los enfermos mentales. Sin embargo, estas normas no reflejan completamente el sentido de la noción de trato humano, ya que evoluciona con el tiempo por influencia de los cambios que se producen en la sociedad. Esto se refleja, por ejemplo, en el hecho de que la exigencia de un trato humano se haya mencionado en tratados internacionales desde mediados del siglo XIX, mientras que las normas detalladas que se derivan de esa exigencia se han elaborado con posterioridad, y probablemente sigan evolucionando en el futuro.
[1] Código de Lieber (1863), art. 76 (citado en vol. II, cap. 32, párr. 215); Declaración de Bruselas (1874), art. 23, párr. 3 (ibíd., párr. 216); Manual de Oxford (1880), art. 63 (ibíd., párr. 217); Reglamento de La Haya (1907), art. 4, párr. 2 (ibíd., párr. 206).
[2] Convenios de Ginebra (1949), art. 3 común (ibíd., párr. 1); I Convenio de Ginebra (1949), art. 12, primer párrafo (ibíd., párr. 143); II Convenio de Ginebra (1949), art. 12, primer párrafo (ibíd., párr. 144); III Convenio de Ginebra (1949), art. 13 (ibíd., párr. 208); IV Convenio de Ginebra (1949), art. 5 y art. 27, párrafo primero (ibíd., párrs. 82 y 83).
[3] Protocolo adicional I (1977), art. 75, párr. 1 (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 2); Protocolo adicional II (1977), art. 4, párr. 1 (aprobado por consenso) (ibíd., párr. 3).
[4] V., v.g., los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 27), Argentina (ibíd., párrs. 9, 10, 90 y 91), Australia (ibíd., párrs. 11, 92 y 93), Bélgica (ibíd., párrs. 12 y 94), Benin (ibíd., párrs. 13 y 95), Burkina Faso (ibíd., párr. 14), Camerún (ibíd., párrs. 15 y 16), Canadá (ibíd., párr. 17), Colombia (ibíd., párrs. 18 a 20), Congo (ibíd., párr. 21), Croacia (ibíd., párr. 22), Estados Unidos (ibíd., párrs. 48 a 51), Filipinas (ibíd., párr. 39), Francia (ibíd., párrs. 24 a 26), India (ibíd., párr. 28), Kenya (ibíd., párr. 30), Madagascar (ibíd., párr. 31), Malí (ibíd., párr. 32), Marruecos (ibíd., párr. 33), Nicaragua (ibíd., párr. 37), Nueva Zelandia (ibíd., párr. 36), Países Bajos (ibíd., párrs. 34 y 35), Perú (ibíd., párr. 38), Reino Unido (ibíd., párr. 47), República Dominicana (ibíd., párr. 23), Rumania (ibíd., párr. 40), Rusia (ibíd., párr. 41), Senegal (ibíd., párr. 42 y 43), Suecia (ibíd., párr. 44), Suiza (ibíd., párr. 45) y Togo (ibíd., párr. 46), así como la práctica referida de Israel (ibíd., párr. 29).
[5] V., v.g., Chile, Corte de Apelaciones de Santiago, Caso Videla (ibíd., párr. 57); Rusia, Tribunal Constitucional, Situation in Chechnya case (ibíd., párr. 58); Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Caso 10.559 (Perú) (ibíd., párr. 71); CIJ, Nicaragua case (Merits), fallo (ibíd., párr. 69); TPIY, Aleksovski case, fallo (ibíd., párr. 70).
[6] V. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948), art. XXV ( ibíd., párr. 218); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), art. 10, párr. 1 (ibíd., párr. 211); Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), art. 5, párr. 1 (ibíd., párr. 212); Reglamento de Prisiones Europeo (1987), regla 1 (ibíd., párr. 219); Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión (1988), principio 1 ( ibíd. , párr. 220); Principios básicos para el tratamiento de los reclusos (1990), párr. 1 (ibíd., párr. 221).
[7]Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Observación General n.° 29 (art. 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) (ibíd., párr. 321).
[8]Entre los textos que utilizan el término “dignidad”, se encuentran, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), art. 10, párr. 1 (ibíd., párr. 211); la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), art. 5, párr. 2 (ibíd., párr. 212); la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos (1981), art. 5; el Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión (1988), principio 1 (ibíd., párr. 220); los Principios básicos para el tratamiento de los reclusos (1990), párr. 1 (ibíd., párr. 221); el Boletín del Secretario General de las Naciones Unidas (1999), art. 8 (ibíd., párr. 224); los manuales militares de Alemania (ibíd., párr. 248), Estados Unidos ( ibíd., párrs. 122 y 284), Francia (ibíd., párr. 246) y Perú (ibíd., párr. 38); la legislación de Paraguay (ibíd., párr. 55) y Uruguay (ibíd., párr. 294); v., asimismo, Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Observación General n.° 21 (art. 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) (ibíd., párr. 320) y Observación General n.° 29 (art. 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) (ibíd., párr. 321); TPIY, Aleksovski case (ibíd., párr. 70); CICR, Communication to the Press n.° 01/47 (ibíd., párr. 80). Entre los textos que mencionan la prohibición de “los malos tratos”, cabe citar: Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg (1945) (1945), art. 6 (ibíd., párr. 982); manual militar de Rumania (ibíd., párr. 111); Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Res. 1989/67, 1990/53, 1991/78 y 1992/68 (ibíd., párr. 311), así como Res. 1991/67 y 1992/60 (ibíd., párr. 312); CICR, Memorándum sobre el respeto del derecho internacional humanitario en Angola (ibíd., párr. 343) y Memorandum on Compliance with International Humanitarian Law by the Forces Participating in Opération Turquoise (ibíd., párr. 344).
